El FBI y el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino acusados de incautar ilegalmente dinero en efectivo de marihuana
Una empresa de vehículos blindados dice que el FBI y el sheriff del condado de San Bernardino confiscaron ilegalmente el dinero en efectivo de los negocios de marihuana con licencia estatal.
El conductor de un vehículo blindado que transportaba 712.000 dólares en efectivo de dispensarios de marihuana con licencia se dirigía a Barstow en una carretera del desierto de Mojave, en noviembre, cuando los agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino lo detuvieron. Lo interrogaron, confiscaron el dinero y lo entregaron al FBI.
Unas semanas más tarde, los agentes detuvieron al mismo conductor en Rancho Cucamonga, se llevaron 350.000 dólares adicionales pertenecientes a tiendas legales de marihuana y también le dieron ese dinero al FBI.
Ahora, el FBI está tratando de confiscar la recompensa de casi 1.1 millones de dólares, que podría compartir con el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino. El Departamento de Justicia estadunidense indica que el dinero está vinculado a delitos federales de drogas o lavado de dinero, pero no ha especificado ninguna conducta ilegal ni ha acusado a nadie de alguna violación a la ley.
Las incautaciones de efectivo, y otros hechos con la misma empresa de camiones en Kansas, plantean dudas sobre si el FBI bajo la presidencia de Biden se está movilizando para interrumpir las operaciones de los negocios de marihuana con licencia en California y otros estados donde el cannabis es legal.
El caso también ha reavivado las acusaciones de que las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley en el sur del estado han estado abusando de las leyes de decomiso al confiscar dinero efectivo y objetos de valor de personas, cuando el gobierno no tiene pruebas de que hayan cometido delitos.
El FBI y la oficina del fiscal federal en Los Ángeles se vieron obligados a devolver decenas de millones de dólares en efectivo y objetos de valor incautados por agentes federales, durante el mes de marzo pasado, de cientos de cajas de seguridad en Beverly Hills, después de que el gobierno no presentara evidencia para respaldar sus imputaciones de que el dinero y los bienes eran activos delictivos. Parte de ese dinero pertenecía a propietarios de negocios de marihuana con licencia estatal.
Ahora, el juez John W. Holcomb del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Riverside está sopesando una solicitud de Empyreal Logistics, la empresa cuyos vehículos blindados se vaciaron en California y Kansas, sobre una orden de emergencia para obligar al FBI y al Departamento del Sheriff a dejar de detener sus vehículos y confiscar dinero en efectivo sin evidencia de actividad ilegal. La compañía también está tratando de recuperar el capital.
Watts tuvo al menos 22 homicidios entre enero y noviembre en 2021, un aumento más de cinco veces mayor respecto a 2018. Pero “la gente tiene que entender que Watts no es sinónimo de delincuencia”, dice un residente.
Empyreal sostiene que sigue las pautas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo manejar el efectivo de las empresas de marihuana con licencia estatal sin infringir la ley federal y verifica que los dispensarios cuyo dinero lleva estén al día con los reguladores estatales.
“Éste es uno de los casos de decomiso más atroces que jamás hayamos visto”, enfatizó Dan Alban, abogado principal del Instituto de Justicia, un grupo libertario que lucha contra los excesos de decomiso en todo el país y representa a Empyreal en su demanda.
Alban calificó las incautaciones de efectivo como un “intento muy cínico de explotar las diferencias entre las leyes federales y estatales” sobre la marihuana.
La posesión y venta de marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal, pero 36 estados han legalizado el cannabis medicinal y 18, incluido California, permiten el consumo recreativo.
Durante la campaña presidencial de 2020, Biden prometió permitir que los estados “continúen tomando sus propias decisiones con respecto a la legalización”. También dio su palabra de despenalizar la marihuana, pero no ha tomado medidas para cumplirlo.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a las repetidas preguntas por correo electrónico sobre si las políticas de la administración de Biden, en cuanto a la aplicación de la ley en torno a la marihuana, permite la incautación de efectivo de las empresas con licencia para vender cannabis.
La demanda de Empyreal describe las paradas de tráfico de sus camiones como “robos en la carretera” por parte de agentes del gobierno que buscan aumentar sus presupuestos con dinero confiscado.
Acusa al Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino de violar una ley de California que protege a las instituciones financieras que atienden dispensarios de marihuana. También alega que el FBI y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) violaron una ley federal que prohíbe gastar dinero del gobierno para interferir con los negocios de cannabis medicinal en los estados donde son legales. Empyreal argumenta que siete de los ocho comercios autorizados por el estado, cuyo efectivo se tomó en el condado de San Bernardino, tenían licencia para vender el psicotrópico con fines medicinales.
Las trabajadoras del sexo afirman que una ley de merodeo que se centra en ellas por sus lugares de reunión y su aspecto es discriminatoria, especialmente para las personas transgénero y negras.
El Departamento del Sheriff, así como las autoridades federales, niegan haber actuado mal y argumentan que Empyreal está buscando una orden judicial que impida indebidamente las investigaciones criminales activas de sospechas de lavado de dinero y venta ilegal de drogas.
Los enjuiciamientos federales por delitos relacionados con la marihuana han sido poco comunes en California desde 2013, cuando un memorando del entonces fiscal general adjunto, James M. Cole, aconsejó a los fiscales federales en los estados que han legalizado la droga que evitaran todos los casos, excepto los más graves, como los que involucran pandillas o cárteles violentos.
La administración de Trump rescindió el memorando de Cole, pero los fiscales federales en California aún se muestran reacios a presentar casos de marihuana ante jurados acostumbrados a fumarla de forma generalizada.
La marihuana del mercado negro, sin impuestos, sin la carga de las normas ambientales y más barata que el cannabis legal, ha seguido prosperando en los cinco años desde que la entidad la legalizó con fines recreativos, y el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, ha estado tomando medidas enérgicas contra la agricultura ilegal en el desierto alto.
En los cinco meses desde que se inició la Operación Hammer Strike, los agentes mencionan que confiscaron más de 400.000 plantas de cannabis y arrestaron a 527 sospechosos.
En respuesta a la demanda por los vehículos blindados, Dicus emitió una declaración en la que afirma que más del 80% de la marihuana que se vende en los dispensarios autorizados se cultiva ilegalmente, pero no proporcionó pruebas de que ninguno de los ocho negocios, cuyos agentes incautaron el efectivo de las camionetas de Empyreal, fueran de venta de cannabis del mercado negro.
“Mis agentes son profesionales y confío en que prevaleceremos”, declaró Dicus.
La renuencia de los bancos a hacer negocios con los dispensarios de marihuana ha obligado a muchos a operar completamente con efectivo. Pero desde 2014, cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del gobierno publicó una guía sobre cómo tomar depósitos de esas tiendas con licencia estatal sin infringir la ley federal, más de 700 instituciones bancarias y cooperativas de crédito en todo el país han comenzado a aceptar su dinero.
Empyreal, una compañía de Pensilvania que transporta efectivo para dispensarios, tiendas de conveniencia y otros clientes en 28 estados, depende de los bancos y cooperativas de crédito para realizar la debida diligencia exigida por el gobierno federal sobre las empresas de marihuana cuyo dinero transporta, indicó Deirdra O’Gorman, directora ejecutiva de la empresa, quien subrayó que comprueban los registros de licencias estatales para verificar el cumplimiento.
La primera señal de problemas para Empyreal llegó el 17 de mayo, cuando un ayudante del sheriff en el condado de Dickinson, Kansas, detuvo a una de las conductoras de sus camionetas en la I-70 por una supuesta infracción de tránsito y la interrogó.
Le comentó al oficial que se dirigía a recoger efectivo en los dispensarios de marihuana médica en Kansas City, Missouri, y luego planeaba llevarlo de regreso a través de Kansas a la mañana siguiente para depositarlo en una cooperativa de crédito en Colorado, según la DEA. El cannabis medicinal es legal en Missouri, pero no en Kansas.
A la mañana siguiente, la DEA puso a la conductora bajo vigilancia mientras hacía sus paradas en Kansas City. En su camino de regreso por Kansas, el mismo ayudante del alguacil la detuvo nuevamente en la I-70. Esta vez, el oficial incautó más de 165.000 dólares en efectivo que la mujer había recolectado en cinco dispensarios con licencia estatal en Missouri.
La DEA y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Kansas están tratando de confiscar el efectivo, alegando que está vinculado a violaciones federales no especificadas de drogas y lavado de dinero por parte de personas no identificadas.
En una presentación judicial, Empyreal indicó que una grabación de audio que obtuvo de un fiscal federal capturó a Bryson Wheeler, agente de la DEA, diciéndole al ayudante del sheriff de Kansas que las fuerzas del orden público deberían “aplastar cada uno de sus autos que puedan identificar”, refiriéndose a Empyreal. También se grabó a Wheeler mencionándole al oficial que las ganancias legales del cannabis no se pueden transportar por ley a través de las fronteras estatales, lo que la compañía argumenta que es falso.
Más de 30.000 californianos están atascados con delitos, faltas y otras condenas en sus registros que deberían haber sido borrados ‘automáticamente’.
El agente respondió: “Comenzaremos a derribarlos a todos a la vez”, según un expediente judicial de Empyreal.
En el caso de Barstow, los agentes del sheriff detallan que detuvieron el vehículo blindado el 16 de noviembre después de que supuestamente vieron al conductor siguiéndolos de cerca. El chofer y sus supervisores, que hablaron con un oficial por teléfono durante la parada, dieron “declaraciones inconsistentes”, lo que generó sospechas de que la camioneta transportaba “ganancias ilícitas de la venta ilegal de drogas”, informó el sargento del sheriff, Alex Naoum, en una declaración judicial.
El agente hizo que un juez de la Corte Superior del estado firmara una orden de allanamiento que autorizaba la incautación de dinero, productos electrónicos y cualquier otra evidencia de transportación ilegal de “productos de la marihuana”.
En sus documentos judiciales, Empyreal indica que la aparente confusión del agente Jonathan Franco, sobre cómo opera la compañía, lo llevó a decirle falsamente al juez que ésta convierte el efectivo de los dispensarios en criptomonedas y que algunas de las tiendas de marihuana cuyo efectivo estaba en la camioneta no tenían licencia.
La solicitud de orden de Franco detalló que la empresa carecía de una licencia comercial de cannabis. La compañía sostiene que no se requiere licencia para llevar dinero en efectivo de los dispensarios legales a los bancos.
El 9 de diciembre, los agentes detuvieron al mismo conductor en Rancho Cucamonga, esta vez por supuestamente cambiar de carril sin usar direccionales y “conducir demasiado rápido para las condiciones”. El FBI explica que se levantaron sospechas de lavado de dinero durante la parada en parte porque el chofer llevaba un documento que le indicaba que nunca dijera “cannabis” o “marihuana” si los oficiales de la ley lo detenían, y que jamás identificara a los clientes de Empyreal.
Un perro detector de drogas llamado K9 Eros alertó a los agentes sobre el olor a narcóticos cerca de la puerta abierta del conductor, señaló Naoum.
La demanda de Empyreal argumenta que las imágenes de video de la camioneta muestran que K9 Eros “apenas estaba interesado en el vehículo”. Con éxito mixto, los agentes intentaron tapar las cámaras de la camioneta, agrega, pero una grabación de audio los capturó contando los $350.000 dólares en efectivo y expresando su decepción porque era menos de la mitad de lo incautado en Barstow.
“¿Eso es todo?”, uno de ellos le preguntó al agente que había incautado el dinero en Barstow. “Has puesto las expectativas demasiado altas”.
Uno de los agentes mencionó que esperaba encontrar “un millón o dos”, y otro respondió: “Al menos obtuvimos más de un millón”.
No se emitieron multas de tránsito a ninguno de los conductores de Empyreal.
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