Corte Federal bloquea el aumento de tarifas de inmigración para la ciudadanía, residencia y otras formas de USCIS
A pocas horas de entrar en vigor una regla federal que aumenta de manera dramática las tarifas de las solicitudes presentadas a los Servicios de Ciudadanía y Migración (USCIS), a partir del 2 de octubre, un tribunal federal en California impone una orden judicial preliminar para congelarla.
El Tribunal del Distrito Norte de California bloqueó la regla de la tarifa que habría descontado millones de los beneficios de inmigración al aumentar el costo de la ciudadanía de $640 a $1.170; a la residencia legal permanente y tarifas de solicitud relacionadas de $1.125 a $2.270; y una tarifa de $50 para las solicitudes de asilo; entre otros incrementos.
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Otros aumentos que quedan congelados son las tarifas para las renovaciones del programa Daca de $495 a $765, así como la autorización de empleo de $490 para los solicitantes de asilo.
Varias organizaciones proinmigrantes habían salido a luchar en contra de la regla alegando que los aumentos dejaban a mucha población vulnerable, que querían regularizar su documentación, fuera de la oportunidad de continuar contribuyendo legalmente para la economía del país.
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“Estamos agradecidos de que la Corte interviniera y rechazara el intento de esta administración de poner una prueba de riqueza a la ciudadanía, al asilo y otros innumerables beneficios de inmigración”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos (CHIRLA), y miembro del comité ejecutivo de la Junta Directiva de NPNA y uno de los demandantes en la querella.
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“La ilegalidad y el racismo de esta regla habría sido desastroso para nuestras comunidades y para los servicios legales que CHIRLA brinda todos los días. Esperamos continuar brindando esos servicios a nuestros miembros y luchar contra cualquier intento adicional de la administración de imponer tarifas crueles y arbitrarias a nuestra gente”, dijo en un comunicado.
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La regla, que se propuso originalmente en noviembre de 2019, fue rechazada por NPNA, así como por las organizaciones miembros de NPNA que presentaron demandas contra la regla, incluidas CASA, CHIRLA y OneAmerica.
National Partnership for New Americans (NPNA) argumentó que la regla no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo, tuvo múltiples violaciones legales sustantivas y fue emitida bajo el liderazgo de Ken Cuccinelli, quien no ha sido confirmado como director de USCIS, por el Senado y cuyo nombramiento viola la Ley Federal de Reforma de Vacantes.
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“La orden judicial preliminar muestra que los aumentos de tarifas propuestos por el USCIS no solo son perjudiciales para nuestras comunidades, sino que son ilegales”, dijo Nicole Melaku, directora ejecutiva de NPNA.
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