Con Trump, el énfasis en los derechos humanos en el extranjero se concentra en la protección religiosa
Poco a poco, el presidente Trump y el principal diplomático de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, están reformando el enfoque nacional de la defensa de los derechos humanos en el extranjero: ambos se acercan a algunos de los peores delincuentes y priorizan la libertad religiosa -especialmente para los cristianos-, a menudo a expensas de mujeres pobres, homosexuales y otras comunidades marginadas.
El secretario de Estado, Pompeo, quien asegura que su fe cristiana impregna su política, está pidiendo a Estados Unidos que cambie su enfoque de los derechos humanos a los principios de libertad individual defendidos por los fundadores del país, incluso si eso significa alejarse de las prioridades actuales, más asociadas con el movimiento internacional de derechos humanos.
Se están utilizando leyes más amplias sobre el tráfico sexual contra personas como Jeffrey Epstein, pero su elasticidad puede plantear otros problemas.
A la vez, él y Trump han abrazado a dictadores antes rechazados por los funcionarios estadounidenses, particularmente aquellos líderes que profesan devoción a la protección de los cristianos.
Por supuesto, cada administración de Estados Unidos prioriza sus causas favorecidas, y los movimientos son más crudos cuando la presidencia cambia de mano y de partido político.
Pero Pompeo, a través del anuncio de nuevos programas, la cancelación de los anteriores y los cambios de enfoque, ha guiado a la administración Trump a nada menos que una nueva definición de derechos humanos, señalan activistas y ex funcionarios. “Trump y Pompeo quieren elegir entre los derechos, para cumplir con sus planes socialmente conservadores”, indicó Kenneth Roth, líder de Human Rights Watch. “Eso es música para los oídos de los autócratas del mundo, que también quieren elegir entre derechos”.
Experts say the group is not violent and questioned whether police had infringed on the group’s civil rights by covertly recording its activity for four weeks.
Pompeo ha hecho una prioridad singular de la libertad religiosa, lamentando con frecuencia la difícil situación de los cristianos en el Medio Oriente. Pero los críticos argumentan que el énfasis a menudo choca con otros derechos antes priorizados por Estados Unidos, como las libertades para gays y lesbianas, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y los derechos reproductivos de las mujeres.
La determinación de la administración de luchar en este sentido ocupó un lugar destacado en una medida histórica de las Naciones Unidas, a principios de este año, para condenar la violencia sexual contra las mujeres como un instrumento de guerra. La delegación estadounidense, bajo las instrucciones de Pompeo, amenazó con vetar la medida porque exigía brindar “servicios de salud sexual y reproductiva” para las mujeres y las niñas que son víctimas de violación. Sólo cuando se eliminó esa frase, EE.UU la aceptó.
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Pompeo, quien afirma que la administración se preocupa profundamente por los derechos humanos en el extranjero, reconoce que quiere renovar la política del país sobre los derechos humanos. “Es el momento adecuado para una revisión informada del papel de los derechos humanos en la política exterior de Estados Unidos”, expresó a principios de este mes, al anunciar la creación de una comisión de derechos humanos para promover los “derechos inalienables”.
El funcionario sugirió que el enfoque de Estados Unidos en el tema se había desviado de lo que él llamaba las creencias y valores fundamentales de los padres fundadores, a los “reclamos” engañosos de protección y “derechos ad hoc”. En un ensayo publicado en Wall Street Journal, Pompeo agregó: “Hablar por hablar de ‘derechos’ nos desconecta de los principios de la democracia liberal”.
Los críticos rápidamente señalaron que en la era de los fundadores había esclavitud y el derecho de voto estaba limitado a los terratenientes varones blancos.
La iniciativa fue criticada por activistas, legisladores demócratas y ex diplomáticos, que temen que los hallazgos del comité sean usados para revertir las protecciones a las poblaciones marginadas en algunos países. A menudo, esas comunidades no tienen a nadie más que a Estados Unidos y las naciones europeas para defender sus necesidades.
La Comisión de Derechos Inalienables, como se la conoce formalmente, será dirigida por Mary Ann Glendon, profesora de historia, acérrima activista contra el aborto y ex embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede. Pompeo estudió con Glendon en Harvard en la década de 1990. Los derechos humanos “básicos”, para Glendon, están siendo “malentendidos y manipulados por muchos”.
La activista de derechos humanos Serra Sippel afirmó en una entrevista telefónica desde Zambia que los movimientos de la administración son “escandalosos”, que generaron recortes de fondos en África y otros lugares para la planificación familiar y la prevención del SIDA. “Ellos están buscando [declarar]... cuáles derechos son dignos de mantener. De eso se trata realmente”, agregó Sippel, presidenta del Centro para la Salud y la Equidad de Género, con sede en Washington.
No está claro por qué la comisión fue necesaria, especialmente porque el Departamento de Estado ya tiene una gran división dedicada a los derechos humanos y la promoción de la democracia. Ese sector produce informes anuales sobre cómo cada uno de los casi 200 países maneja los derechos humanos, estudios que son ampliamente reconocidos como autorizados en la materia, y exhaustivos.
El representante Eliot Engel (D-Nueva York), presidente del comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes, adelantó que intentará bloquear la financiación de la comisión, a la cual calificó como una “iniciativa extraña”, que no tiene lugar en el Departamento de Estado. “El secretario quiere poner fin a las estructuras establecidas, la experiencia y la ley, para dar preferencia a las ideologías discriminatorias”, señaló Engel.
El hecho de que la administración no haya llamado la atención a abusadores autocráticos de los derechos humanos, como el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, también despertó preocupaciones.
“El afecto personal del presidente Trump por los graves violadores de los derechos humanos ha manchado el tejido moral de Estados Unidos”, remarcó el senador de Nueva Jersey Robert Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Cuando Pompeo visitó El Cairo, a principios de este año, elogió a Sisi como un defensor de la libertad religiosa porque permitió la construcción de una iglesia copta, ignorando el historial de muertes y encarcelamiento de los disidentes que pesa sobre el tirano egipcio.
“Es muy decepcionante que estas palabras provengan de alguien como Pompeo”, remarcó Amr Magdi, un egipcio que es investigador de Medio Oriente y África del Norte para Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos. “Él acepta la propaganda del gobierno egipcio”, remarcó Magdi, y agregó que la opresión religiosa en ese país sigue siendo un problema. “No se promueve la libertad construyendo una gran iglesia”, sentenció.
Pompeo cita que creó una conferencia internacional anual sobre libertad religiosa como prueba de su compromiso con los derechos humanos. La segunda versión de ésta se presentó la semana pasada. En ella se discute la persecución de todos los credos, pero los participantes de la conferencia del año pasado, también celebrada en Washington, señalaron que el cristianismo y la difícil situación de los cristianos recibieron la mayor atención.
Pompeo ha defendido su énfasis en la libertad religiosa alegando que todos los derechos provienen de los derechos religiosos.
“La tarea que tengo está informada por mi comprensión de mi fe, mi creencia en Jesucristo como el Salvador”, afirmó Pompeo a un entrevistador a principios de este año. El funcionario mantiene una Biblia abierta en el escritorio de su oficina, dice, “para recordar a Dios, su palabra y la verdad”.
En la primavera, Pompeo amplió las prohibiciones de financiamiento para organizaciones de salud en todo el mundo que incluyan asesoramiento sobre el aborto entre sus servicios. Las restricciones se conocen como la regla mordaza, que las administraciones demócratas tienden a suspender, mientras que las republicanas la reviven.
“Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, remarcó Pompeo.
Pero los defensores de la salud consideran que la atención médica se ha integrado cada vez más, especialmente en las áreas pobres y rurales, por lo tanto cuando se corta el dinero a una clínica porque brinda información sobre el aborto, los servicios para otros pacientes, incluidos niños y hombres, también se ven afectados.
En Mozambique, por ejemplo, los recortes a las “regla mordaza” obligaron a un centro de prevención del VIH para jóvenes a despedir a todo su personal, detalló Sippel.
En Zimbabwe, añadió, las mujeres que buscaban quitarse los implantes anticonceptivos no podían hacerlo, porque las únicas clínicas de salud capaces de ayudarlas habían perdido la financiación de EE.UU.
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