Cuarenta y ocho estados investigarán a Google por motivos antimonopolio, ¿por qué California se negó?

Los fiscales generales de casi todos los estados de EE.UU iniciaron una investigación en conjunto sobre el “posible comportamiento monopolístico” de Google. Sin embargo California, el estado de origen de Google, brilla por su ausencia.

Citando la necesidad de proteger la integridad de las “investigaciones potenciales y en curso”, el procurador general Xavier Becerra declinó decir por qué se negó a unirse a los fiscales jefes de otros 48 estados, además de Washington, D.C., y Puerto Rico, en la indagación al gigante de internet con sede en Mountain View, acerca de su dominio de la publicidad en línea. Alabama es el único otro estado que no participa en la investigación, anunció el lunes.

Dado que la oficina de Becerra tiene uno de los equipos antimonopolio más robustos y activos del país, y su dominio incluye muchas de las firmas tecnológicas más importantes, para los expertos es desconcertante que haya elegido no participar. “Simplemente no entiendo por qué California no es parte de este esfuerzo”, expresó John Simpson, quien se desempeñó como director de proyectos de privacidad y tecnología en Consumer Watchdog, una organización sin fines de lucro, hasta su retiro, a principios de este año. “Google ha monopolizado el mercado y realmente necesita responsabilizarse por eso”.

La cuestión es sorprendente, agregó Simpson, porque el estado fue parte de tantas iniciativas conjuntas similares en el pasado. “No puedo explicar para nada por qué sucede esto”.

Para muchos estados, actuar en conjunto presenta un “gesto bastante poderoso”, añadió William Kovacic, profesor de derecho en la Universidad George Washington y ex presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) durante la presidencia de George W. Bush. “Pensemos en un equipo deportivo que es testigo de la lesión de uno de sus miembros importantes”, dijo Kovacic. “Seguirá siendo un gran equipo, pero a uno le gustaría que la estrella esté presente”.

La empresa matriz de Google, Alphabet Inc., tiene un valor de mercado de más de $820 mil millones y controla tantas facetas de internet que es casi imposible navegar por la web por mucho tiempo sin encontrar al menos uno de sus servicios.

El anuncio del lunes acerca de la investigación a Google, liderada por Ken Paxton, fiscal general de Texas, le siguió a otro efectuado la semana pasada por Letitia James, su par neoyorquina, quien el viernes comunicó que los fiscales generales de ocho estados, así como del Distrito de Columbia, habían comenzado una investigación bipartidista antimonopolio a Facebook, por el control de la compañía de los datos personales y sus fallas de privacidad.

El Departamento de Justicia de EE.UU está llevando a cabo su propia requisa antimonopolio sobre Big Tech, y la FTC está analizando nuevamente el comportamiento anticompetitivo de Facebook y otras compañías. El subcomité judicial antimonopolio de la Cámara de Representantes también lleva adelante audiencias. Pero la medida del lunes por parte de los estados sugirió que esos intentos pueden no ser suficientes para satisfacer a quienes creen que las empresas de internet más grandes abusan de su poder.

“Creo que los estados han perdido la paciencia” con el gobierno federal, remarcó Sandeep Vaheesan, director legal del Open Markets Institute. “Se dieron cuenta de que la administración podría hacer un poco de ruido, pero no esperan ninguna acción significativa. Creen que tienen que actuar por su cuenta contra Facebook o Google, o nadie más lo hará”.

Como estados, California y Alabama tienen poco en común, y lo mismo ocurre con sus fiscales generales. Becerra es un demócrata en un estado azul con grandes centros urbanos; Steve Marshall, fiscal general de Alabama, es republicano en uno de los estados más rojos del país.

Una vocera de la oficina de Marshall se negó a comentar sobre cómo Alabama tomó esa decisión. “California sigue profundamente preocupada y comprometida con la lucha contra el comportamiento anticompetitivo”, señaló en tanto un portavoz de Becerra al negarse a comentar sobre la investigación.

El asambleísta Jordan Cunningham (republicano de Templeton) calificó la ausencia de California como “vergonzosa” en un comunicado, el lunes. “California merece estar en la mesa”, remarcó. Cunningham es uno de los cuatro republicanos de la Asamblea de California que la semana pasada presentaron una resolución para alentar a Becerra y al Congreso a apuntar contra Apple, Facebook, Google, Microsoft y Amazon.

Como candidato a la Cámara de Representantes, Becerra fue receptor de la considerable generosidad de Google. De 2010 a 2016, su campaña recibió $23.000 del comité de acción política corporativa de Google, Google Inc. NetPAC, según los registros del Comité Federal de Elecciones. Dos ejecutivos de esa firma donaron $2.600 y $5.300, respectivamente, a las campañas del procurador durante ese lapso.

Pero la oficina de Becerra expresó su apoyo para tomar medidas enérgicas contra las grandes empresas de tecnología conocidas en inglés como Big Tech. A medida que California despliega su Ley de Privacidad del Consumidor, una norma de gran alcance que establecerá pautas estrictas sobre cómo esas compañías manejan y recopilan datos de los usuarios cuando entre en vigor, en enero próximo, Becerra pidió a la Legislatura estatal que la refuerce agregando una disposición que ofrezca a los consumidores la posibilidad de demandar si, por ejemplo, una empresa ignora sus pedidos de no participar en la recopilación de datos.

Además, la oficina de Becerra nunca había dudado en desafiar a instituciones poderosas; por ejemplo, demandó a la administración Trump más de 50 veces.

Kovacic especuló que la decisión provenía de una jerarquía política aún más alta que la oficina de Becerra. “¿Por qué quedarían al margen? Es curioso verlos pasar en este caso. Tenemos que asumir que esta fue una decisión política”, consideró.

Al sopesar el posible efecto de la investigación de los estados, Vaheesan señaló el cargo antimonopolio contra Microsoft en 1998. A principios de la década de 2000, la administración Bush quería conformarse con algunos ajustes en la conducta de Microsoft, pero los estados presionaron por cambios estructurales más agresivos.

Según los expertos, una medida que los reguladores antimonopolio podrían explorar es forzar a Google a dividir la búsqueda como una compañía separada. Los reguladores también podrían centrarse en áreas como YouTube, que Google adquirió en 2006.

Google argumentó durante mucho tiempo que, aunque sus negocios son grandes, resultan útiles y beneficiosos para los consumidores. “Google es una de las instituciones que más invierte en Estados Unidos en investigación y desarrollo, haciendo inversiones que estimulan la innovación”, escribió Kent Walker, vicepresidente sénior de asuntos globales de la compañía. “Esas cosas que parecían ciencia ficción hace unos años ahora son gratis para todos: traducir cualquier idioma instantáneamente, aprender sobre objetos apuntando con el teléfono y obtener una respuesta a casi cualquier pregunta que uno tenga”.

Pero los reguladores federales y estatales, y los encargados de formular políticas, están cada vez más preocupados por la influencia de la compañía, no sólo en los usuarios comunes de internet sino también en las empresas más pequeñas, que luchan por competir en los mercados de Google. “Por un lado, podríamos decir: ‘Bueno, Google es dominante porque es muy buena’”, dijo Jen King, directora de privacidad del consumidor en el Centro de Internet y Sociedad, de la Facultad de Derecho de Stanford. “Pero al mismo tiempo, ha creado un ecosistema en el que toda la experiencia de internet de las personas está mediada por su página de inicio y otros de sus productos”.

Google controlará el 31.1% de los dólares de publicidad digital global en 2019, según las estimaciones de EMarketer, superando con creces el segundo puesto, que ocupa Facebook. Y muchos anunciantes más pequeños han argumentado que tiene tal dominio en el mercado, que este se convierte en un sistema que hace lo que Google dice, porque la alternativa podría ser no llegar a los clientes. “Definitivamente, existe la preocupación por parte de los propios anunciantes de que la compañía ejerce demasiado poder para establecer tarifas y favorecer sus propios servicios por sobre los demás”, remarcó King.

Samantha Masunaga, reportera de L.A. Times, y la agencia Associated Press contribuyeron con este artículo.

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