California liberará a 8.000 prisioneros con la esperanza de relajar la crisis de coronavirus
El anuncio de los principales asesores del Gobernador Gavin Newsom ofreció pruebas contundentes de las terribles condiciones de salud en varias prisiones de California.
Hasta 8.000 prisioneros de California podrían ser liberados antes de lo previsto en un intento sin precedentes para detener la propagación de COVID-19 dentro de las cárceles estatales, con más de la mitad de las liberaciones previstas para fin de mes.
El anuncio realizado el viernes por los principales asesores del gobernador Gavin Newsom ofreció una clara evidencia de las graves condiciones de salud en varias cárceles de California. El número total de prisioneros en instalaciones para hombres y mujeres ya se ha reducido en miles desde que Newsom declaró una emergencia estatal en respuesta al coronavirus.
Más de 2.300 presos han dado positivo por coronavirus, dijeron funcionarios estatales. Se han reportado aumentos significativos en la Institución de California para Hombres en Chino y en la Prisión Estatal de San Quintín en el condado de Marín. Al menos 31 prisioneros han muerto por enfermedades relacionadas con COVID-19.
La decisión de acelerar la liberación de los presos se produce inmediatamente después de las crecientes quejas de legisladores estatales, defensores de prisioneros y un juez federal de que el estado no ha hecho lo suficiente para detener la ascendente ola de infección.
El lunes, el principal oficial médico del sistema penitenciario estatal fue destituido de su cargo luego de las críticas a las transferencias de reclusos que se cree que condujeron a un problema de coronavirus mucho mayor en las cárceles que el que existió esta primavera. Newsom dijo a los periodistas el lunes que los prisioneros de Chino no deberían haber sido transferidos, cuya responsabilidad recaía en la agencia de atención médica de la prisión supervisada por jueces federales desde 2005.
Funcionarios del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dijeron que hasta 8.000 prisioneros podrían ser elegibles para la liberación anticipada a fines de agosto.
Otros 287 empleados de la policía de Los Ángeles están actualmente en cuarentena en sus casas después de haber estado expuestos al nuevo coronavirus.
“Estas acciones se toman para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y la comunidad encarcelada”, manifestó el secretario de correccional Ralph Díaz en una declaración escrita. “Nuestro objetivo es implementar estas medidas de descompresión de una manera que alinee tanto la salud pública como la seguridad pública”.
Las liberaciones iniciales de prisioneros serían para aquellos con 180 días o menos para cumplir su condena. No se liberaría a nadie por un delito definido en la ley estatal como violento o que involucra violencia doméstica, informaron las autoridades. Quienes estén obligados a registrarse como delincuentes sexuales o que sean evaluados como de alto riesgo de violencia tampoco serían elegibles para la liberación anticipada.
El segundo grupo de prisioneros que podrían ser liberados serían aquellos a los que no les queda más de un año por cumplir su sentencia. Las liberaciones están destinadas a reducir las poblaciones en ocho prisiones estatales identificadas como de mayor riesgo de transmisión de coronavirus. Las mismas reglas de elegibilidad que el primer grupo de prisioneros liberados se aplicarían a este grupo.
En todos los casos, dijeron los funcionarios de la prisión, se dará prioridad a los que tengan 30 años o más. Los presos menores de 30 años serán considerados caso por caso.
Este no es el primer esfuerzo de Newsom para abordar la propagación del virus en las instalaciones correccionales. En marzo, los abogados del gobernador dijeron a los jueces federales que el estado tenía la intención de acelerar la liberación de hasta 3.500 prisioneros que se encontraban dentro de los 60 días de su fecha de libertad programada previamente. En total, los funcionarios penitenciarios señalan que sus esfuerzos de “descompresión” del sistema penitenciario de California durante la pandemia han resultado en una población carcelaria que se ha reducido en aproximadamente 10.000.
Newsom informó el jueves que cerca de 2.400 personas en las 35 cárceles de California han dado positivo por el coronavirus, incluidas 1.314 en San Quintín.
“Esto es algo grave y requiere una seriedad en el propósito. La gente sólo dice que simplemente liberemos a miles y miles de personas”, dijo Newsom. “Todos y cada uno de estos casos son aleccionadores, desafiantes y hay una gran responsabilidad que conlleva este trabajo, pero también una sensación de urgencia profunda de descomprimir el sistema de una manera juiciosa y reflexiva”.
Los brotes en al menos nueve fábricas en Vernon despiertan la preocupación de que la enfermedad se pueda propagar a las ciudades cercanas de clase trabajadora fuertemente latinas.
Sharon Dolovich, directora del Programa de Leyes y Políticas de Prisiones de la Facultad de Derecho de UCLA, dijo que los funcionarios estatales fueron advertidos de que la pandemia de COVID-19 sería devastadora dentro de los confines de las cárceles de California. El sistema penitenciario tiene más de 17.000 reclusos considerados de alto riesgo médico y, cuando se combina con la incapacidad de distanciarse socialmente en los bloques de celdas, un brote era inevitable.
“Tan pronto como el COVID entra en una instalación, se puede propagar rápidamente”, enfatizó Dolovich. “Lo que estamos viendo en San Quintín fue completamente predecible y predicho por los defensores al comienzo del brote”.
El juez de distrito de EE.UU, Jon Tigar, dijo a los abogados de Newsom a principios de esta semana que el virus “inevitablemente invadiría todas las instituciones” en California y que los brotes amenazan no sólo a los prisioneros, sino a las comunidades que rodean las cárceles estatales. Desde el inicio de la pandemia a fines del invierno, Tigar escribió: “La enfermedad se ha extendido fuera de control en más de una institución, y los riesgos para los reclusos ancianos y médicamente vulnerables son mucho más claros”.
La decisión de Newsom de liberar más prisioneros no fue aplaudida universalmente.
Vern Pierson, el fiscal de distrito en el condado de El Dorado en el norte de California, lo calificó de “preocupante” para la seguridad pública y dijo que los criterios que utilizará el sistema penitenciario para decidir qué reclusos liberar no están claros. La administración de Newsom tampoco ha aclarado si las víctimas de esos delitos y los fiscales recibirán una notificación cuando un preso sea liberado o si podrán presentar objeciones, expuso Pierson, quien se desempeña como presidente de la Asociación de Abogados de Distrito de California.
“No sabemos cuál será el impacto real de esto, pero pensamos que es muy probable que haya un aumento significativo en la delincuencia”, manifestó Pierson.
Pierson dijo que debido a los cambios realizados en el sistema de justicia penal de California en los últimos años, incluida la liberación de muchos presos cuyos crímenes no se consideraron violentos, los que aún se encuentran en las cárceles estatales tienden a ser los delincuentes más peligrosos.
“Es inevitable que sean las personas más peligrosas las que queden en prisión”, subrayó.
Un nuevo estudio realizado por investigadores de UCLA y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, publicado en el Journal of the American Medical Assn., encontró que los reclusos estadounidenses dieron positivo para COVID-19 a una tasa 5.5 veces mayor que la del público general.
“Nadie ha sugerido que abramos la puerta y dejemos salir a todos. Nunca he escuchado a nadie decir eso”, dijo Dolovich. “El argumento es que tenemos que reducir un número suficiente de personas para que la densidad de población sea lo suficientemente baja como para permitir el distanciamiento social de los que permanecen dentro”.
Si bien California está lejos de ser el único estado que lucha con un aumento en los casos de COVID-19 en sus cárceles, la amenaza de acciones legales adicionales recordó una era en la que las instalaciones estatales estaban abarrotadas y los jueces federales intervinieron para ordenar cambios radicales y costosos en la atención médica. Esos jueces también obligaron a los predecesores de Newsom a tomar medidas que reducirían drásticamente la población carcelaria total del estado, un mandato confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2011.
La acción tomada el viernes podría llevar a la liberación de hasta 2.100 prisioneros adicionales para septiembre. Los funcionarios estatales también ofrecieron nuevos créditos para el tiempo cumplido, en gran medida para compensar los programas de prisioneros suspendidos debido a la pandemia. Informaron que se realizarán más revisiones para los internos mayores y con enfermedades crónicas y que se harán esfuerzos para acelerar los casos de aquellos autorizados para su liberación por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional del estado.
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