El 9º Circuito dice que los agentes fronterizos solamente deben buscar contrabando digital, no pruebas de delitos
Encadenado a un banco en el puerto de entrada de San Ysidro, los agentes fronterizos ordenaron a Jeff Valenzuela que desbloqueara su teléfono móvil o se lo confiscarían.
Cumplió la orden y observó impotente cómo desaparecía en una habitación trasera, donde supone que los agentes pasaron los siguientes 45 minutos descargando su contenido.
El teléfono fue devuelto y los detalles íntimos de su vida —y de la de sus allegados— estaban ahora en manos del gobierno de Estados Unidos.
Valenzuela, ciudadano estadounidense y voluntario de un grupo de defensa de los derechos humanos que vive en Tijuana, había sido detenido como parte de una operación federal contra una caravana de migrantes acampada en la frontera. Fue uno de los casi 41 mil viajeros internacionales cuyos dispositivos electrónicos fueron registrados en los puertos de entrada de Estados Unidos en el año fiscal 2019.
Los teléfonos celulares de los viajeros internacionales —y todo su contenido digital— han sido durante mucho tiempo un juego justo para que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisen durante la inspección, por cualquier razón, en cualquier momento, al igual que lo harían con un bolso o una mochila.
Pero ya no.
El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, en un dictamen derivado de un caso de San Diego, ha limitado significativamente la capacidad de los agentes fronterizos para realizar registros sin orden judicial de los teléfonos móviles que lleven los viajeros internacionales, ya sea en los puertos de entrada terrestres, aéreos o marítimos.
El fallo prohíbe el tipo de expediciones de pesca en busca de inteligencia o pruebas de un delito —pasado o futuro, relacionado con la frontera o no— que provocaron los tipos de búsquedas sin orden judicial en las zonas fronterizas que experimentó Valenzuela en diciembre de 2018.
En su lugar, los agentes fronterizos ahora deben limitar su búsqueda a una cosa: el contrabando digital, definido en gran medida por los tribunales como pornografía infantil, según la sentencia.
El fallo judicial se emitió en 2019, pero se confirmó recientemente como ley.
A finales del mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó la petición del gobierno para retomar el caso, lo que significa que el fallo del 9º Circuito es vinculante, pero solo en su jurisdicción. Esto incluye nueve estados y dos territorios del oeste de Estados Unidos, como California, Arizona, Washington y Hawai.
“Realmente se está apretando el tornillo para aumentar la protección contra los registros”, dijo Ryan Stitt, un abogado de Federal Defenders of San Diego que participó en el caso.
La sentencia puede tener grandes repercusiones en San Diego, donde se encuentra el paso fronterizo terrestre más transitado del hemisferio occidental, un portal no únicamente para millones de viajeros legítimos como Valenzuela, sino también parte de una ruta muy frecuentada por los contrabandistas de drogas y personas.
Los activistas de la privacidad han celebrado el caso como una victoria para las libertades civiles, mientras que el gobierno de Estados Unidos —y algunos jueces federales— dicen que la decisión hace que el país sea menos seguro, dejando que las pruebas potenciales de contrabando de drogas, fraude de visados o actividad terrorista pasen por encima de los guardias fronterizos.
El fallo también se suma a una confusa matriz de opiniones judiciales contrapuestas sobre la cuestión en todo el país. En la práctica, podría significar que usted está sujeto a un conjunto de normas al regresar de un vuelo internacional en San Diego y a otro en Boston.
Cocaína en una llanta
El caso tiene su origen en la detención en 2016 de Miguel Cano, que fue sorprendido en el puerto de entrada de San Ysidro con 31 libras de cocaína escondidas en una llanta de repuesto. Cano, residente legal permanente de Estados Unidos que vive en Tijuana, dijo a los investigadores que había cruzado a San Diego para tratar de encontrar trabajo como instalador de alfombras. Negó saber que había drogas en su vehículo.
Dos agentes de Homeland Security Investigations se llevaron su teléfono móvil. En primer lugar, uno de los agentes realizó un breve registro manual, fijándose en el registro de llamadas y en la ausencia de mensajes de texto.
El agente explicó más tarde que el registro era “para encontrar algunas pistas de investigación breves en el caso actual” y “para ver si hay pruebas de otras cosas que llegan a través de la frontera”, según el acta judicial.
A continuación, el otro agente buscó en el teléfono, anotando algunos de los números del registro de llamadas en un papel y tomando una foto de dos mensajes de texto que acababan de llegar.
A continuación, el agente llevó a cabo una búsqueda forense, conectando el dispositivo al software Cellbrite, que permite al agente acceder y descargar datos, incluidos mensajes de texto, contactos, registros de llamadas, videos y fotos.
Posteriormente, Cano fue acusado de importación de cocaína. Fue condenado tras un segundo juicio; el primero terminó con un jurado en desacuerdo.
Un panel de tres jueces del 9º Circuito consideró que los registros constituían una violación del derecho de Cano a la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones irrazonables.
Contrabando digital solamente
La Cuarta Enmienda exige en gran medida una orden judicial para registrar las posesiones de alguien, incluidos los teléfonos móviles, según una sentencia histórica del Tribunal Supremo de 2014. Pero históricamente han existido ciertas excepciones en la frontera, donde las preocupaciones por la privacidad y los intereses de política pública han colisionado durante mucho tiempo.
Los tribunales reconocen que Estados Unidos tiene desde hace tiempo el derecho a protegerse examinando y controlando quién y qué entra en el país, y que las personas renuncian a cierta expectativa de privacidad cuando pasan por allí.
“La idea es este fuerte interés de política pública contra el contrabando de entrada. Da a los agentes fronterizos mayor autoridad para realizar registros sin orden judicial”, dijo Stitt, el abogado de Cano en el juicio. “La cuestión es cómo se aplica eso en el siglo XXI al contrabando digital”.
Según el 9º Circuito, la respuesta es: en sentido estricto.
El tribunal sostuvo que “la detección de ... contrabando es el fundamento histórico más fuerte para la excepción de búsqueda en la frontera” y que la excepción no se extiende para incluir “la búsqueda de pruebas de contrabando que no está presente en la frontera” o para “pruebas de actividad criminal pasada o futura relacionada con la frontera”.
La opinión —redactada por el juez de circuito Jay Bybee, nominado por Bush— concluye que “los registros de teléfonos móviles en la frontera, ya sean manuales o forenses, deben limitarse a la búsqueda de contrabando digital”.
En su opinión se unieron a él la jueza de circuito Susan Graber, nominada por Clinton, y el juez Douglas Harpool, nominado por Obama para el tribunal de distrito de Missouri, que formaba parte del panel del 9º Circuito por designación.
El contrabando digital se ha definido en gran medida en los casos judiciales relacionados como pornografía infantil, aunque en al menos una presentación legal la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que considera que el material clasificado del gobierno y el malware también están en esa categoría.
Lo que esto significa en términos prácticos: Los funcionarios de fronteras e inmigración pueden registrar manualmente los dispositivos de cualquier persona que cruce, sin ningún nivel de sospecha —pero solo deben buscar contrabando digital, y solo en los lugares del teléfono donde se almacenaría dicho material.
El tribunal impuso límites aún más estrictos a las búsquedas forenses, o avanzadas, que implican que los agentes conecten el teléfono a un software de extracción. Para ello, los agentes deben tener una sospecha razonable —un nivel de sospecha menor que el de causa probable, pero basado en algún hecho o circunstancia— de que existe contrabando digital en el teléfono. El registro debe ser únicamente en busca de ese contrabando.
Si los agentes fronterizos quieren investigar un delito, deben obtener una orden de registro.
“Lo que Cano está haciendo realmente es hacer que solamente puedan buscar el contrabando en un teléfono, y realmente solo la pornografía infantil”, dijo Stitt. “Antes, en opinión de la CBP, podían buscar cualquier cosa, por cualquier motivo al cruzar la frontera, en cualquier medida. Esto reduce eso”.
¿Qué ocurre si un agente fronterizo encuentra pruebas de un delito mientras busca contrabando? Esa es todavía una cuestión jurídica abierta, dijo Nathan Wessler, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles. Pero la regla general debería ser detener el registro inmediatamente y obtener una orden judicial para continuar, dijo.
Efectos prácticos
La CBP revisó su directiva sobre búsquedas de dispositivos electrónicos en 2018 para adherirse más estrechamente a algunas de las sentencias judiciales que se están dictando, incluyendo la exigencia de una sospecha razonable para realizar una búsqueda avanzada.
Un portavoz de la CBP dijo en un comunicado que la agencia continúa revisando su directiva y realizando búsquedas “de acuerdo con las autoridades estatutarias y reglamentarias y el precedente judicial aplicable”, incluida la decisión de Cano.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que el fallo del 9º Circuito es un caso atípico si se compara con las decisiones legales pasadas y actuales sobre registros en la frontera.
“La decisión del tribunal confunde y perturba el trabajo diario de los funcionarios de fronteras que, en todo el país, inspeccionan a cientos de millones de viajeros que llegan y examinan decenas de miles de dispositivos electrónicos cada año”, argumentan los abogados en su petición al Tribunal Supremo.
De los más de 410 millones de viajeros procesados a través de los puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos en todo el país en el año fiscal 2019, el 35 por ciento pasó por la jurisdicción del 9º Circuito, según los archivos del tribunal.
Más de 51.6 millones de esos viajeros vinieron a través de los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa, según los datos de los cruces fronterizos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Los funcionarios de la CBP subrayaron que el número de registros de dispositivos constituye una pequeña fracción —menos de una centésima de porcentaje— del número total de cruces.
“En raras ocasiones, los agentes de la CBP pueden registrar el teléfono móvil, el ordenador, la cámara y otros dispositivos electrónicos de un viajero durante el proceso de inspección”, dijo un portavoz de la CBP.
“Estos registros han ayudado a detectar actividades terroristas y otros asuntos de seguridad nacional, pornografía infantil, contrabando de drogas, contrabando de personas, contrabando de dinero en efectivo a granel, tráfico de personas, violaciones del control de las exportaciones, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y fraude de visados”.
Pero estos registros han afectado a un amplio espectro de viajeros, no solo a los que han sido sorprendidos con cargas ilícitas.
Periodistas, activistas políticos, abogados y personas de ciertos grupos religiosos y étnicos han denunciado que se les ha dicho que entreguen sus dispositivos en varios puertos de entrada del país, sin ninguna razón específica.
En 2018, una operación secreta conjunta entre Estados Unidos y México tuvo como objetivo a activistas de derechos humanos, abogados de inmigración y periodistas que cruzaban la frontera con frecuencia para interactuar con las grandes caravanas de migrantes centroamericanos que habían llegado a Tijuana. Las autoridades federales han dicho que las personas eran sospechosas de estar en complicidad con los migrantes o que tenían información de inteligencia sobre “eventos criminales”, acusaciones que muchos de los objetivos han negado rotundamente.
Por ello, Valenzuela, voluntario del grupo de derechos de los migrantes Pueblo Sin Fronteras y fotógrafo, fue sometido a dos registros de teléfonos móviles al cruzar a San Diego.
La primera vez, le pidieron que mostrara a los agentes de civil su carrete de fotos, para comprobar si tenía pornografía infantil en su teléfono, según le dijeron. Le hicieron detenerse en ciertas fotos —que mostraban a migrantes y no tenían nada que ver con niños o pornografía— y le pidieron que explicara las imágenes, dijo.
Unos días más tarde, lo detuvieron, esta vez esposado, y lo volvieron a interrogar. Cuando le ordenaron que desbloqueara el teléfono, se sintió acorralado y no quería perderlo, así que accedió. Entonces se lo quitaron de la vista.
“Fue increíblemente frustrante. Sabía que obviamente no había hecho nada, no estaba ahí porque hubiera cometido algún delito”, dijo Valenzuela. “Me preocupaba más la información de otras personas que pudiera estar comprometida”.
Decisiones divididas
El Departamento de Justicia quería que el Tribunal Supremo revisara el caso por otra razón: para zanjar la ley en una cuestión que se ha decidido de forma diferente en todo el país.
Una de las demandas, presentada en Boston por la ACLU, se refería a 10 ciudadanos estadounidenses y un titular de una tarjeta de residencia a los que se les registraron sus teléfonos u otros dispositivos electrónicos al regresar de un viaje al extranjero. A algunos de ellos se les confiscaron sus dispositivos durante semanas o meses.
Entre los demandantes había periodistas, un artista, un antiguo capitán de las Fuerzas Aéreas, un ingeniero de la NASA y una mujer musulmana que dijo que iba en contra de sus creencias religiosas que un oficial masculino viera fotos suyas en el teléfono sin el pañuelo en la cabeza.
“Sabemos que el gobierno utiliza diversos perfiles para tratar de identificar a las personas a las que someter a registros”, dijo Wessler, que participó en el caso. “Se hacen perfiles raciales y religiosos”.
En febrero, el Tribunal de Apelación del 1er Circuito de Estados Unidos —que incluye los estados del noreste de Massachusetts y Maine, así como Puerto Rico— se puso del lado del gobierno en una decisión muy contrastada, diciendo que no puede estar de acuerdo con la “visión estrecha de la excepción de registro en la frontera” en Cano.
La sentencia concluye que los registros fronterizos de dispositivos electrónicos pueden utilizarse para buscar contrabando, pruebas de contrabando o pruebas de cualquiera de las infracciones investigadas por el CBP o el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Esto hace que las normas sean potencialmente muy diferentes para alguien que viaja internacionalmente con un teléfono móvil en California en comparación con Maine.
En el caso de Cano, el Departamento de Justicia pidió que el caso fuera revisado por un panel más grande de 11 miembros del tribunal, pero la solicitud fue denegada después de que no recibiera el voto mayoritario de los jueces activos no recusados.
Seis jueces, todos nominados por Bush o Trump, disintieron, diciendo que el caso debe ser revisado para “corregir los errores del panel” y que la decisión “hace que nuestras fronteras sean mucho más porosas y mucho menos seguras.”
El gobierno presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, pero el tribunal rechazó la petición el 28 de junio.
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