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Por temor, estos mexicanos huyeron de su ciudad dominada por la delincuencia organizada. Ahora buscan asilo político en California

T.B., who is seeking asylum, is photographed at his sister's home
T.B., que busca asilo, es fotografiado en la casa de su hermana en el área de Fresno. Bustos huyó de su pueblo en Guerrero, México, después de que, según dice, le obligaran a votar por un candidato respaldado por la delincuencia en unas elecciones locales.
(Tomas Ovalle/For The Times)
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A años y miles de kilómetros de distancia, las pesadillas persisten - los narcotraficantes robando ganado, propinando golpizas y amenazando vidas.

T.B. intenta calmar a su padre cuando el miedo se apodera de él, asegurándole que su familia está a salvo. Ellos, junto con otros cientos de personas que huyeron de la ciudad de Coahuayutla, en el sur de México, para buscar asilo en Estados Unidos, se instalaron en Fresno y en el cercano valle de San Joaquín.

Mientras que otros migrantes han llegado aquí durante décadas para trabajar en los campos, los coahuayutlenses vinieron buscando seguridad. Todavía temerosos del largo alcance de los cárteles, pidieron ser identificados solo por sus iniciales. En las entrevistas, solicitudes de asilo y en las audiencias del tribunal de inmigración, han descrito las circunstancias que los obligaron a huir al norte.

En 2015, los delincuentes acorralaron a T.B. y a otros casi 30 habitantes del pueblo a punta de pistola y los llevaron a una casilla electoral para que votaran.

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Los dos candidatos que se presentaban a la alcaldía de Coahuayutla, un municipio agrícola montañoso en el estado de Guerrero, estaban respaldados por organizaciones criminales rivales, dicen los antiguos residentes.

Uno de los candidatos tenía mayor apoyo financiero y más gente armada detrás de él. T.B., que ahora tiene 39 años, dijo que se vio obligado a votar por ese candidato.

“No quería votar por él”, dijo T.B. “No fue mi voluntad”.

No sería la última vez que la vida de T.B. estuviera amenazada. Los delincuentes comenzaron a extorsionarle, dijo, quitándole todo el dinero, y dejándole solo 3.000 pesos -menos de 150 dólares- de sus ingresos mensuales que ganaba trabajando en obras públicas.

Al cabo de tres meses, ya no pudo alimentar a su mujer y a su hija pequeña, por lo que dejó de pagar.

En septiembre de 2016, unos sujetos forzaron la puerta de su casa, lo esposaron, le cubrieron la cabeza y lo llevaron al bosque, donde lo golpearon con la culata de un rifle, le arrancaron el cabello y le ordenaron que votara por otro candidato apoyado por el cártel... Si no lo hacía, podía darse por muerto.

Dos semanas después, los secuestradores lo liberaron para que fuera a trabajar. En lugar de eso, fue a un hospital, donde le dieron analgésicos para sus heridas. Esa noche, logró llegar a su casa para buscar a su familia. Caminaron 11 kilómetros hasta una carretera y se trasladaron en auto hasta el vecino estado de Michoacán, donde una hermana que vive cerca de Fresno les envió dinero para volar a Tijuana antes de cruzar a Estados Unidos.

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Si me hubiera quedado, tal vez ya no estaría aquí”, dijo T.B. durante una entrevista en el despacho de su abogado en Fresno.

K.V. and her daughter stand in their doorway.
K.V. y su hija en la puerta de su casa. Huyeron de su pequeña ciudad en Guerrero, México, después de no votar por un candidato respaldado por la delincuencia en unas elecciones locales el año pasado, ahora viven en la zona de Fresno y buscan asilo.
(Tomas Ovalle / For The Times)

La situación de T.B. y de otros asilados abre una ventana a un lado poco discutido de los debates sobre inmigración que han polarizado a la sociedad estadounidense y han paralizado a los responsables políticos de las sucesivas administraciones presidenciales. Mientras que miles de personas entran a Estados Unidos cada año por razones principalmente económicas, muchas otras huyen de la corrupción y la violencia endémicas generadas por los cárteles y por sus facilitadores políticos que controlan vastas franjas de México y Centroamérica.

A medida que la riqueza y el armamento de los cárteles han crecido, y que el gobierno federal de México ha dejado de combatir a los grupos organizados que fueron respaldados por los militares en la década de 2000, los delincuentes se han infiltrado en municipios remotos, han intimidado a los votantes, han asesinado a los candidatos opositores y se han hecho del control de numerosos ayuntamientos.

Esta violencia ha incrementado el flujo de inmigrantes mexicanos que solicitan asilo por persecución política, un estatus que Estados Unidos ha concedido históricamente de forma inconsistente.

Las decisiones sobre qué inmigrantes obtienen asilo están alimentadas por las prioridades de la política exterior estadounidense, las relaciones diplomáticas y el temor a “abrir las compuertas” para que vengan otros, dijo Karen Musalo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (Hastings) que ha litigado en varios casos históricos de asilo.

“Cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de la aplicación imparcial de la ley”, manifestó. “Esos son factores que no deberían influir en el resultado”.

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Durante el año fiscal 2020, más del 80% de las reclamaciones de personas de México, Honduras, El Salvador y Guatemala fueron rechazadas, según el Transactional Records Access Clearinghouse, una organización no partidista de investigación de datos de la Universidad de Syracuse. A las personas de China e India se les negó solo el 23% y el 38% de las solicitudes, respectivamente.

El presidente Biden ha pedido una revisión de las regulaciones de asilo para evaluar si Estados Unidos se alinea con los estándares internacionales de proporcionar protección a quienes huyen de la violencia doméstica y de las pandillas. Muchos de esos casos fueron negados categóricamente bajo la administración Trump. Pero la frontera sigue cerrada a la gran mayoría de los solicitantes de asilo bajo una política restrictiva de la era de la pandemia iniciada por Trump, pero continuada por Biden.

Casos como los de Coahuayutla van más allá de la persecución por parte de los cárteles porque implican un ataque basado en la opinión política, dijo el abogado de inmigración Nathan Brown, con sede en Fresno, que representa a 120 personas de Coahuayutla.

La mayoría de los clientes de Brown, como T.B., trabajan en la agricultura, y Brown es optimista de que muchos de los coahuayutlenses obtendrán asilo.

“Son casos muy fuertes”, manifestó Brown. “El motivo entra de lleno en el estatuto de asilo”.

Cuando T.B. fue secuestrado en 2016, dijo en una entrevista, pudo distinguir la voz ronca del hombre a cargo del operativo: Eleazar ‘El Chay’ Mercado, quien llegaría a ser candidato a la alcaldía en 2018 contra Rafael Martínez.

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Mercado estaba afiliado al Partido Revolucionario Institucional, o PRI, así como al Partido Verde. Según informes de prensa y relatos de antiguos residentes en entrevistas, peticiones de asilo y audiencias judiciales, Mercado estaba respaldado por ‘Los Cuernudos’, una rama local del Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles de la droga más grandes y poderosos de México.

El estado de Guerrero es el epicentro del crimen organizado en México. Situado entre Ciudad de México y la costa del Pacífico, ha soportado algunas de las peores atrocidades del país, como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa que acaparó la atención mundial en 2014.

En Guerrero, incluso los que prefieren ser honestos, dicen los observadores, muchas veces se ven obligados a pactar treguas con los delincuentes. En las zonas donde los cárteles se disputan el territorio, muchos políticos y policías se han alineado con alguno de los grupos rivales.

Los secuestros, atentados y asesinatos de candidatos políticos y sus simpatizantes son comunes en toda la república. En el ciclo de campaña entre septiembre de 2020 y junio se produjeron 91 homicidios relacionados con la política, según un informe de Etellekt, una empresa de análisis de riesgos de la Ciudad de México.

L.H. is photographed at work in a nectarine orchard.
L.H. es fotografiado trabajando en un huerto de nectarinas. Él y varias docenas de inmigrantes que huyeron de su pequeño pueblo en Guerrero, México, después de que no votaron por un candidato apoyado por los cárteles en unas elecciones locales el año pasado, viven ahora en la zona de Fresno y buscan asilo.
(Tomas Ovalle / For The Times)

Sandra Ley, profesora de ciencias políticas en el Centro de Investigación y Docencia Económica de la Ciudad de México, dijo que el fenómeno de los grupos criminales organizados que atacan a los políticos y al proceso electoral comenzó alrededor de 2006. En diciembre de ese año, el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra los narcotraficantes que, según los críticos, sirvió principalmente para generar titulares de prensa sobre las detenciones de los cabecillas, dividir a los grandes cárteles en otros más pequeños y violentos y generar abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales.

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Antes de que el PRI fuera destituido como gobernante hegemónico de México en el año 2000, los cárteles no prestaban mucha atención a las elecciones y, por lo general, eran tolerados por los políticos que aceptaban sobornos siempre que las calles no se llenaran de sangre. Pero a medida que las elecciones se volvieron más competitivas, y con los cargos de todas las regiones en juego, los delincuentes empezaron a comprar a candidatos de diversas afiliaciones.

Conseguir el control de los políticos es más fácil en los municipios rurales, dice Ley. Con funcionarios que cooperan e incluso con su propia gente en puestos clave, los grupos pueden proteger y hacer crecer sus empresas ilegales.

“El orden local se está transformando por completo”, dijo Ley, coautora del libro de 2020 “Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México”.

“Cuando la gente huye, el crimen organizado tiene mucha más libertad para controlar todo. En México, hemos luchado mucho por la democracia. Esto tiene que ver con el hecho de que la democracia comienza a debilitarse”.

En entrevistas y declaraciones ante la corte de inmigración, los exresidentes de Coahuayutla dieron relatos consistentes de lo que sucedió antes de las elecciones de 2018.

Meses antes, Mercado envió notas a los residentes del pueblo, instándolos a votar por él. A medida que se acercaban las elecciones, personas armadas iban de puerta en puerta, exigiendo apoyo.

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Un solicitante de asilo, J.B., de 27 años, dijo que Mercado se presentó en su casa en medio de la noche con guardias armados para preguntarle por quién iba a votar.

“Por usted, viejo”, respondió J.B., con la voz temblorosa mientras mentía. “Sabe que estamos con usted, señor”.

M.V. huyó de un pueblo de Guerrero, México, después de no votar por un candidato apoyado por las bandas de delincuentes.
(Tomas Ovalle / For The Times)

Durante un tiroteo entre los grupos rivales varios meses después de las elecciones, un vecino advirtió a J.B. de que decenas de hombres armados estaban yendo de casa en casa para enfrentarse a los que figuraban en una lista de personas sospechosas de haber votado contra Mercado.

J.B. y su mujer huyeron de la ciudad ese día. Cuando salieron, dijo J.B., vieron dos cuerpos en la orilla de la carretera. La sangre caía sobre el pavimento.

“Regresando a México es muerte segura para nosotros”, expresó. “La mafia nunca olvida”.

Para R.A., de 25 años, el punto de inflexión llegó unos días antes de las elecciones de 2018, cuando cinco hombres que blandían AK-47 y vestidos con camuflaje verde y con la cara cubierta por pañuelos negros -trajes utilizados por ‘Los Cuernudos’- se presentaron en el rancho de su padre.

El padre de R.A., que no estaba en casa en ese momento, había apoyado públicamente la candidatura de Martínez y había participado ocasionalmente en actos de campaña. Uno de los sujetos dijo que “si no votábamos por su candidato ‘El Chay’, toda la familia tendría problemas”, expuso en una declaración para su caso de asilo. “Amenazaron a mi madre con matarnos. La amenaza iba dirigida especialmente a mi padre: volverían para asesinarlo”.

Sin inmutarse, la familia decidió votar por Martínez, un pariente lejano que había prometido liberar al pueblo de las garras de ‘Los Cuernudos’.

El día de las elecciones, la mayoría de la gente votó en las mesas. R.A. y su familia votaron en cubículos privados. Era sabido que ‘Los Cuernudos’ tenían personal que controlaba las papeletas. Cualquiera que votara en los cubículos se suponía que había votado en contra de Mercado, dijo.

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Martínez ganó por 300 votos y la ciudad estalló en caos. ‘Los Cuernudos’ irrumpieron en el Ayuntamiento, asaltaron las casas y establecieron controles en las carreteras para que los vehículos no pudieran salir, relataron los antiguos residentes. Los asilados dijeron que los delincuentes tenían como objetivo a las personas que habían votado en contra de Mercado y a las que se habían abstenido de votar.

Ese diciembre, casi cinco meses después de las elecciones, ‘Los Cuernudos’ cumplieron su amenaza y mataron al padre de R.A. de un disparo en la cabeza, y luego arrojaron su cuerpo a un barranco, dijo en la declaración de asilo y durante una audiencia en el tribunal de inmigración en febrero de 2020 en San Francisco.

Dos semanas después, ‘Los Cuernudos’ fueron a por R.A. y su marido. Unos hombres armados llegaron cerca de la medianoche, sacaron a la pareja y a su hijo pequeño y les obligaron a arrodillarse en el suelo. Dijeron que perdonarían la vida de la familia a cambio de sus bienes si se marchaban en un plazo de dos días.

R.A. y su extensa familia huyeron en autobús hasta la frontera de Texas, donde solicitaron asilo en enero de 2019.

Un mes después llegó información: la familia de Mercado, el candidato perdedor, denunció que había desaparecido. Su esposa, que lo dio por muerto, dijo después al periódico Zeta de Tijuana que, como tantos otros exhabitantes de Coahuayutla, esperaba obtener asilo en Estados Unidos.

En California, el caso de R.A. sigue pendiente. Brown, su abogado, dijo que cumple los criterios necesarios para el asilo: temor a la persecución en su país de origen por motivos de opinión política, una de las cinco categorías protegidas que también incluyen la raza, la religión, la nacionalidad y la pertenencia a un grupo social determinado.

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En los meses transcurridos desde que la familia de R.A. y las demás comenzaron a huir de Coahuayutla, la ciudad y el municipio circundante han seguido vaciándose. Solo queda una parte de los 13.000 habitantes de la región.

En junio, se celebraron otras elecciones y, a pesar de las tensiones existentes, Martínez ganó un segundo mandato.

R.A. dijo que su madre, que se quedó, votó por Martínez. A veces, le dijo su madre, los delincuentes paran el tráfico para revisar los mensajes telefónicos de la gente, por lo que R.A. reveló que su madre la llama para ponerla al corriente de la política del pueblo solo cuando sale de la zona.

R.A. dice que a la gente del pueblo le da lo mismo tener a Martínez como alcalde. Después de todo, podría ser peor.

Pero para los que aún quedan en Coahuayutla, el miedo a la violencia persiste.

T.B. holds one of his chickens at his home in the Central Valley.
T.B. sostiene uno de sus gallos en su casa en el Valle Central.
(Tomas Ovalle/For The Times)

Cuando T.B. y su familia se establecieron cerca de Fresno, ‘Los Cuernudos’ empezaron a extorsionar a sus ancianos padres. Robaron las 15 vacas y el toro de su padre, dijo T.B. Le preguntaron el lugar al que se había mudado T.B.

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En 2020, los padres de T.B. huyeron a Estados Unidos, donde ya tienen la tarjeta de residencia. Entonces, toda la familia enfermó de COVID-19. A sus padres les costó recuperarse, sobre todo a su padre, que ahora no recuerda gran cosa de su ciudad natal.

A veces, sin embargo, su padre se despierta aterrorizado en medio de la noche, diciendo que ‘Los Cuernudos’ le están siguiendo y suplicando que le pongan a salvo.

“No, ‘Pa’”, le dice T.B. “Estás aquí, en Estados Unidos”.

Cecilia Sánchez, de la oficina de The Times en la Ciudad de México, contribuyó a este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

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