¿Fue fraude o coincidencia que la Diócesis Católica Romana de San Diego redujera sus propiedades en 2019, cuando se aprobó nueva ley?
Un análisis de los registros de tierras por el Union-Tribune muestra que la diócesis transfirió el 80 por ciento de sus propiedades en 2019, un plan que la diócesis dice que ha estado en proceso durante años
A principios de 2010, la Diócesis Católica Romana de San Diego tenía un impresionante imperio de la tierra en todo el condado, que contiene alrededor de 421 propiedades separadas que los registros del condado muestran que poseía o era copropietario.
Una docena de años más tarde, esas posesiones se han reducido drásticamente a solo 56 propiedades, según un análisis de los registros de terrenos del condado realizado por el Union-Tribune.
Ahora, cuando la diócesis se enfrenta a cientos de nuevas demandas por abusos sexuales a manos de miembros del clero y advierte abiertamente de que podría declararse en bancarrota, esas propiedades —y la forma en que la diócesis se deshizo de ellas— han sido objeto de escrutinio por parte de los abogados de algunas de esas presuntas víctimas.
Los abogados afirman que la disminución de las propiedades de la diócesis se debió a una transferencia fraudulenta de propiedades de la diócesis a las corporaciones parroquiales individuales, con el fin de reducir la cantidad de dinero que estaría disponible en cualquier acuerdo de reclamaciones.
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La demanda dice que la diócesis transfirió cientos de propiedades en el otoño de 2019, apenas unas semanas antes de que el gobernador Gavin Newsom firmara una ley que abrió una ventana de tres años que permite demandas que alegan abusos sexuales que ocurrieron hace años, mucho después de que el plazo legal para presentar tales demandas había expirado.
Un portavoz de la diócesis dijo que la transferencia de las propiedades ha sido más de una década en la fabricación, y que el momento fue casual y no vinculada a la firma de la ley. En derecho eclesiástico, o canónico, las parroquias son entidades independientes con derechos sobre sus propiedades, pero durante décadas los títulos de propiedad los tuvo la diócesis.
La diócesis comenzó en 2008 a “armonizar” el derecho eclesiástico con el civil y a poner los terrenos a nombre de las parroquias, explicó Kevin C. Eckery, director de medios de comunicación externos y relaciones comunitarias de la diócesis.
El esfuerzo se vio frenado por la complejidad de las transacciones y los retrasos burocráticos del estado, dijo. También hubo una demanda en San Francisco que sostenía que la transferencia similar de 233 propiedades por parte de la diócesis estaba sujeta a impuestos de transferencia, lo que podría suponer una factura fiscal multimillonaria. Un juez del Tribunal Superior falló a favor de la diócesis en ese caso en 2012.
Terminó la moratoria que impedía el desalojo de viviendas por no pagar la renta.
Pero la demanda por transferencias fraudulentas contra la diócesis de San Diego presentada en febrero por el abogado Irwin Zalkin, que representa a cientos de presuntas víctimas, afirma que las transferencias fueron “creadas, ideadas y diseñadas” por la diócesis y las parroquias para poner bienes por valor de cientos de millones de dólares fuera del alcance de los nuevos demandantes.
El análisis del Union-Tribune mostró que el “obispo católico romano de San Diego” figuraba como propietario de 421 propiedades en 2010. El número disminuyó en unas pocas propiedades cada año, llegando a 371 a principios de 2019.
El análisis confirmó que las propiedades disminuyeron drásticamente ese año. A principios de 2020, la diócesis era propietaria o copropietaria de 76 propiedades, un descenso del 80 por ciento en un solo año. En casi todas esas transferencias no cambió el dinero de manos y se hicieron sin contraprestación monetaria.
La mayoría de las transferencias fueron propiedades relacionadas con las 94 parroquias de la diócesis, como una iglesia propiamente dicha y parcelas contiguas utilizadas para fines relacionados, como salones parroquiales y viviendas para el clero. Los terrenos religiosos gozan de ciertas exenciones fiscales, aunque la demanda estima que el valor catastral total de las propiedades transferidas a partir de 2019 asciende a 453 millones de dólares.
Según el análisis, las propiedades se han reducido considerablemente en escala y valor. De las 56 propiedades que siguen a nombre del obispo católico romano de San Diego, el cementerio y mausoleo de la Santa Cruz, en Chollas View, es el que tiene el valor más alto, 16 millones de dólares. El cementerio se fundó en 1919 y es el lugar de descanso final de 65 mil personas. La sede de la diócesis en Paducah Drive, Clairemont, tiene un valor de 9.6 millones de dólares. Ambas propiedades están exentas de impuestos, según los registros.
La diócesis también posee un centro de retiro religioso, un seminario, algunos pequeños complejos de departamentos y otras parcelas residenciales cerca del cementerio, dijo Eckery. En 2015, compró una parcela de 14.5 acres de Fern Place en Vista por 628 500 dólares para un futuro cementerio. En total, las propiedades de la diócesis, exentas y gravables, tienen un valor de 44.4 millones de dólares, según los registros del condado, alrededor del 10 por ciento del valor a principios de 2019.
Zalklin dijo en una entrevista que el valor tasado de las propiedades transferidas en disputa, así como la propiedad que la diócesis aún posee, son solo un indicador del valor real porque el valor catastral no tiene en cuenta lo que la propiedad se vendería hoy. “Es evidente que hay una diferencia entre el valor de tasación y el valor real de mercado”, dijo.
El análisis también mostró que la diócesis vendió alrededor de 190 propiedades desde 2010. El Union-Tribune analizó los datos de 40 parcelas vendidas desde 2018 y encontró un precio promedio de 857 mil dólares.
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Eckery dijo que la diócesis comenzó a establecer corporaciones individuales para parroquias en 2010. Después de que se resolvió el caso fiscal de San Francisco, tomó varios años más para que cada corporación parroquial individual fuera reconocida oficialmente como una corporación religiosa por los funcionarios fiscales del gobierno estatal y federal.
“Fue arduo, es la mejor manera de describirlo”, dijo.
Cuando se finalizaron las exenciones de impuestos sobre bienes inmuebles, comenzaron las transferencias, según una línea de tiempo escrita de eventos de Eckery. Ese proceso comenzó en el otoño de 2019, justo antes de que Newsom firmara la nueva ley. La sincronización, que es un componente clave de la demanda de transferencia fraudulenta, fue una coincidencia, dijo.
San Diego no es la única diócesis que está lidiando con acusaciones de que estaba cambiando activos para disminuir la responsabilidad de la última ronda de demandas por abuso del clero. La diócesis católica romana de Santa Rosa, en la zona de la bahía, se declaró en bancarrota el 13 de marzo, citando unas 200 demandas pendientes contra ella.
Unas semanas antes, un abogado que representaba a una presunta víctima había presentado una demanda por transferencia fraudulenta ante el Tribunal Superior del Condado de Sonoma. En la demanda se alegaba que, a partir de 2016, todas las parroquias de la diócesis se constituyeron individualmente y la diócesis transfirió entonces activos a las parroquias.
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