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La compensación independiente de las arquidiócesis, son ‘acciones engañosas’, critican activistas

SNAP, una organización que aboga por las víctimas del abuso sexual del clero, alega que los sobrevivientes deben conocer sus derechos.
(Getty)

Varios activistas y sobrevivientes de violación sexual por parte de figuras religiosas alegan que el programa de compensación de víctimas independientes de la iglesia católica en California, es un intento velado parar comprar silencio de los que resultan lastimados.

El programa fue dado a conocer recientemente en las arquidiócesis de Los Angeles, Orange, San Diego, Fresno, Sacramento y San Bernardino, para que las personas que hayan sido violadas puedan demandar por delitos individuales sin tener que ir a corte. Dentro del programa también se les da una compensación.

Sin embargo, el Proyecto de Abuso Cero sostiene que las diócesis son infractoras, ya que no tendrá la obligación de divulgar documentos que demuestren hasta qué punto los funcionarios de la iglesia conocían y encubrían presuntos abusos. Además, las diócesis no están obligadas a divulgar nombres de sacerdotes acusados.

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Joelle Casteix, miembro de la junta fundadora del Proyecto de Abuso Cero y exlíder regional occidental de SNAP, le pide a los afectados proceder por las vías legales.

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“Entendemos que para algunos sobrevivientes, el programa de compensación de la iglesia católica puede ser una opción. Apoyamos a todos los sobrevivientes que se presenten, siempre y cuando estén listos. Pero debemos asegurarnos de que los sobrevivientes sepan que el programa de la Iglesia no tiene buenas intenciones”, sostiene la activista.

El referido programa de compensación de víctimas permite a la iglesia conformarse con centavos por dólar, al tiempo que obliga a los sobrevivientes al secreto, alega Casteix, sobreviviente de abuso sexual infantil en California y quien demandara a la iglesia católica en 2002.

Con la ley 218 de la Asamblea, la iglesia católica en California reconoce que se enfrentan a un nivel completamente nuevo de exposición y escrutinio, dice la activista.

“El alcance y la escala del abuso y el encubrimiento serán catastróficos y embarazosos para la jerarquía de la iglesia. Harán cualquier cosa para cambiar a las víctimas en su intento de mantener los secretos de la iglesia lejos del tribunal y el público”, agrega.

El número de casos pendientes en los tribunales de inmigración ha aumentado a niveles fuera de control, por lo que expertos creen que las cortes migratorias son “disfuncionales” y se encuentran al borde de colapsar.

Sin embargo, sus esfuerzos pueden estar en violación del proyecto de ley 1682 de la Asamblea de California de 2016, que prohíbe estipulaciones en un acuerdo civil por abuso sexual infantil que impiden la divulgación de información objetiva pertinente al caso.

En este caso, sostiene la activista, “si la iglesia católica está verdaderamente comprometida a aceptar la responsabilidad por las décadas de abuso que perpetraron y encubrieron, y sinceramente quiere que los sobrevivientes reciban justicia, deberían detener sus acciones engañosas”.

Los activistas en contra del programa le exigen a las arquidiócesis ser transparentes sobre las intenciones del programa independiente de compensación de víctimas, así como dejarle saber a las personas que prefieran esa vía que tienen derecho a conocer sus opciones y tomar una decisión informada sobre lo que es mejor para ellos.

El programa de compensación se abre para todos aquellos a los que se les ha prohibido presentar demandas porque el abuso ocurrió hace mucho tiempo y está más allá del estatuto de limitaciones. Además, las víctimas-sobrevivientes no necesitan tener un abogado para participar, y no hay tarifas por participar. Los pagos por reclamos completos se remunerarán dentro de los 90 días.

Por su parte, SNAP, una organización que aboga por las víctimas del abuso sexual del clero, también alega que los sobrevivientes deben conocer sus derechos.

“Creemos que la mejor manera de exponer las irregularidades y hacer cumplir la rendición de cuentas es para que los delitos se hagan públicos y para el castigo e indemnización que deben imponer los tribunales, no las instituciones que permitieron que las malas acciones sucedieran en primer lugar” asegura.


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