La policía de Pasadena y Long Beach prometió no enviar datos de matrículas a ICE, pero lo hizo de igual manera

Cuando la ciudad de Pasadena aprobó la solicitud del departamento de policía para comprar tres nuevos lectores automáticos de matrículas, el comandante Jason Clawson prometió al comité de seguridad pública de la ciudad que el departamento no compartiría ningún dato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Existen políticas y procedimientos sólidos para evitar que el sistema y la información que recopila se usen de manera inapropiada o diferente a su propósito previsto”, afirmó Clawson ante el comité de seguridad pública del Ayuntamiento en ese momento.

El departamento reiteró su compromiso de limitar el intercambio de datos en una reunión del 21 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Pasadena votó para autorizar la compra de nuevos lectores de matrículas de Vigilant Solutions en Livermore, California, siempre que el contrato incluyera disposiciones que prohibieran el intercambio por razones monetarias y lo limitara solo a las agencias de policía.

Pero los documentos muestran que la policía de Pasadena ha estado pasando datos de las matrículas directamente al brazo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE.

Los documentos, obtenidos por la sede local de la American Civil Liberties Union (ACLU) a través de una solicitud de registros públicos y compartidos con The Times, muestran que, hasta el 2 de noviembre pasado, la policía de Pasadena compartió datos con Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) a través de su Bulk Cash Smuggling Center, que proporciona información en tiempo real para los organismos del orden que investigan intentos de contrabandear más de $10.000 en efectivo o instrumentos monetarios a EE.UU.

El departamento comenzó a compartir la información de las placas de matrícula con HSI hace cuatro meses para ayudar a “restringir el flujo de fondos que respaldan a las empresas criminales”, según el teniente de servicios especiales Bill Grisafe. Mediante un correo electrónico enviado la semana pasada, Grisafe destacó que el departamento dejó de compartir datos de matrículas con HSI una vez que se dio cuenta de que la división estaba vinculada con ICE.

También agregó que el Bulk Cash Smuggling Center, de HSI, no era estrictamente una unidad de control de inmigración sino que se enfocaba en prevenir el financiamiento de empresas criminales.

“La Ciudad de Pasadena y su Departamento de Policía mantienen el compromiso de no ayudar directamente a ICE en la investigación, detención o arresto de personas únicamente por violaciones de la ley federal de inmigración”, remarcó Grisafe. “Revisaremos el asunto en detalle para asegurarnos de que no se hagan contactos inadvertidos con ICE a través de los cuales puedan tener acceso a la información de la Ciudad de manera ilegítima o por algún programa de intercambio de datos”.

Los grupos comunitarios y los defensores de la privacidad, que se habían opuesto a la decisión de la ciudad de comprar lectores de matrículas, criticaron el manejo de los datos por parte del departamento.

“En el mejor de los casos, es un error muy negligente”, señaló Mohammad Tajsar, un abogado sénior de la ACLU del Sur de California. “La ciudad se comprometió a no hacer esto, deberían haber tenido los medios para asegurarse de que no sucediera”.

En una carta dirigida a los funcionarios de la ciudad antes de una discusión, en septiembre pasado, sobre la compra de equipos de Vigilant Solutions para reemplazar otros más antiguos, Tajsar escribió que la tecnología era “un grave peligro para todos los inmigrantes que viven o conducen por Pasadena”.

Utilizados por las agencias del orden en todo el estado durante años, los lectores de matrículas generaron preocupación entre los defensores de la privacidad porque la tecnología puede rastrear los movimientos de las personas sin su consentimiento. Estas bases de datos también son construidas por empresas privadas, que pueden venderle acceso a cualquiera que esté dispuesto a pagar, con poca transparencia.

Las cámaras pueden capturar 1.800 números de matrículas por minuto y están montadas en vehículos o postes de señales de tráfico.

Incluso si las agencias locales restringen el intercambio de datos explícitamente con ICE, estas bases de datos de red más amplias todavía representan un problema, según los activistas de privacidad e investigadores.

“Vigilant Solutions diría que compartir la información es tan fácil como agregar un amigo en Facebook”, comentó un investigador de Electronic Frontier Foundation, Dave Maass, basándose en los materiales promocionales de la compañía para su tecnología de matrículas. Electronic Frontier Foundation es una organización sin fines de lucro enfocada en cuestiones de privacidad.

La empresa, propiedad de Motorola, fomenta el intercambio de datos entre los cientos de agencias con las que tiene contrato. Los documentos de 2018 obtenidos por la ACLU muestran que Vigilant Solutions proporcionó a ICE guías paso a paso sobre cómo obtener datos de matrículas de otras agencias, incluidas las del orden a nivel local y estatal, y afirmó que podría dar a ICE acceso a millones más de escaneos de matrículas.

Vigilant Solutions no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para este artículo.

La ACLU del sur de California, la sucursal de Pasadena de la NAACP y varias otras organizaciones locales de derechos civiles y de privacidad enviaron una carta a la ciudad de Pasadena y a oficiales de policía, el lunes, instando a la ciudad a que deje de compartir de inmediato los datos de los lectores automáticos de matrículas con el gobierno federal y agencias de otros estados, y a terminar su contrato con Vigilant Solutions.

Además, la carta pide a la ciudad que elimine todos los datos del lector de matrículas que no sean necesarios para las investigaciones activas y que no almacene ese tipo de información durante un “período de tiempo significativo”.

Pasadena no es la única ciudad del sur de California que parece haber incumplido su promesa en los últimos meses. La política de Long Beach, aprobada en 2018 para fortalecer el estatus de santuario de la ciudad, restringe que la policía entregue información a ICE a menos que esté legalmente obligada a hacerlo.

Pero un informe policial de agosto, obtenido por Greg Buhl, residente e investigador de Long Beach, a través de una solicitud de registros y compartido con The Times, mostró que el Departamento de Policía de esa ciudad enviaba datos de lectores de matrículas directamente a ICE.

Cuando el periodista Kevin Flores detalló el intercambio de datos de Long Beach con ICE, el mes pasado, en base a los documentos obtenidos por Buhl, la policía de dicha ciudad se comprometió a realizar una revisión administrativa.

El departamento determinó que un empleado había otorgado inadvertidamente a ICE acceso a los datos del lector automático de matrículas utilizando la función de “aprobación grupal” de Vigilant, según el portavoz del Departamento de Policía de Long Beach, Brandon Fahey.

“Una vez que este informe nos llamó la atención, confirmamos que actualmente no estamos compartiendo información con ICE a través del sistema ALPR”, expresó Fahey. “Cabe señalar que la información de identificación personal asociada con las placas leídas nunca se compartió. Desde que descubrió este error, el Departamento implementó varios protocolos para garantizar que no vuelva a ocurrir en el futuro, incluida la prohibición de aprobaciones de grupo y la adición de pasos adicionales en el proceso de revisión y aprobación”.

La policía de las agencias de Pasadena y Long Beach continúa compartiendo datos de lectores de matrículas automatizados con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU y el Centro de Inteligencia Regional Conjunto de California, que se asocia con el Departamento de Seguridad Nacional y comparte información ampliamente con las agencias federales del orden.

Los acuerdos con agencias externas podrían hacer discutible cualquier promesa de mantener los datos fuera de ICE, comentó Maass de la Electronic Frontier Foundation.

“Con datos tan confidenciales como los de las matrícula, las agencias deben considerar no compartir con otras agencias en absoluto, y si lo lo hacen, que sea solo en un número muy limitado, de aquellas que acepten cumplir con las mismas reglas y con un proceso de supervisión mediante, para asegurarse de atrapar a esos malos actores que intentan obtener datos de manera inapropiada”, remarcó Maass.

Grisafe, de la policía de Pasadena, comentó: “El Departamento de Policía de Pasadena trabajó y seguirá trabajando con las agencias federales del orden para llevar ante la justicia a las organizaciones criminales transnacionales y de otro tipo. La Ciudad de Pasadena y el Departamento de Policía de Pasadena no tienen interés en ayudar con la identificación y deportación de personas que no participan en dicha actividad”.

La ciudad de Chula Vista también está lidiando con preocupaciones de privacidad similares después de que el San Diego Union-Tribune revelara, este mes, que la policía local permitió a las agencias federales, incluida ICE, acceder a los datos recopilados de los lectores de matrículas.

En una reunión del 8 de diciembre pasado, el alcalde de Chula Vista afirmó que la ciudad había bloqueado temporalmente el acceso a los datos a las agencias federales con un componente de control de inmigración.

California aprobó una legislación en 2015, con el objetivo de crear reglas sobre cómo los organismos públicos del estado utilizan los datos de los lectores de matrículas automatizados. Pero una auditoría estatal publicada en febrero descubrió que el LAPD y otras tres agencias policiales de California no proporcionaban suficientes protecciones de privacidad para los datos recopilados por lectores automáticos de matrículas y compartidos con otras jurisdicciones.