Ex-fiscal guatemalteco señala al presidente Giammattei por ‘perfeccionar un Estado fallido’ que propicia la corrupción
El encarcelamiento del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina hubiese supuesto un parteaguas en la administración pública de esa nación. Lejos de combatirse a fondo la corrupción, los dos mandatarios que llegaron después, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, han perfeccionado la forma de operar para permanecer en impunidad.
Esa es la lectura que realiza Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cargo del que fue removido por la fiscal general, María Consuelo Porras, luego de que encontrara indicios de manejos ilícitos de “autoridades cercanas” al presidente Giammattei, cuyas investigaciones fueron suspendidas.
El funcionario estuvo en el cargo de cónsul general desde el 1 de junio de 2020 hasta el 2 de junio de 2021 cuando inició su suspensión.
Como parte de una visita a Los Ángeles, Sandoval aprovecha para llamar la atención de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos para denunciar el deterioro democrático y el retroceso en materia de seguridad y justicia en Guatemala, nación que tuvo que dejar por temor a perder la vida.
“Temo por mi vida en Guatemala, por mi familia y, sobre todo, por los funcionarios públicos que continúan en Guatemala”, dijo el abogado, de 39 años, en entrevista con Los Angeles Times en Español, detallando que él es uno de los 8 fiscales y dos magistrados que se encuentran en el exilio, mientras que otros podrían sumarse a ellos pronto.
En el 2003, Sandoval entró como pasante a la Fiscalía General de Guatemala. Al egresar de la Universidad de San Carlos (USAC), en el 2006, ingresó como auxiliar fiscal en la Fiscalía Contra el Crimen, también pasó por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales antes de llegar a la FECI, en donde se desempeñó como auxiliar fiscal, agente fiscal y jefe de esa unidad.
Durante ese tiempo en el Ministerio Público, fueron procesados tres ex-presidentes, una ex-vice presidenta, ministros de Estado, diputados y cabecilla de grandes bandas del crimen organizado. “El Estado de Guatemala no iba a garantizar mi vida, ni mi seguridad”, indicó el ex-fiscal.
Al ser removido del cargo, el 23 de julio pasado, salió hacia El Salvador, en donde permaneció dos horas y luego se trasladó a Costa Rica. Cinco días más tarde voló a Washington DC, en donde trabaja para una organización hispana, al mismo tiempo aprovecha para elevar la voz de lo que pasa en Guatemala.
“No existe ninguna señal de las autoridades de Guatemala que vayan a flexibilizar sus actos, para que mejore nuestro sistema de justicia y la gobernabilidad; yo lo que advierto es que se va a ir deteriorando”, vaticinó Sandoval con preocupación, porque dice que todavía desde el exterior no se le ha dado la atención que merece esta problemática.
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En el 2007, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), cuya labor provocó el enjuiciamiento y encarcelamiento del expresidente Molina, la ex-vice presidenta Roxana Baldetti, un magistrado de la Corte Suprema y poderosos narcotraficantes, entre otros.
Con la salida de esta comisión, en el 2019, las investigaciones pendientes fueron asignadas a la FECI, unidad que Sandoval dirigió desde el 2015.
¿Su salida de la FECI es una orden del presidente Giammattei? Se le pregunta.
“Es una orden de Alejandro Giammattei”, respondió tajante.
“Él lo venía anunciando desde el mes de mayo, desde el mes de junio; la fiscal general (Porras) lo único que hizo fue ejecutar una instrucción de él, tanto así que apenas unos días antes de mi destitución el partido político al que pertenece el presidente de la República había pedido mi separación de la fiscalía”, detalló Sandoval.
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En las semanas previas a su remoción, el ex-fiscal estaba avanzando en una investigación en la que “existía algún indicio de que el presidente podría estar involucrado” en alguna negociación ilícita por un tema de contratación a empresarios rusos.
También, en otra pesquisa se relacionaba al presidente Giammattei con el hallazgo de $16 millones en una residencia en Antigua Guatemala. La vivienda era del ex-ministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Asimismo, otra investigación apuntaba a la posible vinculación del mandatario en la manipulación del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia.
“No puedo asegurar algo hasta que haya sentencia, pero (al decir) posible lo que indica es que era necesario investigar”, sostiene Sandoval.
“Mi destitución era una forma de tratar de frenar las investigaciones”, apuntó.
En efecto, las investigaciones se interrumpieron.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala entre enero de 2016 y enero de 2020, llegó al poder en medio de la crisis que generó el encarcelamiento del presidente Molina. Su enjuiciamiento fue producto de las investigaciones realizadas por la CICIG junto a la Fiscalía General, en ese entonces dirigida por Thelma Aldana.
En vez de fortalecer a la CICIG, Morales luchó para que saliera del país, lo que se consumó en el 2019. En ese proceso, el mandatario incidió para que al concluir su gestión la fiscal general Aldana, en su lugar se nombrara a alguien que protegiera los intereses de los grupos de poder. Es así como llega, en el 2018, la actual fiscal general Porras.
Sandoval sostiene que el presidente Morales “permitió que se sofisticara el mecanismo de cooptación estatal” a través de una alianza con sectores muy poderosos. En ese sentido, agrega el ex-fiscal que “para garantizar la impunidad” la fiscal Porras “cumplió al pie de la letra el motivo por el cual la nombraron”.
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De acuerdo al ex-fiscal, con el cambio de gobierno, en enero de 2020, la fiscal Porras se plegó al entrante presidente Giammattei. Asimismo, destaca que desde que ella está al frente del Ministerio Público su política ha sido la de entorpecer investigaciones y amedrentar a funcionarios.
Por esa razón, agrega que no le sorprende que las decisiones de la actual fiscal general favorezcan a grupos poderosos, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
“Lo que se garantizó con Consuelo Porras es que casos de financiamiento ilícito de un sector del CACIF quedaran sin castigo, impunes. Ha garantizado que la fiscalía de delitos electorales no persiga casos donde los partidos políticos han recibido financiamiento ilícito en las campañas”, detalló Sandoval.
Por la experiencia en la Fiscalía, Sandoval ha observado que los candidatos a la presidencia se preparan desde que andan en la campaña.
Al asumir el poder, se le devuelve los fondos a quienes hicieron el financiamiento. Es decir, el gobernante de turno entrega “comisiones ilícitas” a los “nuevos millonarios”, para lo cual utilizan estructuras para el lavado de activos y también emplean un “ala de impunidad”.
La impunidad se logra con el apoyo de la Contraloría de Cuentas, la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público.
“Hay una captura total del Estado, es un deterioro total de las instituciones”, apuntó.
En territorio centroamericano, las naciones vecinas de Nicaragua, Honduras y El Salvador han sido cuestionadas por la comunidad internacional cuando se han tomado decisiones anti-democráticas o han trascendido casos de corrupción. Sin embargo, en Guatemala no ha sido igual.
A criterio de Sandoval, los organismos internacionales no han puesto su atención en Guatemala porque ha existido un matiz de legitimidad y apego a la legalidad, aunque los funcionarios que resultan electos de esa “alianza perversa” no responden a los intereses de la población.
“Lo que él (Giammattei) ha hecho es perfeccionar la construcción de un Estado fallido, que ha heredado de la administración gubernamental anterior, y lo que hizo fue acelerar los pasos”, dijo.
El ex-fiscal sostiene que en la actualidad el Ministerio Público es un aparato que se dedica a proteger al gobierno y atacar a los disidentes, entre ellos funcionarios y medios de comunicación. Por esa razón, asegura que una decena de fiscales pronto se sumarán al exilio.
Lo que él (Giammattei) ha hecho es perfeccionar la construcción de un Estado fallido, que ha heredado de la administración gubernamental anterior, y lo que hizo fue acelerar los pasos
— Juan Francisco Sandoval, ex-fiscal contra la Impunidad de Guatemala
La semana anterior, Sandoval y los otros operadores de justicia que están en el exilio realizaron una gira virtual con autoridades europeas para informarles de la realidad guatemalteca.
“Pongan mucha atención sobre lo que está ocurriendo en Guatemala, porque es gravísimo el deterioro del sistema de justicia”, exhortó el ex-fiscal a la comunidad internacional.
Sandoval enfrenta una orden de captura y existen alrededor de 80 investigaciones en su contra en el Ministerio Público guatemalteco, esa persecusión es una represalia por investigar y denunciar la corrupción rampante, una función que la fiscal general Porras ha dejado a un lado.
“Me convertí en un obstáculo para la fiscal general”, valoró.
“Solo que pierda el conocimiento o que me priven de la vida voy a dejar de denunciar todo lo que está ocurriendo y todo lo que viví en Guatemala”, concluyó Sandoval.
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