Agentes acusados de pertenecer a sociedades secretas le costaron $55 millones a los contribuyentes angelinos

El condado de Los Ángeles pagó aproximadamente $55 millones en acuerdos por casos en que se alegó la participación de agentes del sheriff pertenecientes a una sociedad secreta, según los registros obtenidos por Los Angeles Times. La suma ilustra la naturaleza arraigada de una subcultura que ha afectado al Departamento del Sheriff por años.

La cifra proviene de una lista que incluye pagos en docenas de demandas y denuncias que involucran a agentes asociados con grupos tatuados, acusados de glorificar un estilo agresivo de vigilancia y orden. El informe, preparado por los fiscales del condado de Los Ángeles, enumera casi 60 casos, algunos de ellos aún pendientes, y nombra a ocho cuadrillas específicas.

El condado pagó casi $21 millones en casos que comenzaron solo en los últimos 10 años, según el documento. El alto costo subraya cómo estos grupos -con apodos como Vikings, Regulators, 3000 Boys y Banditos-, han operado varias estaciones y cárceles del Departamento del Sheriff durante décadas, exhibiendo tácticas largamente señaladas por los críticos como violentas e intimidantes, similares en ciertas maneras a las de las pandillas callejeras. Los casos involucran incidentes que datan de 1990.

A lo largo de los años, una sucesión de sheriffs electos no logró controlar a estos subgrupos, a pesar de múltiples requisas internas y, más recientemente, una investigación del FBI. Muchos defensores de las libertades civiles y vigilantes del condado han acusado al Departamento del Sheriff de hacerse de la vista gorda con el tema.

“Creo que es un fracaso voluntario”, comentó John Sweeney, un abogado que ha representado a familias de personas asesinadas por agentes. “Por alguna razón, el Departamento del Sheriff se enorgullece de tener estas cuadrillas violentas, supongo que para mostrar al público quién es el jefe. Pero lo que hace es fomentar una relación terrible con la comunidad a la que sirven estos sheriffs”.

La Junta de Supervisores solicitó la lista de pagos el año pasado después de que The Times informara que los miembros de Banditos, que operan desde la estación del Este de Los Ángeles, fueron acusados de agredir a otros agentes durante una fiesta en horas fuera de servicio, en 2018, en la cual un agente quedó inconsciente.

El sheriff Alex Villanueva puso en marcha medidas, en febrero pasado, que prohíben que los agentes participen en cuadrillas. “El hecho de haber tenido que afrontar estos problemas, que datan desde 1990, es una ilustración del fracaso de los sheriffs anteriores en abordar la cuestión de frente”, remarcó en un comunicado, y agregó que transfirió personal líder de al menos una estación para combatir el problema de las cuadrillas, además de que hará responsables a los empleados si no cumplen con la nueva política.

El inspector general Max Huntsman afirmó la semana pasada que “no estaba al tanto de ninguna implementación” de las nuevas medidas de Villanueva y que su oficina no podía investigar efectivamente las sociedades secretas “debido a la obstrucción del Departamento del Sheriff”. Huntsman agregó que la investigación criminal por la paliza de Banditos equivalió a un “encubrimiento”, y señaló que no se exigió la declaración de los más de 20 agentes que habían presenciado el incidente.

El teniente John Satterfield afirmó que los investigadores realizaron más de 70 entrevistas como parte de una investigación administrativa de las denuncias a Banditos y compartieron información de las revisiones con el FBI, en el marco de la nueva política de cuadrillas.

“El IG continúa promoviendo un discurso distorsionado de que su oficina no recibe documentos o información para ‘investigar’ o proporcionar inspección”, dijo, y agregó que en los últimos 13 meses la oficina de supervisión tuvo acceso a más de 500 documentos . “A pesar de sus declaraciones engañosas, el sheriff sigue brindándole acceso y continúa dando la bienvenida a los controles”.

Los defensores de las cuadrillas de agentes afirman que los grupos representan un trabajo duro y elevan la moral al fomentar la camaradería.

Sean Kennedy, miembro de la Comisión de Supervisión Civil y profesor de la Facultad de Derecho de Loyola, dijo la semana pasada que él y sus estudiantes habían identificado al menos 17 pandillas, algunas de ellas históricas, en el departamento.

El pago más grande en la lista, $10.1 millones, fue para Francisco Carrillo Jr., quien pasó 20 años tras las rejas antes de que se revocara una condena por asesinato en 2011.

Carrillo, que tenía 16 años en el momento del tiroteo fatal, en 1991, mantuvo su inocencia en dos juicios y mientras estaba en prisión. Más tarde demandó, alegando que los agentes habían influido de manera inadecuada en los testigos para que eligieran su foto de una lista, y que los oficiales involucrados en el caso eran miembros de los Lynwood Vikings, una pandilla de supremacistas blancos dentro del Departamento del Sheriff.

“Este ha sido un cáncer en el Departamento del Sheriff de Los Ángeles durante décadas”, señaló Ron Kaye, un abogado que representó a Carrillo. “La única razón por la que este tipo de actividad ilegal y rebeldía bajo el tono de la ley pueden sobrevivir es porque el departamento y su administración miran para otro lado”.

Otra demanda que involucró a un ciclista asesinado a tiros por agentes en el sur de Los Ángeles se resolvió por $1.5 millones en 2018, en parte porque un agente probablemente cometió perjurio al negar que fuera miembro de los Regulators, que operan desde la estación Century, informaron las autoridades.

Varios de los pagos involucran a los 3000 Boys y los 2000 Boys en la Cárcel Central de Hombres. Un alto funcionario penitenciario describió a bandas de agentes que “ganaban su tinta” (su participación) al romper los huesos de los reclusos.

Richard Drooyan, el monitor designado por el tribunal de las reformas de la cárcel en el Departamento del Sheriff, afirmó que la agencia había tomado medidas para abordar el problema en las penitenciarías, donde se turna a los agentes en diferentes tareas con mayor frecuencia para evitar la formación de cuadrillas.

Más recientemente, un agente del sheriff presentó una denuncia alegando que la cuadrilla de los Executioners, que no se menciona en el informe del condado, esencialmente dirige la estación del sheriff de Compton.

El reclamo de Austreberto González, precursor de una demanda, alega que el grupo cuenta con unos 20 agentes, mientras que 20 más son candidatos o asociados. Muchos trabajan de noche, señala el reclamo, y se comunican a través de WhatsApp. Los agentes negros y las mujeres no están permitidos en la cuadrilla, agrega la denuncia.

El reclamo agrega que el grupo luce tatuajes de una calavera con imágenes nazis y un AK-47, y celebra los tiroteos de agentes y la inducción de nuevos miembros con “fiestas de entintado” (alusión a los tatuajes).

En los últimos años, según el documento, sus miembros estuvieron involucrados en cuotas de arrestos ilegales y amenazaron con desacelerar el trabajo -lo cual implica ignorar o responder lentamente a las llamadas- cuando no obtenían asignaciones preferenciales.

González alega en su reclamo que miembros de la pandilla tomaron represalias contra él después de que informó que un agente que pertenecía a los Executioners agredió a un colega, Thomas Banuelos.

Banuelos presentó una denuncia el martes, alegando que el agente que lo atacó le advirtió que no cooperara con los investigadores y que mintiera sobre el ataque, en caso de que hiciera lo contrario la cuadrilla lo calificaría de “no bueno”, relató su abogado, Alan Romero.

También el martes, la alcaldesa de Compton, Aja Brown, pidió al procurador general del estado, Xavier Becerra, y al Departamento de Justicia de EE.UU que investiguen si agentes de Compton habían estado involucrados en mala conducta, fuerza excesiva, vigilancia policial discriminatoria y detenciones, registros o arrestos inadecuados. La ciudad tiene un contrato de $22 millones con el Departamento del Sheriff para patrullas y otros servicios del orden.

“Exigimos el mismo trato que los agentes brindan a los residentes de Malibú, Rancho Palos Verdes y otras comunidades acomodadas. Y, de acuerdo con el tamaño de nuestro contrato con el Departamento del Sheriff, tenemos $22 millones de razones para esperar que así sea”, enfatizó Brown en un comunicado.

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