EE.UU amplía la lucha contra la corrupción centroamericana; ¿podrá detener la inmigración?

El gobierno de Biden amplió significativamente su ofensiva contra la corrupción y otras “causas fundamentales” de la inmigración ilegal de Centroamérica, pero sus nuevas tácticas están lejos de garantizar un mejor funcionamiento que los intentos fallidos del pasado.

Los funcionarios consideran la lucha contra la corrupción y la “mala gobernanza” como el componente más esencial para mejorar las condiciones en El Salvador, Honduras y Guatemala, y probablemente el más difícil de ganar después de décadas de democracias frágiles, controladas por élites rapaces e instituciones legales de rápido cambio.

Las últimas herramientas de la administración incluyen una lista notable de más de 50 funcionarios centroamericanos tildados de demasiado corruptos para tratar con ellos y un estilo defensivo por parte de Samantha Power, la nueva administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La administración “busca enviar un mensaje desde un alto nivel, de que existe una gran preocupación por ver avances”, señaló Power, abogando por el tipo de atmósfera basada en reglas que alentaría tanto al gobierno de Estados Unidos como a la inversión privada en la región. La funcionaria habló con The Times en una entrevista desde la ciudad de Guatemala mientras concluía una gira reciente por partes de América Central. “Es un mensaje bastante sencillo”, agregó, comparando la dinámica con una silla de tres patas. La política puede basarse en el compromiso económico y la seguridad física, pero no sin organismos gubernamentales confiables.

La aparición en Centroamérica de alguien como Power, con profundas raíces en la política demócrata de alto nivel como aliada cercana del presidente Obama y exrepresentante permanente ante Naciones Unidas, es otra señal de la importancia que la administración Biden le da a su política más tensa: la inmigración.

Más que disturbios en Cuba, desastre humanitario en Venezuela o represión autocrática en Nicaragua, es la inmigración lo que capta la atención de la administración Biden de sus vecinos del sur. Junto con México, los llamados países del Triángulo del Norte -Honduras, Guatemala y El Salvador- representan el mayor número de personas que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Los funcionarios estadounidenses ahora también intentan evitar un nuevo éxodo de individuos que huyen desde Cuba y Haití, después de las protestas en La Habana y el asesinato del presidente haitiano en Puerto Príncipe, que podría distraer la atención del proyecto del Triángulo Norte. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, un inmigrante cubano, advirtió a los cubanos y haitianos esta semana que serían rechazados si intentaban llegar a Estados Unidos en embarcaciones, un modo común de ingreso.

El presidente Biden asignó a la vicepresidenta Kamala Harris para supervisar los esfuerzos en Honduras, Guatemala y El Salvador. El veterano diplomático Ricardo Zúñiga fue nombrado enviado especial para los países del Triángulo Norte, y Power estableció un grupo de trabajo de USAID dedicado a la región.

Los expertos siguen siendo escépticos. “Es demasiado pronto para decirlo, pero es como si tuvieran que empezar de nuevo”, afirmó Gerardo Berthin, director de programas para América Latina de Freedom House, una organización de activismo. “No ha habido una política coherente en los últimos cuatro años, y las causas fundamentales solo se han agravado, multiplicado y vuelto mucho más inmanejables”.

Un golpe potencialmente significativo a la corrupción en Centroamérica es la lista de funcionarios con demasiada mala reputación como para tratar. La lista, elaborada por el Departamento de Estado, incluye a expresidentes, legisladores actuales y otros funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Como resultado, EE.UU canceló algunas de sus visas, no les permite viajar a Estados Unidos y les prohibió algunos negocios.

Los tres gobiernos sufren una corrupción arraigada que alimentó la anarquía, la pobreza y el desempleo. Aunque los funcionarios han sido sancionados antes, la nueva lista, ordenada el año pasado por el entonces representante Eliot L. Engel (D-N.Y.), es el intento más completo hasta la fecha.

Al parecer, da en el blanco: incluye, entre otros, al jefe de gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas incursiones recientes en el autoritarismo, al enviar tropas al Congreso y despedir jueces, lo han convertido en un contrapunto particularmente difícil para la administración Biden. También incluye a los predecesores de los presidentes de Guatemala y Honduras, así como legisladores de los tres países que, según el Departamento de Estado, han socavado sus poderes judiciales y agencias anticorrupción nacionales.

“Esta lista es bastante estratégica y […] envía una señal a los presidentes actuales y sus gabinetes”, remarcó Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina. “En esencia, se enfoca en actores corruptos de cada país que usan su poder para socavar la democracia y el sistema de justicia. Veremos si el mensaje funciona”, destacó, “pero es un esfuerzo serio”.

Los autores de la lista no llegaron a nombrar a los tres presidentes en funciones: Bukele, con sus tendencias autoritarias; Alejandro Giammattei, de Guatemala, quien según las autoridades ha interferido con los tribunales y las investigaciones de corrupción; y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, implicado por fiscales federales estadounidenses en un importante caso de tráfico de drogas. Honduras celebrará elecciones presidenciales este año.

No obstante, Zúñiga prometió más sanciones. “No es una lista definitiva”, indicó.

Bukele se burló de la iniciativa. Un político de extrema derecha en Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz, afirmó que es un “gran honor” estar en la lista negra de la administración Biden.

El mandatario estadounidense también prometió $4.000 millones durante cuatro años para los tres países. En el pasado, y especialmente durante el gobierno de Obama -cuando Biden era vicepresidente- Estados Unidos invirtió millones de dólares en la región, principalmente para gobiernos centrales, fuerzas del orden y capacitación policial, con menos énfasis en la lucha contra la corrupción y la creación de instituciones.

Esta vez, los funcionarios expresaron la intención de canalizar más dinero a socios no gubernamentales, como grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, académicos y pequeños empresarios, en lugar de a las arcas de líderes corruptos.

USAID anunció el mes pasado una gran cantidad de nuevos desembolsos: $5 millones para “empoderamiento de mujeres” en todo el Triángulo Norte; $24 millones para programas de “gobernanza”, capacitación agrícola y empleo juvenil para promover la transparencia electoral en Honduras; $12 millones para pequeñas empresas en El Salvador.

“Parece que han aprendido algunas lecciones” del pasado, remarcó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un grupo de expertos en políticas en Washington. “El equipo de hoy [es] más lúcido sobre el problema de la voluntad política de los gobiernos de la región”.

La estrategia también conlleva un riesgo: Bukele y otros líderes han atacado, en ocasiones, a organizaciones que reciben fondos estadounidenses, considerándolas una amenaza antipatriótica a la soberanía nacional. Harris hasta ahora evitó a Bukele y se reunió solo con Giammattei, de Guatemala, mientras que Power y la subsecretaria de Estado para asuntos políticos, Victoria Nuland, lo visitaron. Ambas dijeron después que le advirtieron contra el pisoteo de la democracia.

Shifter dijo que los esfuerzos de la administración son “prometedores y podrían generar avances que vuelvan las condiciones marginalmente mejores en una región profundamente atribulada”, pero que está lejos de quedar claro si las acciones lograrán reducir significativamente los flujos de inmigración.

Por separado, hay iniciativas relacionadas en el Congreso, incluidas propuestas para eliminar todo el financiamiento militar a los tres países -antiguos campos de batalla de guerras de poder respaldadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría- y una inyección de $60 millones en programas anticorrupción.

Una idea es crear una agencia regional de lucha contra la corrupción, posiblemente bajo los auspicios de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. La administración Trump permitió que las autoridades de Guatemala y Honduras cerraran dos cuerpos similares y de gran prestigio cuando los investigadores se estaban acercando demasiado a las fechorías de altos funcionarios -que también eran aliados del ex presidente Trump-.

Para Zúñiga, el mayor enfoque en la corrupción y la democracia fue deliberado. “La corrupción y los ataques a la democracia se consideran algunas de las causas fundamentales más importantes de la migración irregular desde Centroamérica”, comentó. “Ponen obstáculos a la gobernabilidad, distorsionan los mercados, socavan los esfuerzos de desarrollo y, en última instancia, desmoralizan a una población que decide embarcarse en una migración irregular muy peligrosa a México y Estados Unidos porque no creen que puedan construir un futuro en su país natal”.

Berthin, de Freedom House, quien ha trabajado extensamente en proyectos de desarrollo de USAID y la ONU en América Latina, se reconoció cautelosamente optimista sobre la estrategia de la administración: “Tengo esperanzas, pero será una batalla cuesta arriba”.

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