Los casos del debido proceso legal a menudo enfrentan a las familias y a las escuelas entre sí, en lugar de ser socios para mejorar la educación especial, dicen los críticos
Conforme la ley, las escuelas públicas deben brindar a los estudiantes con discapacidades servicios que satisfagan sus necesidades individuales, pero los padres y los distritos a menudo no coinciden sobre cuáles deberían ser esos servicios, o qué estudiantes los necesitan.
Cada año, los distritos escolares de California resuelven miles de estas disputas pagando a padres y abogados millones de dólares en los llamados ‘casos de debido proceso’. El número de estas cuestiones ha aumentado en los últimos años y hace mella en los -ya limitados- presupuestos de los distritos escolares.
En 2018, el Distrito Unificado de San Diego pagó 2 millones de dólares para resolver 128 casos de debido proceso, según los registros del distrito.
Sweetwater, el segundo distrito escolar más grande del condado, pagó $400.000 para resolver 31 casos, según los registros del distrito. Y el Distrito Unificado de Poway, el tercero más importante, pagó $1.1 millones por 25 casos, según documentos obtenidos a través de una solicitud de registro público.
Gran parte del dinero de los acuerdos se destinó a reembolsar a los padres por servicios de educación especial pasados o futuros que, según las familias, deberían estar cubiertos por el distrito. En los casos de debido proceso, los distritos escolares acordaron pagar por tutorías, evaluaciones privadas de los estudiantes e incluso la matrícula y el transporte de escuelas privadas para los alumnos con discapacidades.
El dinero también se destina a los abogados de las familias.
Los casos de debido proceso involucran una fracción pequeña pero creciente de los aproximadamente 725.400 estudiantes con discapacidades en grados K-12 en California. En 2007-2008 se presentaron 2.626 casos de debido proceso; una década después, ascendieron a 4.854, un aumento del 85%, según datos estatales.
El debido proceso es polémico entre los padres y los distritos escolares.
El proceso pretende ser una salvaguarda legal que permita a las familias luchar por los servicios de educación especial que creen que sus hijos necesitan y no reciben de los distritos escolares. Al solicitar el debido proceso, los progenitores ejercen su derecho de apelar por servicios de educación especial o decisiones de nivelación.
Los distritos escolares también pueden solicitar el debido proceso legal en contra de las familias para hacer cumplir las asignaciones o evaluaciones de educación especial que consideran necesarias para un chico, si los parientes se niegan a aceptarlas.
El debido proceso a menudo conduce a un acuerdo. En casos más raros, deriva en una audiencia con un juez, quien deberá decidir. Pero los críticos señalan que la cuestión puede ser legalmente intimidante y llevar mucho tiempo, y a menudo opone a las familias y los distritos escolares, convirtiéndolos en adversarios en lugar de socios.
El proceso también desvía para los abogados cientos de miles de dólares que podrían destinarse a los estudiantes.
El Distrito Unificado de San Diego actualmente gasta hasta $610.000 al año en pagos a dos firmas legales que manejan los asuntos de educación especial, como el debido proceso, de acuerdo con los contratos aprobados por la junta. Eso no incluye lo que el distrito también remunera por los honorarios de los abogados de los padres: en muchos acuerdos, el distrito escolar costea la factura legal de los progenitores.
El Distrito Unificado de Poway, mientras tanto, abonó a una firma legal $489.000 para manejar temas de educación especial el pasado año escolar, además de $487.000 que pagó a las familias por los honorarios de sus abogados. “El dinero que gasto en abogados no puedo destinarlo a otras cuestiones”, afirmó Greg Mizel, superintendente asociado de Poway. “Entonces, si soy capaz de resolver un conflicto y no gastar en legistas, es un paso adelante. Así puedo usar esos dólares para apoyar la enseñanza y el aprendizaje”.
El hecho de que un distrito escolar resuelva un caso no significa que admita que no brindó servicios. Poway, por ejemplo, resuelve casos incluso cuando el personal cree que está en lo correcto, para evitar gastar más en costos legales, explicó Mizel. “Realmente depende de si podemos ganar. Aunque a veces pensamos que es posible hacerlo, pero el costo de ir a la audiencia es exorbitante, por lo cual no vale la pena”, agregó.
Aunque los casos de debido proceso son polémicos por su costo y naturaleza litigiosa, algunos padres lo ven como su último recurso cuando la escuela se niega a brindar servicios a sus hijos, o cuando estos no logran progresar en sus estudios.
Entre estos padres se encuentra Melissa Lázaro, una madre de Poway que pagó decenas de miles de dólares de su bolsillo para tutorías personales, una escuela privada y un abogado de educación especial, porque su hijo sufrió académica y emocionalmente mientras estaba en Poway.
El niño, Diego, tiene dislexia y disgrafía, una discapacidad que afecta la escritura, además de otros desafíos.
Recién en tercer grado se confirmó que el niño sufría de ambas condiciones. La ley exige que los distritos escolares evalúen a los estudiantes por discapacidades, pero cuando Lázaro pidió que examinaran a su hijo, hace cuatro años, el distrito no estuvo de acuerdo y solicitó el debido proceso contra Diego, dijo. La mujer lo llevó a un consultorio privado, por su cuenta. Esa evaluación le costó $2.100, precisó.
Hacia el final del tercer grado, Diego comenzó a recibir servicios de educación especial, comentó su madre. Fueron necesarias cuatro reuniones con el personal escolar, en el transcurso de siete meses, para escribir e implementar un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) que garantizaría servicios de educación especial para el chico, señaló.
Lázaro cree que su hijo nunca estuvo a nivel de grado mientras estudiaba, colapsaba en casa porque iba siempre rezagado en relación con sus compañeros y estos lo molestaban. Apenas podía escribir dos oraciones sin llorar, relató ella.
En sexto grado, Lázaro sacó a Diego de Poway y lo inscribió en una escuela privada especializada, para estudiantes con diferencias basadas en el idioma. Actualmente, la mujer pelea un caso de debido proceso en la corte para que Poway le reembolse el valor de la matrícula de la escuela privada y los costos de tutoría.
En un correo electrónico, los funcionarios de Poway señalaron que el distrito tomó medidas para atender a los estudiantes con dislexia, incluido un plan de estudios especializado y personal capacitado para emplear dicho plan en cada escuela K-8.
“Estamos de acuerdo en que muchos estudiantes con dislexia tenían dificultades en el Distrito Escolar Unificado de Poway; sin embargo, hemos hecho un esfuerzo concertado en los últimos 12 meses para abordar esta preocupación”, remarcaron los funcionarios.
Algunos miembros del personal escolar desaprueban a los padres que trasladan a sus hijos a escuelas privadas y luego presentan reclamos de debido proceso para que el distrito escolar pague la factura.
Los miles de dólares necesarios para resolver un caso de debido proceso podrían utilizarse para pagar el salario de otro empleado escolar, que ayudaría a varios niños en lugar de a un solo estudiante, afirmó Sara Finegan, maestra de educación especial en San Diego Unified’s Hage Elementary. Acordar el pago de la matrícula de la escuela privada “nunca nos ha parecido la forma más eficiente y rentable de hacer algo”, expuso Finegan.
Aún así, consideró Lazaro, cuando Diego recién pasó a la escuela privada comenzó a sentir ganas de estudiar, por primera vez, y ahora cree que será escritor. El chico ya no sufre de ansiedad o depresión, explicó su madre.
“Los padres son culpados por los honorarios legales cuando, en realidad, el distrito está optando por luchar contra ellos de tal manera, que [el proceso] les cuesta a todos”, dijo Lázaro. “La gente en general no se da cuenta de que es la única forma en que podemos crear cambios y obtener lo que nuestros hijos necesitan”.
Disputas en aumento
Los padres, los defensores, los maestros y los administradores del distrito señalan varias razones por las cuales las disputas de educación especial siguen en aumento.
Puede ser porque los padres se están volviendo más conocedores de sus derechos de educación especial, consideró la directora ejecutiva de Educación Especial del Distrito Unificado de San Diego, Sarah Ott.
La funcionaria también cree que los estudiantes con discapacidades tienen más necesidades de salud mental, algo que el distrito intenta abordar con capacitación adicional del personal.
Algunos maestros y defensores en el Distrito Unificado de San Diego piensan que es porque el distrito ha ofrecido menos clases diurnas especiales, que son sólo para alumnos con discapacidades, con el fin de integrar a más estudiantes en las aulas de educación general.
La idea es promover la integración de los niños con discapacidades con sus compañeros, en lugar de segregarlos en clases separadas. “Siempre decimos que los estudiantes con discapacidades son la última clase en ser integrada”, afirmó Ott, “y queremos asegurarnos de dar acceso a una instrucción de calidad a todos nuestros niños”.
Pero algunos defensores y maestros alegan que la integración está obligando a los alumnos con una amplia variedad de necesidades a adaptarse a un espectro más estrecho de opciones, lo cual puede derivar en disputas o problemas por asignación de servicios incorrectos.
Algunos también exponen que la integración puede ser problemática cuando las escuelas no proporcionan suficiente personal para ayudar a los estudiantes con discapacidades a integrarse en las aulas de educación general.
Mientras los distritos escolares afirman que lidian con la financiación de la educación especial, algunos defensores, maestros y padres no pueden evitar pensar que el dinero juega un papel importante en las disputas por educación especial. “Es dinero. Sí; dinero”, dijo Dayon Higgins, un defensor de educación especial que ha trabajado con familias durante aproximadamente dos décadas. “Realmente [el tema] se reduce a dólares y centavos”.
Los distritos escolares con frecuencia señalan que no reciben suficientes fondos para mantenerse al día con los crecientes costos de la educación especial. El número de estudiantes con discapacidades ha aumentado, pero la inscripción general de muchos distritos disminuyó, lo cual significa que reciben menos fondos estatales.
Al mismo tiempo, los distritos no pueden argumentar que son incapaces de proporcionar servicios adecuados para un estudiante con discapacidades porque carecen de dinero o personal. La ley federal sostiene que todos los alumnos con discapacidades deben recibir servicios individualizados y personalizados, según sus necesidades.
Pero los maestros, los padres y los defensores aseguran que hay casos en los que a los estudiantes se les niegan los servicios o no reciben lo prometido por la escuela en sus IEP legalmente vinculantes.
Higgins comentó que uno de sus clientes del Distrito Unificado de San Diego, que se autolesiona hasta el punto de sangrar, recibió un IEP en enero donde se establecía la necesidad de un asistente individual. Nueve meses después, todavía no tiene esa ayuda, indicó.
El año escolar pasado, decenas de miembros del personal de educación especial del Distrito Unificado de San Diego llenaron una reunión en el ayuntamiento donde algunos de ellos indicaron que los estudiantes no tenían los servicios que debían recibir porque el distrito no contaba con empleados suficientes. El personal destacó que los patólogos del habla y el lenguaje ponían a los alumnos en listas de espera porque ya estaban colmados, por ejemplo.
Dos ciclos escolares atrás, explicó Finegan, tenía hasta 35 estudiantes por vez en el aula. Se suponía que dos de sus alumnos contaban con ayudantes individuales, que los asistían varias horas a la semana, pero terminaron recibiendo ese servicio no más de unas pocas horas durante todo el año. ”Al no poder proporcionar todos los servicios que un estudiante necesita, el distrito nos obliga a mantener una relación con los padres que ya no es una asociación y es hostil en muchos sentidos, lo cual es estresante”, aseveró Finegan.
El Distrito Unificado de San Diego dijo en un comunicado que la asignación de maestros y el apoyo de los asistentes se basan en la inscripción escolar, los IEP de los niños y sus necesidades puntuales. El distrito cuenta con un comité que maneja las preocupaciones sobre la falta de personal o el tamaño de las clases demasiado grandes.
Seth Schwartz, un abogado cuyo bufete representó a los padres en varios acuerdos de debido proceso en todo el condado, vio que la falta de fondos para los servicios y la ausencia de capacitación por parte de las escuelas juegan un papel importante en los casos de sus clientes. “Si no estás entrenado correctamente, cometerás errores y si no está financiado correctamente, no podrás proporcionar todo lo necesario”, expuso Schwartz, cuyo estudio de abogados subió de dos a siete legistas desde 2012.
Para abordar las inquietudes relacionadas con la escasez de personal, el Distrito Unificado de San Diego acordó este año establecer un límite de casos más bajo, de 20 estudiantes, para ciertos maestros de educación especial, y prometió pagar estipendios a los docentes cuando sus casos excedan ese rango.
Pero el acuerdo no ayuda a los profesores que trabajan con alumnos con discapacidades moderadas a severas, ni aborda la dotación de personal de otros empleados de educación especial, como asistentes o patólogos del habla y el lenguaje.
Aún así, consideró Ott, el distrito contrató más personal, como expertos en el habla y maestros de educación especial, para este año escolar.
En Hage Elementary, todavía hay desafíos de personal incluso con el nuevo límite de casos, resaltó Finegan.
Hay un maestro de educación especial para alumnos con discapacidades de leves a moderadas y un ayudante de tiempo completo para todos los estudiantes de transición de kindergarten a segundo grado de primaria, lo cual significa que es probable que al menos un chico no reciba el apoyo completo requerido por su IEP, indicó Finegan.
También afirmó que uno de los maestros de educación especial de la escuela está reduciendo su jornada de tiempo completo a tiempo parcial mientras se evalúa a más estudiantes para nuevos IEP potenciales.
Schwartz cree que el factor más importante que genera disputas entre las familias y las escuelas es una falla en la comunicación entre los padres y el distrito. “Mientras un distrito escolar se comunique con un padre de manera razonable, hay una buena posibilidad de que este no busque ayuda, incluso si hay desacuerdos genuinos”, consideró Schwartz.
Minimizar las disputas
Los distritos afirman que están tomando medidas para minimizar las disputas de educación especial.
El Distrito Unificado de San Diego está aumentando la capacitación en educación especial para el personal escolar, explicó Ott. Por ejemplo, dijo, el distrito realizó una capacitación de educación especial durante tres días, este verano, para directores, subdirectores y entrenadores de instrucción, a quienes se les enseñó cómo escribir IEP para estudiantes y la manera de proporcionar instrucción de calidad a alumnos con discapacidades, entre otras cosas.
Un entrenador del distrito también está trabajando para desarrollar capacitaciones adicionales con el personal de educación especial no docente, anticipó Ott.
El Distrito Unificado de Poway está trabajando para disminuir los casos de debido proceso, resolviéndolos con un procedimiento llamado resolución alternativa de disputas. En ellos no hay abogados involucrados, sólo el director de educación especial del distrito, los padres y un árbitro externo.
Carrie Holliday, madre de un estudiante de Poway con autismo y trastorno bipolar, utilizó ese procedimiento para que a su hijo, Oliver, se le considerara para educación especial.
Las escuelas privadas anteriores en las que el chico había estudiado eran una pesadilla para él, consideró su madre. Un colegio residencial en Texas no se aseguraba de que tuviera ropa limpia o que asistiera a clases, dijo. En otra, el personal a menudo lo restringía físicamente en lugar de usar estrategias de reducción progresivas menos represivas, contó Holliday. La mujer renunció a su trabajo porque Oliver faltaba mucho a clase y necesitaba una ayuda sólida, dijo.
Antes de la resolución alternativa de disputas, el Distrito Unificado de Poway estaba listo para enviar a Oliver a una escuela privada donde sus compañeros de clase hubieran sido niños sin habla. Oliver, en cambio, es muy locuaz, comentó.
Después de la resolución alternativa de disputas, el distrito acordó colocar a Oliver en su escuela intermedia local, en el programa PAL del distrito para este ciclo escolar, que brinda instrucción individualizada y en grupos pequeños para alumnos con discapacidades, comentó Holliday. También cuenta con un asistente personalizado.
Tanto Holliday como su defensor de educación especial, Higgins, hicieron comentarios entusiastas sobre la resolución alternativa de disputas. “Fue mucho más exitosa que el debido proceso, donde uno debe lidiar con abogados”, explicó Holliday. “Esto fue una conversación acerca de lo que él necesita, y cómo lo haríamos”.
Desde entonces, Oliver ha mejorado, relató su mamá. Se está acostumbrando gradualmente a ir a la escuela otra vez, y su maestro y su ayudante saben cómo calmarlo, dándole espacio sin restringirlo. “Ahora vamos por el camino correcto”, concluyó la mujer.
Taketa escribe para el San Diego Union-Tribune.
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