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Lo que vaticinan inmigrantes y expertos para Centroamérica luego del arresto del expresidente de Honduras

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (centro) es presentado ante los medios de comunicación en Tegucigalpa.
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández (centro) es presentado ante los medios de comunicación en la sede de la Policía Nacional, en Tegucigalpa, el martes 15 de febrero de 2022.
(Elmer Martínez / Associated Press)
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La imagen del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), con esposas y cadenas en sus manos y pies, cubierto con un chaleco antibalas y escoltado por agentes policiales era impensable hasta el 27 de enero, cuando dejó ese cargo, después de ocho años como Jefe de Estado.

JOH, como se le conoce, siempre se ha declarado inocente de los vínculos con el narcotráfico, pero ahora que se encontraba fuera del poder, Estados Unidos pidió su extradición por participar en una “conspiración violenta” recibiendo drogas desde Colombia y Venezuela.

El arresto de Hernández, ocurrido el 15 de febrero, enfrenta a simpatizantes y detractores. Si bien los inmigrantes sacan a relucir sus ideologías, coinciden en que van a seguir cayendo otros funcionarios hondureños y expertos vaticinan que pasará lo mismo en Guatemala y El Salvador.

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“Todo tiene una consecuencia y cuando uno está actuando mal tiene que pagar por lo que debe”, manifestó Gloria Mejía, oriunda de Tegucigalpa que vive en Los Ángeles desde 1984. “Pienso que está bien lo que está pasando (JOH), por todo lo que ha hecho sufrir al pueblo”, agregó.

Hernández llegó a la presidencia en 2014. En ese lapso, que incluye una reelección calificada como fraudulenta, fue condenado por narcotráfico Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del expresidente, en cuyo juicio, realizado en Nueva York, fue mencionado decenas de veces el nombre de Juan Orlando.

“Es una venganza”, dijo en su defensa el exmandatario en entrevista con el diario El País, al ser cuestionado por las declaraciones de testigos en contra de su hermano y que mencionaron en el juicio la participación de JOH con el cártel Los Cachiros.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a la investidura del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
En esta imagen del 14 de enero de 2020, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
(ASSOCIATED PRESS)

La captura del exmandatario es cuestionada por Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA). A su juicio, se trata de un “chivo expiatorio” porque en la región centroamericana el narcotráfico es un problema fuera de control.

“Hay mucha gente involucrada en el narcotráfico y crimen organizado en nuestros países”, apuntó Velásquez, coordinador del Partido Nacional en Los Ángeles, entidad que llevó al poder a Hernández. Y que en las elecciones de noviembre su candidato era Nasry Asfura, derrotado por Xiomara Castro.

“No creo que ahí pare todo esto, si es cierto y es acusado [el expresidente JOH], me imagino que va a tener que colaborar para denunciar a otros personajes políticos, que han estado involucrados y van a tener que seguir con el proceso de extradición desde Honduras”, comentó el activista.

El activista Rick Sánchez, residente en la ciudad de Lynwood, considera que los narcos han copado las diferentes esferas del Estado y el problema es que “solo ciertos grupos viven bien”, la población más vulnerable ha sido víctima del crimen organizado.

“Militares, políticos y diputados con gran trayectoria están envueltos en todo esto”, dijo el simpatizante de la presidenta Xiomara Castro.

“Si extraditan [al expresidente JOH] se le mandaría un mensaje a todas aquellas personas que han estado o están envueltas en negocios ilícitos, más cuando se está afectando la seguridad y la economía del país, eso ha hecho un gran daño”, subrayó Sánchez.

En territorio centroamericano se tiene como antecedente al presidente panameño, Manuel Antonio Noriega (1983-1989), quien pasó más de 25 años encarcelado en Estados Unidos, Francia y Panamá por lavado de dinero y narcotráfico al servicio de capos colombianos.

El pasado 7 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que el expresidente Hernández había sido incluido desde el 1 de julio de 2021 en la Lista Engel, la cual incluye a actores antidemocráticos y corruptos, a quienes se les cancela visas y no pueden ingresar a suelo estadounidense.

“Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo jurado en un proceso penal federal de EE.UU por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de los fondos de su campaña”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.

Esa fue la antesala a la orden de extradición hecha por Washington el 14 de febrero pasado.

Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua más otros 30 años en prisión acusado por delitos de narcotráfico.

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A juicio de los expertos, la captura de Hernández se trata solamente de la punta del iceberg, dado que la región centroamericana es un hervidero de gobiernos que atentan contra la democracia y donde la falta de transparencia y rendición de cuentas es casi inexistente.

En declaraciones a la agencia EFE, el influyente senador demócrata Bob Menéndez aseguró que el arresto de JOH es una evidencia de que “nadie está por encima de la ley” y subrayó que lo mismo puede pasar en cualquier parte del continente si la corrupción afecta a Estados Unidos.

“Espero que envíe a otros en el hemisferio y no solamente en Centroamérica el mensaje de que no puedes actuar con impunidad y salirte con la tuya”, advirtió Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El proceso para extraditar a Hernández apenas empieza. La prensa hondureña dio a conocer que la segunda audiencia, programada para el 16 de marzo, servirá para presentar y evacuar pruebas, mientras tanto JOH permanece en el Comando de Operaciones Especiales Cobras, en Tegucigalpa.

De acuerdo a Ricardo Valencia, experto en diplomacia y profesor de CSU Fullerton, el caso de Juan Orlando Hernández es un viraje en la estrategia implementada por Estados Unidos en suelo centroamericano, convirtiéndose en una advertencia para Guatemala y El Salvador.

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El experto considera que la administración Biden no confía en las fiscalías de los países del Triángulo Norte, porque los titulares han demostrado nula independencia y más bien responden a los intereses del jefe de Estado en turno.

“La estrategia será establecer casos contra gente ligada al lavado de dinero, corrupción y narcotráfico desde Estados Unidos, basado en el modelo utilizado contra Venezuela”, aseguró Valencia, detallando que dicho mecanismo se hará a través del sistema judicial estadounidense.

El académico sostiene que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele se encuentran en un dilema, porque no saben si apoyar la extradición del expresidente de Honduras, ya que ellos también se encuentran en la mira del gobierno de Biden.

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Sin embargo, Valencia descarta que se repita con Giammattei y Bukele lo que ha ocurrido con Hernández, pero los funcionarios de su entorno si son susceptibles.

En particular, dijo el experto, los funcionarios salvadoreños Osiris Luna (viceministro de Seguridad) y Carlos Marroquín (director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social), pueden ser objeto de extradición por haber sido acusados de negociar con pandillas.

“No van a hacer con Giammattei y Bukele lo ocurrido con JOH, pero claramente puede pasar con la gente que está alrededor de ellos, especialmente en El Salvador, donde podría haber un juicio y hasta petición de extradición de sus funcionarios”, consideró Valencia.

Si se completa la extradición, Hernández sería el primer expresidente de Honduras y el primer exmandatario centroamericano que procesan por narcotráfico en Estados Unidos. Noriega, el difunto dictador de Panamá, enfrentó los mismos cargos mientras estaba en el poder, luego de su captura en diciembre de 1989.

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