Los inmigrantes venezolanos son condenados al ostracismo en medio de la xenofobia en Colombia
Kerwin García nunca planeó huir de su natal Venezuela. Hoy en día a veces se pregunta si alguna vez encajará en Colombia, su país de adopción.
Tras crecer en el estado costero de Falcón, García dejó la escuela y se alistó en el ejército, para luego trabajar brevemente como funcionario de gobierno. Pero a medida que la economía de Venezuela se hundía más y la simple supervivencia se hacía difícil bajo el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro, decidió unirse a su hermano mayor y a otros 2.8 millones de venezolanos y emigrar a la vecina Colombia.
“No quería dejar mi país”, dijo el joven de 24 años, vestido con una camiseta negra, pantalones vaqueros y tenis blancos mientras esperaba en un centro comunitario al que acudió en busca de asesoría, en el barrio de Los Mártires en Bogotá, la capital de Colombia. “No tengo permiso de trabajo, no tengo pasaporte, soy ilegal”.
García encontró trabajo inicialmente en una empresa que fabricaba gorras y después en un restaurante. Pero fue despedido el pasado mes de julio después de que le culparan de un dinero que faltaba, una experiencia que le dejó molesto y abatido.
“Decían que ‘los venezolanos son ñucos, son burros’”, relató, utilizando un coloquialismo que significa ignorante o inculto. “Me veían de otra manera, no me trataban como a un amigo, sino como a un delincuente”.
Su nuevo entorno le ha marcado emocionalmente. “A veces cuando voy a hablar con un colombiano me da pena, siento temor de ser rechazado”, dijo.
Colombia y Venezuela tienen una larga historia común. Las dos naciones comparten una frontera de 1.378 millas, pero en el pasado esas divisiones no existían. Entre 1819 y 1831, tras las guerras latinoamericanas de independencia de España, formaron parte de la Gran Colombia, una etapa única. Pero las disputas fronterizas estallaron en escaramuzas militares o en altercados más letales y duraderos entre los dos países. La guerra civil de Colombia entre los ejércitos guerrilleros y el gobierno federal, que duró décadas, se extendió a Venezuela. En los últimos años, las operaciones transfronterizas de los cárteles multinacionales de la droga han exacerbado aún más las tensiones.
A veces cuando voy a hablar con un colombiano me da pena, siento temor de ser rechazado
— Kerwin García, inmigrante venezolano
Desde la década de 1930 hasta la de 1950, la oleada migratoria fue en dirección inversa. Los colombianos buscaron refugio en territorio venezolano. El desplazamiento aumentó en 1970 debido al conflicto interno en Colombia, mientras que en Venezuela había prosperidad gracias a la producción de petróleo. En 2011, indican datos del censo, había más de 700 mil colombianos en la nación vecina, y hasta 2022 se estima que eran más de 4 millones. Antes de la crisis económica de 2015, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela era de 2.247 millones de dólares; para 2021 se había desplomado a 391 millones, según un informe de la Universidad del Rosario.
Los patrones globales de inmigración han propiciado una nueva dinámica. Hasta finales de 2022, según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, conocida como ACNUR, había 108.4 millones de desplazados en el mundo debido a persecuciones, violencia, violaciones de derechos humanos y sucesos que alteraron gravemente el orden público. La agencia sostiene que 7.7 millones de ellos son venezolanos, la cifra más alta para cualquier país latinoamericano.
Al igual que muchos recién llegados a otros rincones del mundo, las crecientes legiones de migrantes de Venezuela a menudo se encuentran con que no son bienvenidos al cruzar las fronteras. Eso incluye a las decenas de miles de venezolanos que en los últimos años se han abierto camino a través del peligroso Tapón del Darién, que se interpone a Colombia y Panamá, en ruta hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.
Estados fronterizos estadounidenses como Texas y Arizona han estado enviando en autobús a venezolanos solicitantes de asilo a “ciudades santuario” como Nueva York, cuyo alcalde, Eric Adams, se ha quejado de que el gobierno de Joe Biden no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera. Estados Unidos también ha estado empujando a más inmigrantes de Venezuela y otros países de vuelta a México, y ha reanudado los vuelos de deportación.
Ningún país ha absorbido más migrantes venezolanos que Colombia, que mantiene una larga, compleja y a menudo tensa relación con su vecino, con quien mantiene episodios de amor y odio. En 2015, al menos 1.500 colombianos que vivían en Venezuela fueron expulsados, y otros 22.000 se marcharon “voluntariamente”.
Hoy en día, en prácticamente cualquier espacio público de Bogotá ―y dispersos por las demás grandes ciudades colombianas― es normal encontrar inmigrantes venezolanos pidiendo limosna en los autobuses, reciclando botellas recogidas en las calles y ganándose la vida de cualquier forma. Algunos han conseguido abrir restaurantes, peluquerías, salones de belleza y otros pequeños negocios. En 2014, solo 23.573 inmigrantes venezolanos vivían en Colombia.
Pero según un estudio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, con sede en Bogotá, en octubre de 2022 ese total había aumentado a 2.8 millones de inmigrantes; de ellos, el 59.8% tiene un permiso temporal de protección que les permite permanecer en Colombia bajo las normas migratorias y obtener trabajo.
Esta explosión ha provocado una reacción cultural y brotes xenófobos contra los inmigrantes que intentan integrarse en la sociedad colombiana, según Ronald Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela.
“La xenofobia está empezando a crecer en Colombia y va a una velocidad muy alta”, dijo Rodríguez, añadiendo que se ha vuelto común que los colombianos culpen de todo tipo de delitos y otros problemas sociales a los venezolanos.
En una lluviosa noche de viernes en el barrio Chapinero, al noreste de Bogotá, un enjambre de jóvenes con el pelo engominado y vestidos para impresionar, se reunieron para relajarse en una cervecería artesanal. Una canción de Bon Jovi sonaba en el patio: “Es mi vida / Es ahora o nunca / Pero no voy a vivir para siempre....”
Pero a pocos metros, otros muchachos con cascos de moto y chamarras impermeables rojas, que trabajan como repartidores de comida, parecían ansiosos y agitados.
El primer grupo de jóvenes eran colombianos. Los segundos eran inmigrantes venezolanos.
En este último grupo estaba Óscar Montes, de 32 años, que llegó a Bogotá en 2021. En su estado natal de Trujillo, situado al oeste de Venezuela, había trabajado haciendo queso. Entonces, su salario mensual era el equivalente a 20 dólares, suficiente para pagar un cartón de huevos, un kilo de carne y un kilo de queso en la economía venezolana, acosada durante años por la hiperinflación.
“La moneda está completamente devaluada, por eso sólo están allá los abuelos, los cuchos [ancianos]”, dijo Montes, cuyo hermano de 25 años y su primo de 23 se mudaron con él a Soacha, una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de Bogotá.
Aunque ahora gana unos 500 dólares al mes, sin permiso de trabajo, el aumento de la inflación ha mermado los ingresos de Montes, lo que también se debe en parte a la caída de las entregas a domicilio. En diciembre pasado, había unos 100 repartidores en moto, todos venezolanos, en el grupo de Montes. Ahora son unos 50.
Al ver el impacto en sus bolsillos, algunos de sus antiguos colegas se han marchado de Colombia. “El 40% se ha ido a Estados Unidos”, dice Montes, quien ha vendido su motocicleta para ahorrar dinero para su viaje a Estados Unidos.
“La vida aquí se está volviendo muy dura”, afirma.
Mientras la vida se hace más difícil para los inmigrantes venezolanos, la opinión pública colombiana se ha vuelto menos favorable.
Antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2022, la encuestadora Invamer reveló que el 63.2% de los colombianos afirmaba tener una percepción negativa de los venezolanos, y el 60.6% estaba en desacuerdo con las políticas migratorias del expresidente Iván Duque, cuyo mandato de cuatro años terminó en 2022. El gobierno de Duque en 2021 otorgó un nuevo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) por 10 años a unos 1.7 millones de inmigrantes.
En línea con estas opiniones, el Barómetro de Xenofobia, una plataforma en línea que examina y explica las narrativas sobre migración, xenofobia, racismo y género en América Latina, analizó el discurso sobre migración de los seis candidatos presidenciales de Colombia en las elecciones de 2022. De un total de 11.987 publicaciones en medios de comunicación y de otro tipo sobre inmigración por parte de los candidatos, identificó sólo 15 que hacían referencia a propuestas para integrar a los venezolanos en la sociedad colombiana. Ese bajo número reflejó un cálculo político “frente a un tema que no cuenta con el respaldo popular”, declaró la organización.
Es la primera vez en su historia que Colombia recibe un flujo migratorio tan grande. La Universidad del Rosario estima que el 39.5% de los migrantes y refugiados que han salido de Venezuela viven ahora en suelo colombiano; comenzaron a llegar en 2016, un año después de que colombianos y colombo-venezolanos fueran expulsados de Venezuela por el régimen de Maduro.
Los años más duros de esta ola migratoria fueron entre 2018 y 2019, debido a la crisis humanitaria en Venezuela, causada por la violenta represión del régimen de Maduro contra la disidencia.
“Los migrantes siguen saliendo de Venezuela y no van a dejar de salir porque las causas por las cuales salen no se han solucionado; sigue siendo un país con una crisis económica y humanitaria”, dijo Ana Karina García, abogada venezolana y directora de la Fundación Juntos Se Puede, con oficinas en Bogotá y Cúcuta, en el noreste de Colombia. La organización atiende a un promedio diario de 150 inmigrantes, refugiados y retornados.
Aunque la fundación presta asistencia a los venezolanos, no puede llegar a aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos y plazos establecidos en la aplicación del Estatuto Temporal de Protección, que se puso en marcha en marzo de 2021. Esta medida ofrece a la inmigración la posibilidad de que las personas reciban una identificación que les autoriza a permanecer en el territorio y realizar cualquier actividad legal durante 10 años. La última fase del programa estuvo dirigida a los migrantes que ingresaron a Colombia por un puesto de control migratorio oficial entre el 31 de enero de 2021 y el 28 de mayo de 2023, y que tengan un pasaporte sellado como prueba.
“El 70% de los venezolanos no tiene pasaporte”, lamenta la abogada García. Asimismo, las personas que hayan ingresado ilegalmente a Colombia desde 2021 no pueden acogerse a este programa.
“Un migrante que ingrese en este momento ―regular o irregular― no puede ser beneficiario del ETPV”, dijo.
Hasta el momento, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha anunciado ninguna ampliación de este programa. Pero lo que más preocupa a los defensores de derechos humanos es que en el último año el mandatario ha restado énfasis a la promoción de los derechos humanos, la atención humanitaria y la integración de la población migrante.
Como prueba, los activistas se preguntan por qué Petro, el primer presidente de la nación de un partido de izquierda, eliminó el cargo de gerente de fronteras que se encargaba de supervisar la política y los procedimientos humanitarios, que fue creado a principios de 2018 en el gobierno del presidente derechista Juan Manuel Santos, en medio de la ola migratoria de ese ese momento. Cuando otro presidente conservador, Iván Duque, asumió el poder, continuó con ese puesto.
Algunos activistas y críticos creen que Petro intenta congraciarse con el régimen de Maduro, dado que en agosto de 2022 los dos gobiernos restablecieron relaciones diplomáticas poco después de que el presidente colombiano llegara a la Casa de Nariño.
“Aquí se está politizando la narrativa sobre la migración como una clara estrategia de negación, diciendo: ‘Esto no está pasando’”, dijo José Ramón Villalobos, periodista y director del diario digital El Venezolano Colombia, medio creado en el exilio en 2019. “El gobierno de Petro tiene alianzas con Maduro y la narrativa del régimen venezolano sobre la migración es política. Pero lo que se refleja en esta migración es una profunda crisis de derechos humanos”, dijo el periodista oriundo de Maracaibo.
El gobierno colombiano habla ahora de “desvenezolanizar” el tema migratorio, como dijo un funcionario a la prensa, es decir, clasificarlo y tratarlo como un fenómeno planetario de amplia definición, y no como uno específicamente vinculado a Venezuela.
Los Angles Times solicitó una entrevista con Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, pero no se obtuvo respuesta.
Con el aval del gobierno colombiano, Estados Unidos lanzó la iniciativa Movilidad Segura en Bogotá en junio pasado (la iniciativa ya está vigente en Guatemala y Costa Rica). Lo que busca la administración Biden es que venezolanos, haitianos y cubanos que tienen estatus regular en suelo colombiano ingresen a Estados Unidos bajo el proceso de reunificación familiar o el programa de refugiados.
(Marcus Yam/Los Ángeles Times)
Hasta el 3 de octubre, unas 45.000 personas habían completado solicitudes en el portal habilitado para este programa en los tres países, según el Departamento de Estado. De ese número, 4.000 han sido remitidas al Programa de Admisión de Refugiados para su posible reasentamiento en Estados Unidos; 4.500 han sido examinadas para determinar si podrían cumplir los requisitos para ser refugiados o ser elegibles para la reunificación familiar en el marco de otros programas. No se detallaron las cifras concretas de solicitudes en Colombia.
“La iniciativa Movilidad Segura es una de las muchas maneras en que Estados Unidos está facilitando el acceso a vías seguras y legales desde los países socios de la región sin costo alguno, para que los refugiados y migrantes vulnerables no tengan que emprender viajes peligrosos en busca de seguridad y mejores oportunidades”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje escrito a LA Times.
Defensores de derechos humanos consideran que esta iniciativa es un paso positivo, pero argumentan que sólo beneficia a un pequeño grupo y no está dirigida a la población más vulnerable que transita por el Darién, muchos de los cuales no tienen un familiar para solicitar el proceso de reunificación.
El investigador Rodríguez sostiene que con esta medida se consuma el viraje de Petro en política migratoria, al pasar de una estrategia de solidaridad con los migrantes a un esquema de contención. El experto la compara con la estrategia utilizada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o el chileno Gabriel Boric.
“Colombia amplió la frontera de Estados Unidos”, dijo el politólogo de la Universidad del Rosario. “Es una estrategia de contención porque es para atender a los venezolanos; los colombianos no califican. Es la contención de los venezolanos que están tomando la ruta centroamericana”.
Lo que hace falta, dicen los activistas, es que el gobierno de Petro amplíe el programa ETPV para incluir a las personas que ingresaron desde enero de 2021, incluyendo tanto a los migrantes que entraron legalmente como a los que no lo hicieron. Al mismo tiempo, los activistas insisten en que las naciones de todo el hemisferio deben abordar el creciente fenómeno migratorio, incluyendo el papel de la sociedad civil, la empresas privada y la cooperación internacional.
“Ahora mismo estamos en un limbo”, dijo Gisela Serrano, fundadora de la Fundación Mahuampi Venezuela. Sus compatriotas indocumentados están expuestos a la explotación laboral, el tráfico de personas y la explotación sexual de las mujeres, entre otros abusos. “Esto crea una marginalidad económica muy alta, aumenta la franja de pobreza y vulnerabilidad en las ciudades”, dijo Serrano.
A medida que el gobierno colombiano ha ido modificando su postura sobre la inmigración, otros actores han entrado en el debate.
En la actual campaña para las elecciones regionales en Colombia para gobernadores, alcaldes y diputados, previstas para el 29 de octubre, varios candidatos han utilizado una retórica xenófoba. Entre ellos se encuentran el exministro de Defensa, Diego Molano, candidato a la alcaldía de Bogotá; el pastor cristiano Jaime Andrés Beltrán (alcaldía de Bucaramanga); el sacerdote católico Edilson Huérfano (alcaldía de Cali); el expresidente de la asociación de bares y discotecas (Asobares) de Norte de Santander, José Luis Mora (alcaldía de Cúcuta); y el economista Mauricio Tobón (gobernación de Antioquia).
En una entrevista radiofónica, Molano planteó la idea de construir una megacárcel para recluir a los indocumentados.
“Esos venezolanos criminales que hoy roban, atracan y consideran que no les aplica la ley colombiana, los vamos a llevar a esa cárcel y luego los deportamos”, dijo Molano según informes de prensa.
Estos ataques directos a los inmigrantes por parte de políticos, funcionarios u otras figuras públicas alimentan la animadversión y legitiman las opiniones xenófobas, sostienen los críticos.
“La gente empieza con chistes y burlas, pero no sienten que sea un acto de discriminación”, afirma Liliana Fernández, socióloga y coordinadora de investigación de Barómetro de Xenofobia. “Pero un comentario puede estar produciendo todo un sistema de discriminación contra una población y luego se puede traducir en actos contra los derechos de esas personas”.
Proyectar miedo y hostilidad hacia los extranjeros no es una novedad en América Latina, una región constantemente moldeada y reconfigurada por la inmigración. La periodista Maryluz Vallejo recopiló y documentó más de 120 casos en su libro “Xenofobia al rojo vivo en Colombia” (Planeta, 2022), algunos de los cuales se remontan a principios de la década de 1920. Sus ejemplos incluyen el acoso y expulsiones de judíos que huían del nazismo, chilenos que escaparon de la dictadura del general Augusto Pinochet y españoles exiliados en México y otros países por la dictadura de Francisco Franco.
“En Colombia se considera que los extranjeros útiles son aquellos con títulos universitarios o dinero. El resto son ociosos, dañinos y muchos más calificativos estigmatizantes que todavía se emplean”, dijo Vallejo en una entrevista a un medio de comunicación colombiano.
La gente empieza con chistes y burlas, pero no sienten que sea un acto de discriminación. Pero un comentario puede estar produciendo todo un sistema de discriminación contra una población y luego puede se puede traducir en actos contra los derechos de esas personas
— Liliana Fernández, socióloga y coordinadora de investigación de Barómetro de Xenofobia
En una tarde fría en un café del barrio La Candelaria, cerca del Centro Cultural Gabriel García Márquez, Carla Acosta, de 41 años, habló de su viaje desde su estado natal Lara, en la región centro-occidental de Venezuela, hasta la capital colombiana.
“Me tocó bajarme de la nube”, dijo refiriéndose a que tuvo que replantearse su visión idealizada de cómo sería la vida en Colombia.
“No creía que aquí había xenofobia”, dijo Acosta, quien llegó en 2019 con un hijo de 17 años y una hija de 11.
Cuando se instaló en Bogotá, la ciudad donde vivía su hermano menor desde 2017, Acosta recuerda que había tantos venezolanos que los colombianos empezaron a tratar a los llegados como una molestia. En una ocasión, durante una entrevista de trabajo, su posible empleador vio que era venezolana y le tiró las hojas de su currículum vitae en la cara.
“No aceptamos venezolanos”, le dijo.
“Es humillante, es triste”, dice Acosta, con los ojos llorosos al recordarlo. “Es algo de lo que ni siquiera tengo culpa, yo no elegí nacer en Venezuela, siento que no merezco esa etiqueta”.
Oriunda de Barquisimeto ―la ciudad natal de Gustavo Dudamel, el querido director musical y principal director de la Filarmónica de Los Ángeles―, Acosta había administrado un negocio de comida vegetariana en su antigua ciudad. Pero los frecuentes cortes de agua potable y electricidad, la escasez de alimentos y la inflación la expulsaron de su tierra.
En Colombia, Acosta lavó platos, limpió baños y trabajó como ayudante de cocina. Pero nunca dejó morir su negocio. A través de las redes sociales ―@peperina.food en Instagram― ha seguido ofreciendo frutas deshidratadas, granola y otros productos. Asimismo, mientras alterna empleos de medio tiempo, se dedica a trabajar como chef a domicilio, impartiendo talleres y atendiendo banquetes donde se lo soliciten.
“Ha sido duro, pero también he conocido otra cara de Colombia”, dice Acosta al explicar cómo le han tendido una mano.
¿Volverías a vivir a Venezuela? Se le preguntó.
“Por el momento, no”, dijo Acosta. “Fui hace poco ―en febrero― y todo está peor. En Venezuela no hay garantías de vida y eso me da temor”.
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