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Organismos internacionales abogan por defensora de derechos humanos arrestada en El Salvador

Ruth Eleonora López, de 47 años, es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la org
Ruth Eleonora López, de 47 años, es la jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, institución especializada en la defensa de los derechos humanos.
(FGR )

La abogada Ruth Eleonora López, experta en derecho electoral y defensora de derechos humanos, es una de las voces críticas en contra del régimen de Bukele

La reconocida abogada y defensora de derechos humanos en El Salvador, Ruth Eleonora López, fue capturada la noche del domingo por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de detención en contra de la jurista acusada aparentemente del delito de peculado.

Ante la detención de la abogada, diversos organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos se han sumado a su defensa, junto a activistas y organizaciones salvadoreñas que consideran este hecho como una escalada del régimen de Nayib Bukele por silenciar a voces críticas a los abusos, arbitrariedades y violaciones que comete el gobierno salvadoreño.

López, de 47 años, es la jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, una institución especializada en la defensa de los derechos humanos de víctimas de diferentes tipos de violencia.

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“Organizaciones internacionales denunciamos la detención de Ruth López, integrante de Cristosal en El Salvador, quien estaría siendo víctima de desaparición forzada”, señaló Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en sus redes sociales.

“Exigimos pleno respeto a sus derechos e información verificable sobre su paradero. Defender derechos humanos no es delito”, añadió.

En sus redes sociales, la FGR informó que López “colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” mientras se desempeñó como asesora de confianza de Eugenio Chicas cuando fue magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Fiscalía indicó que se basa en información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Chicas, detenido el 13 de febrero anterior supuestamente por enriquecimiento ilícito, quien en su momento se declaró inocente. Este exguerrillero, crítico del gobierno, demandó a Bukele en 2017 por señalamiento de calumnia.

La captura de López, según Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, marca un punto de quiebre para la sociedad civil.

“Seguimos con preocupación la captura de Ruth López, quien ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bukele. Su detención marca un punto de quiebre para la sociedad civil. Exigimos que se respeten sus derechos”, reaccionó.

En 2024, la cadena de noticias británica BBC incluyó a López en la lista de las 100 mujeres más influyentes del año. La abogada salvadoreña, experta en derecho electoral y participación ciudadana, apareció junto a otras 14 mujeres latinoamericanas destacadas.

De acuerdo a ese medio de comunicación, el reconocimiento se le otorgó a la jurista porque es “una apasionada de la ley y la justicia” que se ha enfocado en la protección de los derechos humanos en El Salvador.

“Como una abierta crítica del gobierno y las instituciones del país, ha realizado una amplia campaña en las redes sociales para promover la transparencia política y responsabilidad pública supervisada por la propia ciudadanía”, resaltó la BBC, reiterando que el trabajo de López “cobró más importancia” cuando El Salvador reeligió al presidente Bukele a principios de 2024.

En un comunicado de prensa, Cristosal calificó la captura de López como parte de una estrategia sistemática de criminalización en contra de quienes defienden los derechos humanos, impulsada por el gobierno salvadoreño.

El equipo que dirige López, aseguró la organización, ha elaborado decenas de informes y análisis, y ha presentado múltiples recursos legales relacionados con la corrupción gubernamental.

“Desde Cristosal, hemos documentado y denunciado reiteradamente la falta de respeto al debido proceso en El Salvador, así como el uso de las instituciones del Estado para reprimir voces críticas. También hemos evidenciado torturas, malos tratos y muertes en centros penales”, señaló la organización defensora de derechos humanos.

Esta detención, agregó la organización, es una desaparición forzada a corto plazo porque desde las 11 de la noche (hora salvadoreña) en que la abogada fue arrestada por la policía “ni su familia ni su equipo legal han podido confirmar su paradero o el centro de detención donde está recluida”.

Organizaciones como Robert F. Kennedy Human Rights, con sede en Washington DC, también se ha sumado a la denuncia internacional.

“Con gran preocupación, pido la revelación inmediata del paradero de Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal”, se pronunció Kerry Kennedy, presidenta de ese organismo estadounidense. “El Salvador debe garantizar su vida e integridad personal, y respetar sus derechos fundamentales”.

El trabajo que ha realizado Lopez en Cristosal ha sido fundamental en los últimos tres años, desde que se implementó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022. Debido a ese régimen han sido detenidas más de 80 mil personas acusadas de ser parte de las pandillas, pero entre ellas han sido encarceladas personas inocentes.

La denuncia de violaciones a los derechos humanos y la falta de respeto al debido proceso son acciones que han causado alarma en El Salvador, porque se ha deteriorado la democracia y paulatinamente ha escalado un régimen autoritario.

“La detención de Ruth López, una reconocida defensora de los derechos humanos, podría marcar un punto de no retorno en la escalada represiva del gobierno de El Salvador”, comentó Tiziano Breda, analista sobre temas latinoamericanos para Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), en sus redes sociales.

En el último mes, el gobierno salvadoreño detuvo de forma arbitraria a transportistas, a líderes que pedían apoyo del presidente para no ser desalojados de la comunidad El Bosque; al igual que el abogados Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, a quienes se suma el caso de la abogada López, defensora de los derechos humanos de Cristosal.

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