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Entra en vigor regla de carga pública que impide residencia para indocumentados que piden ayuda del gobierno

La regla fue objeto de varios litigios, pero finalmente la corte le dio a Trump el fallo.
La regla fue objeto de varios litigios, pero finalmente la corte le dio a Trump el fallo.
(Al Seib/Los Angeles Times)

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pueden reanudar la implementación de la carga pública para indocumentados que busquen la residencia en todo el país, después de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito levantara una orden judicial nacional el 11 de septiembre de 2020.

Ahora las personas que buscan regularizar su estadía en Estados Unidos deben demostrar que se pueden sostener económicamente por sí solos sin ayuda del gobierno. En otras palabras, si ha recibido algún beneficio público como Medicaid, cupones de alimentos, asistencia social o vales de vivienda pública, durante más de 12 meses dentro de cualquier período de tres años se considerará una “carga” para el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrá a su cargo evaluar si los solicitantes han recibido ayuda pública

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Un aviso publicado en el sitio de USCIS dice que la regla se aplicará a todas las solicitudes y peticiones de tarjetas de residencia futuras y pendientes con matasellos o enviadas electrónicamente a partir del 24 de febrero de 2020.

La regla ha sido objeto de litigios en curso. En enero de 2020, la Corte Suprema levantó las medidas cautelares anteriores en todo el país, lo que permitió que la regla entrara en vigor el 24 de febrero de 2020 mientras continúa el litigio sobre el fondo.

Sin embargo, en julio de 2020, la regla se impuso nuevamente en todo el país debido a la pandemia de salud pública del coronavirus.

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Esa orden judicial fue modificada más tarde por el tribunal para incluir solo a Nueva York, Connecticut y Vermont. Ahora, con la decisión de la corte el 11 de septiembre, USCIS puede requerir nuevamente que todos los solicitantes de estatus y las personas que soliciten cambiar o extender su estatus de no inmigrante proporcionen información y documentación extensa sobre carga pública.


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