Una empresaria de Los Ángeles contraataca después de que la policía la acusa de infringir las reglas de quedarse en casa

A los ojos de la ciudad de Los Ángeles, Natali Mishali es una burla en tiempos del coronavirus.

Después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ordenaron el cierre de todas las empresas no esenciales a mediados de marzo, su tienda DTLA Smoke permaneció abierta. El 3 de abril, Mishali, de 30 años, se convirtió en una de las primeras cuatro personas acusadas penalmente de violar las órdenes destinadas a frenar la propagación del virus. Los otros negocios incluyeron otra tienda con artículos para fumar, una zapatería y un minorista de artículos electrónicos con descuento.

“Las empresas no esenciales que permanecen abiertas en este momento ponen en peligro la salud pública y la seguridad, y mi oficina está comprometida a hacer cumplir enérgicamente la orden del alcalde”, dijo el fiscal de la ciudad de Los Ángeles Mike Feuer en un comunicado.

En base a eso, Mishali se convirtió en una parte de una creciente guerra cultural sobre la cuestión de cuándo se debe reabrir la economía estadounidense.

Hay una presión creciente para poner fin al cierre de empresas, ya que las personas sufren bajo la presión de millones de empleos y de ingresos perdidos. Durante el fin de semana caluroso, se abrieron algunas playas en el condado de Orange, y el condado de Ventura permitió el acceso a parques y playas siempre que se mantuviera el distanciamiento social. La imagen de un gran número de personas en las playas del sur de California provocó furiosos debates en las redes sociales e incluso una reprimenda del gobernador Gavin Newsom.

Mientras tanto, los expertos dicen temer que el abrir demasiado pronto pueda conducir a un aumento aún mayor de infecciones y decesos por COVID-19. Hasta el martes por la tarde, casi 1.800 personas han fallecido en California y más de 57.000 han muerto en Estados Unidos.

Pero Mishali sostiene que ella nunca debió ser parte del debate. Su negocio debería haber permanecido abierto, argumenta, porque no se trata sólo de una tienda de artículos para fumar. A pesar de su nombre, su local vende comestibles, incluidos rollos individuales de papel higiénico que son especialmente populares entre la población sin hogar del centro de Los Ángeles.

El viernes pasado, después de estar cerrada durante tres semanas, Mishali reabrió su tienda de la Calle 6 por consejo de su abogado.

Mishali dijo que durante los casi dos años desde su apertura, su tienda de productos para fumar ofrecía no sólo puros, cigarrillos y artículos para vapear, sino también comestibles como cereales y Pop Tarts, galletas, dulces, papas fritas, refrescos, agua con vitaminas, helados y sopas. Vende, además, papel toalla, jabón para lavar platos, lejía y limpiadores para pisos y todo uso.

Mishali le envió un correo electrónico al Times con un recibo de su permiso de venta al menudeo de alimentos, el cual, fue emitido por el condado de Los Ángeles, solicitado por primera vez en 2018, que vence en junio y le permite vender artículos de supermercado preenvasados. Mishali aseguró que una copia de este permiso ahora está visible en el registro de la tienda para su inspección. Los funcionarios del Condado han verificado la validez del mismo.

Mishali cree que la oficina del fiscal de la ciudad fue demasiado entusiasta al hacer cumplir la emergencia del alcalde, que se produjo en un momento en que la vigilancia contra las empresas que no cumplían con las pautas COVID-19 estaba aumentando.

“Si el nombre de mi negocio fuera Downtown LA Convenience Store and Smoke Shop”, dice Mishali, no habría sido acusada penalmente. “Pero... sólo tenemos ‘Smoke Shop’ (tabaquería) en nuestro nombre”.

Si bien la mayor parte de la tienda está dedicada a los productos de tabaco, hay una sección trasera completa con tres gabinetes grandes, 10 estantes montados en la pared y tres refrigeradores con alimentos y bebidas frías. Mishali señaló que los oficiales de LAPD la encontraron en cumplimiento con la orden del alcalde varias veces hasta el 3 de abril, el día en que fue acusada penalmente y le cerraron el negocio.

“Entraban, o dejaban la ordenanza conmigo o me decían que tenía que cerrar y seguía mostrándoles que la tienda cumplía con la orden del alcalde”, relató Mishali. “Me dijeron que podía continuar operando mi negocio y luego volvían a aparecer y dejaban el mismo pedido al día siguiente”.

El 4 de abril, el representante legal de Mishali envió un correo electrónico a Celina Porras, la abogada supervisora de las operaciones de aplicación de tabaco de la ciudad, en busca de una explicación detrás de los cargos.

Porras respondió dos días después con un párrafo del sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles que señalaba que “las tabaquerías y las tiendas de vapeo no califican como negocios ‘esenciales’ y no deberían estar abiertos al público”.

Durante el cierre, solicitó copias de todos sus permisos: licencia comercial, permiso de vendedor, permiso de minorista de tabaco y permiso de venta minorista de alimentos.

Natali Mishali, de 30 años, se encuentra afuera de su tienda DTLA Smoke Shop cerrada en Los Ángeles. Desde entonces ha reabierto, luego de haber gastado más de $20.000 en honorarios legales.

(Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Ella dice que está preparada si los funcionarios de la ciudad vuelven a aparecer.

“La ciudad insistió en cerrarnos, y pasamos las últimas tres semanas trabajando y haciendo todo lo posible para volver a abrir”, dijo Mishali. “Recibimos nuestras confirmaciones del Condado y realizamos lo que se necesitaba para tener una respuesta a cualquier cosa que la ciudad pudiera cuestionarnos”.

Rob Wilcox, portavoz de la oficina del abogado de la ciudad, manifestó en un correo electrónico que, si bien las tiendas de tabaco “no son un negocio esencial”, las que venden artículos adicionales serán evaluadas “caso por caso, teniendo en cuenta el permiso y las licencias aplicables de la ciudad, el condado y el estado”.

Mishali comentó que estaba emocionada por poder abrir su tienda, pero que pagó un alto precio. Ya ha gastado más de $20.000 en honorarios legales y cree que perdió mucho más que eso en ingresos de dos tiendas que cerró por un período de tres semanas. Durante el cierre, ella donó mercancías, pero también tiró algunas.

Hasta la fecha, la ciudad no ha retirado los cargos penales contra Mishali, cuya presentación está programada para el 8 de julio en el Centro de Justicia Criminal Clara Shortridge Foltz en el centro de Los Ángeles. El caso todavía se encuentra pendiente.

Los negocios no esenciales pueden recibir una multa de hasta $1.000, mientras que los dueños enfrentan hasta seis meses de prisión.

“Somos un negocio esencial”, manifestó Mishali. “Puede que a algunos no les guste la existencia de tabaco en nuestro negocio, pero si tenemos los permisos y vendemos alimentos, se nos debe permitir abrir”.

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