Anuncio

Mientras Perú se sume en una violenta agitación, los inmigrantes de California toman partido

Bearing  photos of the victims of political violence, demonstrators march against Peruvian President Dina Boluarte
Con pancartas con las fotos de las víctimas de la violencia política, manifestantes marchan contra la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima el 1 de febrero.
(Martin Mejia / Associated Press)
Share

En los dos meses transcurridos desde que el expresidente izquierdista de Perú Pedro Castillo fue detenido, expulsado de su cargo y sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, las protestas en la nación sudamericana han crecido y se han extendido desde el interior andino hasta las calles de la capital, Lima.

Al mismo tiempo, se han ampliado las fisuras entre los 720.000 residentes en Estados Unidos que se identifican como de origen peruano, incluidos 91.511 en California, superados por los 100.965 de Florida.

La polarización aquí ha imitado las divisiones partidistas de Perú, enfrentando a quienes ven a Castillo -un antiguo líder sindical y maestro de escuela primaria que asumió el cargo en julio de 2021- como un defensor de la clase trabajadora urbana pobre y de los indígenas rurales, y a quienes lo consideran un peligroso populista que intentó disolver el Congreso en un golpe de Estado.

Anuncio

“Desde que juró el presidente no lo dejaron trabajar, lo iban a derrocar de todos modos”, dijo Jean Paul Vicharra, oriundo de Callao, una pequeña ciudad al oeste de la capital.

Vicharra, de 23 años, llegó a Los Ángeles sólo 15 días después de que Castillo intentara disolver el Congreso el 7 de diciembre y gobernar por decreto. En esa misma fecha, 101 miembros de los 130 que componen el parlamento peruano votaron a favor de la destitución del presidente, alegando su “permanente incapacidad moral”.

Pero muchos de los partidarios del presidente, incluidos los de California, como Vicharra, afirman que la forma en que Castillo fue destituido por el Congreso fue en sí misma un golpe ilegal.

“Me fui de Perú por la situación que vive mi país, es muy complicada”, dijo Vicharra, quien tenía un taller de imprenta en Lima antes de emigrar a Estados Unidos.

“Esta crisis política y de manifestaciones afecta a todos los negocios”, continuó. “Las ventas empezaron a bajar mucho, ahora es peor. La gente está quebrando”.

Desde que comenzaron las protestas se han registrado al menos 58 muertes en Perú, lo que ha suscitado la preocupación de la Organización de Estados Americanos por el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno. La OEA pidió al gobierno de Boluarte que convoquen elecciones generales anticipadas, como forma de resolver la crisis y frenar el derramamiento de sangre, cuestión sobre la que el Congreso peruano no ha llegado a un consenso.

En Los Ángeles, miembros de los pueblos indígenas quechua y aymara de Estados Unidos han realizado cinco protestas desde que comenzó la crisis.

“Queremos que cese la represión, que cesen los asesinatos, especialmente en el sur de Perú”, dijo Miriam Agüero, presidenta de la organización, que ha enviado cartas expresando su preocupación a varios congresistas estadounidenses.

Entre sus demandas, dijo Agüero, está la petición de que Boluarte dimita y que se cierre el Congreso.

“Estamos apoyando un referéndum para una asamblea constituyente, porque el pueblo tiene que decidir”, dijo el activista arequipeño, cuyos padres son de origen quechua. “Castillo entró con la bandera de la nueva Constitución y eso es lo que el pueblo apoyó. El pueblo sabe que la Constitución de 1993 no está hecha para el bienestar del pueblo, sino para el bienestar de unos pocos privilegiados.”

Desde el final de una cruenta guerra civil en los años ochenta y principios de los noventa entre el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso y las fuerzas gubernamentales, que dejó decenas de miles de muertos, Perú ha luchado por establecer el Estado de derecho, levantar su economía y frenar la secular opresión de sus pueblos indígenas.

La actual Constitución peruana se redactó durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, después de que éste disolviera el Congreso y suspendiera la Constitución durante el llamado autogolpe de abril de 1992. Fujimori dirigió la campaña de tierra quemada del gobierno que finalmente derrotó a Sendero Luminoso y encarceló a su fanático líder, Abimael Guzmán, pero fue ampliamente condenado por abusos contra los derechos humanos. El expresidente, de 84 años, lleva en prisión desde 2007 tras ser declarado culpable de los delitos de asesinato y secuestro en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). También fue condenado por malversación de fondos.

Sin embargo, Fujimori sigue siendo una figura popular entre los peruanos y los residentes en Estados Unidos, que le atribuyen el mérito de impulsar la economía del país y restablecer el orden civil, aunque a un precio desorbitado.

“La salida [a la crisis] son unas elecciones anticipadas”, dice Julio Zelaya, residente en Union City y simpatizante de Fuerza Popular, partido que en 2021 compitió por la presidencia con la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente. Fujimori fue derrotada por Castillo, del Partido Perú Libre.

Julio Zelaya considera a Castillo y a Perú Libre como izquierdistas radicales, y rechaza que pidan un referéndum sobre una nueva Constitución.

“Lo que quieren es imponer un nuevo modelo económico, al estilo socialista como el de Venezuela y Cuba”, dijo Zelaya, excandidato del Partido Fuerza Popular a uno de los dos puestos en el Congreso de Perú que representan a la diáspora peruana.

“No son demócratas”, continuó Zelaya. “Piensan en Abimael Guzmán, que decía que hay que quitar a los ricos para dar a los pobres. Por eso quieren un cambio en la Constitución”.

Otros residentes peruanos de California sugieren que los problemas de su patria van mucho más allá de la política partidista.

“Castillo ha hecho lo mismo que Fujimori al cerrar el Congreso”, dijo Milagros Lizárraga, activista peruana y líder comunitaria en el sur de California, quien piensa que ninguno de los partidos políticos de Perú, independientemente de su ideología, está ayudando a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Hay una doble moral en todas partes. Cada vez la polarización es más fuerte y no hay diálogo”, dijo Lizárraga. “Se están tirando la pelota entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el presidente y el Congreso. Están divididos, viendo sus intereses y nadie está haciendo sacrificios, viendo el bienestar del pueblo”.

En ausencia de un acuerdo en el Congreso, Boluarte presentó el 2 de febrero una propuesta a los legisladores para adelantar las elecciones nacionales a octubre, lo que significa que los actuales titulares dejarían sus cargos en diciembre de 2023; los nuevos titulares elegidos en octubre ejercerían hasta julio de 2026. El Congreso tendría que aprobar cualquier plan de este tipo para adelantar las elecciones.

La crisis peruana refleja una prolongada lucha por el poder, según Julio César Baluarte, que dejó Derecho y Ciencias Políticas para dedicarse a la actuación en su país. Cree que hay que cambiar la Constitución.

“Tenemos una Constitución escrita por un dictador, hecha para satisfacer caprichos personales y políticos”, dijo el limeño y residente en Palm Desert, quien no votó en las elecciones de 2021 porque no consideró a ningún candidato digno de ser presidente.

“Para que las cosas fluyan más o menos bien, tenemos que hacer un cambio profundo en nuestro sistema [de gobierno]”, enfatizó Baluarte.

Desde la salida de Fujimori, en noviembre de 2000, sólo dos presidentes han terminado su mandato: Alejandro Toledo (2001-06) y Ollanta Humala (2011-16). El sucesor de Humala, Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), dimitió tras un escándalo de sobornos.

“Todos han sido corruptos”, dijo Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos en Pomona College. “En este caso no han podido probar corrupción contra Pedro Castillo”, pero los propios errores garrafales de Castillo y su falta de experiencia política han dado a sus enemigos una apertura para destituirlo, dijo Tinker Salas.

Tinker Salas dijo que la derecha peruana, que controla el Congreso, no contaba con la capacidad de los indígenas y las organizaciones sociales para movilizarse y sacar masivamente a los manifestantes a las calles.

“Se han enfrentado a un Perú que no conocen”, dijo Tinker Salas, “el Perú profundo, indígena, el del interior del país que vio en Castillo a su primer gobernante que los representó aún con todos sus defectos”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

Anuncio