Asesino en serie, guardia respetado y muchos otros muertos por el COVID-19 en las cárceles de California

A pesar de las reiteradas garantías de que los funcionarios penitenciarios han avanzado en el control de la propagación del coronavirus, las prisiones de California se encuentran en medio de un aumento mortal.

Al menos 46 reclusos han muerto por COVID-19 desde el 25 de diciembre, junto con dos miembros del personal. Entre ellos se encuentran uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, Samuel Little, y el oficial George Solís, esposo, y padre de dos hijos, quien murió el día de Navidad.

“El sistema penitenciario no está haciendo su parte para mantenerlas a salvo”, comentó Terressa Johnson, cuya hermana es una reclusa en la instalación de mujeres en Chowchilla, donde hay más de 300 casos activos. “En los últimos seis meses, ha empeorado”.

Más de 160 personas han muerto en el sistema penitenciario por causas atribuidas al COVID-19, según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, con cerca de 44.000 contagios. Desde que se reafirmaron los protocolos de seguridad del personal en las últimas semanas, las infecciones activas se han reducido aproximadamente a la mitad, en comparación con un punto alto en diciembre, cuando los casos de coronavirus superaron los 10.000.

Aún así, el sistema penitenciario tiene una tasa de contagios de 461 por cada 1.000 reclusos, y diariamente se registran nuevos casos. La tasa general de California es de aproximadamente 69 por cada 1.000 residentes.

Si bien, gran parte del estado está experimentando un aumento repentino, se esperaba que esta dependencia pudiera funcionar mejor porque los servidores públicos pueden restringir el acceso y controlar el medio ambiente. Pero desde un brote masivo en San Quentin durante el verano, en el que murieron 28 reclusos, otras cuatro instituciones han registrado cifras de defunciones de dos dígitos.

La burocracia de la prisión estatal ha sido objeto de intensas críticas por los eventos en San Quentin: el brote comenzó después de que las personas privadas de su libertad infectadas del Instituto de Hombres de California en Chino fueron transferidos a las instalaciones de Marin sin las medidas de seguridad adecuadas, y por no controlar la propagación después de enterarse, lo que han sido duras lecciones en los últimos meses.

Este último aumento ha suscitado la preocupación de que los funcionarios sigan poniendo en peligro a los presos y al personal.

Se han reportado casi 4.700 nuevos casos de COVID-19 en las cárceles en las últimas dos semanas. Diecisiete establecimientos han diagnosticado cien o más casos en ese tiempo.

Desde finales de diciembre, la Colonia de Hombres de California en San Luis Obispo ha visto ascender su número de casos positivos, con 1.017 en las últimas dos semanas, lo que representa alrededor de un tercio de la prisión.

Algunos dicen que la cantidad de muertes de reclusos podría ser incluso mayor que la informada, porque no se han determinado todas las causas. En un comunicado, la portavoz del departamento de correccionales, Dana Simas, señaló que la dependencia tiene un “proceso de revisión y reporte para verificar si la defunción está relacionada con el COVID-19” antes de agregarlo al total oficial.

Los afectados incluyen a familiares de reclusos en Lancaster, quienes han visto cómo su número de fallecimientos relacionados con COVID se disparó a 10 en el último mes.

También es donde Little, quien admitió haber matado a 90 mujeres, murió mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua. Los registros muestran que el asesino falleció de neumonía el 30 de diciembre, después de contraer COVID-19.

Más de la mitad de los reclusos en las instalaciones de Lancaster, alrededor de 1.400, se han infectado, una tasa más de cuatro veces mayor que la de Los Ángeles, donde se encuentra la prisión. El número de contagios activos se ha reducido en las últimas semanas a 64, pero las fuentes dijeron que coincide con menos pruebas. Aproximadamente el 15% de los internos en Lancaster han sido examinados en los últimos 14 días, según cifras estatales.

Muchas personas privadas de su libertad y familiares dicen que las fallas del Departamento de Correccionales han permitido los brotes, y señalan que, con las cárceles cerradas desde la primavera, es probable que los guardias y otro personal sean los que lleven el virus.

Johnson explicó que la compañera de celda de su hermana dio positivo por COVID-19, pero se quedó ahí dentro con Tomiekia durante 12 horas. “Es realmente malo”, expresó al hablar sobre las condiciones dentro de la prisión.

Simas subrayó que no ha habido informes de retrasos en el traslado de los reclusos positivos a COVID-19 lejos de los sanos.

“Todos los pacientes contagiados en [la instalación de Chowchilla] han sido reubicados de manera oportuna en respuesta a la pandemia”, y realojados en una unidad de aislamiento, informó Simas.

Los funcionarios penitenciarios, el personal médico y otras personas que trabajan dentro de las 35 cárceles estatales no están mucho mejor que los presos. Más de 13.000 de los 66.000 empleados se han infectado. En la actualidad, más de 2.800 han resultado positivos.

El Departamento de Correccionales ha aumentado su supervisión del cumplimiento del personal con los mandatos de seguridad, requiriendo pruebas semanales y el uso de cubrebocas durante las horas de trabajo. No hacerlo puede resultar en medidas disciplinarias, incluida en una suspensión sin paga.

Aún así, las quejas de los presos y familiares se repiten en todas las instalaciones. Entre ellas: personal que sigue desobedeciendo las reglas de los cubrebocas; reclusos enfermos puestos en cuarentena en celdas con personas sanas; resultados de pruebas que tardan semanas en obtenerse; falta de acceso a llamadas telefónicas, lavandería e incluso a agua potable.

“El personal no está siguiendo los protocolos adecuados”, comentó el ser querido de un recluso en el Centro Médico de California, cerca de Vacaville. La persona pidió permanecer en el anonimato, por temor a que su conocido enfrentara represalias. “No hay cubrebocas, desinfectante de manos, ni artículos de limpieza adicionales”.

Sherri Lashure, una reclusa del Instituto de Mujeres de California, escribió en un correo electrónico el 6 de enero: “El personal se congrega habitualmente en grupos sin usar cubrebocas. En numerosas ocasiones, nos hemos quedado sin suministros de limpieza y desinfección, sin absolutamente ningún medio de obtener más”.

Simas negó las acusaciones, e indicó que “el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California está proporcionando suministros de limpieza a la población encarcelada. Nos tomamos muy en serio abordar el COVID-19 y proteger tanto al personal como a las personas privadas de su libertad”.

Más de 400 reclusas de la prisión de mujeres de Riverside han contraído el virus; los recuentos oficiales dicen que la instalación tiene actualmente dos casos activos. Sin embargo, muchos sospechan de los recuentos de casos porque algunos se niegan a realizarse la prueba, por temor a que los aíslen en malas condiciones y porque pueden pasar semanas antes de recibir los resultados.

Algunas familias dijeron que falta la atención médica adecuada para aquellos que se han enfermado, aunque algunos guardias y personas privadas de su libertad en instalaciones con necesidades especiales han comenzado a recibir vacunas.

Jessalynn Graham, una reclusa enferma en la prisión de mujeres en Riverside, escribió recientemente a una amiga que no está recibiendo la atención necesaria, aunque tiene dificultad para respirar, tos y dolores en el pecho.

Elizabeth Gransee, portavoz de California Correctional Health Care Services, que brinda atención médica dentro de las prisiones, señaló que la dependencia “toma estas acusaciones muy en serio”, pero que “CIW no tiene retrasos sustanciales en la administración de medicamentos y solo hay dos casos activos de COVID”.

El martes, Graham afirmó que el personal médico no le había llevado las bebidas electrolíticas recetadas y cuando sus compañeros de celda se quejaron, “los médicos se negaron a venir”, escribió.

“Las enfermeras están muy atrasadas porque hay tantas emergencias médicas”, escribió Graham. “He visto a 4 personas irse en camilla al hospital”.

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