La administración Trump impide el acceso a las cortes de inmigración en tiendas de campaña

La administración Trump anunció el miércoles que las nuevas cortes de inmigración en tiendas de campaña en la frontera de Texas con México estarán cerradas para los observadores legales, la prensa y el público.

Los abogados de inmigración condenaron las restricciones como una violación de los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo.

Contratistas federales construyeron las dos carpas a lo largo de Río Grande en las ciudades de Brownsville y Laredo este verano a un costo de $25 millones.

Los llamados “tribunales portuarios” fueron diseñados para acoger audiencias para los más de 42.000 solicitantes de asilo que fueron devueltos a México mientras sus casos procedían bajo el programa “Permanecer en México” de la administración Trump que comenzó en enero, según el Comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan.

Los jueces de inmigración en San Antonio escucharán esos casos a través de un enlace de video, según una declaración del Departamento de Seguridad Nacional.

Los miembros del público, incluyendo reporteros y observadores legales, podrán ver los procedimientos en video desde la corte de San Antonio, dijo la declaración.

Los abogados de inmigración indicaron que se les dijo que los jueces de las ciudades de Harlingen y Port Isabel en Texas también estarían escuchando casos de los tribunales de tiendas de campaña.

La corte de Laredo escuchó algunos casos el miércoles y se espera que aumente sus operaciones el lunes, con jueces remotos que escuchan de 200 a 250 casos al día en 20 salas de tribunal, dijo el representante Henry Cuéllar, un demócrata que representa a la ciudad y organizó un recorrido por la tienda de campaña el martes.

La tienda de campaña de Brownsville puede albergar a 720 migrantes al día, según un contrato federal.

Los abogados dijeron que todavía estaban tratando de obtener más información sobre los procedimientos y acusaron al gobierno de dificultarles la representación de los solicitantes de asilo.

“Sin proporcionar las ubicaciones correctas, los nombres de los jueces de inmigración y los horarios de las audiencias al público, esta administración está violando efectivamente sus propias regulaciones y bloqueando el acceso público a las audiencias de la corte de inmigración”, dijo Laura Lynch, consejera principal de políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Kennji Kizuka, investigador principal del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights First, dijo: “La administración Trump está ocultando información sobre los abusos de los derechos humanos que sufren los solicitantes de asilo después de haber sido obligados a regresar a México.

“Es sólo otro intento de encubrir los defectos de este falso proceso de asilo, creado para impedir que los refugiados encuentren seguridad en Estados Unidos”, dijo.

Leidy Pérez-Davis, consejera política de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, que representa a los migrantes que deben comparecer en los tribunales de tiendas de campaña este mes, dijo que las nuevas reglas son una violación de los “derechos al debido proceso que se les deben a estos solicitantes de asilo”.

“No permitir que el público o los medios de comunicación participen en estos procedimientos erosionará aún más el debido proceso legal, ya que los mantendrá en secreto, especialmente para la mayoría de las personas sujetas a’Permanecer en México’ que no están representadas por un abogado”, dijo.

EEUU

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Los abogados y reporteros de inmigración han estado observando las audiencias de “Permanecer en México” en los edificios de la corte de inmigración en El Paso y San Diego durante meses.

Pero en su declaración, Seguridad Nacional dijo que las nuevas instalaciones son “únicas de otras cortes de inmigración”.

“Dadas las delicadas prioridades de las fuerzas de seguridad de los puertos de entrada- incluidas las inspecciones de viajeros, los esfuerzos antiterroristas, la interceptación de narcóticos/contrabando y la detención de los infractores de la ley- estas instalaciones no estarán abiertas al acceso público en persona, incluida la entrada a los medios de comunicación”.

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