Columna: ¿Está bien vacunar a los trabajadores del cannabis antes que a los maestros? Eso es lo que está ocurriendo
El fin de semana pasado, Jonatan Cvetko condujo hasta una estación de bomberos en el sur de Los Ángeles y se vacunó.
No es un ciudadano mayor, con un riesgo particularmente alto de morir por COVID-19. Tampoco pasa sus días atendiendo a pacientes críticamente enfermos y con asistencia respiratoria en un hospital.
Sin embargo, sí tiene una tienda de cannabis. Y desde la semana pasada, eso hace que Cvetko sea elegible para recibir su primera dosis en este momento, por delante de la mayoría de los maestros y policías en el condado de Los Ángeles, sin mencionar a los conductores de autobuses y empleados de las tiendas de comestibles. Todo lo que tuvo que hacer fue programar una cita en línea, y llevar su placa de trabajo y el talón de pago para mostrárselos al personal de la estación de bomberos, por si acaso.
Si eso le parece descabellado, lo entiendo.
Yo también tuve problemas para comprender por qué el Departamento de Salud Pública de California pondría a decenas de miles de trabajadores del cannabis al frente de la línea de elegibilidad cuando los residentes más vulnerables del estado ni siquiera pueden vacunarse ante la escasez de suministro.
Esta misma semana, el gobernador Gavin Newsom reconoció que no hay dosis suficientes para que todos los maestros estén protegidos antes de la reapertura de escuelas. Y el miércoles, el alcalde Eric Garcetti anunció que L.A. cerraría temporalmente cinco centros de vacunación, incluido el del Dodger Stadium.
Pero resulta que sí hay una razón lógica para priorizar a algunos trabajadores del cannabis, aunque quizá no le agrade a muchos.
Jerred Kiloh, presidente de United Cannabis Business Association -con sede en Los Ángeles- y dueño del dispensario Higher Path, en Sherman Oaks, lo resumió de esta manera: el cannabis es medicina, por lo cual los trabajadores del cannabis son trabajadores de la salud.
“Después de 26 años de llamarla ‘marihuana medicinal’, ¿cómo se puede modificar lo que hemos llamado ‘medicina’ y luego decirnos que no somos trabajadores de la salud o que no proporcionamos medicamentos a las personas?”, dijo, alzando la voz con indignación. “Es un poco falso poner una etiqueta en algo y luego quitarla cuando es conveniente para el gobierno”.
California realmente fue arrinconada en este caso, particularmente Newsom, quien fue el principal defensor de legalizar la venta de cannabis para uso adulto con la Proposición 64, y llegó al cargo con un fuerte respaldo de la industria.
Kiloh aprovechó esas decisiones políticas del pasado para presionar a los funcionarios estatales el mes pasado, argumentando, en parte, que la industria fuertemente regulada y gravada merece la ayuda de un gobierno que la ha dado por sentado.
Su solicitud inicial, y la de una coalición separada de empresas de marihuana, era que todos en la industria —desde trabajadores minoristas hasta productores y conductores de reparto— fuesen incluidos en la próxima Fase 1B, Nivel 1 del plan de implementación de vacunas del estado. Este es el grupo que incluye a los trabajadores de la agricultura y la alimentación, las fuerzas del orden y los maestros, entre otros considerados esenciales.
“Si los brotes del virus resultaran en el cierre de nuestros negocios”, le escribió Cvetko -quien también es director ejecutivo de United Cannabis Business Association- a Newsom en enero pasado, “entonces los californianos solo tendrán la opción de obtener su cannabis medicinal en el mercado ilícito y no regulado”.
En cambio, el Departamento de Salud de California fue inexplicablemente aún más lejos, permitiendo que aquellos que trabajan en tiendas minoristas de cannabis sean tratados como trabajadores de la salud al ser incluidos en la Fase 1A, que está en marcha ahora. Otros en la industria, -cultivo, producción, almacenamiento, transporte y distribución- pasaron a la Fase 1B, Nivel 1.
Lo que esto significa sobre el tema es otro asunto.
El condado de Los Ángeles ha seguido las pautas actualizadas del estado, incluida la vacunación de los empleados del cannabis que se desempeñan en el comercio minorista, confirmó el departamento de salud pública del condado. Pero el condado de San Diego optó por no participar luego del clamor de un miembro de la Junta de Supervisores, y es posible que otros condados sigan ese ejemplo. Los miembros de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles no pudieron ser contactados para hacer comentarios en este artículo el miércoles por la noche, o no pudieron efectuar declaraciones.
Las pautas estatales también estipulan que solo quienes venden cannabis en dispensarios médicos pueden ser tratados como trabajadores de la salud prioritarios. Pero la realidad es más complicada, ya que la mayoría de las casi 1.200 tiendas de cannabis de California tienen licencia para vender a los clientes con las recomendaciones del médico así como a los que no las tienen. Ello significa que la mayor parte de las tiendas también son dispensarios médicos.
Además, es poco probable que el personal de los centros de vacunación pueda discernir rápidamente si alguien trabaja en una tienda que no ejerce como dispensario médico.
Kiloh afirma que, en realidad, ello no importa porque todo el cannabis es medicina de igual manera, una afirmación de la que muchos en la industria se hacen eco, incluido Paul Hanson, que administra Hollywood High Grade.
Y si se puede seguir esa lógica, tanto Kiloh como Hanson también describen a sus empleados no solo como trabajadores de la salud, sino como trabajadores de la salud de “primera línea” que arriesgan valientemente sus vidas cada día para servir a los “pacientes” y, por lo tanto, merecen ser vacunados.
“¿Ha ido alguna vez a un dispensario? Una gran cantidad de ellos no están bien ventilados. Mucha gente entra allí, aunque mantenemos nuestra capacidad al mínimo”, afirmó Hanson, acerca del edificio verde y blanco donde vende cannabis en Santa Monica Boulevard. “Aquí vienen personas enfermas. Además de eso, es un negocio solo en efectivo”.
Todo esto es cierto, y los trabajadores del cannabis se enfrentan a un riesgo real.
Pero, ¿qué pasa con los millones de otros trabajadores esenciales, en su mayoría negros y latinos, que arriesgan sus vidas todos los días en los establecimientos minoristas y mueren de COVID-19 a tasas desproporcionadas? ¿Es un establecimiento de licores o una tienda naturista mal ventilada un sitio realmente tan distinto de un local de cannabis mal ventilado?
¿Y qué hay de los millones de personas de todas las edades que residen en viviendas superpobladas en algunos de los vecindarios más pobres de California y no pueden vacunarse porque no hay suficientes dosis? ¿O quienes viven en la calle, en campamentos de personas sin hogar?
En el condado de Los Ángeles, solo alrededor del 7% de los residentes negros mayores de 65 años han recibido al menos una dosis, el porcentaje más bajo de cualquier grupo racial. Mientras tanto, solo alrededor del 14% de los residentes latinos en el mismo grupo etario han sido vacunados. El condado de Santa Clara reportó cifras similares. Y, peor aún, la mayoría de las vacunaciones se concretan en comunidades alejadas de aquellas donde los casos de COVID-19 son más altos.
“Tenemos mucho trabajo por hacer para solucionar esto”, remarcó el martes la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, en una reunión de la Junta de Supervisores. “Independientemente de la forma en que se miren estos datos, está claro que en algunas de nuestras comunidades más afectadas, hay poblaciones que no se vacunan al mismo ritmo que otras”.
Inocular a quienes venden cannabis, incluso si se trata de un medicamento, aún siendo considerados trabajadores de la salud, no es la forma de eliminar estas apremiantes disparidades raciales y de lograr la equidad en las vacunas. Tampoco es la forma de abrir escuelas de manera segura o de garantizar que los mayores entre nosotros no mueran prematuramente.
Todo se reduce a prioridades. Y todavía estoy tratando de averiguar cuáles son las nuestras, aquí en California.
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