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‘Se humilló a un sistema perverso’: Exjuez Gálvez desgrana las secuelas de las elecciones de Guatemala

Miguel Ángel Gálvez fungió como juez durante 24 años en Guatemala, cargo al que renunció debido a amenazas.
Miguel Ángel Gálvez fungió como juez durante 24 años en Guatemala, cargo al que renunció debido a amenazas por sus resuluciones.
(Sarahi Apaez)
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Las pasadas elecciones presidenciales desbarataron las apuestas de los grupos de poder en Guatemala, que tenían hasta cuatro candidatos —en la primera vuelta— que respondían a sus intereses; sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, los electores favorecieron a Bernardo Arévalo —aspirante por el partido Movimiento Semilla—entre 22 candidatos como el segundo más votado, quien al final se impuso como ganador en la segunda vuelta.

Este es uno de los temas abordados por el exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez en entrevista con Los Angeles Times en Español. En 24 años de carrera judicial, Gálvez envió a juicio al exgeneral y expresidente golpista Efraín Ríos Montt por cargos relacionados con genocidio durante la guerra civil de 36 años en Guatemala, al igual que al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción. También mandó a juicio a antiguos miembros del Ejército en el caso conocido como “Diario Militar”, entre otros.

“Siento que solo con el hecho de haber quedado —Arévalo— y el apoyo que tiene de la misma población, considero que ya se empiezan a dar algunos pasos para tratar al máximo de consolidar un Estado de derecho”, dijo el exjuez en una visita a la ciudad de Los Ángeles.

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El Tribunal Supremo Electoral proclamó el lunes al progresista Bernardo Arévalo como presidente electo de Guatemala, pero se mantiene en incertidumbre su futura toma de posesión después de que el registro electoral suspendiera al Movimiento Semilla con el que el político se presentó en las elecciones.

Ago. 28, 2023

El exjuez visitó el sur de California para recibir el reconocimiento “Personalidad del Año”, entregado por la organización Red Migrante Guatemalteca en el marco de las festividades de la Semana del Guatemalteco, que realizan anualmente en Los Ángeles. Gálvez, de 65 años, inició su carrera judicial en 1998 con el caso de un comisionado militar juzgado por asesinato. Sus decisiones en casos de corrupción y crimen organizado le granjearon críticas y amenazas. Desde el 2000 el Estado le proveyó seguridad, pero llegó a valorar que su vida corría peligro luego de mandar a juicio a militares involucrados en la desaparición forzada de personas.

“Ese es el proceso que me levantó mucho perfil”, dice sobre el denominado “Diario Militar”. Este caso documenta los crímenes cometidos entre 1983 y 1985. Entre los imputados hay unos 15 expolicías, exmilitares y civiles, a quienes se les acusa de perpetrar torturas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, homicidios y violencia sexual en contra de al menos 180 personas.

Al consultar con expertos y analistas, todos coincidían en que no se descartaba un atentado en su contra. El 4 de noviembre de 2022 salió de vacaciones hacia San José, la capital de Costa Rica. Casi de inmediato, en las redes sociales se ventiló su salida del país y comenzó a recibir amenazas de diferentes personas, entre ellos estaba Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dijo Gálvez.

Méndez Ruiz es hijo de Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, quien fue ministro de Gobernación del dictador Efraín Ríos Montt, en cuyo mandato el Ejército masacró a cientos de indígenas mayas. En sus redes sociales se identifica como “activista de ultra derecha”.

El pasado 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la resolución 48/2023 emitió medidas cautelares para proteger al presidente electo Arévalo de amenazas de muerte. Asimismo, se denunció que es objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso y exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales. Entre esos ataques estarían los de Méndez Ruiz y la FCT, tal como lo destacan algunos medios.

Luego surgió la denuncia de un intento de “golpe de Estado”, por lo que se realizaron protestas en la Ciudad de Guatemala pidiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien se señala de estar impulsando el plan para evitar que Arévalo asuma el poder. En la red social X, antes conocida como Twitter, Méndez Ruiz publicó una imagen con un fondo rojo donde aparece él junto a la fiscal Porras con el texto que dice: “golpistas”.

“No me importa que me califiquen como golpista”, escribió el activista porque a su juicio la labor del Ministerio Público está basada en derecho. “Cuando estén lamentando su error nos darán la razón, pero será demasiado tarde”, agregó Méndez Ruiz. Este activista ve a Arévalo como un comunista y reitera en sus mensajes que cometió fraude. “No hay justificación alguna que lo haga merecer la presidencia”, dice sin tapujos.

Sin embargo, a juicio de Gálvez si tienes a todas las instituciones del Estado cooptadas, no puede haber fraude.

“El presidente de la FCT me estuvo amenazando constantemente desde el 2012 hasta el 2022”, indicó el exjuez.

En junio de 2022, la Corte Suprema dio el aval para iniciar el proceso de retiro de inmunidad a Gálvez. El dictamen se dio a petición de la FCT por supuestos fallos en sus resoluciones. De acuerdo al exjuez, no podía tener una justa defensa debido a la falta de independencia judicial en Guatemala. El 15 de noviembre de 2022 renunció a su cargo desde Costa Rica, a donde había llegado de vacaciones el 4 de noviembre; luego se fue a Europa. En la actualidad, el exjuez sigue viviendo en el exilio.

Gálvez es uno de los más de 50 fiscales, magistrados, jueces y periodistas que han tenido que salir de Guatemala perseguidos por el Ministerio Público por ser incómodos a los grupos de poder.

Las investigaciones estaban llegando muy alto, ya se había procesado a varios militares, pero [luego] se empezó con el sector económico, cuando ya se estaba tocando lo más alto de esas estructuras es que expulsaron a la CICIG

— Exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez

Los operadores de justicia perseguidos son aquellos que participaron en las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), creada en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala. Esta comisión persiguió penalmente los casos: Cooptación y La Línea, en este último es donde se encarceló al expresidente Pérez Molina, entre otros.

El trabajo de la CICIG fue contundente. Al comenzar a operar, es decir 10 años después de que terminara el conflicto civil, el principal objetivo era investigar y erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. También incluía la persecusión penal de casos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico.

“Las investigaciones estaban llegando muy alto, ya se había procesado a varios militares, pero [luego] se empezó con el sector económico, cuando ya se estaba tocando lo más alto de esas estructuras es que expulsaron a la CICIG”, aseguró Gálvez. Esa comisión salió del país en septiembre de 2019 en el mandato del entonces presidente Jimmy Morales, pocos meses antes de entregar el poder a Alejandro Giammattei.

Miguel Ángel Gálvez fungió como juez durante 24 años en Guatemala
Miguel Ángel Gálvez fungió como juez durante 24 años en Guatemala, cargo al que renunció debido a amenazas por sus resuluciones.
(Sarahi Apaez)

Esos grupos de poder que eran investigados son los que controlan en la actualidad las instituciones del Estado guatemalteco. A juicio de Gálvez, ahí hay militares, empresarios, políticos y estructuras del crimen organizado.

“Yo siempre los he relacionado a todos ellos. En las actuales circunstancias de Guatemala es difícil separar una cosa [de la otra], es una misma estructura, aliados para garantizar sus beneficios”, dijo.

A pesar de tener un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala hasta septiembre de 2019, el presidente Morales le dio 24 horas, en enero de ese año, para que los funcionarios de la CICIG, dirigidos por el comisionado colombiano Iván Velásquez, salieran del país. El mandatario guatemalteco acusó al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, y de poner en riesgo la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala.

En medio de desencuentros, tras 12 años de trabajo, la CICIG entregó su último informe en agosto de 2019, titulado “El legado de Justicia en Guatemala”. Uno de sus logros fue la desarticulación de una de las mayores redes de corrupción, que terminó con el expresidente Pérez Molina tras las rejas. Incluso, el presidente Morales fue investigado por presunto financiamiento ilícito de su campaña y, en el 2010, el actual presidente Giammattei estuvo más de diez meses en la cárcel acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos, investigaciones que impulsó la CICIG junto al Ministerio Público.

En las pasadas elecciones, al menos cuatro candidatos comulgaban con el sistema actual, asegura el exjuez. Es decir que Gálvez ubica en la misma línea al oficialista Manuel Conde (Vamos); la hija del dictador Ríos Montt, Zury Ríos (Valor Unionista); Sandra Torres (UNE) y Edmont Mulet (Cabal). Sin embargo, al resultar ganador una persona ajena al sistema se originaron los ataques hacia el Movimiento Semilla, y su candidato presidencial Arévalo.

“Ese es el miedo ahorita que llegue Semilla”, dijo Gálvez.

El temor es perder los beneficios económicos que esos grupos generan desde el Estado, asimismo tienen miedo de ser capturados por investigaciones que profundicen los casos de corrupción recientes.

Antes de las elecciones, en entrevista con este periódico, Arévalo aseguró que una de sus banderas era el combate a la corrupción y la impunidad. A su juicio, es imperativo recuperar el Estado porque en este momento no funciona. “Está cooptado por una élite política corrupta”, aseveró detallando que se tiene que trabajar con “gente honesta y decente”.

En esa oportunidad, el ahora presidente electo indicó que tenía pensado incluir a los operadores de justicia que se encuentran fuera de Guatemala. “Han tenido que exiliarse porque han plantado cara a la corrupción, porque han denunciado la corrupción. Vamos a invitarlos a acompañarnos para hacer la reflexión, el diseño de una estrategia y, después, la implementación para construir este sistema”, dijo Arévalo en mayo en entrevista con LA Times en Español.

Alejandro Chanax y Johana González adquirieron su propia panadería en agosto de 2021, después de ser afectados por el desempleo y la pandemia

Oct. 19, 2022

Gálvez le toma la palabra. Piensa que es factible retornar a Guatemala y colaborar, pero primero Arévalo tiene que tomar posesión del cargo de presidente y ver el nombramiento del gabinete. Luego dijo que tendría que analizar cómo se aborda el tema del combate a la corrupción. En cualquier gobierno que aspire a una democracia se tiene que luchar contra ese flagelo, indicó.

“Es un tema al que hay que entrarle y agarrarlo frontal”, manifestó.

El triunfo de Arévalo llena de esperanza a Gálvez, no solo porque se pueden sentar las bases para recuperar el Estado de derecho, sino porque el pueblo guatemalteco dio una lección a las naciones latinoamericanas. El exjuez sostiene que en los pasados comicios no solo “se humilló a Sandra Torres, sino que se humilló a todo un sistema perverso, pervertido y corrupto”.

“El pueblo es un ejemplo no solo para Centroamérica, sino para toda América Latina, [sirve para decir] que se puede llegar a donde se quiere, siempre para consolidar una democracia [el camino] serían las urnas, ese es el poder que tiene el pueblo”, concluyó Gálvez.

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