El niño de 10 años cruzó el Río Bravo con cientos de otros migrantes la semana pasada. Pero estaba solo.
Así es como Christopher García dice que logró viajar en el transcurso de tres meses, desde su casa en una de las ciudades más peligrosas del mundo, San Pedro Sula, Honduras, hasta la frontera de Estados Unidos, sin compañía de un adulto: mezclándose con grupos de niños mayores y familias.
Christopher, un chico atlético, delgado, con cabello castaño rizado y una sonrisa traviesa, partió a una edad en la que las pandillas callejeras que dominan su vecindario habían comenzado a reclutarlo. Su padre, que trabajaba en una fábrica de ropa, había intentado emigrar él mismo a Estados Unidos en el pasado, pero fue deportado el mismo día que cruzó la frontera.
Este año, la suerte de la familia empeoró después de que los huracanes dañaron su casa y derribaron árboles sobre su techo.
Entonces Christopher comentó que dejó a sus padres y dos hermanas menores y se dirigió a reunirse con su tía, una ciudadana estadounidense, en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Llevaba consigo su número de teléfono, escrito en el reverso de su certificado de nacimiento hondureño. Mientras se dirigía hacia Texas, logró memorizar el número de teléfono, por si acaso perdía el documento o lo robaban.
La semana pasada, un traficante mexicano, en el lado sur del Río Grande, llevó a Christopher a una casa abandonada, donde durmió en el piso con otros migrantes durante tres días. Esperó, temblando, sin abrigo, comida ni suministro de agua. El contrabandista regresó el miércoles por la noche y llevó al grupo de 700 migrantes al río, donde dijo que escuchó disparos, pero no vio quién lo estaba haciendo. Cruzaron en balsas hacia el Valle del Río Grande de Texas, alrededor de la medianoche.
“Tengo mucha hambre. Quiero comer. Quiero bañarme, cambiarme los pantalones”.
— Christopher García, un niño de 10 años que viaja solo a Estados Unidos desde Honduras
Una vez en el lado estadounidense, en la zona rural de La Joya, Christopher vagó con el grupo en la oscuridad a través de una espesa maleza de mezquite que bordeaba el río, dividiéndose en facciones más pequeñas hasta que encontraron la Old Military Road. El camino agrietado y selvático del Valle del Río Grande que es frecuentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza vieron al grupo de Christopher de 27 jóvenes y siete adultos el jueves temprano. Los oficiales los sentaron en la hierba seca y pidieron un autobús que los llevara a un área de espera temporal, que ya estaba abarrotada. Pero todos los camiones estaban ocupados transportando a otros migrantes.
“Ya estamos llenos”, indicó uno de los agentes mientras esperaba con los jóvenes al costado de la carretera.
Debido al repunte de la migración en la frontera de Estados Unidos en las últimas semanas, los autobuses tardaron casi 12 horas en llegar. Christopher se encontraba entre los más de 171.000 migrantes que fueron detenidos en la frontera sur el mes pasado, el total mensual más alto desde 2006, según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que fueron verificados por el Times.
De esos migrantes, más de 18.800 eran jóvenes como Christopher que llegaron sin adultos, mucho más que el récord mensual anterior de 11.861, en mayo de 2019. Aproximadamente un tercio de ellos, el mes pasado, fueron detenidos en el Valle del Río Grande.
Pasarían días antes de que Christopher hablara con familiares en Estados Unidos.
El mismo día que llegó a Estados Unidos, el presidente Biden dijo que su administración estaba tratando de liberar rápidamente a los niños migrantes a refugios y, en última instancia, a sus familias.
“Estamos reconstruyendo la capacidad que debió haberse mantenido y construido sobre la base que [el presidente] Trump desmanteló”, señaló Biden durante su primera conferencia de prensa, y agregó que una vez que un joven llega a la frontera, los familiares son contactados dentro de 24 horas e investigados.
Pero familias, como la de Christopher en Estados Unidos, dijeron que enfrentan demoras, al tratar de encontrar y recuperar a los jóvenes migrantes retenidos por el gobierno federal.
La Patrulla Fronteriza tenía 5.381 jóvenes migrantes bajo su custodia y 13.359 más se encontraban en refugios federales hasta el jueves, de acuerdo con las cifras más recientemente publicadas. El aumento de menores ha abrumado a la Patrulla Fronteriza, que enfrenta escasez de autobuses, áreas de espera y camas de refugio.
El 25 de marzo, los agentes esperaron con el grupo de Christopher en el calor de la tarde sin comida, poca sombra y agua. Algunas de las niñas estaban embarazadas. Una se desmayó y los oficiales tuvieron que reanimarla.
Christopher había soñado con ir al cine en Estados Unidos, tal vez incluso a Disneyland. Ahora él también estaba exhausto.
“Tengo tanta hambre”, repitió, sacudiéndose la ropa polvorienta. “Quiero comida, darme un baño, cambiarme los pantalones”.
Recordó cómo sus padres le habían dado instrucciones para sobrevivir.
A media mañana, un camión de Frito-Lay se detuvo cerca del grupo y el conductor entregó a los agentes algunas bolsas de Cracker Jack. Ellos distribuyeron los bocadillos a los jóvenes, quienes pidieron agua. Un oficial les indicó que se alinearan detrás de una hielera en su automóvil todoterreno y repartió vasos de papel, uno para cada niño.
“¿Dónde están los niños pequeños?”, preguntó el agente.
Christopher fue al frente de la fila, junto con dos chicos hondureños de 9 años, una niña llamada Litzy y un niño llamado Snyder.
Christopher vestía una camisa roja y azul con un esquiador y el lema “Time 2 Shred”. En casa, jugó fútbol y baloncesto. Ahora tenía calambres en la pierna derecha. Hizo una mueca, frotándola por encima de sus tenis, que usaba sin calcetines. Cerca de allí, un niño de 16 años cojeaba porque fue herido durante el cruce del río.
“Sufro”, comentó Christopher. “Pero solo un poco”.
Otro niño tenía un teléfono celular con videojuegos con el que los chicos jugaban por turnos. Algunos hablaron de sus familiares en Kansas, Florida, Tennessee y Texas.
Alrededor de la 1:30 p.m., finalmente llegó un autobús blanco del gobierno, luego media docena más. Christopher se puso de pie y se movió inquieto mientras los agentes llamaban a los jóvenes por nombres y ellos abordaban. Fue uno de los últimos en ser convocados. Los migrantes adultos solteros subieron a una camioneta separada y probablemente serían enviados de regreso a México.
Christopher y el resto de los jóvenes, así como algunas familias migrantes, fueron llevados a un área de detención de la Patrulla Fronteriza en las cercanías de Donna, Texas, donde las condiciones son espantosas. Superpoblada, la carpa diseñada para 250 personas ya albergaba a unas 4.000, incluidos 3.300 jóvenes que habían llegado sin adultos. Algunos ya habían pasado semanas allí, esperando ser entregados a sus familias.
El martes, a algunos reporteros se les permitió pasar menos de dos horas dentro de las instalaciones, donde las imágenes mostraban que Christopher todavía estaba detenido cinco días después de cruzar la frontera. El video filmado durante la visita mostró al joven migrante pasando por una fila de comida, tomando una bebida Capri Sun y entrando en una “cápsula” de viviendas hacinada, todavía con la misma camisa roja y azul con la que llegó.
Por ley, se supone que la Patrulla Fronteriza debe transferir a los jóvenes dentro de las 72 horas a refugios de Salud y Servicios Humanos (HSS, por sus siglas en inglés) con camas, personal médico, docentes y actividades recreativas. Pero debido al aumento de migrantes, más de 2.000 chicos habían estado retenidos en las instalaciones de Donna por más de 72 horas hasta el martes; 39 habían permanecido ahí por más de 15 días, y algunos hasta por 20 días, señaló Óscar Escamilla, director interino del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza.
La instalación cuesta $16 millones al mes para operar, excluyendo los servicios médicos y los contratos de los cuidadores, informó. El personal médico revisa a los jóvenes en busca de piojos, pero ninguno se somete a pruebas de COVID-19, a menos que presenten síntomas, señaló Escamilla.
A los chicos se les entregan pulseras con códigos de barras que muestran las condiciones médicas y cuándo se ducharon por última vez. A los de 14 años o más se les toman fotos y huellas digitales, y todos reciben avisos para comparecer en la corte de inmigración, indicó el director interino.
Los jóvenes fueron alojados en “cápsulas” de 400 pies cuadrados diseñadas para albergar a 32 personas durante la pandemia, pero abarrotadas por cientos, una de ellas incluso con 676 menores. Se les podía ver durmiendo bajo mantas plateadas de Mylar y sobre almohadillas esparcidas por el suelo. Escamilla informó que alrededor del 14% de los jóvenes dan positivo por COVID cuando se van y contempla que algunos se infecten en las áreas repletas.
La Patrulla Fronteriza instaló un corral de juegos fuera de las cápsulas, ahí un niño de 11 años vigilaba a su hermana de 3 años y una joven de 17 años, que había migrado sin un adulto, cuidaba de su recién nacido. “No puedo poner a estos niños pequeños en esas cápsulas porque se van a lastimar”, dijo Escamilla.
Afuera, los equipos de construcción zumbaban mientras los trabajadores expandían las instalaciones, duplicando aproximadamente su tamaño con nuevas carpas que serán supervisadas por Salud y Servicios Humanos.
Se supone que los agentes de la Patrulla Fronteriza deben preguntarles a los jóvenes si tienen un contacto en Estados Unidos y permitir que el niño hable con ellos, señaló Escamilla; el recorrido de la prensa mostró a los jóvenes en espacios etiquetados como “salas de teléfono”. Pero los familiares de Christopher aún no habían hablado con él hasta el martes, ni tampoco los parientes de algunos de los otros pequeños detenidos con él.
“Una instalación de la Patrulla Fronteriza no es lugar para un niño”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado esta semana. “Hemos estado trabajando día y noche, en coordinación con HHS, para sacar rápidamente a los menores no acompañados de estas hacinadas estaciones de la Patrulla Fronteriza”.
El miércoles, Mayorkas sostuvo una conferencia telefónica junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y otros funcionarios para discutir la situación en la frontera, y aseguró a los miembros del Congreso que la administración estaba progresando. El representante Henry Cuellar (demócrata de Texas), quien estaba en la llamada y había visitado las instalaciones de Donna el martes, no estuvo de acuerdo.
“Dijeron: ‘Vamos a trasladar a los niños lo antes posible’. No vi eso”, comentó Cuellar en una entrevista posterior, y señaló que vio archivadores en las instalaciones de Donna llenos de miles de documentos de casos de jóvenes migrantes esperando la liberación para llegar a sus familias.
“Cuando alguien toma la decisión de arriesgarse por una vida mejor, por nuestros hijos, de enviarlos solos, es porque no hay otro camino”.
— Norma, de 37 años, que trabaja en la construcción
Los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron a Cuéllar que, de los detenidos en la instalación de Donna, 1.800 eran niños y 1.500 niñas. Aproximadamente 800 eran menores de 13 años. Tres docenas de jóvenes habían estado detenidos durante más de dos semanas. Cuatro varones adolescentes y tres niñas del mismo rango de edad habían estado detenidos durante más de 19 días, indicó, en parte debido a la escasez de camas en los refugios federales. El jueves, la Patrulla Fronteriza se encontraría con 496 jóvenes migrantes recién llegados, pero los espacios federales darían de alta solo a 288.
“No se están moviendo lo suficientemente rápido”, señaló Cuéllar sobre los jóvenes en las instalaciones federales.
Dijo que algunas adolescentes detenidas, durante más de 20 días en Donna, han sido enviadas a un refugio para niñas que abrió la semana pasada en el Centro de Convenciones de San Diego. Los funcionarios federales han abierto una gran cantidad de nuevos refugios, principalmente para niños adolescentes, que por lo general emigran en grandes cantidades.
“Le pregunté a la Patrulla Fronteriza, ‘¿Por qué están tomando a los niños en lugar de las niñas?’”, comentó Cuéllar, especialmente cuando algunas niñas han esperado semanas para ser liberadas. “Me siento mal por ellas, particularmente por las mamás jóvenes”.
Se necesita al menos un mes para que los trabajadores sociales federales investiguen a la familia y otras personas autorizadas para reclamar niños migrantes, señaló Cuellar, y si no pueden encontrar alguna, el proceso puede demorar hasta cuatro meses.
“El problema se agrava con cada niño que ponen en detención”, indicó la Dra. Amy Cohen, cuya organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, Every Last One, trabaja para reunir a los menores migrantes con sus familias, incluidos los que llegan a la frontera sin compañía de adultos. “Lo que ves son más y más retrasos, y solo va a empeorar. Los estamos almacenando”.
La madre de Snyder, un migrante hondureño de 9 años que cruzó el río con Christopher, indicó que la Patrulla Fronteriza la llamó en Florida el domingo para decir que lo tenían, pero los funcionarios federales aún no se han comunicado con ella.
La madre, Norma, de 37 años, que trabaja en la construcción, pidió ser identificada solo por su nombre de pila porque vive ilegalmente en Estados Unidos, lo que no le impide reclamar a su hijo. Hizo que un pariente trajera a Snyder a la frontera para cruzar después de que su escuela cerrara debido a la pandemia, la economía del país fuera devastada por los huracanes y cuando temía que lo presionaran para unirse a una pandilla.
“Cuando alguien decide tomar el riesgo por una vida mejor para nuestros hijos y enviarlos solos, es porque no hay otra manera”, explicó.
Un joven guatemalteco que llegó en el mismo grupo que Christopher, Frank Echeverría, de 16 años, también esperaba el jueves para reunirse con familiares en Arkansas.
“No sé por qué está tardando tanto. Ojalá pudiera llamarnos”, dijo por teléfono la madrastra Lisa Castillo, ciudadana estadounidense. “¿Qué podemos hacer para que lo liberen más rápido? Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Su familia lo está esperando. Nos encontramos realmente preocupados por él y queremos tenerlo en casa con nosotros”.
La tía de Christopher en Carolina del Norte ha estado tratando de reclamarlo desde que la Patrulla Fronteriza la contactó el 25 de marzo.
“Me preocupa cómo puedo sacarlo de allí”, señaló Digna Brittain, de 60 años, ama de llaves en Morganton, Carolina del Norte. “Me dijeron que un oficial me iba a llamar y que tenga mi teléfono en la mano. Con mucho gusto le compraré un boleto para que venga hasta acá”.
Dijo que la madre de Christopher había llamado para alertarla después de que él se fue y le explicó que venía para escapar de las pandillas.
“Por eso los padres envían a sus hijos aquí, en lugar de que arriesguen sus vidas en la calle. Alcanzan cierta edad y los reclutan para las pandillas”, dijo Brittain. “Los padres tienen que arriesgarse porque creen que les sucederá menos a ellos en Estados Unidos”.
Han pasado 25 años desde que Brittain se fue de Honduras. La última vez que vio a Christopher, dijo, fue cuando regresó a visitar a su madre hace unos años. Ahora, ciudadana estadounidense, planea adoptarlo.
“No quiero que vaya a un refugio porque tiene familia aquí, yo y muchos primos”, señaló su tía.
El miércoles, después de que llamó a una línea directa federal, le dijeron que Christopher todavía estaba en Texas y que alguien la llamaría en un par de días para explicar cómo lo liberarían. Luego, los funcionarios pusieron al niño al teléfono y ella sollozó de alivio.
“Me dijo que está bien, solo que está aburrido de estar allí”, comentó Brittain después. “Para él, comer y sentirse seguro es mucho”.
“Mi esposo quiere que vayamos a buscarlo, pero sé que hay un proceso que debemos seguir”, explicó.
Hasta el jueves, una semana después de cruzar la frontera, Christopher permanecía bajo custodia federal.
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