Biden ordena revisión de regla de carga pública contra indocumentados de bajos recursos
Una orden ejecutiva del presidente Joe Biden ordena la revisión inmediata de la regla de carga pública, una “prueba de riqueza” como requisito para obtener la residencia.
La regla que penaliza a los inmigrantes que buscan la residencia permanente, por utilizar ayuda del gobierno, tiene como meta entrar en vigor el 24 de febrero, lo que ha dejado a mucha gente que podría ser afectada entre la sorpresa y la confusión.
Por ahora, se ha bloqueado la implementación de la regla de carga pública en 15 estados, incluida California, mientras que a los consulados estadounidenses en el extranjero se les ha prohibido aplicarla desde julio de 2020.
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Este decreto de la administración Trump le otorga a los oficiales de USCIS el poder de negar las tarjetas verdes a los migrantes que usan o han usado cupones de alimentos, algunas formas de Medicaid, asistencia de vivienda pública, pagos de asistencia social o beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario.
La regla de carga pública ha tenido un efecto paralizador en el acceso de los inmigrantes a la atención médica y otros servicios críticos.
Las organizaciones le han aplaudido a Biden por el paso que ha dado, pero sostienen que hay mucho por hacer.
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“Además de la regla de carga pública, la administración anterior erigió numerosas barreras en los caminos ya existentes hacia el estatus legal, los cuales causaron incertidumbre en muchos inmigrantes y sus familias. Nos alienta el compromiso de esta administración de revertir estas políticas dañinas”, dijo Ana María Archila, directora ejecutiva de Center for Popular Democracy.
“Si bien estas acciones ejecutivas son fundamentales para comenzar a deshacer algunas de las políticas más dañinas de la última administración, se necesita mucho para transformar nuestro sistema de inmigración en uno definido por la dignidad y el respeto”, aseveró.
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Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), indicó que, para poner fin a este ciclo destructivo, los activistas le hacen un llamado a la administración Biden y al Congreso para que aprueben una legislación de inmigración integral e inclusiva que incluya un camino hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados.
“Rectificar las injusticias del pasado será una batalla cuesta arriba, como se vio en el fallo de la semana pasada de un juez federal para bloquear la moratoria de 100 días a las deportaciones. Sin embargo, si realmente queremos estar a la altura de los ideales de nuestra nación, no podemos simplemente volver al status quo”, dijo.
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