Activistas latinos se unen a la reforma carcelaria, piden que usted también
Matilde Álvarez vive el trauma de haber tenido a su hijo en la cárcel durante dos años a pesar de que el joven tenía una enfermedad mental.
Antes de salir de las Fuerzas Armadas, Mario fue diagnosticado con el desorden de estrés postraumático. Sin observación fija de los hospitales, el marino se convirtió en indigente, drogadicto y poco tiempo después quiso atacar a otro indigente en la calle.
“Se lo llevaron a la cárcel sabiendo que estaba enfermo. Afortunadamente mi hijo ya no está preso pero sigue viviendo el trauma que enfrentó en la cárcel”, dice Álvarez.
La Junta de supervisores del Condado de Los Ángeles vota a favor de instruir a los empleados de sus diferentes dependencias a que no hablen con los trabajadores federales sobre las propiedades vacantes que se encuentran disponibles dentro de la región.
A través de la historia de su hijo, Álvarez lleva años abogando por mejores reformas carcelarias para evitar los abusos contra los reclusos enfermos, el trauma e inclusive los suicidios.
Para Álvarez, una pequeña victoria puede lograrse en Los Ángeles si la Medida R es aprobada en las próximas elecciones.
Los latinos, el grupo demográfico más grande del condado de Los Ángeles, se unen a Black Lives Matter y otros grupos de justicia en la lucha para reformar el sistema carcelario de esta región a través de la abogacía por la Medida R.
La cárcel del condado de Los Ángeles es la más grande del país y tiene un historial de encarcelamiento excesivo de personas con enfermedades mentales, alegan los activistas. Miles de personas que luchan con la falta de vivienda, enfermedades mentales o drogodependencias están encerradas en el condado de Los Ángeles en cualquier día promedio.
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En este momento, hay más de 5,500 angelinos en las cárceles del condado simplemente porque padecen enfermedades de salud mental. El 70% sufre de trastorno por uso de sustancias, el 25% es indigente crónico y el 40% no puede pagar la fianza.
Si la Medida R es aprobada por los electores, esta requeriría que el Condado de Los Ángeles invierta en rehabilitación y tratamiento de salud mental y otorgue a la Comisión de Supervisión Civil (COC) con poder de citación para investigar de manera efectiva e independiente la mala conducta.
El COC tendría el mandato de desarrollar un plan para reducir las poblaciones en la cárcel y el condado de Los Ángeles tendrá el mandato de redirigir todos los ahorros de costos del encarcelamiento reducido a las prioridades públicas, como el tratamiento de drogas, la vivienda y la atención de salud mental.
“Tenemos que reconocer la discriminación que enfrenta nuestra comunidad cuando se trata de cárceles en Los Ángeles”, sostiene Francisco Moreno, miembro de COFEM, cuya organización se une al movimiento Reform LA Jails.
“Lo más importante, tenemos que cambiarlo. Votar Sí a la Medida R es nuestra primera oportunidad real de una reforma significativa y una oportunidad de reconocer la necesidad de servicios adicionales en torno a la salud mental y el abuso de sustancias”, señala Moreno.
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Reform LA Jails, que invita al público a votar a favor de la medida, enfatiza que la regla finalizaría “el ciclo de corrupción y mala conducta que ha afectado al condado de Los Ángeles durante más de una década”, al invertir en rehabilitación y salud mental y ahorrará a los contribuyentes decenas de millones de dólares al año al garantizar que las personas ya no se sientan en la cárcel solo porque pueden pagar una fianza.
El cofundador de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, quien dirige la coalición Reform LA Jails, que incluye expertos en prisiones, líderes de reforma de seguridad pública y justicia penal, sostiene que dentro del Departamento de Sheriff se han expuesto agentes que operan internamente como miembros de pandillas así como conducta sexual inapropiada que lo involucra.
“Los votantes nos han dicho [que en medio de estos escándalos] ellos quieren priorizar las alternativas al encarcelamiento para las personas sin hogar, enfermos mentales y otras poblaciones vulnerables y nos dijeron que lo quieren ahora”, agrega.
Al esfuerzo de voto se une la Asociación de Deportes Juveniles Anahuak, la Federación Michoacana de Los Ángeles y Federación Duranguense de Estados Unidos.
Para Álvarez este es el tipo de lucha que la comunidad latina necesita continuar, ya que muchos de los afectados son latinos de bajos recursos y las comunidades de color.
“No quiero que otra familia enfrenté lo que yo y mi hijo vivimos. No soy la única madre que sufre, hay muchas otras madres en las mimas circunstancias, muchas familias y muchos niños de por medio”, enfatiza.
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