Un juez federal ordena pruebas de COVID-19 en el centro de detención de inmigrantes de Bakersfield

Un juez federal en San Francisco ordenó que se realicen pruebas inmediatas a todos los detenidos y al personal en un centro de detención de inmigrantes de Bakersfield, donde el COVID-19 se propagó durante semanas mientras los funcionarios se negaban a realizar pruebas del virus.

Después de recibir los resultados el viernes que mostraban que casi la mitad de los detenidos examinados a principios de semana dieron positivo por la enfermedad causada por el coronavirus, el juez de la corte federal de distrito Vince Chhabria ordenó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU que realizara pruebas de resultado rápido de todos los que permanecen en el centro de detención de Mesa Verde.

“Estoy ordenando que se haga de inmediato y que nadie deje de trabajar hasta que estén terminados”, dijo el juez a los abogados de ICE y al contratista privado que administra las instalaciones, según la defensora pública adjunta Emi MacLean de San Francisco. La oficina representa a los detenidos en las instalaciones del Tribunal de Inmigración de San Francisco.

MacLean dijo que el juez citó la “indiferencia deliberada” de ICE y GEO Group, la empresa privada que administra la instalación, diciendo: “No hay duda de que este brote podría haberse evitado”.

Los resultados iniciales de las pruebas rápidas del sábado reportaron 11 casos positivos más, dijo MacLean. De las 104 personas detenidas que permanecen en la instalación, que alguna vez albergó a más de 350, al menos 54 son positivas al virus.

La orden de Chhabria también exigía que los aproximadamente 140 miembros del personal de Mesa Verde fueran evaluados inmediatamente, comenzando con su próximo turno y luego semanalmente. Los documentos presentados en el caso mostraron que ICE no examinó intencionalmente al personal durante meses para evitar obstaculizar la aplicación de la ley de inmigración, dijo McLean.

La orden siguió a una serie de audiencias en una demanda colectiva presentada en abril por la oficina del defensor público, la ACLU del Norte de California y el Sur de California, el Comité de Abogados para los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco y la firma de abogados de Lakin & Wille and Cooley.

Inicialmente, la demanda buscaba asegurar que la instalación estuviera tomando las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los detenidos. A medida que avanzaba el litigio, ICE insistió en realizar pruebas solo a aquellos que mostraran síntomas de una posible infección e informó que no había ninguno, expuso MacLean.

Pero a mediados de junio, los abogados de ICE y GEO informaron al tribunal que un miembro del personal que obtuvo una prueba fuera del trabajo era positivo para el virus, el primero de 14 que eventualmente reportarían pruebas positivas tomadas por su cuenta, dijo MacLean.

El 31 de julio, el primer detenido dio positivo.

“Entonces comenzó la verdadera crisis”, manifestó MacLean. “No tenían un plan. No actuaron”.

Para entonces, la instalación había reducido su población a aproximadamente 120 debido a la presión de la demanda. Varios detenidos sintomáticos fueron colocados en un dormitorio y todos los demás en uno aparte, incluidos aquellos que habían estado expuestos a otros que se encontraban infectados, creando las condiciones ideales para la propagación, expuso MacLean.

“El centro de detención no es seguro para nadie que esté allí”, señaló. “El nivel de inacción y falta de preocupación por las personas bajo su custodia es asombroso e indignante”.

En un intercambio de correo electrónico obtenido por los demandantes, Brooke Sánchez Othón, especialista en operaciones clínicas de Wellpath, una empresa de atención médica privada con sede en Nashville que brinda servicios a los centros de detención de ICE, rechazó la orden de un funcionario de ICE de iniciar las pruebas.

La propuesta de poner a prueba a todos los detenidos, escribió Sánchez Othón, ya había sido denegada “debido a las restricciones de alojamiento que enfrentamos”.

“Hacer pruebas a todos los detenidos podría causar el mismo problema de vivienda que tuvimos la semana pasada, pero a mayor escala”, continuó Sánchez Othón, refiriéndose al hecho de poner en cuarentena a los detenidos infectados. “Completar las pruebas no es el inconveniente; es lo que tendremos que hacer con los resultados una vez que se reciban”.

La instalación comenzó a realizar pruebas en la primera semana de agosto, pero aún no han recibido los resultados de esas pruebas, dijo MacLean.

Otra ronda de pruebas realizada el martes y reportada al tribunal el viernes precipitó la orden. De los 70 analizados, 32 dieron positivo.

“Tenemos mucho miedo de que nunca regresemos con nuestras familias afuera”, dijo Hugo Lucas a sus abogados, quien actualmente se encuentra detenido en Mesa Verde. “Tengo a mi hija que tiene 14 años y no puedo decirle lo que está pasando porque me encuentro bastante asustado”.

Los abogados dijeron que continuarían presionando para mejorar las condiciones de seguridad en la instalación.

“Si ICE y GEO no pueden garantizar la seguridad básica de las personas bajo su custodia, mediante pruebas regulares y atención médica adecuada, tendremos que considerar si se les debe permitir detener a alguien”, dijo Aean Riordan, abogado de ACLU-NorCal.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí