Trabajador enfrenta deportación tras error de ICE: “La confusión casi destruye mi familia
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Anaheim — Llovía la mañana del 13 de febrero de 2025 cuando Héctor Márquez salió de su casa rumbo al trabajo sin imaginar que a unas calles de su hogar viviría una escena digna de una película de acción… o una pesadilla.
Esta confusión de parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, “casi destruye a mi familia”, dice Márquez, de 45.
En una muestra contundente de activismo cívico, miles de habitantes de Los Ángeles salieron este 14 de junio para participar en la protesta “No Kings Day”, un movimiento nacional que cuestiona las políticas del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes sin documentos legales y lo que muchos consideran tendencias autoritarias.
“Me esperaban afuera de mi auto mientras yo aseguraba las puertas. Me insistían que debía salir para ser arrestado. Gritaban un nombre que no era mío”, recuerda con voz entrecortada el mexicano originario de la Ciudad de México y residente de Anaheim.
Aunque ese día, los agentes terminaron marchándose, unos días después, el 28 de febrero regresaron más agresivos. Esta vez, dice el trabajador de construcción: “Me sacaron con violencia de mi camioneta. Rompieron los vidrios. Seguían gritando un nombre que no era el mío”, dijo.
El mensaje llegará en 29 idiomas y unirá a decenas de comunidades de todo Estados Unidos.
El nombre que buscaban: Juan Bustos. Pero Márquez no es Juan. Ni nunca lo fue. Juan es el exesposo de su esposa, Christina Herrera, una ciudadana estadounidense con quien Márquez lleva casado siete años.
“Ese hombre medía como cinco pies y pesaba alrededor de 120 libras. Yo mido 6.3 y peso casi 200 libras ¿Cómo fue posible esta confusión?”, cuestiona con frustración.
Juan J., un inmigrante mexicano de 48 años con más de 20 años en Los Ángeles, jamás pensó que pagar impuestos —lo que siempre creyó que era lo correcto— podría convertirlo en blanco de deportación.
Arrestado por error. Detenido con violencia.
A pesar de que Márquez intentó mostrar su identificación y explicó que no era la persona que buscaban, los agentes de ICE ignoraron sus palabras.
Márquez fue arrestado, lesionado del brazo izquierdo, y enviado al Centro de Detención de Adelanto, donde pasó seis semanas luchando por su libertad mientras su esposa, desesperada, buscaba ayuda legal.
“Durante esas noches no podía dormir. Solo pensaba en mi esposa y su problema del corazón. No podía dejarla sola”, dice con los ojos húmedos. “Hice mi familia en el 2018, cuando mi hijastro tenía solamente 16. Todo marchaba bien hasta que fui detenido”, sostiene.
Tras entrar en vigor la controversial medida del presidente Donald Trump que obliga a todos los inmigrantes mayores de 14 años a registrarse ante el gobierno federal, crece la incertidumbre ante inmigrantes, las dudas y la confusión al mismo tiempo que la medida desata indignación y desafíos legales en todo el país.
Su hijastro, Juan Daniel Bustos, ahora de 23 años, es un infante de Marina activo. Él, junto a su madre, fue clave para que la abogada de inmigración Denise Cabrera pudiera lograr la libertad bajo fianza de Héctor y preparar su defensa ante un sistema que, según muchos, castiga primero y pregunta después.
“Aun me siento culpable por la confusión”, dice Herrera, de 43. “El arresto no era para mi esposo actual, y las autoridades tenían una dirección vieja para la persona que buscaban, no tienen excusa”.
“Héctor nunca debió haber sido arrestado. No tiene antecedentes, tiene familia, y dos fuertes lazos con este país: su esposa ciudadana y su hijastro militar”, explica la abogada Cabrera.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
Camino a la residencia, tras una pesadilla
Márquez ahora enfrenta una audiencia migratoria crucial el 10 de octubre de 2025, donde su futuro en EE.UU. dependerá de si un juez acepta que su detención fue un error y concede el perdón necesario para regularizar su situación sin tener que salir del país.
El temor de toda mi familia es que me deporten por un error. Tuvimos que pedir dinero prestado a familiares y amigos para pagar la fianza. Mi esposa siente culpa… pero no fue culpa de ella. Fue una injusticia”, asegura Márquez.
La mañana del 9 de noviembre de 2021, la vida de la familia Lozano-Ramírez cambió para siempre.
Una lección para otros migrantes
“Mi mensaje es claro: no esperen a estar en una celda para actuar. Busquen asesoría legal, saquen la licencia de conducir, infórmense. ICE no está preguntando primero”, advierte Márquez.
El inmigrante se conmueve al recordar a los hombres con los que compartió celda durante su detención. Muchos ya han sido deportados; otros siguen encarcelados, atrapados en la incertidumbre de un proceso que convirtió su sueño americano en una amarga pesadilla.
“Pasé seis semanas en un dormitorio enorme con alrededor de sesenta camas. Había personas de todas partes del mundo: India, China, Rusia, Vietnam, Pakistán, Francia…”, relata el mexicano quien ahora comparte su experiencia para advertir a otros migrantes sin papeles sobre la urgencia de buscar orientación legal frente a la dura política migratoria de ICE.
“No éramos delincuentes. Muchos, como yo, no teníamos antecedentes. Éramos trabajadores, personas decentes”, afirma con firmeza.
La pareja explica que no habían iniciado un proceso de residencia legal para Márquez ante el temor de que él tuviera que salir a México debido a su entrada al país sin detección y ante la posibilidad de ser castigado y no poder regresar a los Estados Unidos.
“La fianza que el juez impuso fue de $10,000 dólares, y consideró que con esa cantidad ICE probablemente no apelaría su decisión de dejarlo en libertad”, explicó la abogada de inmigración, quien representa a Márquez.
Cabrera confirmó que Márquez actualmente tiene un caso abierto en la Corte de Inmigración, ya que no cuenta con estatus migratorio legal. “Está en proceso de remoción, o deportación, como se le conoce comúnmente”, detalla.
Sin embargo, sus posibilidades de obtener un alivio migratorio son alentadoras, gracias a sus vínculos familiares. “Tiene buenas oportunidades de conseguir la residencia permanente a través de su esposa, que es ciudadana estadounidense. Ya presentamos la petición familiar en su nombre”, dice Cabrera.
Además, señaló un recurso legal clave en este tipo de casos: “Confiamos en lograr un perdón adelantado (PIP) por medio de su hijastro, quien es parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esto le permitiría ajustar su estatus sin tener que salir del país”.
La abogada hizo también un llamado urgente a otras personas en situación similar. “No esperen a estar detenidos para buscar ayuda. Si califican para un alivio migratorio, inicien su proceso ya. Las redadas no van a parar, de hecho, se están intensificando. ICE aumentó su cuota de 1,000 a 3,000 arrestos diarios. La situación es crítica”, advierte.
Finalmente, subrayó la importancia de contar con apoyo jurídico desde el inicio: “Tener asesoría legal temprana puede marcar la diferencia. Estar informado y representado puede evitar violaciones a los derechos y consecuencias devastadoras”.
Pese a todo, la pareja mira hacia el futuro: planean convertirse en padres adoptivos y continuar su vida juntos en paz, algo que casi les arrebata una confusión institucional.
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