Un juez federal anula la moratoria nacional contra desalojos recomendada por los CDC

Un juez federal en Washington bloqueó una moratoria de desalojos a nivel nacional, que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos establecieron cuando los cierres de COVID-19 dejaron sin trabajo a millones de inquilinos durante el año pasado.

En un fallo emitido el miércoles, el juez de distrito de EE.UU Dabney Friedrich dijo que la agencia se excedió en su autoridad al emitir una amplia moratoria de desalojos en todas las propiedades de alquiler. “La orden del CDC debe ser anulada”, escribió el juez en una opinión de 20 páginas.

El fallo supone un revés para la administración Biden, que también ha visto cómo un tribunal ha paralizado su propuesta de congelación de las deportaciones. La Casa Blanca se enfrenta a otros desafíos legales, incluyendo la perforación en alta mar, el permiso para el oleoducto Keystone XL y la legislación de alivio de COVID por parte de los fiscales generales estatales liderados por los republicanos.

Los inquilinos han estado protegidos contra el desalojo por una serie de leyes estatales y federales. Eso significa que en muchos lugares los inquilinos que se han retrasado en el pago del alquiler siguen estando cubiertos por otras medidas.

En California, los inquilinos de viviendas con dificultades relacionadas con la pandemia no pueden ser desalojados por falta de pago de la renta hasta julio como mínimo. Una norma de Los Ángeles da a estos inquilinos dentro de los límites de la ciudad un tiempo extra para pagar el alquiler que deben.

La moratoria de los CDC, promulgada por primera vez por el presidente Trump y ampliada por Biden, fue diseñada para evitar desalojos masivos ante una emergencia de salud pública que vio a millones de estadounidenses perder sus empleos y endeudarse aún más. Los funcionarios también advirtieron que expulsar a numerosos inquilinos durante el invierno, exacerbaría la propagación del virus.

Aún así, la ley incluía lagunas que permitían que los desalojos siguieran adelante en los estados y ciudades que no promulgaban sus propias normas más estrictas.

Un portavoz de los CDC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.

Mientras que las medidas gubernamentales trataban de evitar el desamparo masivo, no había ninguna ayuda específica para los propietarios familiares que proporcionan gran parte de las viviendas asequibles de Estados Unidos. Para estos propietarios, las facturas de las hipotecas, el mantenimiento y los impuestos se han ido acumulando, lo que les ha puesto en peligro de perder sus propiedades o de verse obligados a venderlas a inversores más ricos a la caza de negocios en dificultades.

El gobierno de Biden ha estado tratando de aliviar la tensión financiera causada por la pandemia. El Departamento del Tesoro está en proceso de distribuir casi 47.000 millones de dólares en asistencia a los estados y municipios para ayudar a la gente a cubrir los atrasos en los alquileres y las facturas de servicios públicos impagadas.

Pero el despliegue ha sido lento y ha variado de un estado a otro. La prohibición, promulgada por primera vez en septiembre, debía expirar a finales de año, pero se prorrogó hasta junio para ayudar a que el dinero fluyera antes de que terminaran las protecciones.

Algunos propietarios han argumentado que las prohibiciones de desahucio les dejan cargados con inquilinos que ya eran morosos incluso antes de la pandemia.

Estados Unidos pidió a Friedrich que limitara cualquier bloqueo de la prohibición a los demandantes específicos del caso, en lugar de emitir una orden amplia a nivel nacional. Pero Friedrich dictaminó que toda la prohibición debe ser anulada.

Friedrich, designado por Trump, no es el primer juez que se pronuncia sobre la moratoria de los CDC.

En febrero, un juez federal de Texas dictaminó que el poder del gobierno federal para regular el comercio interestatal en virtud de la Constitución, no le da derecho a imponer una moratoria sobre los desalojos. El gobierno apeló, argumentando que la decisión no se extendía más allá de los demandantes particulares de ese caso.

En Ohio, un juez federal dictaminó el mes pasado, que ni el Congreso ni la ley federal otorgaban al CDC la autoridad para prohibir los desahucios, a pesar de que la agencia había tratado de ayudar a los inquilinos “que luchan, como tantos, contra las consecuencias económicas” de la pandemia de COVID.

El redactor del Times Andrew Khouri contribuyó a este informe.

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