Presa y con comportamientos suicidas, esta víctima de tráfico sexual pidió el indulto al gobernador Newsom

Keiana Aldrich peleó por su vida dentro de la Institución de Mujeres de California durante meses, ansiosa ante el coronavirus, temerosa de represalias por denunciar presuntos abusos sexuales y luchando contra sus impulsos suicidas.

“Estar encerrada en una habitación las 24 horas, excepto para ducharse, es horrible”, escribió Aldrich en un correo electrónico de agosto, desde la prisión del condado de Riverside. En esas condiciones se tiene demasiado tiempo para pensar, añadió, “y eso me vuelve loca”.

La semana pasada, después de estar retirada de la comunicación con el mundo exterior durante semanas, Aldrich, de 25 años, al parecer se cortó las muñecas y el cuello con hojas de afeitar y luego se tragó dos de ellas, según una fuente con conocimiento de la situación. Las autoridades estatales se negaron a dar detalles, citando leyes de privacidad médica.

Aunque Aldrich no murió, los más cercanos a ella dicen que el atentado contra su propia vida y la escasa información que pueden obtener de las autoridades de la prisión, es otra deficiencia en un sistema que continuamente le ha fallado a Aldrich, quien fue abusada sexualmente por primera vez a los cuatro años, y luego encarcelada a los 17 por un delito relacionado con su propio tráfico sexual.

Así, solicitaron al gobernador Gavin Newsom una conmutación de su sentencia en julio, pero han recibido pocas respuestas.

“Hay tantos errores en este caso”, afirmó Peggy Fava, mentora de Aldrich y directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de tráfico sexual. “Y sigue yendo mal”.

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Ago. 8, 2020

Aldrich es una de los aproximadamente 30.000 reclusos con problemas de salud mental que, según los abogados y activistas, se están quedando en gran parte sin ayuda mientras las prisiones luchan por contener los brotes de COVID-19.

Según Michael Bien, un abogado que trabaja en problemas de salud mental en las prisiones pero que no está involucrado en el caso de Aldrich, los encierros han restringido el acceso al tratamiento de salud mental, dejando a los presos vulnerables en mayor riesgo. Antes de su intento de suicidio, Aldrich dijo que su tratamiento con un terapeuta se había reducido a una sesión de cinco minutos por semana, en la cual el consejero se quedaba de pie, en el exterior de la puerta metálica de su celda. La mujer dejó en claro que desea dar a conocer su historial, incluidos sus intentos de suicidio.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California señaló en un comunicado que sigue brindando el tratamiento de salud mental necesario incluso en instalaciones con brotes. La agencia agregó que entiende “cuán vitalmente importante es brindar servicios integrales de salud mental dentro de nuestras instituciones en todo momento, pero especialmente durante estos tiempos extraordinarios de gran incertidumbre”.

Mientras el sistema penitenciario se apresura a liberar a miles de presos con salud frágil y ancianos para reducir el riesgo de transmisión, Bien argumenta en el tribunal que la salud mental también debe considerarse un factor de riesgo para la liberación anticipada. “Había problemas de salud mental en las cárceles antes del COVID”, señaló. “En medio de la emergencia, las preocupaciones en ese campo se han pospuesto”.

Fava cree que la actual crisis de salud mental de Aldrich es el resultado de abusos repetidos y de las autoridades, desde la policía hasta los fiscales y los funcionarios de la prisión, que la trataron como alguien “descartable”.

Peggy Fava conoció a Aldrich cuando la adolescente fue llevada al centro de detención de menores de Sacramento como una fugitiva, alrededor de los 13 años, relató. La madre de la joven, Tracey Aldrich, contó que su hija comenzó a escapar de casa cuando tenía unos 12 años, después de presenciar cómo un novio abusivo que ella tenía la golpeaba. “Le molestaba mucho”, agregó Tracey Aldrich. “Se sentía indefensa, así que se iba”.

Aunque la mujer ya no está en una relación abusiva, afirmó que no entendía el comportamiento de su hija en ese momento y que peleaban mucho. Una vez, relató Tracey Aldrich, se rompió el brazo tratando de evitar que su hija se escapara por una ventana. “Me enojaba porque pensaba que se iba para divertirse”, relató. “Me sentía herida”.

Keiana Aldrich dijo que su relación con su madre también la lastimó. “Ella me insultaba, me llamaba prostituta y perra, y me decía que no era buena; era como si me odiara o algo así”, relató. Agregó que su mamá está “tratando de trabajar en eso ahora” y es una de las personas más importantes de su vida.

Tracey Aldrich tuvo a Keiana, su segunda hija, cuando tenía 18 años. Al igual que Keiana, Tracey se había escapado de casa varias veces antes de la adolescencia, reveló. Tenía pesadillas repetidas y sus padres la azotaban por negarse a dormir en su habitación, expresó, “así que yo huía todo el tiempo, porque no creía que a mis padres les importara”. A los 14 años, Tracey vivía en la calle, “comiendo de los botes de basura”, relata.

Conoció al padre de Keiana, un pastor de 35 años, después de que un primo la acogiera cuando tenía unos 18 años, dijo. Cuando Keiana tenía cinco años, su padre fue condenado por abusar sexualmente de ella. Fava comentó que Aldrich todavía tiene recuerdos difíciles de cuando debió caminar sola por el pasillo de la corte, en su niñez, para testificar en contra del hombre.

Aldrich relató que a los 12 años era explotada sexualmente por personas que conocía en las calles. Según la mentora, entre los 14 y los 17 años, la adolescente fue trasladada al centro de menores media docena de veces, por huir. Fava advirtió entonces que necesitaba una intervención de salud mental, pero se le proporcionó poca atención más allá del apoyo que ella le brindaba, dijo, aunque en años posteriores el programa de salud mental en la instalación se expandió ampliamente. “Recuerdo claramente que golpeó la puerta y gritó durante unos días seguidos”, relató. “En ese momento, pensaron: ‘No vamos a ceder. Solo está tratando de llamar la atención”.

A los 16 años, Aldrich fue arrestada con una proxeneta de 26 años y accedió a testificar contra la mujer, creyendo que los fiscales del condado de Sacramento le darían asesoramiento y una vivienda segura a cambio, dijo. Pero esa ayuda nunca se concretó, a pesar de los testimonios que llevaron a la condena de la proxeneta con una sentencia de casi nueve años. “La trataron como si hubiera hecho algo mal”, agregó Tracey Aldrich. “No ofrecieron ningún asesoramiento, nada. Ven a testificar y eso es todo; eso es lo último que escuché de esas personas”.

En 2012, cuando tenía 17 años, Aldrich volvió a huir a las calles. Una familia relacionada con pandillas la acogió y una de las mujeres del clan comenzó a traficar con ella, reveló. La mujer respondió a un anuncio en línea para vender a Aldrich a dos hombres que querían hacer pornografía.

Pero después de conocer a los hombres, la proxeneta sacó una pistola y les robó. A uno de ellos lo obligó a meterse en el maletero de un automóvil para transportarlo a una tienda donde, según argumentaron los fiscales en los documentos judiciales, Aldrich y su explotadora lo obligaron a comprarles bienes y entregarles dinero. El incidente fue captado por una cámara de vigilancia.

Aldrich fue acusada como adulta y, enfrentándose a décadas de prisión por secuestro y falsa reclusión, aceptó un acuerdo de culpabilidad que derivó en una sentencia de casi 10 años. Ninguno de los hombres que intentaron comprarla fue acusado.

Dos años después, California comenzó a cambiar las leyes en torno a lo que se había considerado prostitución infantil intencional, poniendo fin a la práctica de tratar a los menores explotados como delincuentes. El abogado de Aldrich y Fava sostienen que probablemente la joven no habría enfrentado cargos si el incidente hubiera ocurrido más recientemente. “Hoy no se puede arrestar a un menor por su propia explotación sexual”, comentó Maggy Krell, una ex fiscal estatal que ha tomado el caso de Aldrich de forma gratuita. “Es una víctima, pero también una sobreviviente”.

Pero según Aldrich, su tiempo tras las rejas también ha estado marcado por la explotación sexual. Presentó denuncias contra tres miembros del personal civil y un guardia del Instituto de Mujeres de California que, según ella, la coaccionaron individualmente para realizar actos sexuales o abusaron de ella. Uno de ellos, el guardia, fue despedido del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) la semana pasada después de una investigación, y el caso fue remitido al fiscal de distrito del condado de San Bernardino, indicó el CDCR en un comunicado.

El departamento expuso que tiene una política de “tolerancia cero” sobre la conducta sexual inapropiada, y que “investiga cada acusación a fondo”.

La oficina del fiscal de distrito del condado de San Bernardino no informó de inmediato si había presentado cargos en el caso.

Los tres empleados civiles a quienes Aldrich denunció por presunto abuso han dejado el empleo estatal, según el CDCR.

Krell, la abogada pro bono de Aldrich, presentó una demanda civil contra tres de los hombres y funcionarios del CDCR por su manejo de los incidentes. En un caso detallado en la denuncia legal, la reclusa afirmó que un supervisor civil la llevó a un armario donde la obligó a practicarle sexo oral. Posteriormente, la mujer descubrió que “tenía un trozo de vello púbico [del supervisor] en la boca”, que puso en una servilleta y se lo entregó a los investigadores de la prisión ese día, según la denuncia.

El presunto abuso le ha dejado la sensación de que ella es “repugnante”, dijo, lo suficiente como para intentar suicidarse a principios de este año, ingiriendo lápices. En otra ocasión, intentó ahorcarse.

Aldrich cree que fue objeto de represalias por hacer las denuncias, incluida la puesta en “segregación administrativa”, que muchos describen como similar al confinamiento solitario, y perder su trabajo en el hospital de la prisión, donde le pagaban 45 centavos la hora, dinero que necesitaba para comprar artículos personales como tampones y champú.

El departamento correcional indicó en un comunicado que era diligente en hacer cumplir sus políticas contra las represalias y, al igual que el abuso sexual, considera “cualquier caso completamente inaceptable”. La entidad agregó que tales quejas son “investigadas enérgicamente y el personal responde por sus actos”.

Aldrich es firme en la determinación de contar su historia tal como ella la ve. Le gustaría ser consejera de pares cuando la den de alta, y cree que hablar de su caso puede ayudar a otras mujeres y darle un propósito al dolor que siente.

“Es aterrador y agotador, porque no sabes lo que va a pasar solo por abrir la boca”, afirmó en agosto. “No quiero que esto le pase a más mujeres... Es mi turno de aclararlo en la cárcel. Quiero ser yo quien haya echado luz en esto”.

Unas semanas después de esa comunicación, Fava, Krell y la madre de Aldrich dejaron de tener noticias de ella y no han podido contactarla durante más de quince días, detallaron.

Un portavoz de Newsom dijo que el gobernador no podía comentar sobre solicitudes específicas de clemencia, y que recibió una cantidad inusualmente elevada de estos pedidos desde que comenzó la pandemia de coronavirus: de 50 a 80 cada semana.

El portavoz agregó que “cada aplicación recibe una consideración cuidadosa e individualizada”. En junio, el gobernador otorgó 34 conmutaciones e indultos, dos formas de clemencia, para personas que habían cometido delitos, incluidos asesinatos e incendios intencionales.

“Estoy realmente asustada por ella”, confesó su madre, Tracey. “Solo quiero que la gente sepa que mi hija no es una criminal. Es una víctima que tomó una decisión equivocada en su infancia, su adolescencia y fue sentenciada como adulta. Y ella es una buena niña, lo es. Ella es un amor”.

Aldrich tuvo un mensaje más simple en una de sus últimas conversaciones con un periodista antes de, según los informes, degollar su garganta e ingerir las cuchillas.

“Soy una mujer que ha sufrido muchos abusos en su vida”, dijo. “Y quiero que esto termine”.

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