‘Da mucho miedo’: Inquilinos nerviosos mientras California considera extender la moratoria de desalojo

Algunas regulaciones que han protegido a los inquilinos de California del desalojo durante la pandemia están a punto de expirar, dejando a muchos arrendatarios preocupados por cómo permanecerán alojados, con lo que se enfatiza la recuperación desigual del costo económico del COVID-19.

La moratoria estatal sobre desalojos, que protege a los inquilinos con dificultades relacionadas con la pandemia si no pagan el alquiler, vence a la medianoche del 30 de junio. Se espera que el gobernador Gavin Newsom anuncie un acuerdo con los líderes legislativos para una extensión esta semana.

Aunque se espera alguna forma de prolongación a nivel estatal, los arrendatarios y sus defensores dicen que la incertidumbre que se cierne sobre lo que sucederá a continuación, así como la serie de reglas que muchas personas encuentran confusas, están sembrando ansiedad y temor.

“No sé qué voy a hacer”, comentó Natalia Cole, una residente de Eureka de 38 años que fue despedida de su trabajo en una bodega en diciembre y tiene un atraso de $4.000 en el alquiler. Indicó que su arrendador ha solicitado una compensación de renta en su nombre, pero hasta ahora no ha oído nada sobre su solicitud. “Estoy paralizada”.

Un lapso vacío en las protecciones estatales dejaría a la gente en riesgo de perder su vivienda el próximo mes si no pueden pagar el alquiler de julio, así como una parte de la deuda acumulada que deben. Incluso cuando los negocios y la economía han comenzado a recuperarse, muchas personas, especialmente los hogares de bajos ingresos, todavía luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

California ha aprobado una serie de asistencia destinada a proteger a los más necesitados, gran parte de la cual es difícil de navegar, desde comprender las reglas hasta solicitar ayuda, dicen los inquilinos y sus defensores. Debido a que existen regulaciones separadas en algunos niveles de condado y ciudad, las protecciones contra el desalojo continuarán más allá del 30 de junio en algunos rincones de California, incluido Los Ángeles, sin importar lo que haga el estado.

El martes, la Junta de Supervisores del Condado votó para prohibir los desalojos por falta de pago del alquiler hasta finales de septiembre en Los Ángeles si el arrendatario no puede pagar debido a dificultades financieras relacionadas con la pandemia.

Y la ciudad ha evitado por completo el debate sobre la renovación: la ley de la ciudad prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos con dificultades financieras relacionadas con la pandemia por no pagar el alquiler hasta que la ciudad dé por terminada su declaración de emergencia de marzo de 2020. Se desconoce cuándo podría suceder eso, pero cuando finalice, los arrendatarios tendrán que pagar la renta del mes siguiente en su totalidad, pero tienen 12 meses para pagar el alquiler vencido.

El estado y muchas localidades están distribuyendo miles de millones de dólares en asistencia federal para la renta, y Newsom ha propuesto pagar el 100% de lo que los inquilinos de bajos ingresos deben en concepto de alquiler impago. Pero el despliegue de los fondos ha sido lento, lo que enfureció tanto a los arrendatarios como a los propietarios.

Los grupos de arrendadores argumentan que los dueños de pequeñas propiedades están particularmente en riesgo si no obtienen el dinero pronto o si no tienen la capacidad de remover a los inquilinos que no están pagando. Mientras tanto, los arrendatarios están acosando a las organizaciones comunitarias con preguntas sobre sus derechos que aún no pueden ser respondidas. Algunos están elaborando planes de contingencia.

Antes de que Los Ángeles extendiera las protecciones el martes, una residente de Torrance señaló que planeaba pagar su alquiler de julio con tarjetas de crédito. Algunos arrendatarios, anticipando el vencimiento, ya han pedido prestado dinero para saldar la deuda de renta antes de la próxima semana, indicó Ugochi L. Anaebere-Nicholson, abogado director del Centro de Derecho Público en el condado de Orange.

René Christian Moya, coordinador de campaña del grupo de defensa de personas de bajos ingresos Alliance of Californians for Community Empowerment, señaló que algunos inquilinos se autodesalojan porque no esperan recibir pagos de ayuda de alquiler antes del 30 de junio.

“Muchos están asustados”, señaló Ernie Reguly, abogado de vivienda de Riverside Legal Aid. “La gente me pregunta cómo será la ley y no lo sé”.

Desde el comienzo de la pandemia, los gobiernos locales, estatales y federales han empleado una serie de moratorias de desalojo limitadas para mantener a las personas alojadas y minimizar la propagación de enfermedades.

Los abogados de arrendatarios señalan que las medidas son demasiado complicadas con diversas lagunas que ponen en desventaja a los inquilinos. Por ejemplo, las reglas no prohíben a los propietarios presentar casos de desalojo, lo que significa que las personas ocupantes deben conocer sus derechos y responder en el juzgado, o podrían enfrentar una sentencia en rebeldía y la pérdida de su vivienda.

Pero en general, las restricciones han llevado a tasas de desalojo que se han desplomado desde los niveles previos a la pandemia, y cada vez que las limitaciones por el coronavirus han expirado en el último año, los defensores expresan su preocupación por una cascada de desalojos que se avecina.

Las reglas estatales, que al igual que la medida de Los Ángeles prohíben los desahucios por falta de pago para aquellos con dificultades financieras relacionadas con la pandemia, se extendieron una vez antes. En aquel entonces, el acuerdo se anunció una semana antes de que expiraran las protecciones el 1 de febrero.

Los grupos de propietarios dicen que los temores sobre los desalojos masivos están fuera de lugar, en parte porque los propietarios generalmente quieren evitar lo que puede ser un proceso costoso y que requiere mucho tiempo.

Scott Collier, director gerente de TruAmerica Multifamily, propietario de apartamentos a nivel nacional, enfatizó que cuando expiren las protecciones, la compañía recurrirá a planes de pago para mantener a las personas en sus viviendas. Otros propietarios de apartamentos y empresas de gestión han dicho que tienen planes similares.

En algún momento, TruAmerica tendría que pedir a los arrendatarios que no paguen que se vayan, con un desalojo formal como último recurso, pero es probable que varios factores prohíban la temida ola, al menos en California, indicó Collier.

Las reglas estatales indican que los propietarios no pueden desalojar por el alquiler atrasado generado desde marzo de 2020 hasta finales de agosto de ese año. Y si el 30 de junio o antes, un inquilino paga el 25% de lo que se retrasó entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, los caseros no pueden desalojar por el resto de la renta y solo pueden obtener la cantidad por medio de un proceso en el juzgado de reclamos menores.

Los dueños de propiedades podrían desalojar a alguien por no pagar el alquiler completo de julio. Pero con las restricciones comerciales ampliamente eliminadas ahora y la economía en recuperación, Collier espera ingresos nuevos para aquellos que lucharon para llegar a fin de mes anteriormente.

“Con esta recuperación vendrá la capacidad de pagar el alquiler”, manifestó Collier.

En California, el porcentaje de arrendatarios atrasados en el alquiler fue del 12% a fines de mayo, frente al 21% en diciembre, según un análisis de encuestas del censo realizado por PolicyLink, una organización sin fines de lucro dedicada a la equidad racial y económica.

Sarah Treuhaft, vicepresidenta de investigación de PolicyLink, señaló que las cifras son una mejora, pero indican una crisis en curso que requiere protecciones continuas.

Aproximadamente 758.000 hogares de California tenían renta impaga a fines de mayo, según las estimaciones de la organización sin fines de lucro, lo que significa que colectivamente deben $3.5 mil millones, o $4.700 cada una en promedio. La mayoría de esos hogares eran de bajos ingresos y personas de color, grupos que se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia.

Deshacerse de las protecciones ahora sería terrible, argumentan Treuhaft y los defensores de los inquilinos. La renta está aumentando después de disminuir en muchas grandes ciudades durante la pandemia, lo que brinda a los propietarios más incentivos para reemplazar a los arrendatarios con problemas con aquellos que pueden pagar, particularmente a los que viven en unidades de alquiler controlado que habían estado pagando muy por debajo de la tarifa del mercado.

La familia Lowery en Antioch es una de las muchas preocupadas por el plazo del 30 de junio. Jackie Lowery, quien está jubilada debido a problemas de salud, vive con miembros de la familia que fueron despedidos durante la pandemia. Ninguno ha podido encontrar un trabajo que cubra todas las deudas del hogar, comentó ella. Por ahora, los cheques de desempleo han cubierto el 25% de su alquiler.

Si la medida de protección estatal expira la próxima semana, informó, se verán obligados a retrasar el pago de sus facturas de agua y electricidad para cubrir el alquiler total de julio de su casa: $3.000. Al igual que Cole, Lowery ha estado trabajando con Alliance of Californians for Community Empowerment para impulsar una extensión.

Los fondos federales de alivio de la renta están diseñados para evitar tales opciones compensando a los propietarios, que en ocasiones han alojado a personas de forma gratuita durante la pandemia y han informado que tienen cada vez más dificultades para pagar sus propias deudas.

Pero las solicitudes de esos recursos federales, así como su distribución, se han visto ralentizadas por la confusión, los requisitos de documentación extensos y otros problemas, según los organizadores que ayudan a los inquilinos con el proceso. Los problemas también incluyen el acceso a internet nulo o limitado para muchos hogares de muy bajos ingresos que tienen más probabilidades de tener deudas de renta.

Lowery comentó que su familia solicitó ayuda federal en marzo, pero no ha recibido respuesta. Si acumulan otras deudas para pagar el alquiler de julio, ella tendría protección contra el desalojo ese mes, incluso si las protecciones estatales expiran, de acuerdo con las reglas estatales. Pero si el dinero de la ayuda para la renta no llega, teme que la obliguen a salir de todos modos.

Aunque los propietarios no pudieron desalojarla específicamente por el 75% del alquiler que debe, en Antioch puede verse obligada a mudarse si un propietario quiere habitar ese espacio.

“Están tan metidos en el hoyo”, señaló sobre los propietarios en todo el estado, incluido el suyo. “Podrían decir: ‘Bueno, solo tengo que vender la propiedad y recuperar mi dinero’”.

Mientras Lowery espera una decisión estatal, indicó que está tratando de proteger a su familia de la incertidumbre. Eso incluye a sus nietas gemelas de 6 años que viven con ella y a menudo mencionan cuánto aman la casa, donde disfrutan de las peleas con globos llenos de agua en el patio trasero.

Cole, por otro lado, comentó que no puede pagar el alquiler de julio, ni el 25% de renta atrasado, sin un apoyo gubernamental. Ahora está considerando mudarse a su auto.

“Da mucho miedo”, expresó.

La Asociación de Apartamentos de California subraya que está abierta a una breve extensión de las restricciones estatales de desalojo, pero quiere que se haga más para garantizar que las personas protegidas realmente necesitan ayuda, mientras argumenta que demasiados inquilinos pueden pagar, pero están aprovechando las reglas para vivir gratuitamente.

“El problema es cuando tenemos arrendatarios que no cooperan y no lo han hecho desde el primer día”, señaló Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de asuntos públicos de la asociación.

Moya, de Alliance of Californians for Community Empowerment expresó que no se ha encontrado con inquilinos que pueden pagar, pero no lo hacen, sino que ha visto a personas obtener préstamos con altos intereses para pagar a los propietarios. Señaló que los requisitos adicionales para las protecciones significarían más oportunidades para que la gente se pierda en el proceso, y quiere que las protecciones contra el desalojo se extiendan hasta que el desempleo caiga por debajo de los niveles prepandémicos.

Russ Heimerich, portavoz de la agencia estatal que supervisa la distribución estatal, indicó que la solicitud de alivio de alquiler se ha simplificado recientemente y que el número diario de solicitudes ha aumentado en un 70% desde entonces. El tiempo que le toma al estado aprobar las solicitudes también ha disminuido.

Más dinero federal está en camino, lo que sería suficiente para cubrir todos los alquileres atrasados del estado, al menos según lo medido por PolicyLink.

“Ahora mismo no es el momento de dejar que expiren las protecciones y correr el riesgo de quedar sin hogar, generar desalojos y otras desigualdades”, indicó Treuhaft, y señaló que el programa de asistencia para la renta “acaba de ponerse en marcha”.

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