Los jueces de inmigración renuncian o se retiran antes de tiempo, abrumados por las políticas de Trump

El juez de inmigración Charles Honeyman estaba a punto de jubilarse, pero prometió no irse mientras Donald Trump fuera presidente y arriesgarse a ser reemplazado por un ideólogo con estilo antiinmigratorio.

Así, presionó contra la administración lo mejor que pudo. Siguió otorgando asilo a las víctimas de violencia doméstica, incluso después de que el Departamento de Justicia expuso que esa no era una razón válida para hacerlo. E intentó ignorar los pedidos de acelerar los casos sin darles la consideración que él creía que la ley requiere.

Pero a medida que aumentaba la presión de Washington, Honeyman comenzó a tener dolores de estómago y a pensar: “Hay muchos casos en los que tendré que negarlo y me sentiré mal”.

Este mes, después de 24 años en el estrado, el juez de 70 años dejó su cargo.

Docenas de otros magistrados preocupados por su independencia han hecho lo mismo, según el sindicato que los representa y entrevistas con varios de los que se fueron.

“Hemos visto cosas sin precedentes: personas que abandonan el cargo poco después de ser nombradas”, remarcó A. Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidente del gremio Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “Los magistrados irán a otras agencias federales y se jubilarán lo antes posible. Simplemente no quieren lidiar con esto. Se ha vuelto insoportable”.

Especialmente preocupante para muchos es un sistema de cupos que la administración Trump impuso en 2018, el cual exige que cada juez procese al menos 700 casos al año, y se monitorea su progreso con un tablero instalado en sus computadoras.

Tabaddor consideró que el sistema es “un modelo de fábrica” que ejerce “presión sobre los jueces para impulsar los casos”.

Jeffrey Chase, quien se desempeñó como magistrado de inmigración en la ciudad de Nueva York hasta 2007, fundó un grupo de exjueces de inmigración en 2017, que ha crecido a 40 miembros. “Dicen que con mucho gusto habrían trabajado otros cinco o 10 años, pero han llegado a un punto con esta administración donde no resisten”, expuso. “Solía haber presiones, pero uno era un juez independiente para decidir sobre los casos”.

El número exacto de jueces que han renunciado bajo coacción no está claro. Kathryn Mattingly, una portavoz de los tribunales, señaló que un total de 45 dejaron sus cargos en el año fiscal que finalizó en septiembre pasado, pero se negó a proporcionar un desglose de la cantidad para discriminar cuántos de ellos fueron personas fallecidas, jubilaciones planificadas o promociones a la junta de apelaciones de inmigración.

Es posible que haya más información este miércoles, cuando un subcomité judicial de la Cámara escuche testimonios sobre el estado de la independencia judicial y el debido proceso en los 68 tribunales de inmigración del país.

La administración Trump ha agregado más nuevos jueces de los que se van. Entre 2016 y el año pasado, el número total aumentó de 289 a 442.

Ese incremento, así como el sistema de cupos y otras disposiciones, son parte de un amplio esfuerzo del gobierno para reducir una acumulación masiva de casos, que se triplicó durante la presidencia de Obama y luego empeoró a medida que una gran cantidad de ciudadanos centroamericanos llegaron a la frontera estadounidense.

El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional presentó 443.000 casos en busca de deportaciones y los inmigrantes llenaron 200.000 solicitudes de asilo, ambas cantidades récord. Más de un millón de casos siguen sin resolución.

Aún así, James McHenry, director de los tribunales de inmigración, le dijo al comité de Seguridad Nacional del Senado, en noviembre pasado, que las nuevas reglas comenzaron a cambiar un sistema judicial que fue obstaculizado por la negligencia y la ineficiencia.

En promedio, los jueces de inmigración cumplieron con el cupo el año pasado, mientras que la cantidad de quejas contra ellos disminuyó por segundo año consecutivo, precisó. “Estos resultados demuestran inequívocamente que los magistrados de inmigración tienen la integridad y la competencia necesarias para resolver los casos de la forma oportuna e imparcial que exige la ley”, declaró McHenry.

Pero muchos jueces consideraron las nuevas pautas como una forma para que la administración Trump lleve a cabo su plan de aumentar las deportaciones y denegar asilos, que el presidente ha afirmado que son en gran medida fraudulentas.

Esos jueces sostienen que es imposible trabajar bajo el nuevo sistema y aún garantizar a los migrantes sus derechos de debido proceso.

“Muchos de nosotros simplemente sentimos que no podemos ser parte de un sistema que es tan injusto”, dijo Ilyce Shugall, quien renunció a su trabajo como jueza de inmigración en San Francisco, en marzo pasado, y ahora dirige el Programa de Defensa Legal para Inmigrantes en el Centro de Justicia y Diversidad del Colegio de Abogados de esa misma ciudad. “Yo juré hacer valer la Constitución”.

La administración Trump “usaba la corte como arma contra los inmigrantes”, señaló.

Rebecca Jamil, quien también fue jueza en San Francisco antes de renunciar, en 2018, lo calificó de “un trabajo casi imposible”. También comentó que el magistrado designado para reemplazarla dejó el puesto antes de un año.

El sindicato de jueces ha asumido la causa; lucha para poner fin al sistema de cupos y hacer que los tribunales de inmigración sean independientes del Departamento de Justicia.

En respuesta, los funcionarios de Justicia solicitaron a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, en agosto del año pasado, que retire la personalidad jurídica al sindicato, argumentando que los jueces son gerentes y, por lo tanto, no tienen derecho a las protecciones sindicales. Se espera que la junta emita una decisión a finales de este año.

El conflicto se intensificó después de que el gremio presentó una queja formal sobre un boletín del Departamento de Justicia, que incluía un enlace a un sitio web nacionalista blanco que libraba ataques antisemitas contra los jueces.

Honeyman, quien es judío, no oculta la empatía que sentía por los solicitantes de asilo que se presentaban en su corte en Filadelfia y durante asignaciones temporales en los tribunales de Louisiana, Nuevo México y Texas.

Sus abuelos vinieron al país desde Europa del Este e ingresaron por la isla Ellis, en Nueva York. “Siempre pensé, ‘Pero por alguna rareza del sistema de inmigración, yo estaré en el otro lado’ del estrado”, dijo.

Él otorgaba asilos con más frecuencia que muchos otros jueces. Entre 2014 y 2019, los magistrados de inmigración de todo el país negaron aproximadamente el 60% de los pedidos de ese beneficio, según el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Siracusa. Honeyman negó el 35% de ellos en su tribunal.

Al reflexionar sobre su carrera en un discurso durante su fiesta de jubilación, este mes, Honeyman expresó que se había inspirado en los casos escuchados, incluido el de una niña centroamericana que le escribió para agradecerle por haberle concedido el asilo. Ella se había graduado de la universidad e intentaba ingresar a la escuela de derecho “para poder devolver algo a Estados Unidos, el país que le había salvado la vida”.

Honeyman decidió abandonar su cargo debido a “el creciente ataque, en los últimos años, con la sola idea de que somos un tribunal en un sentido significativo”.

“Todos esos factores y fuerzas que lamentaba me hicieron perder el equilibrio”, expuso. “Era hora de que la Sala 1 de la corte de inmigración de Filadelfia apagara la luz”.

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