Alarmados por los recientes tiroteos en masa, los legisladores de California presionan para gravar armas y municiones

Citando recientes tiroteos en masa en Orange; Boulder, Colorado, y el área de Atlanta, los legisladores estatales avanzaron el martes para crear un nuevo impuesto sobre la venta de armas y municiones en California, que financiaría programas de prevención de la violencia.

El proyecto, del asambleísta Marc Levine (D-San Rafael), impondría un gravamen especial de $25 a los minoristas por la venta de cada arma nueva y un canon aún no determinado sobre las ventas de municiones con el fin de recaudar millones de dólares para financiar esas iniciativas.

“La violencia armada no terminará por sí sola”, destacó Levine al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea durante una audiencia, el martes. “Debemos tomar medidas responsables para poner fin a la crisis de salud pública que es la violencia armada en nuestro estado, en nuestra nación”.

El panel votó por cinco a dos -en alineación con el pensamiento partidista- para aprobar la legislación, que aún necesita la aprobación de la Asamblea en pleno.

Al respaldar el impuesto, los legisladores citaron una serie de tiroteos masivos, incluido el del miércoles pasado en el que un hombre armado mató a cuatro personas, además de un niño de nueve años, en un edificio de oficinas en Orange.

Una semana antes, el 22 de marzo, un sujeto armado abrió fuego en un supermercado de Boulder donde mató a 10 personas, incluido un policía.

Días previos, el 16 de marzo, otro tirador asesinó a ocho personas en tres spas del área de Atlanta, incluidas seis mujeres de ascendencia asiática.

“Estas no son estadísticas”, declaró Levine a sus colegas. “Son vidas humanas”.

Según el legislador, solo en los primeros tres meses del año hubo más de 100 tiroteos en masa en Estados Unidos.

Los defensores de los propietarios de armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), testificaron contra la legislación y expresaron a los legisladores que el impuesto es un intento inconstitucional de limitar la capacidad de los ciudadanos de comprar armas de fuego. “Esta legislación hará que sea aún más difícil y costoso para las personas respetuosas de la ley, especialmente aquellas que viven en comunidades desatendidas y con un alto nivel de delincuencia, protegerse a sí mismas y a sus familias”, destacó Daniel Reid, director regional occidental del Instituto de Acción Legislativa de la NRA.

Los opositores del nuevo impuesto, incluidos representantes de NSSF, una asociación comercial para la industria de armas de fuego, dicen que ya existen numerosos gravámenes y tarifas sobre las armas y municiones en California. Entre ellos se destaca un impuesto especial federal del 11% sobre la compra de armas de fuego y municiones, que ayuda a financiar los esfuerzos de conservación y vida silvestre, uno de $31 por la transacción de “registro de venta del distribuidor” y una tarifa de $5 por seguridad y cumplimiento.

La NRA no tomó una posición sobre el programa de prevención de la violencia que intentaría financiar el nuevo canon, pero cree que cualquier dinero debe buscarse del público en general, no de los propietarios de armas “que ejercen sus derechos constitucionales”, destacó Reid. “Ponerlo todo sobre los dueños de armas es inconcebible”.

El asambleísta republicano Tom Lackey, de Palmdale, vicepresidente del comité, votó en contra del nuevo tributo y señaló que California ya recibe $6 millones anuales de tarifas por armas de fuego.

El nuevo impuesto tiene como objetivo disuadir a la gente de comprar armas, remarcó Sam Paredes, director ejecutivo del grupo de defensa Gun Owners of California.

Los legisladores que respaldan la propuesta “están simplemente abrumados de que tantos californianos adquieran armas en este momento, a un ritmo récord”, destacó.

A nivel nacional, los estadounidenses compraron un récord de 21 millones de armas de fuego el año pasado, según Small Arms Analytics & Forecasting, una firma de investigación que rastrea el tema.

Los californianos adquirieron más de 1.3 millones de armas de fuego el año pasado, un número mayor al comprado en cada uno de los tres años anteriores -menos de un millón-, pero por debajo de la cifra de 2016, indicó Jurgen Brauer, economista jefe de Small Arms Analytics & Forecasting.

Alrededor de 110.000 californianos citaron la pandemia de COVID-19 como un factor en su decisión de comprar un arma durante los primeros cinco meses de la crisis, y muchos mencionaron el miedo a la violencia y la anarquía cuando los reclusos fueron liberados de las prisiones -hacia el inicio de la pandemia- y la pobreza aumentó en el estado, según un estudio revelado en enero por el Programa de Investigación para la Prevención de la Violencia, de UC Davis.

El impuesto, que caducaría en 2028, lo pagaría el minorista, pero los opositores a la medida remarcan que simplemente se trasladará al consumidor con precios más altos.

Levine propone que lo recaudado por los nuevos impuestos se destine a expandir el Programa de Subvenciones para la Prevención e Intervención de la Violencia de California, que otorga fondos a las ciudades y organizaciones comunitarias que trabajan para reducir los tiroteos en áreas de alta criminalidad, incluidas las que albergan pandillas callejeras.

El estado asignó $30 millones para el programa en 2019. El nuevo canon a las armas por sí solo podría generar $13 millones adicionales al año, según las estimaciones de una propuesta similar de 2019 que no llegó al gobernador.

Una estrategia del programa de subvenciones es reclutar a expandilleros para identificar y mediar rápidamente en los conflictos que ven en sus comunidades, trabajando en estrecha colaboración con personas en riesgo de involucrarse en delitos violentos.

Julius W. Thibodeaux Jr., gerente del programa de estrategia de Advance Peace Sacramento, agradecería la ayuda financiera. El programa cuenta con seis mentores que trabajan sobre el terreno en toda la ciudad, pero podrían contar con más, especialmente porque hubo un aumento en la violencia con armas de fuego en el último año en Sacramento y en todo el país. “Sería genial, cualquier apoyo financiero que pudiéramos obtener para duplicar todo el trabajo adicional creado por las ramificaciones de la pandemia”, destacó Thibodeaux. “Ya lidiábamos con la violencia armada como una pandemia. El COVID-19 simplemente lo exacerbó”.

Su grupo, que trabaja como parte de una colaboración más grande y subvencionada, llamada Healing the Hood, trabaja para desarrollar relaciones con jóvenes en riesgo y ayudarlos a ver alternativas a través de clases de diversas habilidades y excursiones educativas. “En todas estas situaciones estamos allí para reducir la escalada”, remarcó Thibodeaux.

Iniciada en 2018, la iniciativa más amplia en Sacramento desde el principio notó 28 meses sin homicidios de menores en la ciudad por primera vez en la memoria, señaló Thibodeaux. También ayudaron otros programas similares en todo el estado.

“Demostraron tener éxito en salvar vidas de la violencia armada en nuestras comunidades”, comentó la asambleísta Buffy Wicks (D-Oakland) durante la audiencia del martes.

Según Levine, su nueva legislación es urgente porque California experimentó el año pasado un aumento del 46% en los homicidios con armas de fuego.

Las comunidades que recibieron fondos de intervención contra la violencia en 2018 vieron disminuir los homicidios tres veces más que las que no participaron en el programa, destacó también Levine.

Como medida fiscal, la legislación exige un voto de dos tercios. Los demócratas tienen una supermayoría en ambas cámaras, pero a los demócratas moderados a veces les incomoda apoyar los aumentos de impuestos. Una medida similar en 2019 se estancó en un comité de finanzas.

Los grupos de armas, incluidas las organizaciones comerciales y la NRA, participan activamente en el cabildeo en el Capitolio, y el comité político de la NRA y un grupo afiliado, California Rifle and Pistol Association, efectuaron contribuciones de campaña a los legisladores.

En 2020, un año de elecciones, la NRA hizo contribuciones de hasta $1.500 a 23 legisladores estatales republicanos en California.

Levine insta a sus colegas a no sucumbir al cabildeo de los defensores de las armas de fuego. “Debemos hacer frente a los comerciantes de la muerte que integran la industria de las armas”, remarcó. “Tenemos que tomar medidas para poner fin a la violencia armada en nuestras comunidades”.

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