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Grupo de consumidores solicita investigación al comisionado de Seguros de California

Ricardo Lara, comisionado de Seguros de California. Un grupo de consumidores pidió una investigación criminal de sus prácticas de recaudación de fondos.
(Rich Pedroncelli / AP)

El grupo solicitó a la oficina del Fiscal General examinar las contribuciones políticas que recibió el funcionario

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Un grupo de defensa de Los Ángeles responsable de convertir al comisionado de seguros del estado en un oficial electo solicitó al Fiscal General de California y a los fiscales de distrito regionales que abran una investigación criminal sobre el comisionado en funciones Ricardo Lara.

La solicitud fue emitida el jueves por Consumer Watchdog horas después de que The San Diego Union-Tribune y el Sacramento Bee informaran nuevos detalles sobre las reuniones privadas de Lara con ejecutivos de seguros que tenían asuntos pendientes ante su departamento.

“El fiscal general o un fiscal de distrito necesita iniciar una investigación penal sobre lavado de dinero y soborno, porque el comisionado Lara claramente ocultó registros e información importante”, dijo Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog.

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La oficina de Lara emitió un comunicado diciendo que cumplía con las solicitudes para liberar los documentos.

“Las insinuaciones en el último comunicado de prensa de Consumer Watchdog no pueden ocultar el hecho de que el Departamento de Seguros publicó el calendario del comisionado y los registros públicos que muestran claramente todas estas reuniones y su propósito”, dijo el comunicado.

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El llamado a una investigación siguió a las noticias del jueves que involucraron cientos de páginas de correos electrónicos y calendarios recientemente publicados por el Departamento de Seguros. Los documentos detallan una serie de reuniones entre Lara y los ejecutivos de seguros y su cabildero político.

Según el Tribunal, los registros dejan varias preguntas sin respuesta, incluyendo por qué la recaudación de fondos de Lara estuvo involucrada en discusiones sobre políticas estatales oficiales, por qué algunas reuniones políticas se incluyeron en los calendarios públicos de Lara cuando se excluyeron otras y por qué se pagaron con dinero de los contribuyentes los viajes durante los cuales Lara se reunió con donantes.

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“Existe una nube sobre este departamento, nadie puede hacer su trabajo hasta que el fiscal general o un fiscal de distrito autorice al comisionado o decida proceder con un acuerdo o enjuiciamiento”, dijo el tribunal.

La Oficina del Fiscal General del estado se negó a responder a la solicitud.

“Para proteger su integridad, no podemos comentar, ni siquiera para confirmar o negar, una investigación potencial o en curso”, dijo la oficina en un comunicado.

Las revelaciones de campaña presentadas por Lara muestran que aceptó decenas de miles de dólares de donantes relacionados con Applied Underwriters, una aseguradora de compensación de trabajadores que busca la aprobación del estado para vender una de sus subsidiarias.

Lara calificó las contribuciones como un descuido y devolvió 83 mil dólares a los donantes en julio, luego de que Union-Tribune revelara las donaciones de los ejecutivos de Applied Underwriters y sus cónyuges.

El comisionado dijo en ese momento que no estaba al tanto de la fuente de las donaciones. Hace dos semanas, en respuesta a las continuas revelaciones sobre sus contribuciones políticas, Lara emitió una disculpa pública, despidió a su consultor político y suspendió la recaudación de fondos para su reelección en 2022.

“A pesar de que no se violaron leyes o reglas, y estas interacciones no afectaron ni influyeron en mis acciones oficiales de ninguna manera, debo mantenerme a un nivel más alto”, escribió.

Los calendarios y correos electrónicos, que fueron retenidos durante meses antes de ser publicados después de la disculpa pública, muestran que Lara se reunió repetidamente con aseguradoras y donantes que tienen negocios pendientes ante su departamento.

Al menos cuatro de las reuniones fueron atendidas por un cabildero que trabajaba para negociar la transacción de Applied Underwriters, y Lara se reunió con el director ejecutivo de la compañía al menos dos veces, según los registros.

Además, los documentos muestran que varias de las reuniones identificadas como políticas fueron organizadas por personal de Lara pagado por el estado que, según los expertos, es permisible para que los asistentes puedan equilibrar adecuadamente el horario de un funcionario.

Pero el Tribunal dijo que hay indicios en los registros de que Lara discutió la política y la recaudación de fondos en las mismas reuniones, lo que no está permitido.

“Existe una fuerte evidencia circunstancial de que se ofreció dinero con fines políticos en las mismas conversaciones que se tomaron las decisiones oficiales”, dijo el Tribunal.

La solicitud de Consumer Watchdog para una investigación se produjo en un comunicado de prensa de seis páginas que incluye numerosas fotografías y enlaces a correos electrónicos, una agenda de reuniones y mensajes de texto hacia y desde un empleado estatal.

También relacionan a la senadora Lena González, demócrata de Long Beach, con la recaudación de fondos al señalar que el sucesor de Lara en el Senado estatal aceptó de manera similar decenas de miles de dólares en contribuciones políticas de personas asociadas con Applied Underwriters.

El comunicado cita divulgaciones de campañas estatales que muestran que González reportó 25 mil dólares en donaciones a principios de este año, luego pagó 24 mil dólares al consultor político Dan Weitzman, el mismo consultor que Lara despidió a principios de este mes.

“¿Las contribuciones tenían la intención de influir en la aprobación de Lara a la venta pendiente, acciones que constituirían en un soborno bajo la ley estatal?”, pregunta el comunicado de prensa.

González, ex concejala de la ciudad de Long Beach que llegó al Senado en junio, dijo en la proclama que nunca se había reunido ni comunicado con nadie de Applied Underwriters y simplemente le había pagado a un consultor por servicios de recaudación de fondos.

“Las contribuciones en cuestión fueron recibidas legalmente, completamente divulgadas y se encontraban entre cientos de otras contribuciones recibidas durante mi elección especial”, escribió.

Consumer Watchdog fue fundada en 1985. La organización sin fines de lucro calificó una iniciativa para la votación que redujo las tasas de seguro y creó el cargo del comisionado estatal de seguros en 1988. Los votantes aprobaron la medida.

Durante años, los comisionados de seguros de California se han comprometido a no aceptar fondos de campaña de las aseguradoras para evitar conflictos de intereses. Lara hizo la misma promesa antes de ganar el cargo en noviembre del año pasado.

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