Para el jefe del LAPD, la pandemia impulsa un aumento de la violencia armada y los homicidios

El jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, afirmó este martes que la pandemia de COVID-19 impulsó la violencia con armas de fuego y los asesinatos en la ciudad este año, en parte ante la desesperación económica y los dramas interpersonales, al tiempo que socavó los esfuerzos para interrumpir los ciclos de represalias.

“Percibimos bastante estrés; muchas comunidades que están al límite, una cierta depresión”, comentó Moore durante una reunión matutina de la Comisión de Policía Civil.

Además de ser una suerte de bola de demolición para las emociones y la economía, prosiguió Moore, la pandemia trasladó las reuniones nocturnas de entornos tradicionales, como clubes y bares, a vecindarios y casas de fiestas, que se han convertido en un “lecho fértil para algún tipo de violencia espontánea”.

También señaló que las reglas relacionadas con la pandemia, que prohíben a los visitantes en los hospitales locales, han impedido que los trabajadores capacitados en intervenciones de violencia asistan a los sobrevivientes de tiroteos, eliminando así la oportunidad de brindar recursos y apoyo emocional, abordar su ira y ayudar a prevenir las represalias en las calles. “Esos [programas] están interrumpidos en este momento”, remarcó.

Los comentarios de Moore le siguen a un verano tumultuoso, en el que la violencia armada aumentó en julio y agosto. La tendencia continuó este mes, advirtió el funcionario.

A principios de año, la policía citó la pandemia como una causa de disminución de la delincuencia, puesto que había menos gente en la calle ante las órdenes de permanecer en el hogar. Sin embargo, al 5 de septiembre, los homicidios aumentaron un 13.7% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que la cantidad de víctimas de disparos creció un 8.2%, según los últimos datos de la ciudad. Los incidentes con disparos, incluidos aquellos en los que nadie resultó herido, mostraron un alza del 11.9%.

En comparación con 2018, la situación es aún más radical; por ejemplo, los homicidios aumentaron más del 20%. Los incrementos se producen a pesar de una caída del 5.6% en los delitos violentos en general y una disminución del 9.3% en los atentados contra la propiedad, a pesar de un incremento del 35% en los robos de vehículos.

También ocurrieron pese a la falta de un repunte paralelo en un factor más tradicional de derramamiento de sangre en Los Ángeles: la violencia relacionada con las pandillas. Según los datos del LAPD, los tiroteos vinculados con pandillas decrecieron un 14.4% en comparación con el año pasado, y los homicidios relacionados con tales grupos bajaron casi un 2%.

Moore describió el alza de la violencia en la ciudad este año como menos severo que el observado en otras urbes importantes, incluida Nueva York, pero dijo que sus comandantes, sin embargo, lo ven como una prioridad y comenzaron a implementar cambios para abordar el tema.

Como ejemplo, Moore indicó que los oficiales de la problemática División Metropolitana del departamento, que cumplían tareas generales de represión del crimen, fueron reasignados a los equipos de respuesta a tiroteos, que ahora ayudan a los detectives al sondear los vecindarios en busca de información y dar seguimiento a testigos y víctimas.

Moore agregó que el LAPD también está trabajando con agencias cercanas para identificar “qué problemas entre vecindarios pueden estar influyendo en esto”.

El aumento de la violencia se produce en medio de un verano tremendamente perturbador en un año de agitación impactante en la policía, en el que el LAPD fue atacado por varios flancos. Además del aumento de los asesinatos, hubo estallidos de protestas y recortes del presupuesto para la agencia a medida que los líderes electos adoptaron en serio el concepto -cada vez más generalizado- de “quitar financiación a la policía”.

Así, Moore y otros líderes se vieron forzados a hacer un balance, revisar cómo opera el departamento y qué unidades podrían reducirse para controlar el gasto y recuperar terreno en la lucha por la confianza pública.

Quienes apoyan al departamento han señalado el repunte de la violencia como una razón clara para revertir el rumbo y “defender a la policía” en lugar de quitarle fondos. Pero los críticos cuestionan que haya correlación entre el financiamiento policial y la reducción del crimen.

Lo que está claro en los datos es que el repunte de la violencia se ha correspondido con una baja en las detenciones. Hasta el 5 de septiembre, los arrestos del LAPD por delitos violentos disminuyeron un 10.6% en comparación con el mismo período del año pasado. El total de arrestos del departamento en la ciudad disminuyó más del 25% en comparación con 2019, y casi un 40% con el promedio de cinco años de la agencia para el total de detenciones en este momento del año.

Ha habido menos de 44.000 arrestos este año, hasta el 5 de septiembre, en comparación con más de 58.000 en 2019 y un promedio de un lapso de cinco años de casi 70.000.

Las paradas de civiles por parte de oficiales del LAPD se redujeron en más de un 20% con respecto al año pasado, mientras que las llamadas de denuncias disminuyeron solo en un 3.9%. El número de armas de fuego recuperadas por la policía bajó un 27.2% este año, en relación con el anterior.

En la reunión de la comisión, se le preguntó repetidamente a Moore sobre el reciente recorte de 150 millones de dólares al presupuesto del departamento y cuál sería el impacto. El jefe señaló que un resultado previamente identificado será que habrá cerca de 250 oficiales menos en las calles, pero que aún se están determinando efectos adicionales y que ello podría evolucionar si el departamento está sujeto a recortes extra de presupuesto o personal, a medida que la ciudad continúa lidiando con una ascendente crisis fiscal.

Según Moore, el departamento está comprometido con sus objetivos centrales de reducir y resolver los delitos violentos, y los recursos seguirán volcándose a esos objetivos independientemente de si otras responsabilidades de la policía -como responder a colisiones de tráfico de rutina- se transfieren a otras agencias mientras que la seguridad pública se “reinventa” en la ciudad.

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