Tribunales en carpas: el último obstáculo para los migrantes que buscan asilo en EE.UU
La mujer llegó mucho antes del amanecer con su hija de cuatro años para el primer día completo de audiencias, este lunes, cuando se inauguró la nueva corte inmigratoria en una tienda de campaña del gobierno de Estados Unidos, a orillas de Río Grande.
Casi de inmediato, Alejandra Amador, una solicitante de asilo proveniente de Honduras, se puso ansiosa. Ella no sabía que el magistrado aparecería en video desde San Antonio, que esa sería la primera de varias audiencias y que no tendría acceso a un abogado.
“¿Me van a asignar uno?”, preguntó Amador, de 24 años, mientras esperaba a las 4 a.m. para cruzar el puente fronterizo de México a Texas para su audiencia.
Día tras día, los inmigrantes pasan por la corte de Robert Brack, con grilletes en la muñeca y el tobillo para ser sentenciados por el delito de cruzar la frontera.
De 52 solicitantes de asilo que debían comparecer en la carpa de la corte en Laredo, el lunes, sólo la mitad se presentó, y apenas cuatro de ellos contaron con abogados, ya que no se les brinda uno de rutina en el tribunal de inmigración. La jueza, Yvonne González, que podía ver a los solicitantes de asilo en una pantalla de televisión desde su sala de audiencias en San Antonio, ordenó la deportación del resto de los migrantes, poniendo así fin a sus posibilidades de asilo.
Las carpas de los tribunales son lo que los defensores de los migrantes consideran el último obstáculo que el gobierno de Trump sumó para disuadir a los solicitantes de asilo de seguir adelante con sus casos. Amador y otros ya habían sido enviados de Estados Unidos a México, para esperar allí sus audiencias bajo los Protocolos de Protección Migrante de la administración, también conocidos como el programa “Permanecer en México”. Quienes llegaban a la frontera ya habían enfrentado largas listas de espera impuestas por la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU, y más recientemente la prohibición de asilo de la administración, confirmada por la Corte Suprema de EE.UU la semana pasada.
Entre los asistentes a la corte el lunes había no sólo migrantes centroamericanos, sino también cubanos y venezolanos. Algunos tenían familiares en Los Ángeles, Austin y Miami, que habían llegado en años anteriores y se les había permitido quedarse legalmente, antes de que entraran en vigor las últimas políticas de asilo.
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“Es más difícil ahora. Ojalá hubiese venido en un mejor momento”, expresó el solicitante venezolano John Rondon, mientras esperaba en la corte, el lunes.
Rondon, de 40 años, había viajado a la frontera con Dara, su hija de seis años, con la esperanza de unirse a su suegra, quien se estableció en Mississippi el año pasado después de recibir una visa.
Funcionarios de Seguridad Nacional notificaron al Congreso este verano que planeaban trasladar $155 millones destinados a fondos de ayuda por desastre para ampliar las instalaciones utilizadas en audiencias del programa Permanecer en México. A diferencia de otros tribunales de inmigración, las carpas construidas este verano en Laredo y Brownsville, Texas, no están abiertas al público. El representante estadounidense Henry Cuellar, un demócrata de Laredo, pudo visitar el tribunal el lunes, pero un supervisor de la Patrulla Fronteriza le impidió la entrada a The Times alegando que la corte era un “área segura”.
El personal de Inmigración y Control de Aduanas también le prohibió a Laura Lynch, asesora principal de políticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, observar las audiencias del lunes, después de ingresar al complejo de carpas. “Hay un secretismo de operaciones que rodea toda esta corte en la carpa. Es claramente intencional mantener a los solicitantes de asilo fuera de Estados Unidos”, consideró Lynch.
Charanya Krishnaswami, directora de defensa de las Américas para Amnistía Internacional de EE.UU, afirmó que la policía de Seguridad Nacional también la rechazó del tribunal de Laredo y le dijo: “Esta es una instalación con acceso prohibido por orden del presidente de Estados Unidos”. Los defensores han intentado observar lo que sucede allí, comentó, en parte porque Permanecer en México es un programa sin precedentes, que requiere supervisión adicional.
“Pueden pasar muchas cosas en la corte de inmigración cuando los observadores no están allí para garantizar el debido proceso”, explicó Krishnaswami, quien asistió a las audiencias del programa en El Paso y San Diego. “Estos procedimientos judiciales parecen ser cada vez menos accesibles a medida que más personas se ven afectadas”.
En las últimas semanas, a los observadores se les impidió asistir a las audiencias en el juzgado de El Paso debido a la falta de espacio. Jueces en Harlingen y Port Isabel, Texas, un centro de detención de ICE donde los observadores deben presentar una solicitud con 24 horas de anticipación para acceder a la transmisión de video, tenían previsto llevar a cabo audiencias en el juzgado de Brownsville.
Lisa Koop, abogada del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, con sede en Chicago, representó a cuatro inmigrantes en las carpas judiciales de Laredo, el lunes. El lugar estaba colmado de agentes de la Patrulla Fronteriza, ICE y guardias de seguridad contratados, detalló, y a ella se le permitió reunirse con sus clientes durante aproximadamente media hora antes de sus audiencias, pero no pudo acercarse a otros migrantes, como Amador, que no contaba con abogado. Koop describió que muchos tenían “los ojos rojos, clásico de alguien que ha estado despierto durante demasiado tiempo”. “Fue desgarrador... ver a esas madres sosteniendo a sus hijos dormidos, completamente exhaustas y tomando decisiones que determinarán el curso de sus vidas”, afirmó.
Amador, quien es madre soltera, huyó de Honduras porque su exesposo la golpeaba y acosaba. La joven debió tomar un autobús nocturno para asistir a la corte desde Monterrey, donde se había establecido con su hija después de ser devuelta a México, en junio pasado.
Si el juez no les permitía quedarse en Estados Unidos, no tenían a dónde ir en Nuevo Laredo y tampoco contaban con transporte de regreso a Monterrey, donde se habían quedado con una mujer a cambio de la limpieza de la casa. Amador había empacado todas sus pertenencias en una pequeña bolsa de papel. La joven no tiene teléfono.
“Sólo tengo $5 porque no sabía que tendría que regresar”, comentó.
Hasta ahora, más de 42.000 migrantes han sido enviados de regreso en el marco de Permanecer en México desde que el programa comenzó en California, en enero pasado. Muchos ya desistieron de sus casos y se han ido a casa, temerosos de quedarse en el país vecino, donde son blancos fáciles para los secuestradores.
Ante el tribunal, el lunes, la solicitante de asilo hondureña Yudy Pagoaga dijo que días después de que ella y su hija Allison, de siete años, fueran trasladadas de regreso a Nuevo Laredo, en julio, fueron secuestradas junto con otros cuatro migrantes. Pudieron escapar y conocieron a un pastor local que las acogió hasta su audiencia. Pagoaga, de 30 años, una madre soltera que dirigía una pequeña tienda en Honduras, huyó de la extorsión y las amenazas de pandillas; no puede regresar a casa, afirma.
De los 26 migrantes que comparecieron el lunes en la corte de carpas de Laredo, varios afirmaron tener miedo de regresar a México, pero la magistrada los interrumpió. A nueve de ellos los derivó para mantener entrevistas con oficiales de asilo, que se llevaron a cabo en otros lugares del complejo de tiendas de campaña, según Yael Schacher, un defensor de Refugees International que asistió a la corte de inmigración de San Antonio.
Finalmente, la jueza les dijo a los migrantes que regresaran para su próxima audiencia el 16 de octubre, y la sesión se levantó antes del mediodía.
Schacher, quien ha observado las audiencias de Permanecer en México en los juzgados de El Paso y San Diego, informó que a los inmigrantes se les permitió explicar por qué tenían miedo de quedarse en México. Pero con el advenimiento de las carpas judiciales, dijo, “No vamos a poder escuchar las historias de estas personas en los tribunales, y el proceso acelerado significa que muchos más no tendrán abogados”.
Después de la audiencia del lunes, la mayoría de los migrantes fueron liberados nuevamente en el puente a Nuevo Laredo. Los clientes de Koop se sentían satisfechos con el proceso, y planeaban quedarse en México para continuar con sus casos. “Todavía esperamos un resultado positivo”, aseguró Josué, de 23 años, un hondureño que viaja junto con su sobrina, de 21 años de edad. El hombre pidió ser identificado sólo por su nombre de pila porque teme por su seguridad.
Amador, sin embargo, estaba demasiado exhausta, y no planeaba esperar a la próxima audiencia. Se estaba rindiendo, confesó, y regresaba con su hija a Honduras.
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