Tres concejales proponen una ley que designe a Los Ángeles ‘ciudad santuario’

Poco después de que el presidente Trump asumiera el cargo, los grupos en favor de los inmigrantes de Los Ángeles exigieron que el Ayuntamiento designara a Los Ángeles como un refugio para los inmigrantes ante su prometida mano dura.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó finalmente una resolución que declaraba a Los Ángeles como “ciudad santuario”, un gesto simbólico que no ofrecía ninguna protección legal.

Ahora, los concejales Eunisses Hernández, Hugo Soto-Martínez y Nithya Raman quieren reforzar las leyes de inmigración de Los Ángeles. Anunciaron el martes que buscarían la aprobación de una ordenanza que declare a Los Ángeles “ciudad santuario” y prohíba el uso de personal o recursos municipales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

De aprobarse, la ley sería muy similar a la de San Francisco. Prohíbe a los empleados municipales utilizar fondos o recursos de la ciudad para ayudar a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en la aplicación de las leyes federales de inmigración, a menos que dicha asistencia sea requerida por la ley federal o estatal.

Raman dijo que su oficina trabajó con los defensores de la inmigración y otros grupos, en la elaboración de la ley que ha sido propuesta. Algunos de los líderes de esos grupos dijeron a The Times que están observando las elecciones presidenciales del próximo año.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presunto candidato republicano, ha hecho de la represión de las personas que se encuentran en el país sin autorización uno de sus focos de atención.

“Queremos asegurarnos de que Los Ángeles esté preparada para el peor de los escenarios”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de programas y campañas del Centro de Política Inmigrante de California.

La ley propuesta por los tres miembros del consejo retomaría las políticas existentes, incluida una directiva ejecutiva de 2017 emitida por el entonces alcalde Eric Garcetti que prohíbe a los empleados de la ciudad usar instalaciones o recursos públicos para ayudar o cooperar con la aplicación de las políticas de inmigración federal.

La ley propuesta también prohibiría a las autoridades federales de inmigración u otras entidades relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración, acceder a las bases de datos de la ciudad o a los datos privados de cualquier persona.

La propuesta sigue la línea marcada por la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, que en 2020 votó a favor de prohibir el traslado de presos a la custodia del ICE a menos que las autoridades dispongan de una orden judicial.

La moción de los miembros del consejo pide al abogado de la ciudad que prepare un proyecto de ordenanza en un plazo de 60 días que prohiba el uso de recursos, propiedades o personal de la ciudad para cualquier aplicación de la ley federal de inmigración.

Casi el 10% de los 11,1 millones de inmigrantes de la nación que se encuentran en el país sin autorización legal residen en los condados de Los Ángeles y Orange, según un informe del Pew Research Center del 2017.

Hablando en una conferencia de prensa el martes, Hernández dijo que es hora de que Los Ángeles esté “a la altura de la promesa que ha hecho a las comunidades de inmigrantes”.

“Los gestos simbólicos no son suficientes”, dijo Hernández. “Las políticas internas que se pueden cambiar de un día para otro no son suficientes”.

La oficina de Hernández dijo en un comunicado de prensa que la “ciudad y las políticas internas del LAPD permiten que los oficiales de ICE accedan a las cárceles de la ciudad para interrogar a las personas bajo custodia del LAPD, y, bajo ciertas circunstancias, se permite que los oficiales de LAPD transfieran a las personas a la custodia de ICE, incluso sin órdenes judiciales”. La ordenanza propuesta pretende limitar esas interacciones.

El Departamento de Policía de Los Ángeles declinó responder a preguntas sobre sus políticas.

El Times también envió múltiples preguntas al ICE sobre sus prácticas. En respuesta, la agencia dijo que sus operaciones están “enfocadas en la aplicación inteligente y efectiva de la ley de inmigración que protege al país a través de la detención y expulsión de aquellos que socavan la seguridad de nuestras comunidades y la integridad de nuestras leyes de inmigración”.

Tras la elección de Trump y su promesa de deportar a los migrantes, los alcaldes de Boston, Chicago y otros lugares reafirmaron sus ciudades como santuarios, y la Legislatura de California aprobó una ley que tiene como objetivo proteger a los inmigrantes.

Los esfuerzos de Los Ángeles por establecerse como santuario han tenido altas y bajas. En 2017, la ciudad destinó 2 millones de dólares a un fondo de defensa legal para pagar abogados a personas y familias detenidas o en riesgo de deportación.

Ese año los líderes de la ciudad también introdujeron una resolución para declarar a Los Ángeles una “ciudad santuario”, considerándola una respuesta directa a los esfuerzos de Trump para deshacer un programa que protege a los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

Sin embargo, la ciudad tardó dos años en votar la resolución, y para entonces, según los defensores de los inmigrantes, su declaración había perdido significado.

El presidente Biden ha dado marcha atrás en algunas políticas de inmigración, pero también se ha enfrentado a críticas por propuestas que, según los grupos de inmigración, reflejarían la dura política de represión del expresidente Trump.

Al mismo tiempo, las capacidades de vigilancia del ICE se han ampliado. La agencia ha trabajado con proveedores externos para recopilar datos de empresas de servicios públicos y bases de datos privadas, según los resultados de una investigación de dos años publicada el año pasado por el Georgetown Law Center on Privacy & Technology.

Por ejemplo, el informe reveló que el ICE dispone de los datos de las licencias de conducir de 3 de cada 4 adultos que viven en EE. UU. y puede rastrear el movimiento de vehículos en ciudades que albergan a casi el 75% de los adultos.

Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Surveillance Technology Oversight Project, dijo que las declaraciones de “ciudad santuario” son “retórica vacía” a menos que las ciudades y los condados garanticen que el ICE no pueda acceder a los montones de datos recopilados por esos municipios.

“Animamos a las ciudades a que analicen los datos que tienen y cómo los están almacenando y si son susceptibles de ser objeto de órdenes judiciales”, dijo Cahn.

En Los Ángeles, por ejemplo, los datos sobre movilidad los recopila la ciudad, explicó Cahn.

El portavoz del Departamento de Transporte de Los Ángeles, Colin Sweeney, explicó que la ciudad recibe información sobre rutas o puntos de entrega y recogida de las empresas que ofrecen patinetes, bicicletas y algunos taxis en Los Ángeles para asegurarse de que los operadores cumplen las normas municipales. La ciudad no recopila información sobre los usuarios, dijo Sweeney.

El departamento tiene prohibido compartir sus datos de movilidad con las fuerzas de seguridad a menos que sea requerido por una citación u orden judicial, dijo Sweeney. Ninguna agencia federal ha accedido o solicitado acceso a estos datos, añadió.

Ira Mehlman, portavoz de la Federation for American Immigration Reform (Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense), predijo que la propuesta, de aprobarse, pondría a prueba el sistema educativo y sanitario de Los Ángeles.

“La gente tiende a acudir en masa a zonas donde sabe que no hay cooperación con las autoridades federales de inmigración”, dijo Mehlman, calificando la propuesta de “costosa” para los contribuyentes.

La expresión “ciudad santuario” se remonta a la década de 1980, cuando las políticas de inmigración estadounidenses permitían la entrada a algunos inmigrantes centroamericanos, pero a otrosno. En respuesta, Berkeley y algunos otros municipios se declararon “ciudades santuario” para aceptar a esos inmigrantes.

En 1985, el Ayuntamiento de Los Ángeles, dividido, adoptó una resolución por la que declaraba a Los Ángeles ciudad santuario para los inmigrantes que huían de la persecución política y la violencia, especialmente los refugiados de El Salvador y Guatemala.

Después de que uno de los miembros del consejo amenazara con una medida electoral para anular la resolución, el consejo la suavizó y eliminó la frase “ciudad santuario”.

En su lugar, el consejo votó a favor de reafirmar una política que prohibía a los empleados municipales tener en cuenta la “condición de refugiado o de residente” de una persona antes de prestarle servicios municipales.

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