‘Lista de personas contra Bukele’: La persecución política bajo el régimen de excepción en El Salvador
La administración del presidente Nayib Bukele lanzó el régimen de excepción como parte de su “guerra contra las pandillas”, el cual se amplió recientemente por 30 días más. Ese estado de emergencia, sin embargo, se está utilizando para matizar la persecusión política dirigida hacia los opositores y los críticos al gobierno, según una denuncia que recibió Los Angeles Times en Español sobre cómo los afectados han sido colocados en “la lista de personas contra Bukele” para ser arrestados.
Los arrestos de supuestos pandilleros pululan en las cuentas oficiales de funcionarios de Gobierno. Al ver esas imágenes, Martha Peinado tiene sentimientos encontrados. En primer lugar, porque la inseguridad en su vecindario, en el departamento de La Libertad, la empujó a migrar hacia Los Ángeles en el 2015. En segundo lugar, reflexiona en lo que le ocurrió a una amiga comerciante.
“Lo único que ella hacía era vender tortillas y porque el marido de la prima era pandillero, la vincularon y se la llevaron”, aseguró.
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Lo que ocurre con este régimen de excepción, vigente desde finales de marzo, es que las autoridades están basándose en las apariencias, en el lugar de residencia y en el nulo debido proceso para detener a las personas. Al mismo tiempo, ahora trasciende que se han filtrado amenazas para individuos que han sido anotados en una lista por ser amigos de personas que se oponen o simplemente porque no están a favor del presidente Bukele.
“Mi amiga de toda la vida, mi vecina, está preocupada”, dijo Yurina Melara, quien contactó a este periódico para denunciar la amenaza que recibió esa persona que vive en un barrio aledaño al municipio de Mejicanos, en el departamento de San Salvador. “Lo que me hace pensar es en la época de la guerra, que si eras amigo del que las autoridades pensaban era de la guerrilla, te agarraban; pasaba lo mismo si andabas un libro prohibido”, reflexionó.
Melara, periodista de profesión y ex-reportera del diario La Opinión, en Los Ángeles, llamó acongojada el viernes pasado poco después de comunicarse por WhatsApp con su amiga, quien le pidió ayuda para denunciar la amenaza recibida, en la que se le hizo saber que su nombre se encuentra en “un listado de personas que van a ser arrestadas” por no apoyar al presidente Bukele.
“Ella lo que tiene es miedo de terminar en la cárcel”, dijo la comunicadora sobre algo que le parece inaudito, al rememorar que se está viviendo un ambiente hostil parecido al que ocurrió en la década de 1970, cuando las represiones y persecuciones eran el pan de cada día en contra de los individuos y organizaciones que disentían con los gobiernos militares.
Bukele solicitó al Congreso de El Salvador un régimen de excepción después de que, según reportes de prensa, ocurrieran 76 asesinatos en menos de 48 horas a finales de marzo, en el que es considerado el fin de semana más sangriento desde que concluyera el conflicto armado, en 1992.
En los primeros 32 días, según el mandatario, se han arrestado a más de 19 mil personas, en operativos conducidos por la policía en barrios marginales en donde operan las pandillas. El estado de emergencia ha permitido a los cuerpos de seguridad detener a personas sin necesidad de presentar una orden judicial, algo que cuestionan organismos de derechos humanos.
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“Si hay algo que debe dejarnos una gran lección, es quiénes salen a defender a esta escoria”, escribió el mandatario en Twitter, en un mensaje reiterativo que ha utilizado en respuesta a las críticas que han surgido de organizaciones en el extranjero debido al arresto de jóvenes inocentes, casos que se han denunciado en las redes sociales. También se reporta la muerte de cinco personas durante su detención.
“Que nos sirva para que entendamos, de una vez, quiénes han estado siempre detrás del sufrimiento de nuestro pueblo”, compartió Bukele en clara alusión a la comunidad internacional, gobiernos amigos y organizaciones que defienden los derechos humanos que han salido a cuestionar las violaciones del debido proceso para realizar las capturas.
En una llamada telefónica, la amiga de Melara contó este martes a Los Angeles Times que buscó ayuda porque las amenazas han ido en incremento durante el régimen de excepción. La joven, quien pidió ser identificada como Zoe debido al peligro que corre su vida, envió una copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República.
“Teme por su vida y la de su familia”, se lee en el escrito formal que presentó el abogado de Zoe hace poco más de tres semanas.
Esta joven, quien es secretaria de profesión, vive en un vecindario ubicado a menos de 6 millas de la Universidad de El Salvador (UES). Entre sus vecinos, asegura que la mayoría son simpatizantes del presidente Bukele. Ella, en cambio, es una persona crítica del gobierno, algo que ha expuesto públicamente en las redes sociales desde que llegó la pandemia, en el 2020.
“Cuando vi cosas que no eran ciertas, me atreví a hacer unos videos”, detalló.
Zoe ha utilizado Facebook y TikTok para denunciar ciertas políticas gubernamentales. En los últimos dos años, en la plataforma china le han borrado al menos 10 cuentas con más de 10 mil seguidores. Pero cuando eso ocurre, abre otra. En este momento, lleva nuevamente más de 13 mil seguidores.
Las publicaciones en contra del presidente la ha llevado a conocer a tres mujeres, dos de ellas abogadas, con quienes comparte la preocupación por el rumbo del país. Ahora, también enfrentan juntas las amenazas de ser arrestadas, algo que les confirmó un amigo, hace dos semanas, quien estuvo detenido por expresarse en contra del gobierno en redes sociales.
“Mi amigo nos comentó que andan una lista de personas que publican en las redes sociales en contra de Bukele y el gobierno”, aseguró, detallando que buscó otra fuente. Ese contacto con quien se comunicó en Estados Unidos tiene conexiones en las agencias de seguridad de El Salvador, y la respuesta fue parecida a la información que tenía a la mano.
“Con cuidado, deberías cerrar tus redes, porque anda una lista y ustedes ya son conocidas, mucho publican, sus caras están ahí”, le recomendó. Eso la obligó a mandar a sus hijos con su familia por varios días y se comunicó con Melara en la ciudad de Los Ángeles. “Mi mayor miedo es que puedan venir para encarcelarme, se lleven a mis hijos, no vamos a poder hablar, me pongan cargos que no son y no pueda hacer nada, porque aquí no hay justicia”.
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De acuerdo a Zoe, la maniobra del gobierno con el actual régimen de excepción es silenciar a las voces críticas en contra del gobierno.
“Hay persecución política porque en las redes sociales nos mandan amenazas”, dijo al tiempo que nos compartió capturas de pantalla en donde la señalan que “podrías ser tomada como colaboradora” de las pandillas; en otro mensaje se lee: “A vos también necesitamos que te lleven presa”. Asimismo, hay usuarios de TikTok que mencionan los lugares en donde ella ha trabajado. “Eso quiere decir que me han investigado”, aseveró Zoe.
La persecución y el ataque a las voces críticas ha sido una constante en el mandato de Bukele. Sin embargo, en el actual régimen de excepción el presidente se ha tomado otras atribuciones y aprovechó para reformar el Código Penal, en el que se estableció que los periodistas podrían ser encarcelados, entre 10 y 15 años, si reproducen y transmiten mensajes originados por las pandillas “que pudieran generar zozobra y pánico a la población”.
La medida, calificada como una “ley mordaza”, es un golpe a la libertad de prensa y una estrategia del gobierno para quitarse la “piedra en el zapato”, dado que los medios independientes, a través de diferentes investigaciones, han sacado a la luz las negociaciones entre dos funcionarios del presidente Bukele y los cabecillas de pandillas.
A juicio de Ricardo Valencia, profesor de California State University, Fullerton, la incipiente democracia salvadoreña se cae en pedazos debido a que el presidente, arropado por su popularidad, se tomó el control de los tres poderes del Estado cuando impuso, el 1 de mayo de 2021, al actual fiscal general, Rodolfo Delgado, y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La democracia se ha desmantelado rápidamente”, dijo el académico advirtiendo que observa un futuro oscuro que le evoca la convulsión social que vivió El Salvador en las décadas de 1970 y 1980, cuando los espacios para la oposición política se cerraban y las organizaciones sociales utilizaban las calles para protestar en contra de gobiernos que reprimían las manifestaciones.
“La gente tiene miedo de hablar o antagonizar con el presidente; la situación va para peor”, valoró Valencia. “Claramente estamos en una autocracia sin ningún tipo de freno, en la cual una persona decide quiénes son sus amigos y enemigos, y el único contrapeso que ha quedado son las organizaciones sociales y el periodismo porque cada vez hay menos balance de poder”.
En la última encuesta de Mitofsky, divulgada esta semana, Bukele apareció a la cabeza (83%) entre los cinco mandatarios de América y el mundo con mejor aprobación, le sigue en esa lista el primer ministro de la India, Narendra Modi (77%); el presidente dominicano, Luis Abinader (66%); el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (63%) y la presidenta hondureña, Xiomara Castro (61%).
La pregunta que se hace Raúl Hinojosa, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), es ¿hacia dónde está llevando Bukele a El Salvador? En principio, el experto no observa un esfuerzo por fortalecer las instituciones del Estado y a escala internacional se ha quedado aislado, al desdeñar las relaciones con Estados Unidos y atacar a la comunidad internacional.
“Es obvio que está actuando en formas anti-democráticas y autoritarias. Es un nacionalismo barato, es populismo; pero la pregunta aquí es: ¿Hacia dónde está llevando al país con esa percepción y actitud? Es algo que solo él sabe”, reflexionó Hinojosa, advirtiendo que gobernar basado en la popularidad en la era digital tiene un límite.
“No es sorprendente que gente con esta estrategia [populismo] mantenga en una base en particular un fuerte arraigo, pero también lo pueden perder”, valoró Hinojosa. “Mira el veredicto de la historia a Benito Mussolini o Saddam Hussein, también pueden perder el apoyo”.
En este momento, la relación entre Bukele y la comunidad internacional está deteriorada. Lo mismo sucede con los organismos que velan por los derechos humanos, pues siguen poniendo el dedo en el renglón al ver las acciones del mandatario que van en detrimento de los más vulnerables.
En el actual régimen de excepción, por ejemplo, se cuestiona al presidente porque supuestamente anda en busca de criminales y una acción coherente sería la extradición de 14 cabecillas de la MS-13, solicitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes se acusa de varios delitos.
“Tienes a un presidente que es un comunicador constante, pero hay una pregunta que no quiere responder: ¿Por qué no extradita a los cabecillas?”, cuestionó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de The Washington Office on Latin America (WOLA), organismo que monitorea e investiga la incidencia en derechos humanos en todo el continente.
Combatir la violencia delincuencial con violencia estatal es siempre una fórmula para el desastre, en la que pierden los ciudadanos, sobre todo en las comunidades más vulnerables
— Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de The Washington Office on Latin America (WOLA)
La experta sostiene que en el actual estado de emergencia se impone “un régimen represivo de reducción de libertades cívicas”. De igual forma, al extenderlo por otros 30 días se tiene un aparato gubernamental que no rinde cuentas y en el que “se propicia mucho más la opacidad” en cuanto a las acciones públicas.
“Las garantías del debido proceso existen para evitar los excesos de las fuerzas públicas; cuando de un plumazo las levantas; y, además extiendes ese levantamiento, expones a la población a la violencia de las fuerzas de orden público”, subrayó Jiménez Sandoval. “Combatir la violencia delincuencial con violencia estatal es siempre una fórmula para el desastre, en la que pierden los ciudadanos, sobre todo en las comunidades más vulnerables”.
En marzo, antes del fin de semana sangriento, el gobierno de Bukele pregonaba que el plan de control territorial era exitoso. Sin embargo, mientras el mandatario divulgaba sus reportes de reducción de homicidios, aumentaban las desapariciones y se disparaba la migración que va de la mano con la violencia, la inseguridad y la pobreza.
Desde el 2013 he notado que niños y niñas que crecen en barrios populares tienen que enfrentar la persecución por parte de actores del Estado, no solo de familias abusivas o debido a la falta de recursos; sino también de los policías y soldados, en estas comunidades la confianza en ellos es bien mínima. Y eso ha sido un factor de migración porque no pueden vivir tranquilos y no tienen quien los proteja
— Elizabeth Kennedy, investigadora y experta en migración forzada
Según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en marzo detuvieron en su frontera sur a 8.387 personas originarias de El Salvador que intentaban ingresar de forma irregular. En promedio, diariamente eran alrededor de 270 personas, entre adultos y jóvenes, que caían en manos de los agentes fronterizos.
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Elizabeth Kennedy, investigadora estadounidense y experta en migración forzada, ha visitado El Salvador en varias ocasiones para estudiar las causas por las que la población sale de ese país. Lo que ha observado es que la actual represión, impulsada por Bukele, es similar a la que desarrollaron los gobiernos anteriores, coincidiendo con la ola de menores no acompañados, en el 2014.
“Desde el 2013 he notado que niños y niñas que crecen en barrios populares tienen que enfrentar la persecución por parte de actores del Estado, no solo de familias abusivas o debido a la falta de recursos; sino también de los policías y soldados, en estas comunidades la confianza en ellos es bien mínima. Y eso ha sido un factor de migración porque no pueden vivir tranquilos y no tienen quien los proteja”, apuntó Kennedy.
A raíz de estas medidas represivas, la investigadora Kennedy considera que la administración Bukele está agravando las condiciones que obligan a las personas a migrar. “La violencia está aumentando para la gente más marginada y la gente que critica y cuestiona al gobierno tiene menos espacios para realizar su trabajo”, concluyó la experta.
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