La reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aviva los temores de los inmigrantes en Los Ángeles a una nueva guerra civil
Mientras degustaba un plato con chips y salsa en un restaurante salvadoreño en la avenida Vermont, Kevin Rivas compartió sus memorias de la prisión donde conoció íntimamente el dolor, la humillación y la furia impotente.
Recordó las veces que le rociaron gas pimienta. Los múltiples macanazos en las costillas. Las heridas y cortes cuando le afeitaron la cabeza. La foto policial deshumanizante.
“Estas fotos nos las toman para que uno parezca malo”, dijo Rivas, de 26 años, mientras su padre compartía una desgarradora foto policial de su hijo calvo, quien fue detenido en abril y, durante tres días, encerrado en el centro penal La Esperanza, mejor conocida como Mariona, en la periferia norte de la capital de El Salvador, San Salvador.
“Me dolió hasta el alma”, dijo Rivas, quien emigró a Los Ángeles a principios de septiembre.
Productor audiovisual de oficio, Rivas se encuentra entre los cientos de salvadoreños detenidos y maltratados por el gobierno de Nayib Bukele, quien se convirtió en presidente de la nación centroamericana en 2019 y prometió acabar con los cárteles de la droga asesinos y el crimen callejero.
El crimen violento se ha reducido drásticamente desde que Bukele ordenó un “régimen de excepción” en marzo. “Parecería increíble, pero gracias a Dios [tenemos] un día más sin homicidios en todo nuestro país”, escribió Bukele en Twitter el 21 de julio. “El Salvador, que hace unos años era el país más peligroso del mundo, [está] en camino de convertirse en el país más seguro de América Latina”.
Pero las tácticas de su administración han sido criticadas por medios de comunicación, grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros por detener a miles de ciudadanos inocentes junto con miembros endurecidos de la pandilla MS-13. Más de 50 mil personas han sido detenidas, muchas por nada más que tener tatuajes, huir de la policía o simplemente ser pobres. Algunos críticos alegan que Bukele hizo tratos con las pandillas para frenar las elevadas cifras homicidas a cambio de un mejor trato a los líderes encarcelados. El gobierno ha bloqueado las investigaciones de los pocos medios de comunicación independientes que quedan en el país.
Varios de los que, como Rivas, se vieron obligados a huir del país están compartiendo sus historias, en parte como una advertencia sobre lo que podría pasar si el presidente tiene éxito en su intento de postularse para la reelección en 2024. Los opositores dicen que la medida, que Bukele anunció en un discurso televisado el 15 de septiembre, viola la constitución de El Salvador y permitiría al presidente reforzar su control autoritario y demoler lo que queda de la constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho.
Algunos temen que El Salvador esté reproduciendo las condiciones opresivas que desencadenaron su brutal guerra civil de 12 años (1980-1992) entre las guerrillas de izquierda y el gobierno militar de derecha respaldado por Estados Unidos. Ese conflicto costó 75 mil vidas, deterioró la economía y finalmente llevó a cientos de miles de refugiados a lugares como Los Ángeles, Houston, San Francisco y el área metropolitana de Washington, D.C.
“La reelección me parece totalmente descabellada”, dijo Rivas.
Pero la reelección es una idea muy popular no solo en El Salvador, cansado de la delincuencia, donde los índices de aprobación de Bukele nunca han caído por debajo del 80%, sino entre los aproximadamente 2.3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que incluye 421.000 en el condado de Los Ángeles. Las tensiones de la patria se extendieron a Los Ángeles a principios de este año cuando una gran facción de partidarios de Bukele se manifestó en MacArthur Park. La policía tuvo que intervenir para mantenerlos separados de un contingente anti-Bukele mucho más pequeño. Partidarios y opositores de Bukele también se enfrentaron en junio cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas en el centro de Los Ángeles.
“Huele a Venezuela, a un montón de dictaduras”, continuó Rivas. “Él va a querer quedarse en el poder, va a cambiar las leyes para que siga, hasta que tengamos que repetir la misma historia otra vez con otra insurrección”.
Entre los salvadoreños del sur de California, los fanáticos de Bukele parecen superar en número a los opositores al mandatario. Organizaciones como Salvadoreños en el Extranjero (Salex), que tiene filiales en Estados Unidos, México, Centroamérica, Canadá, Europa, Asia y Australia, han expresado su apoyo al llamado enfoque de mano dura de Bukele contra el crimen y culpan a los izquierdistas radicales y las élites corruptas de la resistencia.
Edith Anaya, de 40 años, activista y médico forense, compara el entorno sociopolítico actual con el de fines de la década de 1970, cuando la oposición política fue reprimida y los “escuadrones de la muerte”, paramilitares de derecha, comenzaron a cometer asesinatos y desapariciones.
“Para mí, desde mayo de 2021 se rompió el orden constitucional, desde ese día se instauró su dictadura, cuando tomó el control de los tres poderes del Estado”, dijo Anaya sobre Bukele.
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Antes de radicarse en San Francisco, en noviembre de 2020, Anaya utilizó su cuenta de Twitter para plantear interrogantes sobre el gobierno de Bukele. Pero sus comentarios críticos provocaron represalias en la institución estatal donde trabajaba, dijo. Su miedo se disparó cuando notó vehículos sospechosos merodeando su vivienda.
“Era un estrés mental, no me sentía segura”, confesó.
Estos incidentes removieron los recuerdos de su padre, Herbert Anaya Sanabria, un defensor de los derechos humanos que fue asesinado por los escuadrones de la muerte en 1987, dijo Anaya, quien quedó huérfana a los 5 años. “No quiero que mis hijos sufran lo mismo que pasamos nosotros cuando éramos pequeños”.
“Me recuerda a Maximiliano Hernández Martínez, que fue el último en pisotear la Constitución para perpetuarse en el poder, 12 años de poder absoluto”, dijo Anaya.
Superficialmente, Bukele se parece poco al general, un acérrimo anticomunista que dominó El Salvador hace un siglo y, que en 1932, perpetró una infame masacre de posiblemente hasta 50 mil campesinos indígenas. También buscó prolongar su influencia ayudando a un leal a sucederlo.
Héctor Lindo, profesor emérito de historia de Fordham University, dijo que el general Hernández Martínez estableció un periódico que utilizó para hacer propaganda y construir su mito personal de que el gobierno autoritario es más eficiente que la democracia. Pero, de hecho, el enfoque de mano dura “es contraproducente y retrasa la posibilidad de hacer cambios genuinos y de raíz en los problemas del país”, dijo Lindo.
La plataforma de comunicación preferida de Bukele es Twitter, a la que tiene una adicción trumpiana. Bukele, un ex-empresario de 41 años, cultiva la personalidad de un inconformista intrépido que usa gorras de béisbol al revés, promueve el bitcoin y responde a sus críticos, incluida la administración Biden. Su partido Nuevas Ideas ha gobernado prácticamente sin oposición desde que tomó el control del Congreso de El Salvador el 1 de mayo de 2021. El mes pasado arremetió contra sus detractores, incluidos 21 expresidentes de países latinoamericanos y España que denunciaron su esquema de reelección, condenándolos como “saqueadores” y “asesinos”.
A medida que Bukele se consolida en el poder, la migración de su país se ha disparado. En 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que 98,690 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur cuando intentaban ingresar a suelo estadounidense, un promedio de 270 detenciones por día. En los primeros 11 meses del año fiscal 2022, CBP ha reportado 90,774 salvadoreños detenidos.
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Elizabeth Kennedy, especialista para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que ha estudiado la migración de El Salvador y Honduras desde 2014, dijo que el gobierno de Bukele no se ha enfocado en combatir de raíz los problemas estructurales de la migración masiva. En cambio, sus políticas han aumentado la pobreza, la inseguridad y la marginación social, incitando a más personas a irse.
“Las personas pobres, que son la mayoría, diría que están igual o peor que antes” de Bukele, dijo Kennedy.
Esas condiciones provocaron que el sobrino de 25 años de Bartolomé Pérez, residente en Los Ángeles, huyera de El Salvador con su esposa y su hija de 5 años después de que fueran víctimas del crimen de las pandillas.
“Entraron a su casa, le robaron los electrodomésticos que tenía”, dijo Pérez, quien llegó a California en 1990 huyendo de la guerra civil. “Estaban asustados y no querían volver a ese lugar”.
Después de estar detenido en la frontera durante una semana, el joven y su familia llegaron a Houston en junio. “La única opción que le quedaba era salir y arriesgar su vida”, dijo su tío.
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