Una mirada a las muy divergentes políticas inmigratorias de Trump y Biden

Cuando Donald Trump descendió por una escalera eléctrica dorada en la Trump Tower, en Nueva York, en 2015, dejó en claro de inmediato el ánimo central de su campaña presidencial: “Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor”, afirmó. “Traen drogas. Traen delitos. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”.

Su discurso fue ampliamente rechazado por su alarmismo xenófobo, criticado como prueba de que el empresario más conocido como presentador de reality shows (programas de telerrealidad) no era un candidato serio a la presidencia para 2016.

Un silbido agudo a los instintos básicos del votante estadounidense fue una manera segura de garantizar la propia irrelevancia en un país con una demografía en rápido cambio, o eso advirtió el “informe de autopsia” del partido republicano en 2012, que aconsejaba a la institución defender la reforma migratoria, la tolerancia y la inclusividad, o “seguir reduciéndose a sus principales distritos únicamente”.

Sin embargo, casi cuatro años después en la Casa Blanca, pese a ser un líder infamemente inconstante, el presidente Trump ha sido notablemente consistente con la inmigración. Al evadir al Congreso y eludir en gran medida a los tribunales, tuvo éxito incluso más allá de los sueños de la fiebre nativista de su carrera de 2016 para rehacer el sistema de inmigración de Estados Unidos.

La política de Trump sobre inmigración es, en efecto, una negación. Abandonando cualquier pretexto de apuntar solo a acciones ilegales o trabajo con el Congreso -incluso cuando los republicanos controlaban ambas cámaras- a través de más de 400 decretos, según el Migration Policy Institute, su administración esencialmente selló la frontera sur de Estados Unidos, recortó la inmigración legal y redujo la política exterior hacia América Latina al control.

De alguna manera, Trump ha adoptado y ampliado varias de las iniciativas clave del presidente Obama en materia de inmigración, incluidas las que defendió el entonces vicepresidente Joe Biden.

Obama deportó a más inmigrantes que cualquier otro presidente, durante ocho años en los que la migración se estancó en gran medida. Su administración llevó a cabo redadas familiares generalizadas, dando prioridad a padres e hijos centroamericanos para su expulsión. Y al impulsar miles de millones en ayuda económica a la región para ayudar a detener la afluencia de menores no acompañados que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México -junto con el “Plan Frontera Sur”, una oleada de asistencia de seguridad destinada a trasladar efectivamente la frontera hacia el sur hasta Guatemala- Biden fue su hombre clave.

Este precedente ayudó a que los funcionarios de Trump aprovecharan una infraestructura de seguridad en expansión y disfuncional posterior al 11 de Septiembre, para lograr la agenda política ultranacionalista del presidente.

Bajo una nube de encuestas que muestran que la base de seguidores de Trump se está erosionando y que el presidente está rezagado en la carrera con respecto al presunto nominado demócrata Biden, el mandatario apuntó a una serie de cambios de último momento en la política de inmigración con el pretexto del coronavirus para tratar de reavivar a sus partidarios. Pero, tal como le advirtieron los principales oponentes de Biden, ya no es suficiente ‘no ser Trump’ en materia de inmigración.

El exvicepresidente ahora tiene que enfrentarse a su propio legado. Si gana, intentará hacer lo que Obama y otros antes que él no pudieron: una reforma migratoria integral con un camino hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Pero primero tendrá que abordar los cientos de acciones complejas e interconectadas que Trump ha tomado, desde ajustes administrativos poco conocidos hasta cambios radicales en las políticas, para finalmente reconstruir un sistema inmigratorio ya quebrado y ahora maltrecho.

Aún así, ya sea que el actual presidente o Biden ganen en noviembre, Estados Unidos tendrá que lidiar con la política de inmigración de Trump incluso mucho después de que éste abandone la Oficina Oval.

Aquí un resumen de sus posturas:

Presidente Trump

La disuasión ha sido la política inmigratoria elegida por ambas partes durante décadas, pero Trump y sus colaboradores más cercanos, en particular el intransigente Stephen Miller, la llevaron a extremos sin precedentes.

Uno de los objetivos favoritos de Trump ha sido el asilo, al que considera “un engaño”. El mandatario sugiere que, debido a que la mayoría pasa el primer escalón -una evaluación de miedo creíble, establecido por el Congreso como un estándar bajo- pero en última instancia, solo alrededor del 25% consigue el asilo, eso significa que la mayoría de las solicitudes son fraudulentas.

En realidad, Trump y sus funcionarios han librado una guerra al sistema de asilo porque intentan disuadir a los centroamericanos, que huyen de países devastados por la corrupción, la violencia, la pobreza y el cambio climático, y quienes una vez en la frontera, son difíciles de retirar, según el diseño de las normas estadounidenses.

La ley otorga a los migrantes el derecho a pedir asilo, independientemente de cómo ingresen a Estados Unidos. Los estatutos federales se centran en la “no devolución”, es decir, no enviar a las personas de regreso a países donde probablemente serían perseguidas, lastimadas o asesinadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

La ley de asilo estadounidense, concebida principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, está claramente desactualizada. Sin embargo, las políticas de Trump para ponerle fin se han enfrentado constantemente a desafíos judiciales. Estas tácticas han incluido separar familias o hacerlas esperar a que se presenten en las cortes de inmigración estadounidenses en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas; detener indefinidamente a otros sin posibilidad de libertad bajo fianza o libertad condicional a pesar de no haber violado ninguna ley; y, más recientemente, en nombre de la “salud pública”, “expulsar” rápidamente a casi todos los migrantes, incluidos los menores no acompañados, sin posibilidad de solicitar asilo, sin realizarles la prueba de coronavirus y sin forma de rastrear lo que les sucedió.

Así que Trump giró en los tribunales y el Congreso sus acciones ejecutivas, dejando quizá el mayor enredo burocrático que una potencial administración Biden tendría que deshacer, con un sistema judicial de inmigración aún más atrasado e inevitables picos inmigratorios a futuro.

El patrón de Trump, de probar las instituciones y los supuestos fundamentales sobre la gobernabilidad con su política de inmigración, tuvo resultados mixtos.

En lo que quizá sea su política más infame, la separación familiar, Trump emitió un decreto en 2018 para poner un alto a la medida, que sus funcionarios aún insisten no era una política -en medio de la indignación mundial-, justo antes de que un juez ordenara el fin de la práctica y, en última instancia, exigiera al gobierno la reunificación de esas familias. Sin embargo, las autoridades siguen separando gente.

Incluso después de que un fallo de la Corte Suprema de junio rechazara el esfuerzo de la administración para rescindir el popular programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama, o DACA, Trump desafió a la corte e intenta que se agote el tiempo, según expertos legales y legisladores, negándose a aceptar nuevas solicitudes y limitando las renovaciones.

Aunque el presidente ha expresado cierta simpatía por los inmigrantes jóvenes y continúa afirmando que propondrá una reforma migratoria integral y radical, que podría incluir un camino hacia la ciudadanía para algunos, el ala Miller de su administración siempre ha prevalecido.

Recientemente, Trump emitió memorandos que congelaron a la mayoría de los nuevos solicitantes de tarjetas de residencia y prohibieron buena parte de las categorías de inmigración basadas en la familia y el empleo hasta después de las elecciones, perdonando a la vez a grandes franjas de las industrias agrícola y de la salud, consideradas esenciales en la respuesta al coronavirus. La administración también implementó nuevas políticas de “prueba de riqueza” para mantener alejados a los migrantes pobres, rechazando a aquellos que podrían usar -o cuyos hijos ciudadanos estadounidenses podrían usar- beneficios públicos.

Las investigaciones muestran que los inmigrantes fortalecen la economía y, por lo general, no compiten con los trabajadores nacidos en EE.UU por empleos ni generan una baja de salarios, y muchas de las industrias afectadas, así como los propios funcionarios de Trump, han abogado por más inmigración, no menos.

La administración ha buscado restringir la ciudadanía, aumentando las tarifas para las naturalizaciones y ralentizando el procesamiento de cientos de miles de votantes potenciales para 2020, mientras que al mismo tiempo ha incrementado los fondos dedicados a investigar y erradicar el fraude.

Uno de los primeros pasos de Trump fue emitir su “prohibición de viajar”, dirigida a turistas de muchos países de mayoría musulmana, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Aunque la medida provocó el caos en los aeropuertos y la Casa Blanca, la Corte Suprema finalmente confirmó una tercera versión.

Después amenazó a cientos de miles de personas más que ya se encuentran en Estados Unidos, incluidos venezolanos, salvadoreños y nepalíes, al frenar el Estatus de Protección Temporal. Y se espera que las admisiones de refugiados caigan incluso por debajo del límite de 18.000 que la administración estableció para 2020, el nivel más bajo jamás registrado en el marco del sistema de refugiados moderno, aunque Miller y otros han presionado para llevarlo a cero.

Estos movimientos se remontan a los comentarios de Trump en la Oficina Oval en enero de 2018, cuando en medio de un enfrentamiento bipartidista sobre los Dreamers, el mandatario preguntó: “¿Para qué queremos a los haitianos aquí? ¿Por qué queremos a toda esta gente de África aquí? ¿Por qué queremos a toda esta gente de países de mierda?”. Luego añadió: “Deberíamos tener personas de lugares como Noruega”, una nación predominantemente blanca.

Otra de las órdenes ejecutivas tempranas de Trump hizo que cada inmigrante que se encontrara en el país indocumentado fuera una prioridad para el arresto, en contraste con la práctica de Obama de la “discreción del fiscal” para priorizar a aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, más allá de la frontera, los arrestos y las deportaciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han descendido en el gobierno de Trump, aunque la proporción de deportados sin antecedentes penales se ha más que duplicado, según MPI.

El jefe interino de ICE de Trump -uno de los muchos altos funcionarios no confirmados de un Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) plagado de vacantes y atormentado por prioridades políticas en constante cambio- anunció recientemente su retiro, supuestamente en parte por la frustración de la Casa Blanca después de que la agencia anunció que reduciría la aplicación de la ley en medio de la pandemia de COVID-19.

Mientras Trump vio pasar media docena de jefes de Seguridad Nacional en menos de un mandato, crecen los pedidos para reformar la tercera agencia más grande del gobierno, particularmente después de que el primer mandatario envió oficiales federales no identificados y fuertemente armados del DHS a ciudades de todo el país que se sometieron a protestas contra la brutalidad policial y el racismo.

La respuesta militarizada en las comunidades estadounidenses -al mismo tiempo en que la campaña de Trump fomenta el miedo en los anuncios de “ley y orden” que demonizan a las ciudades lideradas por demócratas- sigue al despliegue de las fuerzas armadas en la frontera justo antes de las elecciones de mitad de mandato, en 2018, donde aún permanecen.

También sigue operando bajo una declaración de “emergencia nacional”, mediante la cual ha redirigido miles de millones en fondos federales, incluso del Pentágono, para convertir en realidad el eslogan de la campaña “construir el muro”.

Sin embargo, según un informe de estado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizado en junio pasado, sólo “se han construido tres millas del nuevo sistema de muro fronterizo en lugares donde no existían barreras”. Hay 657 millas totales de barrera a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según el reporte; 654 construidas por sus predecesores, fundamentalmente en el gobierno de Obama.

México no ha pagado por el muro, algo que Trump había prometido; pero bajo la amenaza de aranceles, la administración persuadió a ese país para que acepte a los solicitantes de asilo que el presidente no quiere en Estados Unidos y aumente sus propios controles. La administración también aprovechó las posibles restricciones de visas y recortes de ayuda a Centroamérica en aprobaciones de Guatemala, El Salvador y Honduras para aceptar solicitantes de asilo que no son de sus países.

Si bien esos acuerdos se pospusieron en medio de la pandemia, la administración Trump está presionando a los gobiernos del Triángulo Norte para que activen su reanudación, a pesar de que Estados Unidos ha deportado a decenas de migrantes que contrajeron el coronavirus mientras estaban detenidos, lo cual agravó su propagación en esas otras naciones.

Si el agresivo impulso para marcar la última de las prioridades políticas de Trump sobre la inmigración en medio de una pandemia es un indicio, otros cuatro años cerrarían la puerta.

Joe Biden

La plataforma de inmigración propuesta por Joe Biden tiene como objetivo deshacer las “políticas equivocadas” de Trump al adoptar una posición opuesta sobre casi todos los esfuerzos del presidente para frenar la inmigración y limitar las protecciones para los inmigrantes, tanto los que están aquí legalmente como sin permiso.

Biden ampliaría las protecciones para los inmigrantes y restablecería muchas de las políticas de la era de Obama anuladas por el actual mandatario. El exvicepresidente intentaría ir más lejos de lo que Obama pudo, trabajando con el Congreso para establecer un camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 10.5 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos indocumentadas.

El exvicepresidente apoya, además, la legislación de compromiso para los trabajadores agrícolas que potencialmente también les ofrecería una vía rápida hacia la ciudadanía, en función de su historial laboral.

Biden, quien votó a favor de la Ley de Valla Segura en 2006, que aprobó la financiación de un muro fronterizo, ha criticado la “obsesión” de Trump con tal barrera.

Biden ha dicho que durante sus primeros 100 días en el cargo pondría fin a la declaración de emergencia nacional de Trump, que redirigió miles de millones en fondos federales hacia la construcción del muro fronterizo, y en su lugar empleará los recursos para mejorar la seguridad en los puertos de entrada.

El demócrata también criticó duramente la política de tolerancia cero del ahora presidente, que separó a miles de familias en la frontera. Prometió que en sus primeros 100 días daría prioridad a las reunificaciones familiares, restablecería el programa DACA y anularía la prohibición de viajes de la administración Trump para ciudadanos de muchos países de mayoría musulmana.

Biden promete trabajar con el Congreso para aumentar la cantidad de visas de inmigración basadas en el empleo y triplicar el número de visas U otorgadas a las víctimas de la trata de personas y ciertos otros delitos. También se comprometió a incrementar las admisiones anuales de refugiados a 125.000. En el último año de Obama, estas fueron de poco menos de 85.000; Miller y otros han presionado para reducirlas a cero.

El plan de Biden igualmente apunta a abordar la causa raíz de la inmigración desde Centroamérica.

Ante la situación de familias que se ven obligadas a huir de la violencia y la muerte casi segura en sus países de origen, Biden reconoció que la “forma más efectiva y sostenible” de disminuir la migración es reduciendo la pobreza, la inseguridad y la violencia a través de asociaciones internacionales. El candidato propone un plan regional de cuatro años y $4.000 millones que, en colaboración con líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador, se enfocaría en la corrupción, invertiría en organizaciones de la sociedad civil en primera línea y requeriría que los países de origen asignen sus recursos hacia reformas concretas.

Para pagar la inversión de Estados Unidos en el plan, Biden usaría fondos del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para la detención de migrantes, que ha aumentado en el gobierno de Trump. Biden también pondría fin al uso de centros de detención con fines de lucro para retener a los migrantes.

El exvicepresidente, según su plan de política migratoria propuesto, también restablecería la protección para las sobrevivientes de violencia doméstica que quedaron desprotegidas por sus gobiernos, algo que la administración Trump ha tratado de descalificar como base para pedir asilo.

Como parte del esfuerzo por aliviar la creciente acumulación de casos de inmigración -muchos de ellos de solicitantes de asilo-, Biden anticipó que aumentaría el número de magistrados, el personal judicial y la cantidad de intérpretes.

En julio, las Biden-Sanders Unity Task Forces, una combinación de partidarios de Biden y su antiguo rival principal, el senador de Vermont Bernie Sanders, ofrecieron recomendaciones de plataforma que incluían proteger a los padres de los Dreamers bajo la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, o DAPA.

Biden ofreció pocos detalles sobre una ruta hacia la ciudadanía para esas personas, que los equipos de trabajo recomiendan restablecer. La campaña dijo que usaría todas las opciones legales para proteger a los Dreamers y sus familias.

Los activistas de inmigración han criticado al exvicepresidente por las políticas de la administración Obama. En febrero, Biden expresó su remordimiento por los millones de deportaciones que llevó a cabo la administración y calificó las políticas como un “gran error”.

Los predecesores republicanos y demócratas inmediatos de Obama detuvieron a millones de personas más en la frontera, pero a menudo repatriaban rápidamente a los inmigrantes mexicanos adultos, principalmente solteros, sin un proceso formal.

El grupo de trabajo Biden-Sanders no llegó a respaldar los llamamientos para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En cambio, Biden pide una mayor capacitación y supervisión de esa agencia y de Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa a la Patrulla Fronteriza. El candidato señaló que protegería lugares sensibles -como hospitales, escuelas y sitios de culto- de los operativos, y acabaría con las redadas en los lugares de trabajo, que han aumentado con Trump.

Es probable que, a medida que se acercan las elecciones, Trump ataque a Biden por su plan de salud y la cobertura para inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso. El presidente ha acusado al grupo de tareas demócrata de querer que los contribuyentes subsidien “la atención médica del gobierno para todos los extranjeros ilegales”.

Biden remarcó que la cobertura de atención médica debería estar disponible para todos, sin importar el estatus legal. Su campaña permitiría que los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización compren cobertura no subsidiada.

El grupo de trabajo también recomienda extender la cobertura de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles a los beneficiarios de DACA y trabajar con el Congreso en la reducción del tiempo de espera para que los inmigrantes con estatus legal sean elegibles para algunos programas gubernamentales.

El exvicepresidente ha señalado cómo las políticas y la retórica de Trump han dañado a los inmigrantes. “Donald Trump y su administración han llevado adelante un ataque total... a las comunidades latinas desde el momento en que él bajó por esa escalera dorada”, afirmó Biden, refiriéndose a los comentarios xenófobos del actual presidente cuando anunció su candidatura, en 2015. El candidato habló el 6 de agosto pasado en una conferencia virtual organizada por una organización de líderes latinos.

Biden vinculó las alarmas de Trump sobre los inmigrantes que cruzaban la frontera sur con el tiroteo de masas en El Paso, en 2019, donde latinos fueron atacados por un sospechoso cuya diatriba supremacista blanca publicada en línea alegaba que la agresión se debía a la “invasión hispana en Texas”.

“Lo que está en juego en las políticas irresponsables de división y odio que Trump promueve es real”, enfatizó Biden.

O’Toole reportó desde Washington, Gómez desde Los Ángeles.

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