ICE cerrará el centro de detención de Georgia donde mujeres inmigrantes señalaron abuso médico

La administración Biden cerrará dos centros de detención de inmigrantes en Georgia y Massachusetts que están bajo investigación federal por presunto abuso de inmigrantes detenidos, incluido el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Georgia, donde decenas de mujeres dijeron haber sufrido abuso médico.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó el jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que dejara de detener a inmigrantes en Irwin “lo antes posible y de conformidad con las obligaciones legales”, y que hiciera lo mismo en el Centro de Detención de Inmigración C. Carlos Carreiro en North Dartmouth, Massachusetts, así como rescindir un acuerdo con la Oficina del Sheriff de Bristol (Massachusetts) “que ya no es necesario desde el punto de vista operativo”.

A partir del 22 de abril, las instalaciones en el condado de Irwin en Ocilla, Georgia, ya no albergaban a ninguna inmigrante, después de que decenas informaron sobre procedimientos médicos innecesarios realizados por un ginecólogo local, que las mujeres aseguraron se realizaron sin su consentimiento, según reportajes del Times. Varias de ellas fueron deportadas luego de hablar públicamente o testificar ante investigadores federales sobre su experiencia con el ginecólogo Dr. Mahendra Amin, quien niega las acusaciones y permanece bajo investigación criminal.

Varias de las mujeres explican que continúan sufriendo secuelas de los procedimientos, que incluyeron esterilizaciones forzadas y la extirpación del útero, los ovarios y las trompas de Falopio, según informes de expertos médicos independientes y entrevistas del Times. Algunas todavía no saben qué se les hizo exactamente.

“Todo el dolor valió la pena”, dijo Jaromy Floriano Navarro, quien fue deportada a México poco después de hablar sobre presuntos abusos en Irwin el año pasado, en una declaración compartida con el Times.

Mayorkas ordenó que cualquier evidencia en Irwin sea preservada para “investigaciones en curso” y que, si es necesario, el personal restante de ICE y los inmigrantes detenidos sean reubicados.

“Permítanme declarar un principio fundamental: No toleraremos el maltrato de personas en detención civil de inmigrantes o condiciones de detención deficientes”, señaló Mayorkas en un memorando al director interino de ICE, Tae Johnson, en el que indicó el cierre de los sitios, según un comunicado.

El presidente Biden prometió en la campaña electoral poner fin al uso de los centros de detención con fines de lucro, pero había pocas señales de un esfuerzo para hacerlo antes de la medida del jueves, informada por primera vez por el Washington Post.

A los pocos días de asumir el cargo, Biden ordenó al Departamento de Justicia que no renovara los contratos con las empresas privadas de prisiones, pero dejó fuera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la detención de inmigrantes. De los cientos de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, las compañías de prisiones administran la gran mayoría, albergando más del 80% de los inmigrantes detenidos.

ICE utiliza las instalaciones de Irwin, junto con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, como parte de un acuerdo intergubernamental. LaSalle Corrections, la compañía penitenciaria con fines de lucro que administra el espacio, también opera otras 25 instalaciones de detención, centros correccionales y cárceles. La empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

El Departamento de Seguridad Nacional paga a médicos independientes como Amin, que ejerce en las cercanías de Douglas, Georgia, para tratar a los pacientes detenidos.

Mayorkas informó el jueves que cerrar las dos instalaciones es “un primer paso importante” hacia el objetivo de realizar “mejoras duraderas” en el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos.

Los abogados y defensores que han trabajado con las mujeres en Irwin acogieron con agrado la disposición, pero pidieron una mayor responsabilidad, y señalaron que varias de las mujeres que argumentaban abuso en Irwin, mientras eran liberadas en Estados Unidos, aún enfrentan órdenes de expulsión y siguen en riesgo de deportación. Los abogados han presentado varias demandas en busca de interdictos contra las deportaciones, argumentando que la entonces administración Trump estaba violando la Primera Enmienda de las mujeres y los derechos al debido proceso, así como las políticas de larga data que protegen a quienes cooperan en las investigaciones penales.

Algunas de las mujeres fueron deportadas y separadas de sus hijos ciudadanos estadounidenses, y han solicitado reabrir sus casos de inmigración y regresar a través de permisos humanitarios, según Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de Columbia.

“Las supervivientes de Irwin necesitan más”, subrayó. “Todas estas mujeres merecen estar en casa en Estados Unidos con sus seres queridos y recibir el apoyo y la compensación que requieren para recuperarse”.

“Estos cierres son un primer paso importante para abordar los horribles abusos en los centros de detención”, continuó. “Pero cerrar estas instalaciones es solo el comienzo. El sistema de detención de inmigrantes está plagado de abusos y debe ser reformado y abolido”.

Los presuntos abusos en Irwin provocaron una protesta nacional en septiembre del año pasado, después de que una enfermera en la instalación presentó una denuncia de irregularidades de 27 páginas al inspector general de Seguridad Nacional, lo que llevó a más de 170 legisladores a exigir una investigación.

La representante Pramila Jayapal (demócrata por Washington), quien dirigió los llamados para que se investigaran las acusaciones de la denunciante y, en última instancia, una resolución de la Cámara que condenara los procedimientos médicos forzados en Irwin, informó que mantendrá la presión sobre Biden para que cumpla su promesa de campaña.

“Me alegra ver el cierre de las instalaciones, pero no dejaré de luchar por la plena rendición de cuentas por lo que sucedió y por una justicia real para todas las mujeres afectadas”, explicó. “Hace mucho tiempo que debemos poner fin al uso de estos espacios privados con fines de lucro en todo este país, derogar la detención obligatoria y promover alternativas basadas en la comunidad”.

El senador Chuck Grassley (republicano por Iowa) tuvo la respuesta opuesta a los cierres anunciados.

“Debemos asegurarnos de que todos los detenidos en las instalaciones de ICE sean tratados con dignidad”, indicó en un comunicado, pero continuó: “La decisión de hoy de cerrar dos centros de detención no puede ser la única forma de garantizar la seguridad y la dignidad. Y no puede ser el comienzo de un esfuerzo concertado de la administración Biden para socavar la aplicación de nuestras leyes de inmigración al eliminar la capacidad de ICE para detener a inmigrantes ilegales en todo el país”.

Mayorkas enfatizó que continuaría revisando los informes de abuso en otros centros federales de detención de inmigrantes y ordenó actualizaciones del liderazgo de Seguridad Nacional sobre la “calidad del tratamiento de las personas detenidas” y las “condiciones de detención”, así como las necesidades operativas.

El secretario de Seguridad Nacional también ordenó a ICE que rescindiera lo que se conoce como un acuerdo 287 (g) con la Oficina del Sheriff de Bristol en Massachusetts. Documentos que delegan parte de la autoridad federal para la aplicación de la ley de inmigración a la policía local y estatal, mismos que se ampliaron drásticamente bajo la administración Trump.

En mayo de 2020, la ACLU de Massachusetts demandó a la Oficina del Sheriff de Bristol por un “incidente violento” en su centro de detención de inmigrantes, relacionado con una protesta por las condiciones relacionadas con el COVID-19, que resultó en la hospitalización de varios inmigrantes. El fiscal general de Massachusetts descubrió más tarde que las autoridades habían usado perros y gas pimienta en inmigrantes detenidos, violando sus derechos civiles.

Biden se comprometió durante la campaña presidencial de 2020 a poner fin a todos los acuerdos 287 (g) alcanzados por su predecesor y “limitar agresivamente” el uso de estos documentos, considerados durante mucho tiempo como instrumentos controvertidos en California.

En 2019, el inspector general de Seguridad Nacional descubrió que el sistema de contratación de varios niveles de ICE “no responsabiliza adecuadamente a los contratistas de centros de detención por no cumplir con los estándares de desempeño”.

Los propios informes de inspección de ICE encontraron que Irwin violaba constantemente las normas nacionales de detención que “afectan directamente la vida, la salud, la seguridad y/o el bienestar de los detenidos”.

Los informes de inspección también mostraron que Irwin remitía habitualmente a más de 1.000 detenidos al año para recibir atención médica externa, mucho más que la mayoría de los centros de detención de su tamaño.

“Las instalaciones de detención del DHS y el tratamiento a las personas en esos espacios se mantendrán de acuerdo con nuestros estándares de salud y seguridad”, señaló Mayorkas. “Cuando descubramos que se quedan cortos, continuaremos tomando medidas como lo estamos haciendo hoy”.

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