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California

Compraron un cachorro lindo y caro; y poco después murió

Puppy mill lawsuit
Manuel Aguilar, de 11 años, trabajó durante un mes el verano pasado para recaudar $600 y comprar un cachorro goldendoodle, al cual llamaron Penny. El perro murió una semana después de que la familia lo llevó a su casa. (Familia Loy)
(Loy Family)

La familia Loy se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal con su nuevo cachorro, una bolita peluda de color marrón rojizo a la cual bautizaron Penny.

Pero no podían haber imaginado la cantidad de problemas que tendrían cuando ingresaron al estacionamiento de un restaurante Tijuana’s Tacos, en Pomona, para tomar posesión de un goldendoodle miniatura, de nueve a 12 semanas de edad.

Cuando descubrieron a Penny online, se enamoraron. Así, desembolsaron $1.200 en efectivo, en marzo de 2018, por un cachorro que consideraron sería de raza pura, sano, feliz e hipoalergénico. La mitad del dinero lo aportó Manuel, entonces de 10 años, quien había ahorrado después de barrer los pisos en la barbería de su padre. El chico invirtió en el can todos sus ahorros.

Finalmente descubrieron que los vendedores pertenecían a una familia de Phelan cuya matriarca había sido blanco de una operación encubierta del FBI, se había declarado culpable en 2011 de un cargo de fraude federal y fue condenada a 41 meses de prisión por vender caballos enfermos y maltratados vía internet.

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Manuel Aguilar
Manuel Aguilar, de 11 años, en su casa en La Habra, el lunes.
(Gabriella Angotti-Jones/Los Angeles Times)

Pero primero, a los Loy se les rompió el corazón. Resultó que Penny no era hembra; así, cambiaron el nombre del cachorro a Bear y siguieron adelante. Pero tampoco era un goldendoodle -mitad golden retriever, mitad poodle-. En cambio, un veterinario les dijo que Bear era, tal vez, un maltipoo, partes iguales de maltés y caniche toy. Su pelaje tampoco era marrón rojizo; el tinte comenzó a lavarse durante su primer baño en la casa de los Loy en La Habra.

Todo eso ya era bastante negativo, pero la situación empeoró. Bear tenía sólo cuatro semanas de edad, demasiado joven para que le hubieran quitado a su madre. Y estaba muy, muy enfermo.

Jessica Loy es una de las nueve personas que presentaron una demanda contra la familia Kenney el lunes, acusando a Trina y Rick Kenney, y a sus hijos Elijah y Jezriel, de haber montado lo que la demanda describe como “una de las peores operaciones de venta de animales en el país: la venta de cachorros enfermos por internet”.

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Los dueños de mascotas están usando tinturas, cápsulas y cremas tópicas de CBD para las mismas enfermedades que las personas, incluyendo ansiedad, convulsiones, problemas digestivos, artritis y dolor.

Las familias terminaron gastando miles de dólares: en los animales primero, pero también en facturas veterinarias y en desinfectar sus hogares después de que a los perros se les diagnosticara parvovirus o moquillo, y en reemplazar muebles dañados por mascotas enfermas que vomitaban o tenían diarrea.

Algunos pagaron para sacrificar a sus cachorros moribundos y acabar así con el sufrimiento de los animales. Luego, cubrieron el costo de la cremación.

De los siete cachorros nombrados en el juicio -Bear, Winnie, Teddy, Ruffles, Charlie, Stella y Sicily- ninguno estaba sano. No habían sido vacunados, aunque los Kenney proporcionaron registros de las presuntas inmunizaciones, según la demanda. Tampoco eran goldendoodles o labradoodles, como supuestamente reclamaban los Kenney en anuncios en Craigslist, Recycler.com y otros sitios de internet. Cuatro de ellos no eran del sexo prometido.

Ruffles fue entregado a su veterinario por su nuevo propietario, Ramtin Mehrvijeh, porque éste no podía permitirse el lujo de salvar la vida del cachorro. El tratamiento para el parvovirus habría costado $6.000, según la demanda, dinero que el hombre de West Hollywood simplemente no tenía. Tres de los perros murieron.

Para proporcionar una mejor alternativa a dormir en la calle, tenemos que preguntar a las personas sin hogar qué es lo que consideran mejor. El condado de Los Ángeles no ha hecho eso.

No se pudo contactar a los Kenney para que hicieran comentarios. The Times llamó a 19 números de teléfono que figuran en varios registros públicos como pertenecientes a familiares. La mayoría estaban desconectados, no aceptaban llamadas o no hubo respuesta. Los mensajes no fueron devueltos.

“Queremos que reembolsen el dinero y se vayan de la ciudad”, pidió Gary Praglin, un abogado con sede en Santa Mónica que representa a las familias. “No vendan más perros. Dejen de lastimar a la gente. Cuando un niño ve morir a un cachorro”, agregó el legista, ”es una tragedia”.

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Y sí, Bear murió. Pero primero sufrió.

Mientras los Loy -Jessica; su esposo, Anthony; sus hijas, Mariah e Isabella; la hija de Anthony, Lali; y el hijo de Jessica, Manuel Aguilar, esperaban en el estacionamiento de Tijuana’s Tacos, vieron a un hombre que ahora reconocen como Elijah Kenney conducir un Mercedes Benz blanco nuevo. Cuando salió del auto y se acercó a ellos, sostenía en sus brazos a dos cachorros marrón-rojizo; un macho y una hembra.

“Acordamos en la hembra”, relató Loy. “Eran muy pequeños. Dijo que sólo aceptaba efectivo. Nos dio lo que parecía ser algún tipo de registro de vacunación. No sabíamos nada de cachorros. Confiamos en él. En el camino de regreso a la autopista, menos de 15 minutos después, el perro tenía diarrea. Inmediatamente les enviamos un mensaje de texto, ‘¿Está bien este cachorro?’”.

La respuesta fue reconfortante, indicó Loy: “Los cachorros, cuando dejan a sus madres por primera vez, extrañan. Es normal. Llévenla a su casa. Si hay problemas, me avisan”.

Ya en La Habra, el cachorro que todavía se llamaba Penny no comía ni bebía, y seguía vomitando. Al día siguiente, continuaba con vómito y tenía diarrea. Loy les preguntó a Manuel y a Lali si querían bañar a Penny. Llevaron al pequeño animal al fregadero de la cocina, tomaron un poco de jabón para perros y comenzaron a asearla. “Un color bronce rojizo quedaba en nuestras manos”, relató Manuel. “Fue un poco raro”.

Cuando llevaron a Penny al veterinario por primera vez, descubrieron que era macho. El especialista le dio al animal -rebautizado ‘Bear’- fluidos, y sugirió que la familia contactara a los vendedores y optara por otro perro. “Nos dijeron: ‘Oh, lo siento mucho. Si tienen facturas médicas, estaremos encantados de ayudarlos”, recordó Loy. “La segunda noche fue realmente mala. El perro no comía, no bebía, tenía diarrea, vomitaba, no jugaba, se caía, caminaba y colapsaba”.

La segunda visita al veterinario incluyó pruebas y antibióticos y más líquidos. Bear fue diagnosticado con parvovirus, una enfermedad altamente contagiosa que a menudo es mortal si no se trata. El veterinario le dijo a la familia que podrían intentar llevar a Bear a un hospital de animales, pero que costaría al menos $3.000. El especialista agregó: “No puedo garantizar que el perro vaya a vivir”, recordaron.

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Anthony Loy envió un mensaje de texto a los vendedores: “Oye, el perro tiene parvovirus”.

Le respondieron: “Están mintiendo. Muéstrennos la prueba”.

Bear apenas podía respirar. No podía caminar en línea recta. Gritaba de dolor cuando se tumbaba de espaldas. El veterinario recomendó a la familia que lo sacrificaran. Ellos estuvieron de acuerdo. Primero, sin embargo, los niños se despidieron. “Realmente no quería mirarlo tanto”, afirmó Manuel, quien ahora tiene 11 años. “Me entristeció. Toqué su estómago. Era muy difícil para él respirar. Lloré”.

Cuando la familia contactó a los Kenney, fueron acosados ​​y rechazados, de acuerdo con la demanda y los textos que Loy salvó. En un intercambio, una mujer a quien Loy identificó como Trina Kenney, le envió un mensaje de texto: “Encuéntrame :) Me defenderé. [Diré que] Nunca nos compraste un perro”.

Los Kenney no son desconocidos para los funcionarios locales.

En abril de 2018, representantes del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la Sociedad Humanitaria del Valle de San Bernardino, el Control de Animales de Rancho Cucamonga y el Control de Animales del Condado de San Bernardino inspeccionaron la propiedad de los Kenney en Phelan con una orden de allanamiento.

Según la querella, “El lugar estaba superpoblado de perros; sin embargo, Control de Animales se llevó a todos los canes al momento de la inspección, para que no hubiera una infracción”.

Los informes noticiosos señalaron que los funcionarios estaban investigando una empresa de cría y venta, y habían confiscado 32 perros, incluidos 17 cachorros, que necesitaban atención veterinaria.

No está claro si surgió algo de la investigación; no se presentaron cargos. Un agente del sheriff del condado de San Bernardino, Randy Stanley, informó que los agentes del orden acudieron y ayudaron a cumplir con la orden de allanamiento porque la Sociedad Protectora de Animales no tenía suficiente personal. “Tenían unos cuantos perros allí", afirmó Stanley. “Era una residencia bastante bonita. Nunca me metí en la cuestión de la crueldad hacia los animales, [que también aborda] la investigación”.

Representantes de la Sociedad Humanitaria del Valle de San Bernardino y de Control de Animales del Condado de San Bernardino no respondieron a los pedidos de comentarios para este artículo.

El lunes, cuando se presentó la demanda, Loy dijo que la familia no tiene planes de tener otro cachorro; la vivencia del año pasado fue demasiado dolorosa. Ella se alegra, expresó, de que otros se hayan presentado, de que “alguien intente ayudarnos y no estemos solos”.

Manuel, sin embargo, todavía tiene dudas. Si pudiera, dijo, le preguntaría a los Kenney: "¿Por qué le hacen esto a una persona? ¿Por qué le hacen esto a un perro? Está bastante mal”. Eso es lo que quiere saber, aseguró. “Sólo por qué”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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