Dejó atrás una vida de violencia doméstica y hoy, esta inmigrante es dueña de dos negocios

Fueron cinco años de soportar golpes, burlas e incluso, una ida al hospital. El miedo a ser separada de sus hijos la paralizó hasta que llegó el día en que temió por su vida.

Ilce Acevedo recuerda con claridad el día que decidió poner fin a un ciclo de violencia.

Su esposo, quien era integrante de las fuerzas armadas, llegó a casa molesto y se desquitó con críticas hacia la cena que le había preparado. Ese altercado escaló hasta llegar a un intento de estrangulamiento.

Con su último aliento, Ilce le gritó a su hijo de entonces doce años para que la salvara.

La policía intervino, y aún así dudó.

La madre de familia, quien emigró sin documentos a los quince años huyendo de su padre, quién había abusado sexualmente de ella, temía que se descubriera su estatus migratorio.

“Si yo hubiera tenido papeles, en el primer golpe, alzo la voz”, afirma la mujer de 42 años, originaria de Guerrero, México.

“El no tener documentos es como si te amarraran las manos, no puedes hacer nada y yo no quería que me deportaran y que mis hijos se quedaran con él”.

Por años, su esposo la había amenazado con entregarla a las autoridades migratorias si se atrevía a denunciarlo.

Finalmente fue el amor a sus dos hijos lo que la motivó a hablar.

La policía le recomendó acudir al Family Justice Center en donde recibió refugio, terapia y la asesoría legal que necesitaba. Jamás le cuestionaron su estado migratorio, recuerda.

De la noche a la mañana su vida cambió y ahora, debía ver por sus hijos.

No esperó ni un solo día.

En el mismo albergue tomó una hoja de un cuaderno, anotó su nombre y número de teléfono y ofreció su servicio para limpiar casas. Repartió esa información en diferentes residencias en La Jolla. En cuestión de horas, ya había recibido llamadas de tres personas.

Con lo que ganó esa tarde tuvo lo suficiente para llevar a sus hijos a cenar una hamburguesa como se lo habían pedido y el resto lo ahorró para gasolina. Estaba convencida de que mientras tuviera trabajo, su familia iba a estar bien.

“Soy de las personas que si no sé, tú enséñame y aprendo en ese momento”, menciona Acevedo. “Yo vengo de una familia muy pobre, entonces cuando veo la oportunidad de trabajar no la desaprovecho”.

De casa en casa los clientes se multiplicaron y años más tarde abrió su compañía Green Broom con la cual emplea a cinco mujeres que limpian casas utilizando productos naturales.

Su espíritu emprendedor no se detuvo, y el año pasado adquirió una florería con la que anhela algún día poder dar trabajo a otras víctimas de violencia doméstica.

Ilce Acevedo, 42, posa en las afueras de su florería Divine Flowers ubicada sobre Clairemont Dr., en San Diego

(Alexandra Mendoza/UT en Español)

Ilce calificó para la visa-U, que se otorga a víctimas de ciertos crímenes, incluyendo violencia doméstica. Gracias a ello, duerme tranquila ya que no será separada de sus hijos.

Son muchos los casos de inmigrantes que no denuncian por miedo a la deportación.

“(A nivel nacional) Tres de cada cuatro defensores de víctimas de violencia doméstica todavía reportan que las personas que huyen de este crimen tienen miedo de reportarlo a la policía porque temen la deportación”, señala Yvette López-Cooper, directora ejecutiva de Family Justice Center de San Diego.

“Los abusadores todavía utilizan el estatus migratorio como un arma en contra de sus víctimas y las amenazan, eso es parte del abuso, del ciclo de violencia y del poder de control que enfrentan”, agregó.

César Luna, abogado de inmigración, asegura que no ha visto un caso en el que una víctima de violencia doméstica sea entregada a las autoridades federales.

“Yo creo que es un mito”, comenta. “Por lo menos a mí no me ha tocado verlo en el área de San Diego”.

Sobre las visas-U, dijo que si bien son un buen recurso para víctimas, el problema es que el proceso se está extendiendo a entre cuatro y cinco años, dado que sólo se otorgan alrededor de 10 mil al año.

Su recomendación es que las víctimas busquen protección cuanto antes y posteriormente, que acudan a un abogado de inmigración para que analicen sus opciones.

Esta semana, el Family Justice Center en el que Ilce recibió apoyo firmó un acuerdo de colaboración con el Consulado General de México en San Diego.

Cada mes, el consulado remite a dicho organismo un promedio de siete casos de víctimas que requieren orientación, indica el cónsul general, Carlos González Gutiérrez.

“Lo más importante es asegurarnos de que nuestra comunidad y particularmente aquellos que tienen una situación migratoria irregular estén plenamente conscientes de que el estatus migratorio es irrelevante para este tipo de servicios”, reitera.

El Family Justice Center, que se desprende de la Fiscalía de la Ciudad de San Diego, acoge a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y tráfico de personas. Cuenta con un equipo de especialistas, incluyendo terapeutas, enfermeros, fiscales y abogados de inmigración.

Mara Elliot, fiscal municipal de San Diego, enfatiza que se trata de un servicio “privado y gratuito”. “Nosotros no verificamos el estatus de nadie, nuestra preocupación es si una víctima requiere un servicio queremos estar ahí para asistirla”.

De julio de 2018 a junio de 2019, esta agrupación atendió 19.362 llamadas, y ofreció servicios para cerca de 8.000 personas, incluyendo niños y adultos.

Ilce forma parte de un grupo de sobrevivientes que recibió cobijo en este centro.

No teme contar su historia, pues espera sirva de motivación para otras mujeres.

“No tengan miedo, hay ayuda, hay esperanza”.