El condado de Los Ángeles podría enfrentar hasta 3.000 millones de dólares en demandas por abusos sexuales

Mientras los legisladores de California se preparaban para aprobar una ley que ofrecería a las víctimas de abuso sexual infantil una nueva ventana de tiempo para presentar demandas, el principal defensor del proyecto de ley recuerda que la mayor parte de la resistencia a dicho proyecto provino de entidades que tienen una larga historia de problemas: distritos escolares, universidades y grupos atléticos juveniles, así como algunas de sus compañías de seguros.

El condado de Los Ángeles “simplemente no apareció”, dijo la ex asambleísta Lorena González Fletcher (D-San Diego), que patrocinó la Ley de Víctimas Infantiles.

Pero tres años después de la entrada en vigor de dicha ley, el condado de Los Ángeles -responsable de las instalaciones destinadas a proteger y rehabilitar a los jóvenes de la región- ha aparecido en los tribunales como uno de los mayores presuntos infractores institucionales.

Hace dos semanas, en un árido documento presupuestario, los funcionarios del condado ofrecieron cifras que dejaron atónitos incluso a algunos de los abogados más experimentados en casos de abusos sexuales de California. Los funcionarios del condado predijeron que podrían verse obligados a gastar entre 1.600 y 3.000 millones de dólares para resolver unas 3.000 demandas por abusos sexuales que supuestamente tuvieron lugar en hogares de acogida del condado, centros de adopción de menores, campamentos y de libertad condicional , que datan en algunos casos de la década de 1950.

El condado se está preparando para litigar los casos, y para ello ha contratado a 11 bufetes de abogados para que analicen las denuncias, muchas de las cuales no pueden investigarse, dicen, porque ya no disponen de los archivos correspondientes. Abogados veteranos especializados en abusos sexuales reclaman una investigación externa, afirmando que ni siquiera ellos se dieron cuenta del alcance de los presuntos abusos que tenían lugar en las instalaciones del condado.

Los expertos dicen que el volumen de casos es muy elevado en el condado de Los Ángeles. Un portavoz del condado de Riverside dice que han tenido 13 casos relacionados con la Ley de Víctimas Infantiles. El condado de Orange dice que ha tenido nueve reclamos de este tipo.

Sólo es posible compararlo con la Iglesia Católica, dice los abogados.

“Lo que es tan perturbador es que lanzan esto como si fuera una línea más en un documento presupuestario - y, si es cierto, sería el escándalo de abuso sexual más grande que podamos imaginarnos”, dijo Stewart Mollrich, abogado de Manly, Stewart & Finaldi, uno de los bufetes de abogados especializados en demandas por abuso sexual que está demandando al condado. “Sería del tamaño de lo que hemos visto en la Iglesia católica”.

Los abogados dicen que es ahora -años después de que el condado cerrara muchos de sus centros para menores- cuando el tamaño de los abusos sexuales en todas las instalaciones del condado de Los Ángeles está saliendo a la luz, con nuevas demandas casi cada semana.

“No se le ha prestado la debida atención”, afirma Doug Rochen, abogado de ACTS Law, que representa a más de 500 personas que alegan haber sufrido abusos en los campamentos y centros de libertad condicional del condado.

Con tantos clientes, Rochen dice que ha detectado rasgos comunes entre las historias de abusos: niños amenazados con más tiempo de confinamiento si contaban a los superiores los abusos; muchos eran recompensados con McDonald’s o regalos por permanecer callados; niños manoseados en los baños y duchas fuera de los ángulos de las cámaras.

Uno de los temas más recurrentes es que los superiores se hacían de la vista gorda ante los abusos. Dice que sólo uno de los 20 presuntos autores identificados por sus clientes se enfrenta a medidas disciplinarias.

“Con uno que se cuele en el sistema es suficiente para que sea inaceptable”, afirmó. “El hecho de que haya cientos lo hace repulsivo”.

El condado se negó a comentar las acusaciones, citando la investigación en curso.

Uno de los clientes de Rochen, que era adolescente en el 2004 cuando estuvo en el centro de menores Los Padrinos (ya cerrado), dijo que denunció a un oficial por abuso sexual en cuatro ocasiones distintas.

En cada ocasión, llenó una forma impresa en el que detallaba el supuesto abuso por parte de un agente, que según él le tocaba los genitales, y lo introdujo en un buzón de quejas. Nunca obtuvo respuesta.

“Se crean monstruos a partir de situaciones así”, dijo el hombre en una entrevista, añadiendo que tuvo problemas de ira después de dejar Los Padrinos. “No se lo desearía a nadie”.

El Times no suele nombrar a las presuntas víctimas de agresiones sexuales.

Rochen dijo que llamadas como ésta continúan en su bufete, incluyendo al menos cinco la semana pasada.

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Las compuertas se abrieron el 1 de enero de 2020.

La Ley de Niños Víctimas entró en vigor, permitiendo a las víctimas de agresión sexual infantil demandar hasta los 40 años; anteriormente, sólo podían demandar hasta los 26 años. La ley también abrió un plazo de tres años para que las víctimas mayores de 40 años pudieran presentar una demanda.

“La única forma de detener este ciclo de abusos es que todas las instituciones se lo tomen en serio”, afirmó González Fletcher, que dejó la Asamblea el año pasado para dirigir la Federación de Trabajadores de California. “Y la forma de conseguir que la gente se lo tome en serio a veces es que haya una sanción económica”.

Se suponía que ese plazo de tres años terminaría el 1 de enero de este año, pero algunos abogados han seguido presentando demandas, argumentando retrasos por la pandemia.

Los abogados del condado de Los Ángeles afirman que hasta el pasado miércoles se habían notificado 528 demandas y que tienen conocimiento de 1.831 demandantes que alegan abusos sexuales. El condado dice que prevé unos 3.000 demandantes “basándose en las declaraciones de los abogados de los demandantes”.

Muchas de las demandas proceden del MacLaren Children’s Center, un centro de acogida ya cerrado en el que, según los niños de acogida de ese tiempo, proliferaban los abusos físicos y sexuales. El bufete Herman Law Firm afirma que tiene unos 500 demandantes que dicen haber sufrido abusos allí. Slater Slater Schulman LLP dice que tienen 1.500 personas. Los abogados dicen que no todas las demandas de estas personas han sido notificadas al condado.

James Lewis, socio de Slater Slater Schulman, dijo que el volumen de casos es tan alto en parte porque esta es la primera oportunidad real que las víctimas han tenido para presentarse. Antes del cambio en la ley estatal, dijo Lewis, los niños de crianza abusados en MacLaren sólo podían demandar si presentaban una demanda por agravio dentro de los seis meses siguientes al abuso - un plazo imposible para jóvenes sin dinero que probablemente habían sufrido el abuso décadas atrás.

“Era casi imposible que estas demandas se hubieran presentado contra el condado de Los Ángeles por lo ocurrido en MacLaren Hall el 1 de enero de 2020”, dijo Lewis. “Eso es lo que estamos viendo ahora: pasaron décadas antes de que estas personas pudieran recibir justicia”.

Todos los casos relacionados con abusos sexuales en centros de libertad condicional están siendo “coordinados”, un proceso legal en el que los casos con acusaciones similares se combinan para que puedan ser escuchados por el mismo juez. Se espera que el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles Lawrence Riff celebre una conferencia sobre el estado de esos casos en junio. Un proceso similar está en marcha con los casos relacionados con MacLaren Hall en la sala de Los Ángeles de la juez del Tribunal Superior Yvette Palazuelos.

Según el condado, se ha resuelto una demanda interpuesta en virtud de la nueva ley: una mujer, identificada en los documentos judiciales como C.F., dijo haber sido agredida sexualmente en repetidas ocasiones por su padre de acogida en la década de 1980. Ella acusó al condado de dar al hombre “acceso sin restricciones” a ella. Según la demanda, la niña denunció los abusos, pero la dejaron en la misma casa.

La demanda se resolvió por algo menos de 100.000 dólares, según el condado.

Es una fracción de lo que el condado estima que tendrá que pagar para resolver estas demandas. Funcionarios del condado han dicho que están considerando la posibilidad de tomar bonos, echando mano de su fondo de emergencia o la reducción de los presupuestos de los departamentos mientras se preparan para pagar hasta 3 mil millones de dólares - una estimación máxima que es mayor que el presupuesto anual de todos los departamentos del condado, excepto seis.

Algunos abogados han pedido al condado que explique cómo ha llegado a ese cálculo.

“No sé cómo el condado llegó a la cifra de 3.000 millones de dólares”, dijo Courtney Thom, abogada de Manly, Stewart & Finaldi. “Si es así, será el mayor acuerdo por abuso sexual infantil de la historia”.

Si el condado termina gastando 3.000 millones de dólares en acuerdos, los abogados dicen que empequeñecería los pagos de cualquier caso de abuso sexual del que hayan tenido noticia. La Arquidiócesis de Los Ángeles llegó a un acuerdo de $ 660 millones con las víctimas de abuso sexual por sacerdotes. La USC pagó unos 1.100 millones de dólares a los antiguos pacientes del ginecólogo George Tyndall. U.S.A. Gymnastics llegó a un acuerdo de 380 millones de dólares con gimnastas que habían sufrido abusos sexuales por parte del exmédico del equipo Larry Nassar.

El condado negó una solicitud de registros públicos de The Times para un análisis de cómo los abogados del condado estimaron su responsabilidad, citando litigios pendientes. No está claro cuánto cubrirá el seguro, si es que cubre algo. El condado está asegurado, pero se está explorando si tenía cobertura en el momento de los presuntos abusos.

Una serie de abogados externos se sumará a los costos. La oficina del abogado del condado dijo que ha contratado a 11 bufetes de abogados: Carpenter Rothans & Dumont; Collins + Collins LLP; Collinson, Daehnke, Inlow, & Greco; Glaser Weil; Hurrell Cantrall LLP; Kjar, McKenna & Stockalper; Laquer Urban Clifford & Hodge LLP; Lawrence Beach Allen & Choi PC; Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP; Peterson Bradford Burkwitz Gregorio Burkwitz & Su; y Seki Nishimura & Watase LLP.

El condado no dio a conocer las tarifas de esos abogados.

Los complicados casos se han visto dificultados por el hecho de que el condado afirma no tener registros de muchos de los presuntos agresores. Normalmente, los casos de este tipo podrían implicar registros disciplinarios, registros de asignación de personal o expedientes de casos. El abogado del condado dijo que no están obligados a conservar documentos que datan de varias décadas.

Cuestionada acerca de las denuncias de abusos, la supervisora Kathryn Barger dijo el 24 de abril en el programa “AirTalk” de LAist 89.3 que el condado no tiene forma de investigar las acusaciones más antiguas.

“No tenemos defensa porque no mantenemos registros de tanto tiempo atrás”, dijo Barger.

Los abogados especializados en abusos sexuales replicaron que suele ser su parte, que tiene la carga legal de probar su caso, la que sufre cuando las grandes instituciones desechan los registros antiguos.

“Una de las cosas que suele decir una institución demandada es: ‘Esto fue hace años. Ya no lo sabemos. No tenemos registros. La gente ha envejecido. La gente ha muerto’”, dijo el abogado Mike Reck, que trabaja exclusivamente en demandas por abusos sexuales a menores en California. “Y la respuesta a eso es: ¿por qué eso debe ser una carga más para la víctima del delito?”.

Reck, que está litigando los casos contra la Iglesia Católica que fueron presentados bajo la Ley de Víctimas Infantiles, dijo que alrededor de 1.860 personas están demandando a la Arquidiócesis de Los Ángeles y la Diócesis de Orange.

La Arquidiócesis de Los Ángeles dijo en un comunicado que sigue estando “en contra de cualquier conducta sexual inapropiada”. La mayoría de estos casos implican a clérigos que han fallecido o abandonado el ministerio, según el comunicado, y la mayoría de los presuntos abusos tuvieron lugar en la década de 1970 o antes.

Reck dijo que no prevé ni de lejos los 3.000 demandantes que espera el condado.

Una de las razones de la diferencia, dijo, es que la Iglesia Católica ha estado abordando su escándalo de abusos sexuales durante dos décadas, resolviendo los casos a un “ritmo cada vez más rápido”. Por otra parte, el ajuste de cuentas del condado parece que acaba de empezar.