El asesino de los policías de El Monte no había sido visto por sus agentes de libertad condicional durante los meses previos al ataque

Justin Flores estaba en libertad condicional la noche que disparó y mató a dos policías de El Monte. Pero su agente de libertad condicional no lo había visto en persona en más de seis meses.

En los días previos a los asesinatos, el Departamento de Libertad Condicional del condado de Los Ángeles recibió informes de que Flores estaba en posesión de un arma -que tenía prohibida debido a una condena por delito grave- y que había golpeado a una mujer con la que tenía una relación romántica, según tres agentes de la ley con conocimiento directo del caso.

La madre de Flores también llamó al agente de libertad condicional de su hijo a principios de junio para informarle de que había empezado a consumir drogas en marzo y le rogó que le ayudara, pero el agente se negó a hablar del caso con ella.

Después de que Flores matara a tiros a los agentes de policía de El Monte Joseph Santana y a Michael Paredes, este mes, amigos y seres queridos frustrados buscaron a alguien a quien culpar. Una revisión de los registros judiciales y las entrevistas con los agentes de la ley sugieren que Flores, cada vez más problemático, debería haber sido detenido antes de que abriera fuego el 14 de junio.

El viernes, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo al Times que había ordenado a la Oficina del Inspector General del condado y a la Comisión de Supervisión de la Libertad Condicional, de carácter civil, que investigaran el manejo del caso de Flores por parte del Departamento de Libertad Condicional en los meses previos a los asesinatos.

La medida se produjo en medio de la creciente preocupación de que los agentes de libertad condicional han sido poco cuidadosos con los casos asignado a ellos desde la pandemia del COVID-19. El día después del asesinato de los agentes de El Monte, el jefe de libertad condicional, Adolfo Gonzales, convocó una “reunión de emergencia” para ordenar una auditoría de los contactos en persona entre los delincuentes a su cargo y los agentes de libertad condicional, según un funcionario de libertad condicional con conocimiento directo de la situación que solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar del caso con los medios de comunicación.

“La gente se volvió perezosa. ... Cuando tienes a estos delincuentes de alto riesgo en libertad condicional, debes visitarlos en persona”, dijo el funcionario.

Laurie Levenson, ex fiscal federal y profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, en Los Ángeles, dijo que el caso de Flores pone de manifiesto las numerosas carencias existentes en un aparato de justicia penal con exceso de trabajo y falta de fondos que procesa a cientos de miles de personas en todo el condado de Los Ángeles anualmente.

“Nadie lo convirtió en una prioridad. Creo que todo el mundo vio a este tipo como un problema potencial, pero todo el mundo jugó con las probabilidades… desafortunadamente perdieron frente a las probabilidades”.

Santana y Paredes estaban respondiendo a un incidente de violencia doméstica reportado alrededor de las 4:30 p.m. el 14 de junio en el Siesta Inn, un motel ubicado en de El Monte que ha luchado contra el crimen a lo largo de su historia.

Los agentes lograron sacar a la víctima de la habitación mientras Flores se encerraba en un baño. Entonces Flores abrió fuego, disparando a ambos agentes en la cabeza, dijeron las fuentes al Times. Flores robó un arma a uno de los agentes caídos y corrió hacia el estacionamiento del motel, donde se enfrentó a tiros con otros agentes que respondieron. Cayó al suelo antes de quitarse la vida.

Miembro documentado de la banda Quiet Village, Flores tenía un largo historial delictivo que incluía condenas por robo, múltiples infracciones por conducir en estado de ebriedad y una multitud de arrestos por posesión de drogas, según muestran los registros judiciales. A principios de 2021, fue puesto en libertad condicional como parte de un acuerdo de culpabilidad después de ser arrestado por ser un delincuente en posesión de un arma.

Mientras que el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, se ha enfrentado a fuertes críticas por el acuerdo de culpabilidad, que algunos críticos desestimaron como demasiado ligero, el manejo del Departamento de Libertad Condicional de Flores una vez que se convirtió en su responsabilidad está atrayendo cada vez más el escrutinio.

El 2 de junio, 12 días antes de los asesinatos, el Departamento de Libertad Condicional recibió una denuncia de violencia doméstica contra Flores y una queja de que estaba en posesión de un arma de fuego, según tres funcionarios de las fuerzas del orden. Ese mismo día, un agente de libertad condicional realizó un “chequeo” telefónico con Flores y le indicó que se presentara a una reunión en persona el 6 de junio, según un comunicado emitido por el departamento de libertad condicional.

Pero Flores nunca se presentó, según los funcionarios de libertad condicional. Alrededor del mismo tiempo, la madre de Flores, Lynn Covarrubias, llamó al agente de libertad condicional de su hijo preocupada porque había vuelto a abusar de las drogas. Covarrubias dijo que su hijo comenzó a recaer en marzo después de que su primo fuera asesinado en Commerce. Flores había estado viviendo en el Siesta Inn con su esposa, dijo Covarrubias, donde ambos consumían drogas.

“Les dije que mi hijo y su mujer se drogaban y que necesitaba ayuda y que volver a la cárcel no le ayudaría, y el agente de libertad condicional me dijo que no podía hablar de su caso conmigo”, dijo Covarrubias, señalando que la esposa de Flores figuraba como su familiar más cercano. “Me dijo que la única forma de que mi hijo volviera a un programa era si hacía algo malo y que lo denunciara al Departamento del sheriff”.

Los intentos de contactar con la esposa de Flores fueron infructuosos, aunque ella afirmó en una entrevista televisiva que él abusó de ella.

Covarrubias ha mantenido que Flores no abusaba de su mujer y ha rechazado los informes que afirman que su hijo se suicidó durante el tiroteo con la policía. Ha dado el pésame a las familias de los dos agentes asesinados, pero también ha expresado su frustración hacia el Departamento de Libertad Condicional por no haber intervenido.

“Siento que el Departamento de Libertad Condicional debería haber intervenido y haber hecho más para ayudar, para conseguirle ayuda. Y no lo hicieron”, dijo.

Un funcionario de libertad condicional no quiso comentar sobre lo que el departamento sabía, o desde cuándo, pero dijo que una investigación interna ha dado inicio. Funcionarios de la policía de El Monte se negaron a comentar sobre el manejo de Flores por parte del Departamento de Libertad Condicional.

El Departamento de Libertad Condicional presentó lo que se conoce como un “informe de deserción”, y para finales de junio había sido programada una audiencia para revocar la libertad condicional de Flores, según muestran los registros del caso. Esa audiencia podría haber dado lugar a la emisión de una orden de arresto contra Flores.

Si Flores se hubiera presentado a la reunión del 6 de junio con su agente de libertad condicional, habría sido la primera vez que alguien del departamento lo hubiera visto desde diciembre, según las autoridades.

Se supone que los agentes de libertad condicional deben programar reuniones en persona con sus “clientes” una vez al mes, según el departamento, pero esa política se relajó durante la pandemia del COVID-19. En su lugar, el departamento, al igual que muchos otros organismos de este tipo en toda California, optó por las reuniones telefónicas mensuales.

Un funcionario de libertad condicional afirmó que las visitas en persona habrían sido cruciales para supervisar a Flores, que tenía un largo historial de delitos menores y era conocido por su adicción a las drogas. Basándose en las recientes acusaciones de violencia doméstica y de posesión de armas, y en el hecho de que la madre de Flores dijo que su hijo había empezado a consumir drogas de nuevo en marzo, una visita en persona habría hecho saltar las alarmas antes, dijo el funcionario.

El hecho de no vigilar a Flores adecuadamente refleja problemas más amplios en la supervisión de las personas en libertad condicional en todo el condado. La mañana siguiente a los asesinatos, un director del departamento de libertad condicional envió un mensaje interno preocupado por los “contactos en persona”, según un correo electrónico revisado por el Times.

“Nuestras cifras de contactos reflejan que el personal no está saliendo lo suficiente a la comunidad”, decía el correo electrónico. “Nuestro número de casos está en su punto más bajo (...) también estamos teniendo un alto índice de contactos infructuosos”.

Una portavoz del departamento de libertad condicional dijo que ese correo electrónico “no estaba relacionado con el caso de Flores” y que fue emitido por un representante de una oficina diferente dentro de la agencia. Pero Gonzales, el jefe del departamento, también convocó una “reunión de emergencia” el día después de los asesinatos para discutir las preocupaciones sobre los oficiales que no se reúnen con sus agentes de libertad condicional en persona, según una fuente con conocimiento directo de la reunión.

“Dijo: ‘tenemos que asegurarnos de que todo el mundo está llevando a cabo la supervisión, haz que todos tus agentes lleven a cabo una auditoría para asegurarte de que estamos haciendo los contactos de supervisión’... las palabras fueron ‘todas las manos a la obra’”, dijo la persona.

Una portavoz de libertad condicional no quiso comentar acerca de la reunión.

Las preguntas sobre la incapacidad del Departamento de Libertad Condicional para supervisar adecuadamente a un adulto bajo su custodia se producen cuando la agencia ha enfrentado un mayor escrutinio sobre sus operaciones. Los dos pabellones juveniles del condado, que son controlados por ese departamento han fallado repetidamente las inspecciones y han sido considerados inadecuados para albergar a los jóvenes por la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias de California en el último año.

Una demanda presentada este año también alegaba que más de 20 niñas habían sido agredidas sexualmente durante más de una década en un campamento de menores administrado por el Departamento de Libertad Condicional.

Levenson dijo que, en última instancia, varios organismos de seguridad parecen haber interpretado mal el potencial de violencia de Flores.

“No hacemos mucho por individualizar a nuestros acusados. O bien es un acusado con problemas de drogas, o bien es un acusado violento al que tenemos que tomar en serio”, dijo Levenson. “Lo que no prevemos es cómo una persona drogada puede convertirse rápidamente en violenta”.

Santana y Paredes serán velados el jueves en El Monte.

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