Perdonan costos relacionados a encarcelamientos en Los Ángeles
Para abordar el problema que las familias de bajos recursos atraviesan por el sistema judicial del condado de Los Ángeles, al tener que pagar ciertas tarifas administrativas a la hora del encarcelamiento, estos costos serán eliminados.
La moción, propuesta por los supervisores Hilda Solís y Sheila Kuehl, también condona de inmediato millones de dólares en deudas pendientes para miles de personas que deben esos honorarios.
La ley se aplica a las tarifas de licencia de trabajo, desvío de delitos menores, cheques devueltos, programas de desvío de drogas, servicios médicos de emergencia, monitoreo electrónico previo al juicio y reserva de cárcel del condado.
Asimismo, perdona el importe que la gente debe de pagar para sostener los programas de capacitación de educación comunitaria, tarifas de supervisión de libertad condicional e inclusive el costo de la defensa pública.
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A pesar de que las sumas una por una pueden ser absorbidas por muchos, cuando estas se unen, podrían agregarle una deuda grande a quien las acredita. Si bien las multas están destinadas a ser punitivas, las tarifas generalmente están diseñadas para recuperar costos o generar ingresos para financiar actividades.
Sin embargo, los costos aún pueden obligar a los residentes que tienen dificultades financieras para elegir entre las necesidades del hogar y pagar las tarifas ordenadas por el tribunal.
Un informe reciente, titulado “Costos de la injusticia: cómo los honorarios del sistema penal están perjudicando a las familias de Los Ángeles”, de la coalición Let’s Get Free L.A., compara el sistema de honorarios con las cárceles de deudores.
El informe estima que dos tercios de las personas bajo libertad condicional en el condado de Los Ángeles ganan menos de $20.000 al año y casi el 40% percibe menos de la mitad de esa cantidad.
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Otro informe de diciembre de la Oficina Ejecutiva Principal del Condado que determinó que desde 2014, el sistema judicial del condado de Los Ángeles ha evaluado una media anual de $121 millones en honorarios administrativos, pero sólo ha recaudado un promedio de $11.4 millones de esa cantidad, esto es porque muchos no pueden pagar esas tarifas.
El cobro de estas tarifas y multas lleva a las personas a endeudarse y empuja a las familias y comunidades de color de bajos ingresos a la pobreza y eso es injusto, dijo la supervisora Solís.
“La mayoría de las personas involucradas en la justicia luchan para llegar a fin de mes una vez que se reintegran a la sociedad, a pesar de que están ansiosas por rehabilitar y reconstruir sus vidas”, sostuvo.
En 2018, la junta de supervisores eliminó las tarifas de detención juvenil y perdonó $89 millones en deudas relacionadas. La acción actual se refiere a los costes incurridos por adultos en el sistema.
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