Con el coronavirus como pretexto, funcionarios de Trump se niegan a entregar a los niños migrantes a sus patrocinadores, y en cambio los deportan

El chico guatemalteco de 17 años ha estado en un centro de detención de niños migrantes en California por más de 400 días. Es uno de los aproximadamente 1.800 menores de edad en el sistema de detención de inmigrantes de EE.UU, el más grande del mundo, ahora plagado del nuevo coronavirus.

La detención federal de inmigrantes es civil -no penal- y los menores migrantes tienen protecciones especiales en el marco de un trato legal de décadas de antigüedad, conocido como el Acuerdo de Flores, que exige que el gobierno los mantenga en condiciones “seguras e higiénicas” y haga “rápidos y continuos” esfuerzos para liberarlos y reunificar a las familias. Dos jueces federales en las últimas semanas dictaminaron que la administración violó los términos de ese pacto en su trato a los chicos migrantes.

El adolescente guatemalteco, detenido en el centro de Fairfield, en el condado de Solano, ha sido retenido por la administración Trump 20 veces más que el máximo de 20 días permitido por el Acuerdo de Flores.

Y ello no es por falta de alguien que quiera llevárserlo. Cuando Bryce Tache y James Donaldson leyeron en las redes sociales acerca del adolescente, a quien llaman ‘Mariano’ para proteger su identidad, la pareja de Minneapolis rápidamente solicitó patrocinarlo, lo cual permitiría su liberación. Eso fue hace seis meses.

Ahora temen que la administración esté utilizando la pandemia para tratar de mantener al chico allí hasta que cumpla 18 años, cuando podrían deportarlo más fácilmente.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la detención de menores no acompañados, negaron haber realizado cambios en la política para priorizar las acciones de remoción contra los niños y padres migrantes en medio de la pandemia. “El HHS es una agencia de bienestar infantil, no una agencia del orden”, afirmó el viernes su portavoz, Mark Weber. “Si hay un retraso en la reunificación, es por razones de salud pública”.

Sin embargo, en todo el país, los abogados que representan a menores migrantes afirman que la administración se niega a entregar a los niños a patrocinadores que están listos para recibirlos. Los documentos judiciales y los legisladores los respaldan.

Los abogados de la administración Trump argumentaron en la corte que los menores están más a salvo del COVID-19 bajo custodia, incluso cuando el gobierno maximiza sigilosamente los intentos de deportarlos. En las últimas semanas, los funcionarios han retirado a decenas de chicos y padres de la detención en operativos secretos para sacarlos de Estados Unidos, según abogados, declaraciones juradas de migrantes y los países receptores. Algunos de ellos estaban enfermos. Varios desafiaron las políticas administrativas en los tribunales.

Desde marzo, cuando Trump declaró una emergencia nacional por el coronavirus, la administración ha reducido la población de niños y familias detenidos en aproximadamente 2.400, según datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, o ORR, la agencia del HHS a la cual el Congreso encargó el cuidado y la ubicación de menores migrantes no acompañados, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que detiene a los chicos migrantes con sus padres.

Pero las liberaciones de niños a los patrocinadores, que ya se habían ralentizado en la presidencia de Trump, están prácticamente estancadas desde ese mismo mes, según muestra un litigio reciente.

Después de que la administración cerró esencialmente la frontera de EE.UU, en marzo, como parte de su respuesta al coronavirus, pocos niños y familias nuevos han ingresado al sistema: el número de menores migrantes no acompañados entregados a la oficina de reasentamiento de refugiados cayó aproximadamente un 97%.

Al mismo tiempo, la ORR entregó muchos menos chicos a los patrocinadores que en meses anteriores, y los que se quedan permanecen detenidos por más tiempo.

Desde marzo, la agencia informa que unos 50 niños fueron retirados de EE.UU, y aproximadamente 180 más figuran como transferidos a la custodia de ICE. Esta última entidad se negó a precisar a cuántos menores había deportado.

Pero los datos de Estados Unidos parecen entrar en conflicto con los números de los países que reciben deportados desde aquí. Los funcionarios de inmigración de Guatemala, por ejemplo, informan que de marzo a mayo EE.UU repatrió a 417 menores a esa nación.

“No recibimos notificación del gobierno cuando las familias son arrastradas desde sus habitaciones en medio de la noche”, afirmó Shay Fluharty, directora de Dilley Pro Bono Project, una consultoría legal en un centro de detención de ICE en Dilley, Texas, que mantiene a los niños con sus padres.

Laura Peña, ex abogada de ICE, ahora trabaja como legista pro bono en el Proyecto de Representación de Asilo Pro Bono del Colegio de Abogados de EE.UU, que ayudó a representar a una joven de 16 años no acompañada recientemente deportada a Honduras. “Es indignante, tratar de deportar a esta niña y negarle derechos durante una pandemia”, remarcó Peña, unas horas antes de que la chica fuera expulsada de Estados Unidos. “¿Por qué?”

The Times revisó extensos registros judiciales y habló con más de 20 funcionarios, abogados, posibles patrocinadores e inmigrantes para este artículo. Muchos lo hicieron bajo condición de anonimato por temor a que la administración tome represalias contra los menores y las familias en custodia.

En un caso, los funcionarios de la ORR impidieron que una adolescente detenida hablara con un periodista, a pesar del permiso de la chica, sus padres y sus representantes legales. El “riesgo individual que representa para la menor parece superar con creces el beneficio” de una entrevista, expuso la agencia.

ICE proporcionó datos sobre familias y casos de COVID-19 bajo custodia, pero no respondió las preguntas sobre sus políticas.

Los abogados de todo el país dijeron que bajo el pretexto del coronavirus, la ORR se está coordinando con ICE para identificar a los menores bajo custodia, en pos de su remoción. “Mientras toda esta locura se desataba con el coronavirus”, comentó A’Kiesha Soliman, abogada del programa de menores no acompañados de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso, Texas, “parece que también van en aumento las deportaciones de esos chicos, cuando normalmente tendríamos más tiempo para encontrarles ayuda”.

Soliman advierte a los clientes jóvenes que a pesar de las normas legales diseñadas para protegerlos, “pueden ser deportados en cualquier momento”.

En el caso de Mariano, la ORR se negó a considerar la solicitud de la pareja de Minneapolis porque no son tutores legales o parientes inmediatos, y no tenían una relación previa con el adolescente, según Ricardo de Anda, abogado del menor.

Los padres de Mariano dieron permiso en una declaración jurada para que fuera entregado a la familia de Minnesota. La pobreza extrema en las tierras altas de Guatemala los llevó a abandonar a Mariano cuando era niño, explicó De Anda. Lo entregaron a otro hombre que intentó hacerlo pasar por su hijo biológico mientras ingresaba a Estados Unidos, la primavera pasada, según documentos judiciales.

Las reglas federales exigen controles adicionales para las víctimas de la trata, así como para los posibles patrocinadores que no conocían a un menor antes de éste llegara a Estados Unidos, pero ninguna descalifica a un niño al punto de no permitir su admisión en una familia.

De Anda ayudó a Mariano a presentar una demanda, argumentando que el gobierno violaba sus derechos al negarle el patrocinio y las protecciones. “Hay estadounidenses de buen corazón que tomarían a este niño bajo su cuidado”, comentó De Anda. “Pero es complicadísimo”.

Tache y Donaldson y sus dos hijos adolescentes se mudaron a una casa más grande para que Mariano tuviera su propia habitación. La pareja espera obtener la tutela de Mariano al atestiguar que, como víctima de trata, es elegible para una visa especial de inmigrante juvenil.

Como el gobierno restringió el transporte de niños migrantes en medio de la crisis, ellos están dispuestos a dejar todo y conducir hasta California para recoger a Mariano. Por ahora, hablan con él por teléfono, al menos una vez por semana. El adolescente describe que algunos miembros del personal de detención usan máscaras pero no practican el distanciamiento social, y está cada vez más deprimido.

“¿Y si se enferma mañana, o al día siguiente?”, se preguntó Tache. “Personalmente, creo que el objetivo final del gobierno es enviar a todos a su país de origen”, señaló. “Lo correcto y seguro para él en este momento es estar con una familia que pueda ayudarlo”.

A fines del mes pasado, dos magistrados federales -incluida la jueza de distrito Dolly Gee, en Los Ángeles, que supervisa temas del Acuerdo de Flores- dictaminaron que las acciones de la administración hacia los niños y padres migrantes en medio de la pandemia violan ese pacto y la ley federal.

Esa misma semana, un tercer magistrado federal desestimó una demanda para forzar las liberaciones a nivel nacional de los centros de detención que los expertos y jueces de salud han llamado “caldos de cultivo” para el virus.

De acuerdo con el reciente litigio, casi todos los menores están detenidos significativamente más tiempo del que permite el Acuerdo de Flores. La gran mayoría, así como los padres que están con ellos, son solicitantes de asilo, y muchos tienen órdenes legales vigentes -conocidas como suspensiones de deportación-, destinadas a protegerlos de una potencial remoción. Una gran parte tiene parientes en Estados Unidos, que están listos para patrocinarlos. El gobierno no ha dado evidencia de que sean personas con riesgo de fuga o peligrosas, señaló Gee en su fallo.

Los funcionarios de la administración afirman que siguen las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, los migrantes, sus defensores, expertos en salud y legisladores han documentado la falta de saneamiento, equipo de protección personal y atención médica.

Los abogados del gobierno argumentan que los menores siguen detenidos porque es la medida más segura.

La Dra. Amanda Cohn, una funcionaria de los CDC, presentó una declaración por escrito en el caso que lleva Gee, donde explica que liberar a los menores no acompañados “probablemente aumente el riesgo de exponerlos al COVID-19 en relación con dejarlos bajo custodia”.

Hasta el lunes pasado, ICE había reportado 869 casos de coronavirus entre los migrantes detenidos, con más del 50% de los resultados positivos. Alrededor del 6% en general se han hecho la prueba.

April Grant, una portavoz de ICE, afirmó el pasado viernes que no había casos del virus en sus tres centros de detención familiar, pero se negó a decir cuántos niños y padres habían sido examinados. Las familias en los sitios se han sometido a pruebas y actualmente están en cuarentena, explicaron los abogados a The Times.

Alrededor de 1.500 niños migrantes no acompañados se encuentran recluidos en casi 200 instalaciones contratadas por el gobierno federal en EE.UU, bajo la supervisión de la ORR. Desde finales de marzo hasta mayo, los casos confirmados de COVID-19 entre esos menores aumentaron de cuatro a 68, según datos de la agencia. Aproximadamente uno de cada tres chicos examinados estaban infectados, pero el gobierno revisó sólo al 12% de quienes están bajo custodia de la agencia.

Cada vez que Esvin habla con su hija, de cuatro años de edad, ella llora. Han pasado casi seis meses desde que las autoridades los separaron en un centro de detención de inmigrantes en Raymondville, Texas, contó.

“¿Por qué me dejaste aquí?”, le pregunta la pequeña por teléfono.

“No te dejé”, le explica su padre. “Te separaron de mí”.

Esvin, quien prefirió mantener su apellido y el de su hija en secreto por temor a represalias, abandonó Guatemala en noviembre debido a la violencia allí, comentó. Después de una semana de detención en Texas, los funcionarios le dijeron que se llevarían a su hija, citando un cargo en Guatemala -de aproximadamente una década de antigüedad- por el que nunca fue condenado.

Esvin pasó meses en tres centros de detención para inmigrantes en dos estados diferentes, antes de ser liberado bajo fianza a principios de marzo, de una instalación de Mississippi que ahora tiene 15 casos confirmados de coronavirus. Actualmente vive con sus tíos y los dos hijos de estos, en una casa en Nueva Jersey.

El hombre intentó recuperar a su pequeña, pero se encontró con repetidos obstáculos. Primero, su solicitud se retrasó un mes porque las autoridades informaron que no realizaban visitas a domicilio durante la pandemia. Luego, un trabajador social le dijo que la agencia había olvidado tomar las huellas digitales de todos los habitantes de la casa de Nueva Jersey.

“El gobierno sigue dándome excusas”, afirmó Esvin, en español. “Quieren tal documento; se los doy. Luego piden algo más”.

Desde marzo, la ORR ha emitido órdenes para dejar de ubicar a personas en California, el estado de Washington y Nueva York y, más recientemente, limitó las liberaciones o transferencias fuera del estado.

La agencia también restableció una política que exige tomar huellas dactilares de la mayoría de los posibles patrocinadores y comparte la información con el Departamento de Seguridad Nacional (HSD, por sus siglas en inglés), una práctica que la jueza Gee señaló que no era necesaria y que otros funcionarios advierten que desalienta a las familias a presentarse. La agencia también exigía estudios en el hogar pero luego dejó de hacerlo, a pesar de la posibilidad de efectuar visitas virtuales.

Las autoridades también retrasaron la liberación de menores de los centros de detención donde hay casos de COVID-19. Un experto médico que testificó para los inmigrantes que interpusieron la querella al gobierno comparó la medida con “dejarlos en una casa en llamas, en lugar de ir a rescatarlos”.

Gee concordó en que el gobierno no debería apresurarse a liberar a los niños migrantes “en masa”, ni dejar de investigar a posibles patrocinadores en medio del coronavirus. Pero dictaminó que las políticas del gobierno han retrasado innecesariamente la liberación de los chicos.

“En las circunstancias extraordinarias actuales, en medio de una pandemia, la obligación de ORR de liberar a menores sin demoras innecesarias exige moverse con la mayor velocidad... allí donde exista un custodio adecuado”, escribió la magistrada.

Según los abogados, el gobierno está descuidando las necesidades específicas de los niños detenidos.

En algunos casos, a bebés y niños pequeños se les han proporcionado máscaras para adultos. En otros, según los documentos presentados ante los tribunales, los brotes han llevado a los funcionarios a suspender las clases o las actividades para los infantes, o a imponer el aislamiento, algo que expertos médicos y jueces consideran traumático. “Sólo pónganse en mis zapatos”, pidió Esvin. “Ella es mi hija. No es un juguete; es un ser humano”.

En el centro de ICE en Dilley -el sitio de detención más grande del país- una madre hondureña vomitó y tosió durante semanas antes de perder el conocimiento frente a su hijo de cuatro años. La mujer había huido de Honduras con su niño para buscar asilo en Estados Unidos. Los funcionarios de inmigración inicialmente los detuvieron en Arizona, donde ella comenzó a mostrar síntomas. En las primeras horas del 17 de abril, los guardias enviaron a la mujer enferma y al chico directamente desde la pequeña clínica médica de Dilley a un vuelo de deportación. “Señora, levántese, es hora de irse”, le dijo un guardia, tomándola bruscamente por el brazo, según la declaración legal de la mujer.

Finalmente, la migrante hondureña estaba tan enferma que los oficiales de ICE la retiraron a ella y a su hijo del vuelo. Una ambulancia los llevó a ambos y a otra familia enferma a una clínica montada en carpas, donde a la mujer se le realizó la prueba del coronavirus. Luego fueron trasladados de regreso a Dilley y puestos en cuarentena con otras familias que, según los abogados, están recluidos e incomunicados.

En las últimas semanas, ICE avanzó en la deportación de docenas de estos niños y padres, a pesar de que muchos de ellos son querellantes en demandas activas, según los abogados.

Nadie le ha informado a la mujer los resultados de su prueba de coronavirus; tampoco le realizaron el examen a su hijo. Después de pasar casi 24 horas al día aislado, el pequeño comenzó a patear las paredes, con un ánimo “inconsolable y agresivo”, declaró la madre. “Mi niño se está volviendo loco”.

Fluharty, de la consultoría legal de Dilley, afirmó: “Realmente es una prisión para estos chicos, y aún así no están a salvo de nada”.

O’Toole reportó desde Washington y Carcamo desde Los Ángeles.

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