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Expertos pedirán al Congreso más supervisión del petróleo en alta mar, mientras avanza la limpieza en California

Following the O.C. oil spill, a House Natural Resources subcommittee hosts a hearing on the need for stronger federal oversight on offshore drilling.

Casi dos semanas después de que un oleoducto se rompiera y filtrara hasta 131.000 galones de crudo en el Océano Pacífico, expertos en políticas ambientales testificarán ante el Congreso este jueves, instando a los legisladores a exigir más supervisión federal de las antiguas y abandonadas plataformas y oleoductos marinos.

El reciente derrame frente a la costa del condado de Orange puso nuevamente en primer plano la infraestructura de gas y petróleo del país. Algunos legisladores y defensores del medio ambiente de California han pedido la prohibición de todas las perforaciones marinas en el futuro, mientras que otros quieren extender la prohibición a las compañías que ya operan en aguas estatales y federales.

Se espera que los expertos que testificarán ante el subcomité de energía y recursos minerales de la Cámara de Representantes soliciten al Congreso que cree un incentivo financiero para que las empresas de energía taponen sus viejos pozos y desmantelen las plataformas y tuberías existentes, de modo que los contribuyentes no queden estancados con el proyecto de ley.

El Ministerio del Interior programó desmantelar ocho de las 23 plataformas que se instalaron entre fines de la década de 1960 y principios de la de 1990 en aguas federales frente al sur de California, en los próximos años. Pero no hay planes para abordar el resto, incluida Elly, de décadas de antigüedad, vinculada al derrame reciente y operada por Beta Operating Co., con sede en Long Beach.

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Activistas y legisladores temen que si esta infraestructura de combustibles fósiles se deja como está durante años, las compañías petroleras más grandes venderán sus activos antiguos a otras más pequeñas que no tienen el dinero o la idea de invertir en actualizaciones o pagar por la eliminación de plataformas y oleoductos. Algunas empresas ya se declararon en quiebra. El propietario del oleoducto roto, Memorial Production Partners, lo hizo en el marco del Capítulo 11, a principios de 2017, y surgió varios meses después como Amplify Energy.

“Dejar la infraestructura de petróleo y gas tal como está puede ser una bomba de tiempo, con el potencial de daños por tormentas, accidentes y corrosión que conducen a iniciativas de desmantelamiento más costosas”, escribió Rob Schuwerk, director ejecutivo de Carbon Tracker Initiative, en un testimonio preparado. El grupo de expertos sin fines de lucro estudia la energía limpia y las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de los combustibles fósiles.

La tendencia a la disminución de la producción de petróleo y la infraestructura envejecida o abandonada también es un problema importante en el Golfo de México, donde las estimaciones gubernamentales sugieren que es probable que las reservas de crudo conocidas se agoten a mediados de este siglo. Según un estudio de 2018 realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana, es posible que sea necesario retirar del golfo casi 1.000 plataformas y otras estructuras existentes para 2027.

Las regulaciones federales exigen que las empresas retiren del lecho marino las tuberías inutilizadas. Sin embargo, por razones que no están claras, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental del Interior permitió que la industria deje la gran mayoría de ellas en su lugar. En un informe reciente, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estimó que hay 18.000 millas de oleoductos inactivos en el golfo. El gobierno federal no sabe dónde están todos, ni qué empresas son responsables de ellos.

También se espera que Donald Boesch, presidente emérito del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland y comisionado del panel presidencial creado para estudiar el derrame de Deepwater Horizon de 2010, testifique en la audiencia del jueves. En sus comentarios preparados, escribió que la fuga de tubería de este mes en California generó preguntas sobre la política del gobierno federal de depender de las observaciones mensuales de la superficie y los sensores de presión para detectar fugas. Pasaron unas 15 horas desde que los sensores detectaron una caída de presión antes de que se informara del derrame.

“La nación necesita urgentemente una estrategia inteligente para este desenlace, algo que limite el cambio climático y minimice los impactos nocivos, así como los riesgos de la infraestructura residual”, escribió Boesch.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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