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California

La deuda histórica con los migrantes mexicanos se salda a cuentagotas en el afan de tener representación política

Andres Bermudez - Rey del Tomate
Esta es la campaña que impulsó Andrés Bermúdez, conocido como ‘El Rey del Tomate’, para convertirse en el alcalde de Jerez, Zacatecas, en 2001. Algo que logró en 2004 y luego, en 2006, se convirtió en el primer diputado federal migrante.
(GREGORY BULL/AP)

La diáspora mexicana es la más grande en el mundo, pero a pesar de que su aporte a la economía es voluminosa, la lucha por tener una representación política a nivel federal no ha surtido efecto, una situación que ahora buscan revertir siguiendo los avances, todavía simbólicos, alcanzados a nivel estatal.

“Nos llaman héroes, pero somos ignorados”, se lamenta Teresa Vivar, directora de la asociación Lazos América Unida, en New Jersey, en una entrevista telefónica, detallando que existe un movimiento que está robusteciéndose con la consigna de que “los mexicanos sean reconocidos no sólo por las remesas”.

La comunidad de ascendencia mexicana asciende a 36.6 millones en la Unión Americana, según un análisis elaborado por el Centro Pew.

En 2018, de acuerdo al Banco de México, esa nación recibió más de $33 mil millones en concepto de remesas, es decir que representa un incremento del 10.53% en comparación al 2017, cuando se enviaron un poco más de $30 mil millones, colocándose arriba de los ingresos por el petróleo.

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Las remesas, argumentan las autoridades mexicanas, llegan principalmente de Estados Unidos. Esta es, precisamente, la herramienta que los activistas están utilizando para entretejer su lucha a favor de la representación política federal, la cual se les ha negado una y otra vez desde el Congreso.

“Esa voz hace falta en el Congreso”, reconoció Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, en una visita reciente a Los Ángele; esa declaración es música a los oídos para los líderes comunitarios, pero no se confían porque están agotados de promesas incumplidas.

Tenue apoyo

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Fueron casi tres lustros de espera, desde las primeras demandas de organizaciones de migrantes hasta que se aprobó y publicó, en junio de 2005, la ley del voto de mexicanos en el extranjero. Al año siguiente, por vía postal se manifestaron en las elecciones presidenciales 32.621 personas.

La aprobación del voto fue el punto de partida, pero en el ejercicio de ese derecho los electores se encontraron con candados díficiles de abrir. Uno de ellos fue que para emitir el sufragio se debía tener una credecial de elector vigente y esa sólo se podía tramitar en territorio mexicano.

Tuvo que transcurrir una década para que el sistema político abriera un resquicio y permitiera, a partir de febrero de 2016, el trámite de la credencial en los 50 consulados mexicanos en la tiera del “Tío Sam”.

“El voto es todavía simbólico”, señala Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos y experto en política mexicana en el Colegio de Pomona.

“Algunos partidos políticos temen que la persona que se fue va a votar en su contra, [por eso todavía] no se abre la puerta al proceso electoral de una forma comprensiva”, razona el académico.

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Fue a partir de febrero de 2016 cuando comenzó a tramitarse la credencial de elector en los 50 consulados mexicanos en suelo estadounidense.
(Soudi Jiménez/Los Angeles Times en Español
)

En 2012, cuando se impuso el presidente Enrique Peña Nieto, el caudal llegó a 40.714 sufragios. En las últimas elecciones, ganadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el padrón tenía a 181.873 electores, de ellos ejercieron su derecho 98.470, registrándose un aumento del 200%.

En estos tres comicios presidenciales, los migrantes le dieron la espalda al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2006 el apoyo fue mayoritario para Felipe Calderón (58.29%) y en 2018 para AMLO (64.86%), mientras que en 2012 fue para Josefina Vásquez Mota (42.17%).

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La participación, hasta la fecha, no es representativa de los 12 millones de mexicanos que, según las autoridades aztecas, viven en suelo estadounidense, sin contar a los mexico-estadounidenses.

El voto electrónico

La llave para incrementar el caudal electoral, plantean diferentes organizaciones, está en el cambio de la modalidad de votación. No obstante, el formato por vía electrónica se viene solicitando desde 2006, cuando se votó por primera vez desde el extanjero, pero esa respuesta sigue dilatándose.

“Por la comunidad tan grande que tenemos, lo mejor sería contar ya con un sistema de votación por internet”, indicó el consejero Andrade, manifestando que están elaborándolo y la meta es terminarlo antes de que concluya 2019, para que entre en vigor en las elecciones de 2021.

¿De qué va a depender que este sistema se implemente? Se le preguntó.

“De que confíen, tanto los que lo vayan a usar, que son los mexicanos que están viviendo acá, como los candidatos y partidos políticos en México; que de alguna forma estén convencidos que es un sistema seguro y que desde luego se pueda utilizar”, respondió.

El precedente

La forma de votación es importante para los líderes mexicanos en Estados Unidos, pero mientras ese proceso avanza por una vía alterna, están empujando en una salida legal para tener representación política federal, algo que consideran repercutiría en un incremento en la votación.

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La luz comenzó a brillar en 2017. En ese año, el INE aprobó las “acciones afirmativas” a favor de las mujeres y las comunidades indígenas.

Como lo indica el acuerdo, INE/CG508/2017, esas acciones “constituyen una medida compensatoria para grupos en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos”.

De esa forma, agrega la resolución, se garantiza “un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales”.

Fue a través de la acción afirmativa que los partidos políticos nacionales fueron obligados por ley a postular a mujeres en igual cantidad de hombres.

Entretanto, tuvieron que inscribir entre los candidatos a personas que se autodenominan indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales con población de este origen. Dichos distritos se encuentran en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Esa decisión del INE provocó que, en las elecciones de 2018, fueran electos 13 legisladores indígenas.

En ese sentido, los migrantes han utilizado la misma modalidad para que finalmente tengan ese espacio por la vía jurídica, aseguró Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante. “Nosotros sometimos la solicitud en enero de 2018”, indicó.

Fuerza Migrante es una coalición de asociaciones mexicanas, cuya sede está en Nueva York. Desde su origen, en 2015, han ido construyendo un movimiento político que se agiganta como bola de nieve para impactar a ambos lados de la frontera.

“El INE nos contestó que sí”, dijo el activista originario de Sonora, en referencia al compromiso de someter a votación y aprobar una acción afirmativa a favor de los migrantes, algo que sucederá en octubre.

La autoridad electoral pidió como condición que se realizaran foros y consultas, algo que los líderes de la diáspora han hecho en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y en la Ciudad de México.

La última de esas convocatorias consultivas ocurrió el 13 de septiembre en L.A., aprovechando la visita del consejero Andrade. En ella se realizó una votación simbólica entre 52 líderes de organizaciones locales. Sólo 4 personas votaron en contra, 48 apoyaron la moción de la acción afirmativa.

A juicio de Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, los migrantes ya no tienen que ser vistos como “una pieza de negociación, como siempre hemos sido, sino ya como parte integrada plenamente a la gran familia mexicana en ambos lados de la frontera”.

“El único sector que ha quedado en el olvido somos los mexicanos en el exterior”, añade Gutiérrez, activista oriundo de Jalisco.

Esta acción afirmativa pretende que los partidos políticos lleven a miembros de la diáspora en las candidaturas a diputado federal, específicamente en los estados que son los mayores expulsores de migrantes.

De acuerdo al movimiento Fuerza Migrante, esos diputados migrantes deberían representar a Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, los estados que tienen mayor representación en la diáspora.

Es decir que como mínimo serían 10 legisladores federales, indican los activistas. Pero esa cifra podría aumentar, dependiendo de la participación que tengan los inmigrantes en los eventos electorales.

En la actualidad, existe una diputada federal que representa a los migrantes. Libier Jiménez, originaria de Jalisco, llegó al Congreso en 2018. Ella estuvo viviendo en Los Ángeles y con el apoyo de una coalición de partidos fue electa legisladora.

“Ahorita tenemos sólo una diputada, ¿qué puede hacer uno contra 499? Creo que 10 ya hacen ruido, así podemos crear programas para los migrantes”, reflexiona Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem). La cámara de diputados está integrada por 500 comisionados.

“Con la acción afirmativa ya no tendríamos que pedirle permiso a los partidos políticos para ser candidatos en México; en la normativa del INE estarían obligados a darnos por ley la oportunidad de tener 10 espacios en la cámara de diputados como mínimo”, agregó Moreno, oriundo de Michoacán.

Francisco Moreno
Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas.
(Cortesía
)

La coalición Fuerza Migrante cuenta con el apoyo de unas 60 organizaciones en diferentes partes de la Unión Americana. En los próximo días, se desplazará una delegación a México para continuar con el cabildeo previo a la reunión en la que se someta a votación la propuesta de la diáspora.

“Hay una deuda histórica”, plantea Raúl Hinojosa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), manifestando que esta es una oportunidad clave para que el sistema mexicano tienda puentes y establezca la representación política de la que carecen los migrantes.

“El precedente ya existe para hacer algo de esta naturaleza, este es el momento para definirse”, añadió Hinojosa. “Les encanta en México decir que están a favor y apoyan al migrante, pero ahora van a tener que cumplir con la palabra”.

La experiencia de la diáspora en participación política

Las primeras señales de la diáspora interesada en la participación política se remontan a Andrés Bermúdez, mejor conocido como “El Rey del Tomate”. Este oriundo de Jerez de García Salinas, estado de Zacatecas, emigró a California después de terminar la secundaria.

Aquí trabajó en los campos agrícolas y fue el creador de una máquina cosechadora, que multiplicaba las ganancias de plantaciones de tomate. A pesar de que era exitoso en esa industria, en 2001 se postuló para el cargo de presidente municipal de Jerez, su tierra natal.

En los comicios resultó ganador, pero al no tener la residencia mínima de un año, se le inhabilitó. En 2004, compitió nuevamente, convirtiéndose en presidente municipal y en el primer ciudadano estadounidense de origen mexicano en ganar un puesto de elección popular.

En 2006, se convirtió en diputado federal, el primero en llevar la voz de los migrantes. Bermúdez murió en Houston, Texas a consecuencia de cáncer en el estómago.

Zacatecas, el modelo de participación

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sometió una reforma a la Constitución de Zacatecas, para que a los migrantes se les aceptara la residencia binacional. La moción fue rechazada en el Congreso estatal.

Sin embargo, los migrantes en Estados Unidos se unieron y presionaron a sus partidos, cuenta el exdiputado Felipe Cabral. “Aquí en Los Ángeles hicimos una alianza para que el PRI y PRD pasaran la reforma”, dijo el fundador de la organización Zacatecanos Primero.

Felipe Cabral
Felipe Cabral, originario de Valparaiso, en el estado de Zacatecas, fue electo diputado suplente federal en el periodo 2009-2012, y en el periodo 2016-2018 fue diputado estatal.
(Soudi Jiménez/Los Angeles Times en Español)

En 2003 se aprobó la enmienda y en 2004 cuatro migrantes zacatecanos fueron electos en cargos públicos. Ellos fueron los diputados: Román Cabral (PRI) y Manuel De La Cruz (PRD), así como el alcalde Andrés Bermúdez (PAN) y el regidor José Ángel González (PRI).

Cabral, radicado en L.A. desde 1977, sostiene que esa reforma, que permitió a los migrantes la residencia binacional, abrió la compuerta y así se evitó lo que le pasó a Bermúdez.

“Todos los estados deberían tener este tipo de diputados, porque son expulsores de migrantes” señala el oriundo de Valparaiso que en 2009 fue electo diputado suplente federal, y entre 2016 y 2018 fue diputado estatal.

La forma adoptada en Zacatecas es la lista plurinominal, en la que se inscriben a 12 personas. “Cada partido está obligado a registrar un candidato (en esa lista) en calidad de migrante”, agregó.

En esa lista, el migrante ocupa la posición 12. En los comicios, las dos fuerzas políticas con más votos tienen el derecho de mover al migrante hasta la posición 1, para que entre en la legislatura.

Desde 2004 a la fecha, en Zacatecas han sido electos más de 8 migrantes en los puestos de diputado estatal. En este momento, Felipe Delgado (Los Ángeles) y Lizbeth Márquez (Chicago) son los que ostentan esas posiciones.

Siguen el camino

El precedente de Zacatecas inspiró a Chiapas. En 2011 reformaron la ley, reconociendo a los migrantes el derecho a votar y elegir a quien los represente en el Congreso estatal. La primera en llegar a ese puesto desde la diáspora fue Rhosbita López. No obstante, esa figura fue derogada recientemente por el Congreso chiapaneco.

En las elecciones de 2021, sin embargo, por primera vez votarán por un diputado migrante en la Ciudad de México y en los estados de Durango y Guerrero.

Entretanto, en el estado de Puebla se discute la aprobación de la figura del diputado migrante, para lo cual los legisladores se han fijado como plazo octubre de 2020.


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